About UPR Resiliency Law Center


About UPR Resiliency Law Center (RLC) (Español)
Our work in the Recovery and Rebuilding Program is based on the proposition that fair representation of Puerto Rico’s civil society leaders in the planning and implementation of disaster recovery processes and among grant and contract recipients results in sustainable economic growth, faster rebuilding, and less waste.

In current practice, however, the decision-making on planning with Federal disaster recovery funds is overly centralized and the majority of Federal disaster recovery contracts are awarded to national vendors who lack local economic ties or expertise.

We believe that a primary cause of recovery programs’ failure in Puerto Rico is that Federal recovery managers are bypassing local community organizations and populations. Local communities actually have an untapped reservoir of knowledge, drive and capacity to partner with government in the successful delivery of aid for their communities.

Under the current Federal strategy, the action plans for investment in reconstruction and mitigation are being developed with no real input from those who have most-effectively provided service to the most vulnerable: local community leaders, non profit organizations, and municipalities. Also, on the one hand, there are contract officers and awardees that lack grounded connections to the communities served, and on the other hand, there are local communities that lack the knowledge on federal contracting and grants law required to self-advocate. Instead, solutions are developed in Washington, D.C., without input from the field, and relying on generic requirements and vendors with no local expertise.

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SOBRE UPR-RLC: Centro Legal de Desarrollo de Resiliencia (English)
Nuestra labor en el Programa de Recuperación y Reconstrucción se basa en la propuesta de que la justa representación de los líderes de la sociedad civil de Puerto Rico en la planificación e implementación de programas para la recuperación de desastres y entre los beneficiarios de subvenciones y contratos tendría como resultados un crecimiento económico sostenible, una reconstrucción más rápida y menos desperdicio.

No obstante, en la práctica actual, la toma de decisiones de planificación sobre los fondos federales para la recuperación en casos de desastre está excesivamente centralizada, y la mayoría de los contratos federales de recuperación en casos de desastre se conceden a proveedores nacionales que carecen de experiencia local o de vínculos económicos locales.

Creemos que una de las causas principales del fracaso de los programas de recuperación en Puerto Rico es que los gestores de la recuperación federal están pasando por alto a tanto las organizaciones comunitarias como las poblaciones locales. En realidad, las comunidades locales tienen los recursos de conocimiento, impulso y capacidad sin explotar, para asociarse con el gobierno en la canalización y entrega exitosa de ayuda a sus comunidades.

En el marco de la estrategia federal actual, se elaboran planes de acción para la inversión en la reconstrucción y la mitigación sin que intervengan realmente quienes han servido con mayor eficacia a los más vulnerables: los líderes de las comunidades locales, las organizaciones sin fines de lucro y los municipios. Además, por un lado, los funcionarios encargados de los contratos de subvenciones aprobadas y los adjudicatarios (recipientes de subvenciones) carecen de conexiones sólidas con las comunidades atendidas, y por el otro, las comunidades locales carecen de los conocimientos sobre la legislación federal en materia de contratos y subvenciones, que se requieren para abogar por sus intereses. En su lugar, las soluciones se elaboran en Washington, D.C., sin aportaciones de la base, sosteniéndose en requisitos genéricos y en proveedores sin experiencia local.

 

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