{"id":1063,"date":"2017-08-31T18:43:03","date_gmt":"2017-08-31T18:43:03","guid":{"rendered":"http:\/\/revistajuridica.uprrp.edu\/inrev\/?p=1063"},"modified":"2017-08-31T18:43:03","modified_gmt":"2017-08-31T18:43:03","slug":"p-r-o-m-e-s-a-una-derogacion-del-gobierno-de-puerto-rico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/2017\/08\/31\/p-r-o-m-e-s-a-una-derogacion-del-gobierno-de-puerto-rico\/","title":{"rendered":"P.R.O.M.E.S.A.: Una derogaci\u00f3n del Gobierno de Puerto Rico"},"content":{"rendered":"

NOTA<\/strong><\/p>\n

Por: Grecia D\u00edaz S\u00e1nchez*<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n

El 30 de junio de 2016 se convirti\u00f3 en ley el Puerto Rico<\/em> Oversight, Management, and Economic Stability Act <\/em>(en adelante, \u201cP.R.O.M.E.S.A.\u201d).[1]<\/a> Esta Ley estableci\u00f3 una Junta de Control Fiscal, compuesta por siete miembros nombrados por el Presidente de los Estados Unidos, quienes se encargar\u00e1n de la ejecuci\u00f3n de las disposiciones de P.R.O.M.E.S.A.[2]<\/a> Gran parte del debate medi\u00e1tico tras su aprobaci\u00f3n se ha centrado en el rol de la Junta en la creaci\u00f3n del Plan Fiscal, las negociaciones para el pago de la deuda con los bonistas, el reci\u00e9n comenzado procedimiento de quiebra y las repercusiones econ\u00f3micas futuras. No obstante, es esencial comprender el desarrollo legal y pol\u00edtico de la relaci\u00f3n entre Puerto Rico y los Estados Unidos y c\u00f3mo qued\u00f3 reflejado en P.R.O.M.E.S.A. Las decisiones recientes de la Corte Suprema en Commonwealth of Puerto Rico v. S\u00e1nchez Valle<\/em> y Franklin California Tax-Free Trust<\/em> no solo resumen esta historia pol\u00edtica, sino que rememoran la facultad del Congreso para aprobar leyes que menoscaben los poderes otorgados al pueblo de Puerto Rico en el a\u00f1o 1950 para elegir y tener un gobierno propio.[3]<\/a><\/p>\n

En Commonwealth of Puerto Rico v. S\u00e1nchez Valle <\/em>la controversia consist\u00eda en determinar si procesar a una persona por el mismo crimen en un tribunal de Puerto Rico y en una corte federal violaba la cl\u00e1usula de doble exposici\u00f3n.[4]<\/a> La norma es que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma ofensa.[5]<\/a> Sin embargo, no se considera quebrantada la cl\u00e1usula de doble exposici\u00f3n si quienes juzgan criminalmente a un individuo son dos entes con soberan\u00eda separada.[6]<\/a> Ante esta disyuntiva, los jueces de la Corte Suprema hicieron una distinci\u00f3n de la definici\u00f3n de soberan\u00eda y aclararon que para determinar si el Gobierno de Puerto Rico era soberano para efectos de la cl\u00e1usula de doble exposici\u00f3n, no se trataba de evaluar si era soberano en el sentido de autonom\u00eda o self-governance<\/em>, sino de analizar el origen de su soberan\u00eda. Esto quiere decir que lo decisivo no es si el pueblo de Puerto Rico tiene la facultad de gobernar y crear leyes, ni el grado de control que tiene los Estados Unidos sobre el Estado Libre Asociado, sino de d\u00f3nde surgi\u00f3 ese poder de Puerto Rico, en este caso el poder de encausar criminalmente y crear leyes sobre conducta penal.[7]<\/a> Por ejemplo, un Estado puede condenar a un acusado aunque haya sido juzgado federalmente porque se entiende que los estados son soberanos desde antes de pertenecer a la Uni\u00f3n de los Estados Unidos y su soberan\u00eda se mantuvo preservada por la d\u00e9cima enmienda.[8]<\/a><\/p>\n

Por tanto, para determinar si los tribunales de Puerto Rico tienen la facultad de acusar a una persona que ha sido procesada por el mismo crimen en una corte federal, la Corte Suprema ten\u00eda que interpretar si Puerto Rico pose\u00eda una soberan\u00eda separada a la del Gobierno Federal. La conclusi\u00f3n fue que el poder de Puerto Rico tiene su origen en el Congreso, por lo que no tiene una soberan\u00eda separada. Pero lo importante es el an\u00e1lisis que hizo la Corte Suprema para llegar a esta decisi\u00f3n y las repercusiones que tuvo para los habitantes de Puerto Rico.<\/p>\n

En dos opiniones de la Corte Suprema que anteceden al poder de Puerto Rico de establecer un gobierno propio y adoptar una constituci\u00f3n, el Alto Foro decidi\u00f3 que a diferencia de los estados, el poder de los territorios se deriva de la autoridad del Gobierno Federal, por lo que no ten\u00edan una soberan\u00eda separada.[9]<\/a> En Commonwealth of Puerto Rico v. S\u00e1nchez Valle <\/em>la jueza asociada Kagan expres\u00f3 que, debido al desarrollo posterior de la relaci\u00f3n entre Puerto Rico y los Estados Unidos, ambas decisiones no ser\u00edan vinculantes y la Corte analizar\u00eda nuevamente la controversia sobre la soberan\u00eda de Puerto Rico.[10]<\/a> No obstante, el resultado se mantuvo igual. El hecho de que en el 1950 el Congreso le haya conferido al pueblo de Puerto Rico la facultad de organizar un gobierno propio con una rama judicial, ejecutiva y legislativa y adoptar una constituci\u00f3n, no signific\u00f3 que Puerto Rico adquiri\u00f3 una soberan\u00eda separada. El Gobierno Federal no abandon\u00f3 su autoridad sobre Puerto Rico. En palabras sencillas: no importa cu\u00e1nta autonom\u00eda o poder tenga Puerto Rico, esa autoridad fue otorgada por el Congreso, que todav\u00eda retiene la facultad para darle m\u00e1s autonom\u00eda o quit\u00e1rsela cuando as\u00ed desee hacerlo. A palabras de la jueza asociada Kagan: \u201cBecause the ultimate source of Puerto Rico\u2019s prosecutorial power is the Federal Government\u2014because when we trace that authority all the way back, we arrive at the doorstep of the U. S. Capitol\u2014the Commonwealth and the United States are not separate sovereigns.\u201d[11]<\/a> Esto \u00faltimo fue precisamente lo que hizo el Congreso al aprobar P.R.O.M.E.S.A.; usar esta potestad para quitarle a Puerto Rico muchos de los poderes que le hab\u00edan otorgado a trav\u00e9s de los a\u00f1os.<\/p>\n

P.R.O.M.E.S.A. trastoca ampliamente la concepci\u00f3n de gobierno propio conocida desde los a\u00f1os 50 e incide en las facultades de las tres ramas de gobierno. Estas facultades ahora se concentran en los siete miembros de la Junta de Control Fiscal. El t\u00edtulo II, por ejemplo, le confiere a la Junta de Control Fiscal la \u201c\u00faltima\u201d palabra en la aprobaci\u00f3n del Plan Fiscal y los presupuestos de Puerto Rico.[12]<\/a> Las comillas suplidas responden a que es el Congreso quien realmente tiene la \u00faltima palabra, seg\u00fan clarificado en Commonwealth of Puerto Rico v. S\u00e1nchez Valle <\/em>e incorporado en la secci\u00f3n 401(a) de P.R.O.M.E.S.A.[13]<\/a> Pero el problema no es solamente que se le arrebat\u00f3 esta autoridad al Gobernador y a la Asamblea Legislativa. El dominio de la Junta est\u00e1 en todos los poderes incidentales que posee para lograr presupuestos balanceados y que Puerto Rico mejore su situaci\u00f3n fiscal. Algunos ejemplos son: (1) la secci\u00f3n 204(a) obliga al Gobernador a que env\u00ede en un t\u00e9rmino de siete d\u00edas todas las leyes aprobados por la legislatura, las cuales podr\u00e1n dejarse sin efecto por la Junta si \u00e9stas contravienen el Plan Fiscal;[14]<\/a> (2) la secci\u00f3n 204(b)(2) le permite a la Junta reglamentar la concesi\u00f3n de contratos para que \u00e9sta tenga que aprobarlos previo a que el gobierno los suscriba;[15]<\/a> (3) la secci\u00f3n 204(b)(4) le permite a la Junta revisar las \u00f3rdenes ejecutivas y reglamentos,[16]<\/a> y (4) el t\u00edtulo IV de la Ley reconoce la discreci\u00f3n de la Junta para conferir permisos de proyectos de infraestructura de forma expedita.[17]<\/a><\/p>\n

Otra herramienta que tiene la Junta de Control Fiscal es la secci\u00f3n 205. Aunque esta secci\u00f3n se nombra como recomendaciones<\/em>, la realidad es que estas sugerencias adquieren una naturaleza mandataria cuando se analizan en conjunto con la secci\u00f3n 201, que dispone como requisito para la certificaci\u00f3n del Plan Fiscal que el gobierno acoja las recomendaciones que hizo la Junta en virtud de la secci\u00f3n 205.[18]<\/a> Son precisamente estas recomendaciones las que validan la discreci\u00f3n de la Junta para llevar a cabo privatizaciones de los servicios p\u00fablicos, intervenir en las leyes aprobadas y \u00f3rdenes judiciales, reestructurar las agencias de gobierno, entre otras atribuciones.[19]<\/a><\/p>\n

Si bien es cierto que es en Commonwealth of Puerto Rico v. S\u00e1nchez Valle <\/em>donde se recuerda \u2013o aclara a varios sectores\u2013 que el Congreso retiene la facultad para delinear el grado de control que se reserva sobre Puerto Rico \u2013incluyendo la autoridad de enviar una junta para que supervise a Puerto Rico\u2013 es en Franklin California Tax-Free Trust<\/em> donde la Corte Suprema ensancha esta discreci\u00f3n. Mediante esa opini\u00f3n la Corte valida que el Congreso puede discriminar hacia Puerto Rico en la aplicaci\u00f3n de las leyes sin ni siquiera dar una raz\u00f3n para ello. Aunque la Corte no se involucr\u00f3 en la discusi\u00f3n de las relaciones pol\u00edticas entre Puerto Rico y Estados Unidos, su decisi\u00f3n est\u00e1 cimentada en la trayectoria de los casos insulares.<\/p>\n

La Constituci\u00f3n Federal establece que el Congreso tendr\u00e1 la facultad \u201c[t]o establish . . . uniform Laws on the subject of Bankruptcies throughout the United States\u201d.[20]<\/a> Si se excluyese a un estado se estar\u00eda violentando, tanto el mandato de uniformidad que rige la constituci\u00f3n, como la intenci\u00f3n original de establecer dicha uniformidad a la hora de crear el Cap\u00edtulo 9.[21]<\/a> En el caso de Puerto Rico, un territorio no incorporado, no entran en juego estos problemas de soberan\u00eda y alteraci\u00f3n al concepto de uniformidad<\/em> establecido en la Constituci\u00f3n. Tan temprano como en 1901, en un an\u00e1lisis de la frase de \u201cuniform throughout the United States\u201d que aparece en la secci\u00f3n 8 del art\u00edculo 1 de la Constituci\u00f3n federal, la Corte Suprema estableci\u00f3 en Downes v. Bidwell<\/em> que solo le aplica a los estados y no a los territorios incorporados.[22]<\/a> Es precisamente en dicha secci\u00f3n donde se establece tanto el poder de recolectar taxes<\/em> que se disputa en Downes<\/em>, como el de crear leyes de quiebra que se analiza en Franklin<\/em>. Las \u00fanicas limitaciones que el desarrollo de la jurisprudencia le hab\u00eda establecido al Congreso a la hora de legislar sobre los territorios eran: (1) que no se puede discriminar a estos en cuanto a derechos fundamentales se refiere,[23]<\/a> y (2) puede haber un trato diferencial para Puerto Rico, siempre y cuando la diferencia tenga un \u201crational basis for its actions\u201d.[24]<\/a> Aunque la discusi\u00f3n en Franklin<\/em> se centra en un an\u00e1lisis textualista del C\u00f3digo de Quiebra, detr\u00e1s de la opini\u00f3n de la Corte, y su aplicaci\u00f3n de la doctrina de campo ocupado, est\u00e1 el trasfondo hist\u00f3rico de los casos insulares. Claramente el Congreso no podr\u00eda decir que New York queda fuera del alcance del C\u00f3digo de Quiebra, mas s\u00ed se puede excluir a un territorio como Puerto Rico.<\/p>\n

Cuando se trata de un estado de la Uni\u00f3n, debe haber un conflicto entre ambas leyes; y si es un desplazamiento expreso, este debe ser uniforme entre los estados. Pero, lo que una vez m\u00e1s le recuerda la Corte Suprema al Pueblo de Puerto Rico en Commonwealth of Puerto Rico v. Franklin California Tax-Free Trust<\/em>, es que cuando se est\u00e1 hablando de un territorio no incorporado, no solo est\u00e1 permitido discriminar en la aplicaci\u00f3n de las leyes, sino que el Congreso puede ocupar el campo incluso cuando la ley no tenga ning\u00fan efecto pr\u00e1ctico sobre el territorio. En su decisi\u00f3n, la Corte en Franklin California Tax-Free Trust <\/em>ignor\u00f3 las expresiones de la Corte de Burger, en una opini\u00f3n per curiam, <\/em>en la que al decidir si a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico se les puede otorgar menos ayudas federales, siempre y cuando el Congreso exponga fundamentos racionales para ello.[25]<\/a> Si algo no est\u00e1 en disputa es que la enmienda que se hizo en el 1984 para excluir a Puerto Rico carece de cualquier explicaci\u00f3n o argumento racional, pues es completamente silente.<\/p>\n

La combinaci\u00f3n de las opiniones de la Corte Suprema en S\u00e1nchez Valle <\/em>y Franklin California Tax-Free<\/em> no hacen m\u00e1s que reafirmar que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, el Gobernador, los tribunales de Puerto Rico y la Constituci\u00f3n est\u00e1n construidos sobre arena movediza. El poder del pueblo de Puerto Rico se otorg\u00f3 por medio de leyes. Las leyes se crean, enmiendan y derogan, y P.R.O.M.E.S.A. es una derogaci\u00f3n del poder de los ciudadanos de Puerto Rico para elegir a quien realmente los est\u00e1 gobernando: la Junta de Control Fiscal.<\/p>\n

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*<\/a>Estudiante de tercer a\u00f1o en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.<\/p>\n

[1]<\/a> Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (P.R.O.M.E.S.A.), Pub. L. No. 114-187, 130 Stat. 549 (codified at 48 U.S.C. \u00a7 2101 (2016)).<\/p>\n

[2]<\/a> Id.<\/em> \u00a7 2121.<\/p>\n

[3]<\/a> Puerto Rico Federal Relations Act of 1950, Pub. L. 81-600, 64 Stat. 314 (codified at 48 U.S.C. \u00a7 731).<\/p>\n

[4]<\/a> Commonwealth of Puerto Rico v. S\u00e1nchez Valle, 136 S.Ct. 1863, 1868 (2016).<\/p>\n

[5]<\/a> U.S. Const. amend. V.<\/p>\n

[6]<\/a> S\u00e1nchez Valle<\/em>, 136 S.Ct. 1863, 1870 (citando a<\/em> United States v. Lanza, 260 U.S. 377, 382 (1922)).<\/p>\n

[7]<\/a> Id. <\/em>en las p\u00e1gs. 1870-71.<\/p>\n

[8]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 1871.<\/p>\n

[9]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 1873 (citando a<\/em> Grafton v. United States, 206 U.S. 333, 355 (1907); Puerto Rico v. Shell Co., 302 U.S. 253, 265 (1937)).<\/p>\n

[10]<\/a> S\u00e1nchez Valle<\/em>, 136 S.Ct. 1863, 1868, 1874.<\/p>\n

[11]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 1876.<\/p>\n

[12]<\/a> Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act \u00a7 201, 48 U.S.C. \u00a7 2101 (2016).<\/p>\n

[13]<\/a> Id.<\/em> \u00a7 401(a).<\/p>\n

[14]<\/a> Id. \u00a7 204(a).<\/p>\n

[15]<\/a> Id.<\/em> \u00a7 204(b)(2).<\/p>\n

[16]<\/a> Id.<\/em> \u00a7 204(b)(4).<\/p>\n

[17]<\/a> Id.<\/em> \u00a7 503.<\/p>\n

[18]<\/a> Id.<\/em> \u00a7 201.<\/p>\n

[19]<\/a> Id.<\/em> \u00a7 205.<\/p>\n

[20]<\/a> U.S. Const. art. I, \u00a7 8, cl. 4.<\/p>\n

[21]<\/a> Commonwealth of Puerto Rico v. Franklin California Tax-Free Trust, 805 F.3d 322 (1st Cir. 2015), petition for cert. filed<\/em> en la p\u00e1g. 18 (U.S. 13 de junio de 2016) (No. 12-233) (citando a<\/em> Act of July 1, 1946, Pub. L. No. 79-481, 60 Stat. 409, 415 (codified as amended at 11 U.S.C. \u00a7 903(1) (2012)).<\/p>\n

[22]<\/a> Downes v. Bidwell, 182 DPR 244, 279 (1901); Carlos Saavedra Guti\u00e9rrez, Incorporaci\u00f3n de Jure o Incorporaci\u00f3n de Facto: Dos propuestas para Erradicar Fantasmas Constitucionales<\/em>, 80 REV. JUR. UPR 967, 968 (2011).<\/p>\n

[23]<\/a> Balzac v. Porto Rico, 258 U.S. 298 (1922).<\/p>\n

[24]<\/a> Harris v. Rosario, 446 U.S. 651, 652 (1980).<\/p>\n

[25]<\/a> Id.<\/em> V\u00e9ase tambi\u00e9n<\/em> Franklin California Tax-Free Trust<\/em>, 805 F.3d 322, 346.\t\t<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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