{"id":1366,"date":"2018-04-20T19:36:25","date_gmt":"2018-04-20T19:36:25","guid":{"rendered":"http:\/\/revistajuridica.uprrp.edu\/inrev\/?p=1366"},"modified":"2018-04-20T19:36:25","modified_gmt":"2018-04-20T19:36:25","slug":"asignacion-de-abogados-de-oficio-a-casos-penales-y-su-extension-a-procedimientos-civiles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/2018\/04\/20\/asignacion-de-abogados-de-oficio-a-casos-penales-y-su-extension-a-procedimientos-civiles\/","title":{"rendered":"Asignaci\u00f3n de abogados de oficio a casos penales y su extensi\u00f3n a procedimientos civiles"},"content":{"rendered":"

NOTA<\/strong><\/p>\n

Por: Ricardo J. Costa Agosto<\/strong>*<\/strong><\/a><\/p>\n

La responsabilidad de los abogados puertorrique\u00f1os de representar legalmente a personas indigentes en procesos judiciales tiene sus or\u00edgenes desde la fundaci\u00f3n del Colegio de Abogados de Puerto Rico en 1840, pol\u00edtica p\u00fablica que aun impera en el C\u00f3digo de \u00c9tica Profesional vigente. La primera Directiva y junta general del Colegio de Abogados en Puerto Rico se encarg\u00f3 de repartir los pleitos de las personas con escasos recursos entre todos los abogados.[1]<\/a> Igualmente, cuando se hizo extensiva a Puerto Rico la Ley de enjuiciamiento civil<\/em> espa\u00f1ola de 1881, esta ya hac\u00eda referencia a la tem\u00e1tica de la representaci\u00f3n legal gratuita en el \u00e1mbito civil. Espec\u00edficamente los art\u00edculos 13 y 14 de la secci\u00f3n II, titulada \u201cDe la defensa por pobre\u201d, ten\u00edan como objetivo atender dicha necesidad social.[2]<\/a><\/p>\n

De manera similar, con la adopci\u00f3n de la Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952, se le provey\u00f3 el derecho a representaci\u00f3n legal a todo indigente acusado en el plano penal.[3]<\/a> Por otra parte, en el canon 1 del C\u00f3digo de \u00c9tica Profesional actual, se contempla la representaci\u00f3n legal de indigentes como una \u201cobligaci\u00f3n fundamental de todo abogado\u201d.[4]<\/a> El canon 1 a\u00f1ade que \u201ctambi\u00e9n es obligaci\u00f3n del abogado ayudar a establecer medios apropiados para suministrar servicios legales adecuados a todas las personas que no pueden pagarlos. Esta obligaci\u00f3n incluye la de apoyar los programas existentes y la de contribuir positivamente a extenderlos y mejorarlos\u201d.[5]<\/a> Hoy d\u00eda, la Isla cuenta con organizaciones que \u00fanicamente se dedican a representar a personas de recursos limitados tanto en el \u00e1mbito civil como en el penal. A modo de ejemplo, algunos de los principales organismos que han estado al servicio de la representaci\u00f3n legal gratuita han sido la Cl\u00ednica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, la Sociedad para Asistencia Legal, Pro Bono, Inc. y el Programa de Servicios Legales de Puerto Rico.<\/p>\n

Considerado lo anterior, procedemos a analizar la raz\u00f3n por la cual el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidi\u00f3 que era justo y necesario la existencia de un reglamento que regulara las asignaciones de los abogados de oficio en los procedimientos de naturaleza penal y el estatus actual de la posible extensi\u00f3n del Reglamento de abogados de oficio al \u00e1mbito civil. El Tribunal Supremo ha reformado la reglamentaci\u00f3n para las asignaciones de abogados de oficio en procedimientos penales paulatinamente en varias ocasiones. Sin embargo, en ning\u00fan momento se hab\u00eda considerado la posibilidad de extender dicha reglamentaci\u00f3n a los procedimientos civiles.<\/p>\n

I.<\/strong> Ramos Acevedo<\/em> y la asignaci\u00f3n de abogados de oficio a los procedimientos penales<\/strong><\/p>\n

En 1993, el licenciado Ramos Acevedo se rehus\u00f3 a aceptar la encomienda de representar como abogado de oficio a un acusado de un supuesto delito de asesinato en primer grado y de infracciones a los art\u00edculos 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico<\/em>.[6]<\/a> El licenciado argumentaba que era inconstitucional asignar abogados de oficio sin proporcionarle un pago por sus servicios.[7]<\/a> Adem\u00e1s, Ramos Acevedo indic\u00f3 que la costumbre de los tribunales de asignar como abogados de oficio solo a aquellos que se especializaban en la pr\u00e1ctica criminal, supon\u00eda ir en contra de lo establecido por la Constituci\u00f3n.[8]<\/a> El licenciado abund\u00f3 que dicha tradici\u00f3n violaba la cl\u00e1usula constitucional sobre igual protecci\u00f3n de las leyes.[9]<\/a> Igualmente, agreg\u00f3 que la obligaci\u00f3n de proveer asistencia de abogado a los indigentes era \u00fanicamente del Estado.[10]<\/a> El Tribunal Supremo, a pesar de haber dilucidado la controversia en contra de Ramos Acevedo, determin\u00f3 que la posici\u00f3n del licenciado no era una \u201ctotalmente carente de m\u00e9ritos\u201d.[11]<\/a> Las expresiones del Tribunal surgen luego de que este reconociera la necesidad de un sistema uniforme a nivel nacional que regulara las asignaciones de abogados de oficio. Al respecto, el Tribunal indic\u00f3:<\/p>\n

[N]os abstenemos de implantar, en este momento, un \u201csistema uniforme\u201d sobre asignaciones de abogados de oficio aplicable y obligatorio para todas las regiones judiciales de nuestro Pa\u00eds. Dicha situaci\u00f3n debe ser objeto de un estudio m\u00e1s abarcador y profundo, por el Secretariado de la Conferencia Judicial adscrito a este Tribunal . . . .[12]<\/a><\/p><\/blockquote>\n

El caso sirvi\u00f3 como punto de partida para la construcci\u00f3n de un reglamento que regulara las designaciones de abogados de oficio en la pr\u00e1ctica de naturaleza penal. El Tribunal tambi\u00e9n reconoci\u00f3 que dichas designaciones podr\u00edan afectar de sobremanera la pr\u00e1ctica privada de los abogados seleccionados debido a las representaciones de indigentes por un tiempo prolongado. Por tanto, el Tribunal determin\u00f3 que, de prolongarse un proceso por un tiempo extremadamente largo, el abogado designado \u201cpodr\u00e1 plantearle la situaci\u00f3n al Juez Administrador de la regi\u00f3n judicial en controversia y \u00e9ste tendr\u00e1 la autoridad para ordenar que el Estado le pague a dicho abogado una suma razonable, por horas trabajadas . . .\u201d.[13]<\/a><\/p>\n

II.<\/strong> Comit\u00e9 asesor sobre la asignaci\u00f3n de abogados de oficio en causas criminales y los Reglamentos del 1998 y 2008<\/strong><\/p>\n

La decisi\u00f3n del Tribunal Supremo en Ramos Acevedo v. Tribunal Superior<\/em> dio pie a que se le encomendara al Secretariado de la Conferencia Judicial la realizaci\u00f3n de un an\u00e1lisis sobre la situaci\u00f3n de las asignaciones de abogados de oficio en nuestra jurisdicci\u00f3n.[14]<\/a> Consecuentemente, el Tribunal Supremo organiz\u00f3 el Comit\u00e9 Asesor sobre Asignaci\u00f3n de Abogados de Oficio en Causas Criminales.[15]<\/a> El Comit\u00e9 ten\u00eda la responsabilidad de estudiar las asignaciones de los abogados de oficio en casos penales. Surgi\u00f3 de las vistas p\u00fablicas realizadas por el Comit\u00e9 que hac\u00eda falta \u201cun sistema uniforme que regulara y evitara situaciones donde el juez llegaba al extremo de llamar a la oficina de cierto abogado para asignarle un caso de oficio\u201d.[16]<\/a> Adem\u00e1s, en los resultados de unas encuestas efectuadas por el Comit\u00e9 a una porci\u00f3n de la clase togada, se hall\u00f3 que los encuestados exig\u00edan la creaci\u00f3n de un \u201cbanco de recursos\u201d que recogiera a todos los abogados de la pr\u00e1ctica privada que se especializaran en procedimientos penales.[17]<\/a> De esta manera, los encuestados entend\u00edan que se evitar\u00edan arbitrariedades en las designaciones de los abogados de oficio. El Comit\u00e9 hizo eco de los reclamos y concluy\u00f3 que era necesaria la creaci\u00f3n de un sistema uniforme de asistencia legal independiente a la Sociedad para Asistencia Legal.[18]<\/a> Como consecuencia, en el 1998 el Tribunal Supremo aprob\u00f3 el Reglamento para la asignaci\u00f3n de abogados y abogadas de oficio en procedimientos de naturaleza penal.[19]<\/a><\/p>\n

Una d\u00e9cada m\u00e1s tarde, el Tribunal nombr\u00f3 el Comit\u00e9 para el Estudio de la Asignaci\u00f3n de Abogados y Abogadas de Oficio con la intenci\u00f3n de analizar el reglamento aprobado en 1998 y rendir un informe con hallazgos y se\u00f1alamientos.[20]<\/a> Luego de haber sometido el informe, el Comit\u00e9 recomend\u00f3 que se creara un sistema de representaci\u00f3n legal con compensaci\u00f3n \u201cpara aquellos casos que la Sociedad para Asistencia Legal no pudiese atender por raz\u00f3n de conflicto de intereses\u201d.[21]<\/a> Adem\u00e1s, sugiri\u00f3 que el Tribunal Supremo adoptara ciertas medidas provisionales para mejorar el sistema vigente en aqu\u00e9l entonces.[22]<\/a> Por tanto, mediante resoluci\u00f3n, el Tribunal Supremo adopt\u00f3 un nuevo reglamento para las asignaciones de oficio en procedimientos penales.[23]<\/a> Esto redujo el n\u00famero de horas que un abogado de oficio debe donar anualmente de cincuenta a treinta horas.[24]<\/a> El nuevo reglamento tambi\u00e9n le brind\u00f3 a los abogados la oportunidad de solicitar cr\u00e9dito al Programa de Educaci\u00f3n Jur\u00eddica Continua por las horas de servicio gratuito.[25]<\/a> De igual manera, el mismo sostuvo que las asignaciones de oficio solo pod\u00edan hacerse en aquellos casos donde la Sociedad para Asistencia Legal o cualquier otra entidad an\u00e1loga no pudiera ofrecer los servicios de representaci\u00f3n de indigentes por razones de conflicto de inter\u00e9s.[26]<\/a><\/p>\n

III. La extensi\u00f3n futura del Reglamento de abogados de oficio a procedimientos civiles<\/strong><\/p>\n

El 15 de junio de 2017, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emiti\u00f3 una resoluci\u00f3n relacionada con el proyecto de reglamento m\u00e1s reciente para la asignaci\u00f3n de abogados y abogadas de oficio en el Pa\u00eds.[27]<\/a> De la misma se desprende que el Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial cumpli\u00f3 con la presentaci\u00f3n de una nueva propuesta que no solo regular\u00eda las asignaciones de oficio en casos penales, sino que, por primera vez, extender\u00eda su alcance a los procedimientos de naturaleza civil.[28]<\/a> Seg\u00fan el Tribunal Supremo, el nuevo proyecto propuesto tiene como enfoque \u201catender las preocupaciones que han planteado tanto los jueces y juezas como los abogados y abogadas con relaci\u00f3n al manejo e implementaci\u00f3n del Reglamento para la Asignaci\u00f3n de Abogados y Abogadas de Oficio [del 2008]\u201d.[29]<\/a><\/p>\n

Entre las dificultades a remediar propuestas en la resoluci\u00f3n, se encuentran: (1) la falta de proporcionalidad en las asignaciones entre quienes ejercen la profesi\u00f3n jur\u00eddica en Puerto Rico; (2) la proliferaci\u00f3n de documentos normativos aplicables a la certificaci\u00f3n de horas y la autorizaci\u00f3n de gastos reembolsables; (3) la falta de certeza respecto al proceso requerido en etapas apelativas y, (4) la ausencia de una normativa aplicable a los procedimientos de naturaleza civil.[30]<\/a> Adem\u00e1s, se pretend\u00eda viabilizar la acreditaci\u00f3n de horas de educaci\u00f3n jur\u00eddica continua por el servicio gratuito ofrecido durante una representaci\u00f3n legal de oficio.[31]<\/a> En la resoluci\u00f3n, el Tribunal autoriz\u00f3 una consulta p\u00fablica que durar\u00eda sesenta d\u00edas, contados a partir de la aprobaci\u00f3n de dicha resoluci\u00f3n.[32]<\/a> El Tribunal entendi\u00f3 pertinente brindarle una oportunidad a la comunidad jur\u00eddica, al p\u00fablico en general y a aquellas entidades que sirven a la poblaci\u00f3n m\u00e1s vulnerable del Pa\u00eds, a que emitieran sus opiniones respecto al nuevo proyecto antes de aprobarlo y darle publicidad. Este asunto a\u00fan est\u00e1 pendiente.[33]<\/a><\/p>\n

Conclusi\u00f3n\u00a0<\/strong><\/p>\n

La extensi\u00f3n de la reglamentaci\u00f3n a la esfera civil es un paso excelente que se debi\u00f3 haber implementado cuando se evalu\u00f3 el proyecto original en el 2008. Es de suma importancia seguir cuestion\u00e1ndonos, no solo si estas regulaciones funcionan para el beneficio del abogado, sino tambi\u00e9n para fortalecer el acceso a la justicia en nuestro ordenamiento. Es importante recordar que la mera asignaci\u00f3n de un abogado de oficio no es suficiente para concluir que se ha garantizado el acceso a la justicia a una persona indigente.<\/p>\n

En el mensaje inaugural del simposio Acceso a la Justicia en Tiempos de Crisis<\/em>, organizado por la Revista Jur\u00eddica de la Universidad de Puerto Rico en el 2017, el profesor Efr\u00e9n Rivera Ramos, ex decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, caracteriz\u00f3 el problema de acceso a la justicia. El Profesor hizo alusi\u00f3n a una definici\u00f3n que hab\u00eda elaborado sobre el tema para prop\u00f3sitos del Primer Congreso de Acceso a la Justicia que se celebr\u00f3 en Puerto Rico en mayo del 2002:<\/p>\n

Por acceso a la justicia nombramos el conjunto de condiciones que facilitan o dificultan el que determinados grupos, sectores o personas puedan hacer uso equitativo de los mecanismos y procesos [necesarios]para la prevenci\u00f3n de la violaci\u00f3n de los derechos, para la soluci\u00f3n de controversias y para la obtenci\u00f3n de remedios legales.[34]<\/a><\/p><\/blockquote>\n

El profesor Rivera Ramos tambi\u00e9n expres\u00f3 que \u201cde esa concepci\u00f3n surge que el acceso a la justicia no se reduce al acceso a los tribunales, aunque esto \u00faltimo forma parte importante del fen\u00f3meno\u201d.[35]<\/a> Por tanto, teniendo esto bajo consideraci\u00f3n, es importante que el nuevo reglamento que se apruebe por el Tribunal Supremo considere, no solo el acceso a los tribunales, sino el uso equitativo de los mecanismos y procesos para la prevenci\u00f3n de la violaci\u00f3n de derechos.[36]<\/a> Conformarnos con un ordenamiento jur\u00eddico que solo fomenta la asignaci\u00f3n mec\u00e1nica de un abogado para personas indigentes con el \u00fanico prop\u00f3sito de cumplir con que esa persona tenga un d\u00eda en corte, sin m\u00e1s, es equivalente a ceder por un sistema que no considera del todo las necesidades de las personas de escasos recursos.<\/p>\n

\n

*<\/a> El autor es Redactor Digital de In Rev<\/em> y estudiante de segundo a\u00f1o en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.<\/p>\n

[1]<\/a> I CARMELO DELGADO CINTR\u00d3N, HISTORIA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PUERTO RICO 1840-2010 (2010).<\/p>\n

[2]<\/a> Ley de enjuiciamiento civil, arts. 13-14 (BOE 1881, 813) (Espa\u00f1a).<\/p>\n

[3]<\/a> CONST. PR art. II, \u00a7 2.<\/p>\n

[4]<\/a> C\u00d3D. \u00c9TIC. PROF. 1, 4\u00a0LPRA\u00a0Ap. IX, Art. 1 (2012 & Supl. 2017).<\/p>\n

[5]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[6]<\/a> Ramos Acevedo v. Tribunal Superior, 133 DPR 599 (1993).<\/p>\n

[7]<\/a> Id. <\/em>en las p\u00e1gs. 604\u201305.<\/p>\n

[8]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 606.<\/p>\n

[9]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[10]<\/a> Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 611\u201312.<\/p>\n

[11]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 615.<\/p>\n

[12]<\/a> Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 615\u201316.<\/p>\n

[13]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 616.<\/p>\n

[14]<\/a> V\u00e9ase<\/em> id.<\/em> (recomendando al Secretariado de la Conferencia Judicial la realizaci\u00f3n de un estudio abarcador sobre la asignaci\u00f3n de abogados de oficio, con el prop\u00f3sito de utilizarse por el Tribunal para implementar un sistema uniforme de reglas a esos efectos).<\/p>\n

[15]<\/a> In re<\/em> Conferencia Judicial de Puerto Rico, 133 DPR 654 (1993).<\/p>\n

[16]<\/a> SECRETARIADO DE LA CONFERENCIA JUDICIAL, ASIGNACI\u00d3N DE ABOGADOS DE OFICIO EN PROCEDIMIENTOS DE NATURALEZA PENAL: INFORME Y REGLAMENTO 11 (12 de abril de 1995), http:\/\/www.ramajudicial.pr\/sistema\/supremo\/conferencia\/Comite-Estudio-Asignacion-Abogados-Abogadas-Oficio\/1995-Abril-INFORME-REGLAMENTO-ABOGADOS-OFICIO.pdf<\/a>. Seg\u00fan adviene del informe de la Conferencia Judicial en relaci\u00f3n con el Reglamento de las asignaciones de oficio en procedimientos de naturaleza penal, los tribunales tend\u00edan a designar a cualquier abogado que se encontrara en sala y dichas designaciones a un mismo abogado propend\u00edan a ser frecuentes. Id.<\/em><\/p>\n

[17]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 16.<\/p>\n

[18]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[19]<\/a> In re<\/em> Reglamento para la Asignaci\u00f3n de Abogados y Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal, 146 DPR 513 (1998).<\/p>\n

[20]<\/a> In re<\/em> Aprobaci\u00f3n del Nuevo Reglamento para la Asignaci\u00f3n de Abogados y Abogadas de Oficio en Procedimientos de Naturaleza Penal, 173 DPR 653, 654 (2008).<\/p>\n

[21]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[22]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[23]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[24]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 655.<\/p>\n

[25]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[26]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[27]<\/a> In re<\/em> Proyecto de Reglamento para la Asignaci\u00f3n de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico, 2017 TSPR 113.<\/p>\n

[28]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 1.<\/p>\n

[29]<\/a> Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 1\u20132.<\/p>\n

[30]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 2.<\/p>\n

[31]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[32]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[33]<\/a> Recientemente, el Secretariado, seg\u00fan le notific\u00f3 a la Revista Jur\u00eddica de la Universidad de Puerto Rico a trav\u00e9s de un correo electr\u00f3nico, se encuentra en el proceso de revisar y analizar los comentarios por la comunidad jur\u00eddica y el p\u00fablico en general con el fin de presentar un informe final ante el Tribunal Supremo.<\/p>\n

[34]<\/a> Efr\u00e9n Rivera Ramos, El acceso a la justicia en Puerto Rico: Antecedentes, desarrollos y retos<\/em>, 86 REV. JUR. UPR 801, 801\u201302 (2017) (citando a <\/em>Efr\u00e9n Rivera Ramos, Las m\u00faltiples caras del acceso a la justicia<\/em>, en<\/em> XXII CONFERENCIA JUDICIAL Y PRIMER CONGRESO DE ACCESO A LA JUSTICIA 8 (2002)).<\/p>\n

[35]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 802.<\/p>\n

[36]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 801.\t\t<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

NOTA Por: Ricardo J. Costa Agosto* La responsabilidad de los abogados puertorrique\u00f1os de representar legalmente a personas indigentes en procesos judiciales tiene sus or\u00edgenes desde la fundaci\u00f3n del Colegio de Abogados de Puerto Rico en 1840, pol\u00edtica p\u00fablica que aun impera en el C\u00f3digo de \u00c9tica Profesional vigente. La primera Directiva y junta general del<\/p>\n

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