{"id":1451,"date":"2018-08-17T14:28:44","date_gmt":"2018-08-17T14:28:44","guid":{"rendered":"http:\/\/revistajuridica.uprrp.edu\/inrev\/?p=1451"},"modified":"2018-08-17T14:28:44","modified_gmt":"2018-08-17T14:28:44","slug":"abandonados-en-la-tierra-de-nunca-jamas-menores-transgresores-y-las-sentencias-de-facto-a-cadena-perpetua-sin-oportunidad-de-libertad-bajo-palabra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/2018\/08\/17\/abandonados-en-la-tierra-de-nunca-jamas-menores-transgresores-y-las-sentencias-de-facto-a-cadena-perpetua-sin-oportunidad-de-libertad-bajo-palabra\/","title":{"rendered":"Abandonados en la Tierra de Nunca Jam\u00e1s: Menores transgresores y las sentencias de facto a cadena perpetua sin oportunidad de libertad bajo palabra"},"content":{"rendered":"

NOTA<\/strong><\/p>\n

Por: Jean-Carlo Andr\u00e9s P\u00e9rez Nieves*<\/a><\/strong><\/p>\n

El Estado de derecho puertorrique\u00f1o actual sostiene que los ni\u00f1os son la base de nuestra sociedad y que, por tanto, el estado tiene el deber de \u201ccuidarlos, protegerlos y garantizarle su seguridad en todo momento\u201d.[1]<\/a> Esta filosof\u00eda del estado paternal y tutelar, sin embargo, ha tomado un giro perjudicial cuando se trata del menor transgresor. Una mirada cercana a la historia de los derechos de los menores transgresores mostrar\u00eda que tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos su reconocimiento ha recorrido una ruta bastante escabrosa. Como consecuencia, el Tribunal Supremo federal ha derivado de la Constituci\u00f3n una serie de protecciones bajo el fundamento de que los menores son constitucionalmente distintos a los adultos.[2]<\/a><\/p>\n

En la actualidad, imperan circunstancias en las que menores de edad pueden ser enjuiciados como adultos e ingresados en las c\u00e1rceles a pasar el resto de sus vidas.[3]<\/a> Ante esta realidad, el Tribunal Supremo federal determin\u00f3, en una serie de casos, que es inherente a las particularidades biol\u00f3gicas de los menores su capacidad disminuida y que las sentencias impuestas tienen que tomar en cuenta esta realidad como atenuante.[4]<\/a> Permitir lo contrario es una afrenta a la protecci\u00f3n constitucional contra castigos crueles e inusitados de la Octava Enmienda de la Constituci\u00f3n federal, como tambi\u00e9n de la secci\u00f3n doce del art\u00edculo dos de la Constituci\u00f3n local.[5]<\/a> Corolario a este principio, el Tribunal Supremo federal desalent\u00f3, con efecto retroactivo, la imposici\u00f3n de sentencias a cadena perpetua a menores de edad y, en la alternativa, exigi\u00f3 la oportunidad de que convictos bajo este tipo de sentencia tengan el beneficio de probar su rehabilitaci\u00f3n para quedar en libertad bajo palabra.[6]<\/a><\/p>\n

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico rechaz\u00f3 atender un caso donde un convicto fue sentenciado a 372 a\u00f1os de prisi\u00f3n por la suma de penas consecutivas en eventos ocurridos cuando era menor de edad. En Pueblo v. \u00c1lvarez Chevalier<\/em>, el juez asociado Rafael Mart\u00ednez Torres expres\u00f3 que dicha sentencia no le privaba al convicto el beneficio de probar su rehabilitaci\u00f3n ante la Junta de Libertad Bajo Palabra, aun si esa oportunidad nac\u00eda al momento de haber cumplido noventa y siete a\u00f1os de su sentencia en prisi\u00f3n.[7]<\/a> Las circunstancias del caso destaparon uno de los vac\u00edos jur\u00eddicos que dej\u00f3 la norma jurisprudencial federal. De cara a los argumentos esbozados por el foro federal, \u00bfdebe aplicar el mismo principio de culpabilidad atenuada cuando, impuesta sobre un menor, una sentencia de facto <\/em>no permite una probabilidad real de que este pueda aspirar a la libertad bajo palabra?<\/p>\n

I. La capacidad disminuida y la doctrina de culpabilidad atenuada<\/strong><\/p>\n

Tanto la Constituci\u00f3n de los Estados Unidos como la Constituci\u00f3n de Puerto Rico proh\u00edben la imposici\u00f3n de castigos crueles e inusitados a las personas convictas de delito.[8]<\/a>\u00a0 Dichas disposiciones tienen como prop\u00f3sito lograr la debida proporci\u00f3n entre la pena impuesta y la gravedad de la conducta delictiva.[9]<\/a> De esta forma, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tambi\u00e9n ha interpretado que nuestra Constituci\u00f3n requiere que la imposici\u00f3n de las sentencias no sean arbitrarias y ordena a solo aplicar aquella \u201cpena menos restrictiva de libertad para lograr el fin por el cual se impone\u201d.[10]<\/a><\/p>\n

La capacidad disminuida como base de la doctrina de culpabilidad atenuada se estableci\u00f3 en Roper v. Simmons<\/em>. En Roper<\/em>, el Tribunal determin\u00f3 que condenar a un menor de edad a la pena de muerte constituye una violaci\u00f3n a la prohibici\u00f3n de castigos crueles e inusitados de la Octava Enmienda de la Constituci\u00f3n federal.[11]<\/a> El Tribunal expres\u00f3 que, en comparaci\u00f3n con los adultos, existen tres diferencias psicosociales inherentes a la adolescencia que aten\u00faan la culpabilidad de los menores.<\/p>\n

La primera diferencia reconocida por el Tribunal es que durante la minor\u00eda de edad la persona es a\u00fan inmadura y su sentido de responsabilidad no est\u00e1 completamente desarrollado. Basado en evidencia cient\u00edfica, el Tribunal determin\u00f3 que sus decisiones arriesgadas no son producto de una reflexi\u00f3n ponderada sino, m\u00e1s bien, de su impulsividad.[12]<\/a><\/p>\n

La segunda diferencia contempla la vulnerabilidad a influencias negativas externas y a las presiones de grupo. En ocasiones, estas influencias provienen de su propio c\u00edrculo familiar o de un entorno inmediato que el adolescente no controla, ni tiene autonom\u00eda suficiente como para abstraerse de ese tipo de ambiente.[13]<\/a><\/p>\n

La tercera diferencia toma en cuenta la maleabilidad del car\u00e1cter de la persona durante la minoridad y concluye que los rasgos de personalidad que exhibe durante la misma son transitorios. De esta manera, esa misma transitoriedad hace que estos sean m\u00e1s susceptibles al cambio, aumentado as\u00ed sus probabilidades de una rehabilitaci\u00f3n exitosa.[14]<\/a><\/p>\n

El Tribunal Supremo federal volvi\u00f3 a esbozar la doctrina de culpabilidad atenuada en Graham v. Florida<\/em>, al declarar inconstitucional las condenas a cadena perpetua sin el beneficio de libertad bajo palabra por delitos cometidos por menores que no conlleven homicidio.[15]<\/a> Debido a que la culpabilidad moral de los j\u00f3venes es menor que en los adultos, el Tribunal razon\u00f3 que el an\u00e1lisis de proporcionalidad al establecer la pena debe ser uno distintito, que considere la edad del menor al momento de los hechos. El Tribunal resalt\u00f3 que, dado que la cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra es la segunda pena m\u00e1s severa en el ordenamiento penal, la misma resulta mucho m\u00e1s gravosa para los j\u00f3venes ya que, por su corta edad, pasar\u00e1n m\u00e1s tiempo de sus vidas encerrados en comparaci\u00f3n con adultos que reciban sentencias similares. Asimismo, esta condena comparte caracter\u00edsticas similares con la pena de muerte al alterar irrevocablemente la vida de los j\u00f3venes que quedan privados de cualquier esperanza de rehabilitaci\u00f3n real. Por tanto, la Octava Enmienda no permite que las mismas sean impuestas a menores por ser desproporcionales y bajo el entendimiento de que existe la posibilidad de rehabilitaci\u00f3n y reconciliaci\u00f3n con la sociedad. Bajo esta premisa, \u201cel menor de edad no debe ser privado de la oportunidad de poder desarrollar una madurez de juicio y de reconocimiento personal del valor y potencial del ser humano\u201d.[16]<\/a><\/p>\n

El Tribunal tambi\u00e9n determin\u00f3, como en Roper<\/em>, que ni la retribuci\u00f3n ni la disuasi\u00f3n ni la seguridad comunitaria como medida cautelar, son, por s\u00ed solas, justificaciones proporcionales para permitir las condenas a cadena perpetua sin oportunidad de libertad bajo palabra en delitos que no sean de homicidio.[17]<\/a><\/p>\n

En Miller v. Alabama<\/em>, el Tribunal volvi\u00f3 a utilizar como fundamento los tres elementos de Roper <\/em>sobre la capacidad disminuida de los menores para declarar inconstitucional, bajo la Octava Enmienda, las sentencias autom\u00e1ticas a cadena perpetua sin el beneficio de libertad bajo palabra, a\u00fan en casos de homicidio.[18]<\/a> El Tribunal razon\u00f3 que las sentencias autom\u00e1ticas, por su definici\u00f3n, no toman en cuenta como atenuante la capacidad disminuida del menor al momento de los hechos. Resulta en un castigo desproporcional a la luz de la Constituci\u00f3n toda sentencia que ignore esa realidad como parte de su an\u00e1lisis.<\/p>\n

En Miller<\/em>, el Tribunal atendi\u00f3 directamente la norma de Graham<\/em> en cuanto a que en ese caso no se contemplaban los cr\u00edmenes de homicidio como parte de la protecci\u00f3n constitucional contra castigos crueles e inusitados. No obstante, el Tribunal expres\u00f3 que el razonamiento de la capacidad disminuida no puede ser uno sobre delitos espec\u00edficos.[19]<\/a> Como consecuencia, el Tribunal determin\u00f3 que, una vez tomada en consideraci\u00f3n la capacidad disminuida del menor al momento de los hechos, la imposici\u00f3n de la pena m\u00e1s severa debe darse \u00fanicamente en casos excepcionales y altamente raros.[20]<\/a> Aun as\u00ed, el Tribunal decret\u00f3 tajantemente que, como norma, \u201cla imposici\u00f3n de las penas m\u00e1s severas sobre los ofensores juveniles no pueden proceder como si no fueran menores de edad<\/em>\u201d.[21]<\/a><\/p>\n

Finalmente, en Montgomery v. Louisiana<\/em>, el Tribunal resolvi\u00f3 que Miller<\/em> estableci\u00f3 una norma de naturaleza sustantiva y, por tanto, es de aplicaci\u00f3n retroactiva en virtud de la Constituci\u00f3n.[22]<\/a> El Tribunal destac\u00f3 que son altamente raros los casos de j\u00f3venes que no pueden modificar comportamientos t\u00edpicos de la juventud, por lo que merecen tener la oportunidad demostrar que se han rehabilitado y que pueden ser reintegrados a la sociedad.<\/p>\n

II. Pueblo v. \u00c1lvarez Chevalier<\/em>: de espalda al mandato federal<\/strong><\/p>\n

\u00c1lvarez Chevalier fue sentenciado a cumplir penas consecutivas por hechos relacionados con dos asesinatos.[23]<\/a> Seg\u00fan el juez asociado Mart\u00ednez Torres, Miller<\/em> permite la imposici\u00f3n de penas por asesinato a cadena perpetua, siempre que el menor sea elegible a libertad bajo palabra.[24]<\/a> Bajo este supuesto, analiz\u00f3 el Juez Asociado, un menor de edad que ha sido sentenciado por delitos consecutivos que suman a una cadena perpetua de facto<\/em> cumple con la norma Miller<\/em> si se le provee la oportunidad de salir bajo libertad bajo palabra, aun si esta oportunidad es a casi 100 a\u00f1os de haber comenzado la sentencia.[25]<\/a> El efecto que tiene ignorar esta realidad conlleva sobrepasar lo que intent\u00f3 hacer el Tribunal Supremo federal con Miller<\/em>: prohibir la imposici\u00f3n de penas autom\u00e1ticas a cadenas perpetuas que no permitan que el menor de edad pueda aspirar al beneficio de libertad bajo palabra. Ciertamente la imposici\u00f3n de penas consecutivas que permitan la opci\u00f3n de libertad bajo palabra solo en un tiempo que exceda la expectativa de vida natural del convicto, va en contradicci\u00f3n con lo establecido por Graham<\/em> y Miller<\/em>.[26]<\/a> Tomando en cuenta esta realidad, tribunales estatales en distintos estados han reconocido que sentencias netas de 45, 50, 52 y 110 a\u00f1os pueden tener el efecto de facto<\/em> de convertirse en condenas a cadena perpetua contrarias a la norma Graham <\/em>y Miller <\/em>cuando no permiten que el convicto tenga la opci\u00f3n de salir en libertad con alg\u00fan tipo de condici\u00f3n.[27]<\/a><\/p>\n

En sus expresiones, el Juez Asociado tambi\u00e9n desalienta la revisi\u00f3n de una sentencia que busca \u201cjustificar que se libere a quien todav\u00eda no ha pagado ni una cuarta parte de su deuda con la sociedad\u201d y a quien debi\u00f3 \u201ctomar en cuenta que delinquir tiene consecuencias graves\u201d.[28]<\/a> Esta aseveraci\u00f3n supone que la retribuci\u00f3n es el fin principal del castigo impuesto al menor. No obstante, el Tribunal Supremo federal, tanto en Graham <\/em>como en Miller<\/em>, expres\u00f3 que la retribuci\u00f3n no puede justificarse contra un menor de la misma manera en que ocurre contra un adulto.[29]<\/a><\/p>\n

El Tribunal Supremo federal expresamente indic\u00f3 que las tres diferencias que dan paso a la doctrina de capacidad disminuida en menores de edad discutidos en Roper <\/em>\u2014 impulsividad, vulnerabilidad y el car\u00e1cter transitorio y cambiante del menor\u2014 trabajan a favor del ideal de la rehabilitaci\u00f3n.[30]<\/a> Contrario a lo que indica el voto de conformidad en \u00c1lvarez Chevalier<\/em> al expresar que \u201c[h]ay maneras de rehabilitarse . . . en la c\u00e1rcel . . . [que]no conlleva[n]siempre salir de prisi\u00f3n\u201d,[31]<\/a> el Tribunal determin\u00f3 en Miller<\/em> que una \u201c[condena]a cadena perpetua sin libertad condicionada [a un menor]renuncia de por s\u00ed al ideal de la rehabilitaci\u00f3n\u201d.[32]<\/a><\/p>\n

El Juez Asociado tambi\u00e9n indic\u00f3 que el peticionario no hab\u00eda demostrado haber sido rehabilitado.[33]<\/a> No obstante, es precisamente la oportunidad de demostrar su rehabilitaci\u00f3n ante la Junta de Libertad Bajo Palabra lo que el Tribunal Supremo federal busca con las normas emitidas en Graham <\/em>y Miller<\/em>, y lo que el Tribunal Supremo local est\u00e1 impidiendo al denegar, en este caso, el recurso de certiorari<\/em>. Suponer lo contrario es concluir que el menor de edad es incorregible y, como determin\u00f3 el Tribunal Supremo federal, la \u201cincorregibilidad es inconsistente con la juventud\u201d.[34]<\/a><\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

El Tribunal Supremo de Puerto Rico se neg\u00f3 a reconocer y adoptar las normas establecidas por el Tribunal Supremo federal, evadiendo cumplir con su mandato de conceder \u2014como m\u00ednimo\u2014 los mismos derechos que la Constituci\u00f3n federal concede. Esa postura es un tanto preocupante. La doctrina de culpabilidad atenuada precisamente fue desarrollada para aplicarla en contemplaci\u00f3n a penas autom\u00e1ticas impuestas a menores, por entender que estas no permiten que el juez tome en cuenta la minoridad de edad al imponerlas. No veo raz\u00f3n alguna para concluir que el caso es distinto cuando la pena exorbitante se debe a la imposici\u00f3n de penas consecutivas que, en conjunto, tienen el efecto de privar una verdadera oportunidad del convicto poder regresar rehabilitado a la libre comunidad.<\/p>\n

\n

*<\/a> El autor es estudiante de cuarto a\u00f1o de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y Director Asociado de la Revista Jur\u00eddica de la UPR.<\/p>\n

[1]<\/a> Exposici\u00f3n de motivos, Ley para la seguridad, bienestar y protecci\u00f3n de menores, Ley N\u00fam. 246 de 16 de diciembre de 2012, 2011 LPR 2812.<\/p>\n

[2]<\/a> Miller v. Alabama, 567 U.S. 460, 471 (2012).<\/p>\n

[3]<\/a> Ley de menores de Puerto Rico, Ley N\u00fam. 88 de 9 de julio de 1986, 34 LPRA \u00a7 2204 (2016).<\/p>\n

[4]<\/a> Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005).<\/p>\n

[5]<\/a> U.S. Const. amend. VIII; Const. PR art. II, \u00a7 12.<\/p>\n

[6]<\/a> Montgomery v. Louisiana, 136 S. Ct. 718 (2016); Graham v. Florida, 560 U.S. 48 (2010).<\/p>\n

[7]<\/a> Pueblo v. \u00c1lvarez Chevalier, 2018 TSPR 20, en la p\u00e1g. 1 (Mart\u00ednez Torres, voto de conformidad).<\/p>\n

[8]<\/a> Const. PR art. II, \u00a7 12; U.S. Const. amend. VIII.<\/p>\n

[9]<\/a> 4 Diario de Sesiones de la Convenci\u00f3n Constituyente 3186 (1952).<\/p>\n

[10]<\/a> Pueblo v. P\u00e9rez Zayas, 116 DPR 197, 201 (1985). V\u00e9ase <\/em>Pueblo v. Echevarr\u00eda Rodr\u00edguez I, 128 DPR 299, 373 (1991) (determinando que el cuestionamiento de proporcionalidad requiere necesariamente hacer un balance entre: (1) el da\u00f1o causado a la v\u00edctima y a la sociedad; (2) la culpabilidad o la actitud mental del acusado al perpetrar los hechos, y (3) si el convicto tendr\u00e1 la oportunidad de disfrutar el beneficio de libertad bajo palabra).<\/p>\n

[11]<\/a> Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005).<\/p>\n

[12]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 569.<\/p>\n

[13]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[14]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 570.<\/p>\n

[15]<\/a> Graham v. Florida, 560 U.S. 48 (2010).<\/p>\n

[16]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 79 (traducci\u00f3n suplida) (\u201cMaturity can lead to that considered reflection which is the foundation for remorse, renewal, and rehabilitation\u201d). Id<\/em>.<\/p>\n

[17]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 71.<\/p>\n

[18]<\/a> Miller v. Alabama, 567 U.S. 460 (2012).<\/p>\n

[19]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 473.<\/p>\n

[20]<\/a> Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 479-80.<\/p>\n

[21]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 474 (traducci\u00f3n suplida) (\u00e9nfasis suplido).<\/p>\n

[22]<\/a> Montgomery v. Louisiana, 136 S. Ct. 718 (2016).<\/p>\n

[23]<\/a> Pueblo v. \u00c1lvarez Chevalier, 2018 TSPR 20, en la p\u00e1g. 1 (Mart\u00ednez Torres, voto de conformidad).<\/p>\n

[24]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[25]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[26]<\/a> Cara Drinan, The War on Kids 135 (2016).<\/p>\n

[27]<\/a> Casiano v. Comm\u2019r of Corr. 115 A.3d 1031 (Conn. 2015); Bear Cloud v. State, 334 P.3d 132 (Wyo. 2014); State v. Null, 836 N.W.2d 41 (Iowa 2013); People v. Caballero, 282 P.3d 291 (Cal. 2012).<\/p>\n

[28]<\/a> \u00c1lvarez Chevalier<\/em>, 2018 TSPR 20, en la p\u00e1g. 1 (Martr\u00ednez Torres, voto de conformidad).<\/p>\n

[29]<\/a> Miller v. Alabama, 567 U.S. 472 (2012).<\/p>\n

[30]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[31]<\/a> \u00c1lvarez Chevalier<\/em>, 2018 TSPR 20, en las p\u00e1gs. 1-2 (Martr\u00ednez Torres, voto de conformidad).<\/p>\n

[32]<\/a> Miller<\/em>, en la p\u00e1g, 473.<\/p>\n

[33]<\/a> \u00c1lvarez Chevalier<\/em>, 2018 TSPR 20, en las p\u00e1gs. 1-2 (Martr\u00ednez Torres, voto de conformidad).<\/p>\n

[34]<\/a> Miller<\/em>, en las p\u00e1gs. 472-73.\t\t<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

NOTA Por: Jean-Carlo Andr\u00e9s P\u00e9rez Nieves* El Estado de derecho puertorrique\u00f1o actual sostiene que los ni\u00f1os son la base de nuestra sociedad y que, por tanto, el estado tiene el deber de \u201ccuidarlos, protegerlos y garantizarle su seguridad en todo momento\u201d.[1] Esta filosof\u00eda del estado paternal y tutelar, sin embargo, ha tomado un giro perjudicial<\/p>\n

Read More<\/a><\/div>\n","protected":false},"author":22,"featured_media":1452,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1451","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-notas"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1451","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/wp-json\/wp\/v2\/users\/22"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1451"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1451\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1452"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1451"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1451"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1451"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}