{"id":1874,"date":"2019-04-19T11:25:10","date_gmt":"2019-04-19T15:25:10","guid":{"rendered":"http:\/\/revistajuridica.uprrp.edu\/inrev\/?p=1874"},"modified":"2019-04-19T11:25:10","modified_gmt":"2019-04-19T15:25:10","slug":"alcance-de-la-retroactividad-de-las-normas-constitucionales-enunciadas-jurisprudencialmente-una-replica-al-profesor-ernesto-chiesa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/2019\/04\/19\/alcance-de-la-retroactividad-de-las-normas-constitucionales-enunciadas-jurisprudencialmente-una-replica-al-profesor-ernesto-chiesa\/","title":{"rendered":"Alcance de la retroactividad de las normas constitucionales enunciadas jurisprudencialmente: una r\u00e9plica al profesor Ernesto Chiesa"},"content":{"rendered":"\n\t\t\t\t\n

COMENTARIO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por: Iris Y. Rosario Nieves<\/strong>*<\/strong><\/sup><\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En Pueblo v. Torres Irizarry<\/em>,[efn_note]Pueblo v. Torres Irizarry, 199 DPR 11 (2017).[\/efn_note] el Tribunal Supremo de Puerto Rico atendi\u00f3 la controversia en cuanto a si la norma esbozada en Pueblo v. S\u00e1nchez Valle,<\/em>[efn_note]Pueblo v. S\u00e1nchez Valle, 192 DPR 594 (2015).[\/efn_note] deb\u00eda ser aplicada de manera retroactiva a un caso que, al momento de publicada dicha norma, no hab\u00eda advenido final y firme. Entre otras cosas, el m\u00e1ximo foro puertorrique\u00f1o concluy\u00f3, de manera general, que S\u00e1nchez Valle <\/em>tiene efecto retroactivo en todo caso en el que no haya reca\u00eddo sentencia firme.[efn_note]En este art\u00edculo no es mi inter\u00e9s resumir los hechos del caso; por lo que, creo pertinente redirigir al lector al contenido del an\u00e1lisis del t\u00e9rmino al que se reacciona, si es que se pretende leer un resumen detallado sobre los hechos en cuesti\u00f3n o al caso propiamente. V\u00e9ase<\/em> Ernesto L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal<\/em>, 88 REV. JUR. UPR 222 (2019) http:\/\/revistajuridica.uprrp.edu\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/Derecho-Procesal-Penal-.pdf<\/a>.[\/efn_note]\n\n\n\n

En ese sentido, es importante aclarar desde un principio que el tema sobre la aplicaci\u00f3n de las normas constitucionales enunciadas jurisprudencialmente es altamente complejo. Esto es concecuencia precisamente del hecho de que las reglas para aplicar o no retroactivamente una nueva norma constitucional dependen (de acuerdo con lo ordenado en Teague v. Lane<\/em>,[efn_note]Teague v. Lane, 489 U.S. 288 (1989).[\/efn_note] y reiterado en Montgomery v. Lousiana)<\/em>[efn_note]Montgomery v. Louisiana, 136 S. Ct. 718 (2016).[\/efn_note] de si la norma constitucional anunciada es de naturaleza sustantiva, procesal medular,[efn_note]Agradezco al Profesor Oscar Miranda Miller quien al leer este escrito sugiri\u00f3 que watershed <\/em>fuera traducido como procesal medular<\/em>.[\/efn_note] (watershed)<\/em> o meramente procesal. <\/em>La catalogaci\u00f3n que se haga de la norma en cuesti\u00f3n tendr\u00e1 como resultado, que la misma se aplique extensamente de forma retroactiva, aun a casos que ya hayan advenido finales y firmes o no. Es de esa forma que en algunas controversias el an\u00e1lisis de la retroactividad de una nueva norma jurisprudencial constitucional no puede prescindir de un an\u00e1lisis en el que se delimite previamente ante qu\u00e9 tipo de norma nos encontramos: sustantiva, procesal medular (watershed)<\/em>o procesal. Si ese no fuese el caso, la norma enunciada en el 2012 por la Corte Suprema de Estados Unidos en Miller v. Alabama<\/em>,[efn_note]Miller v. Alabama, 567 U.S. 460 (2012).[\/efn_note] (<\/em>prohibici\u00f3n de cadenas perpetuas a menores de edad de forma autom\u00e1tica en casos de asesinato)no hubiese podido ser aplicada retroactivamente en Montgomery v. Lousiana <\/em>cinco d\u00e9cadas despu\u00e9s de que la sentencia del peticionario adviniera final y firme.[efn_note]Montgomery, <\/em>136 S. Ct. en la p\u00e1g. 723; Id.<\/em>[\/efn_note]\n\n\n\n

En el \u00faltimo an\u00e1lisis de t\u00e9rmino de Derecho Procesal Penal,[efn_note]V\u00e9ase<\/em> Chiesa Aponte,\u00a0supra<\/em> nota 3.[\/efn_note] el profesor Ernesto Chiesa Aponte discuti\u00f3 la norma pautada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en\u00a0Pueblo v. Torres Irizarry.<\/em> En resumen, de acuerdo con el criterio del Profesor, la decisi\u00f3n de\u00a0Torres Irizarry\u00a0<\/em>es correcta, ya que lo que se enunci\u00f3 por primera vezen\u00a0S\u00e1nchez Valle\u00a0<\/em>fue \u201c<\/em>un derecho procesal constitucional\u201d.[efn_note]Id<\/em>. en la p\u00e1g. 233.[\/efn_note] La catalogaci\u00f3n que se hace, sin embargo, de la norma enunciada en\u00a0S\u00e1nchez Valle\u00a0<\/em>como una de car\u00e1cter procesal es exclusivamente la opini\u00f3n del Profesor. De hecho, es la misma opini\u00f3n que se infiere de las expresiones del Profesor en su \u00faltimo libro sobre el procedimiento criminal en Puerto Rico,[efn_note]V\u00e9ase\u00a0<\/em>ERNESTO L. CHIESA APONTE, DERECHO PROCESAL PENAL: ETAPA ADJUDICATIVA (2019).[\/efn_note] y en el an\u00e1lisis del t\u00e9rmino 2014-2015 sobre Derecho Procesal Penal<\/em>.[efn_note]V\u00e9ase\u00a0<\/em>Ernesto L. Chiesa Aponte,\u00a0Derecho Procesal Penal<\/em>, 85 REV. JUR. UPR 477\u00a0(2016).[\/efn_note]\n\n\n\n

Debe advertirse que, distinto a lo sostenido por el profesor Chiesa, el Tribunal Supremo de Puerto Rico no catalog\u00f3 la norma de S\u00e1nchez Valle<\/em> en Torres Irizarry <\/em>como una de naturaleza procesal. Lo que se indic\u00f3 textualmente en esa opini\u00f3n fue: \u201cque la norma establecida en Pueblo v. S\u00e1nchez Valle<\/em>[. . .] es de aplicaci\u00f3n retroactiva cuando no hay una sentencia condenatoria final y firme, <\/strong>debido a que en el citado caso se paut\u00f3 una norma jurisprudencial que provey\u00f3 una defensa de car\u00e1cter constitucional a favor de un acusado\u201d.[efn_note]Pueblo v. Torres Irizarry, 199 DPR 11, 14 (2017).[\/efn_note]\n\n\n\n

Aclarar lo que antecede es meritorio no solo por lo que ya se manifest\u00f3 (de la catalogaci\u00f3n que se haga de las normas enunciadas jurisprudencialmente depende el alcance de su aplicaci\u00f3n retroactiva) sino tambi\u00e9n porque en Torres Irizarry<\/em> el Tribunal Supremo no se encontraba ante un caso que advino final y firme; previo a la enunciaci\u00f3n por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos de la norma de S\u00e1nchez Valle<\/em>.[efn_note]Puerto Rico v. S\u00e1nchez Valle, 136 S. Ct. 1863.[\/efn_note] Por consiguiente, resultaba innecesario discutir ante qu\u00e9 tipo de norma se encontraban.<\/p>\n\n\n\n

Si hasta el d\u00eda de hoy el Tribunal Supremo de Puerto Rico no ha catalogado la norma de S\u00e1nchez Valle <\/em>como una norma constitucional de naturaleza sustantiva, procesal medular (watershed) <\/em>o procesal, <\/em>entonces tampoco se sabe cu\u00e1l es el alcance de la retroactividad de dicha norma. En ese sentido, y m\u00e1s all\u00e1 del an\u00e1lisis del profesor Chiesa, la discusi\u00f3n en cuanto a la aplicaci\u00f3n retroactiva de una norma constitucional enunciada jurisprudencialmente no se agota con la determinaci\u00f3n de Griffith v. Kentucky.<\/em>[efn_note]Griffith v. Kentucky, 479 U.S. 314 (1986).[\/efn_note]\n\n\n\n

El objetivo de esta r\u00e9plica es iniciar una discusi\u00f3n respetuosa que d\u00e9 cuenta sobre el nivel de complejidad del tema de la retroactividad de las normas jurisprudenciales de car\u00e1cter constitucional.<\/p>\n\n\n\n

I. Discusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Desde hace aproximadamente sesenta a\u00f1os, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha particularizado cada vez m\u00e1s las reglas sobre retroactividad de las normas constitucionales enunciadas jurisprudencialmente. En consecuencia, hacer un an\u00e1lisis concienzudo de la historia de dichas normas se impone como un ejercicio de rigor intelectual. Como se apuntar\u00e1 a continuaci\u00f3n, cuando se debate la aplicaci\u00f3n retroactiva de una norma jurisprudencial no puede prescindirse de la discusi\u00f3n de ciertos casos, sin cuyo an\u00e1lisis no podr\u00e1 arribarse a una resoluci\u00f3n adecuada.<\/p>\n\n\n\n

Procede comenzar la discusi\u00f3n con Linkletter v. Walker.<\/em>[efn_note]Linkletter v. Walker, 381 U.S. 618 (1965).[\/efn_note] En este caso la Corte Suprema de Estados Unidos decidi\u00f3 si la norma sobre exclusi\u00f3n de evidencia ilegalmente admitida, seg\u00fan ordenada en Mapp v. Ohio,<\/em>[efn_note]Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961).[\/efn_note] aplicaba retroactivamente a casos que fuesen finales y firmes. El M\u00e1ximo Foro estadounidense resumi\u00f3 la controversia y manifest\u00f3:<\/p>\n\n\n\n

Petitioner contends that our method of resolving those prior cases demonstrates that an absolute rule of retroaction prevails in the area of constitutional adjudication. However, we believe that the Constitution neither prohibits nor requires retrospective effect. As Justice Cardozo said, \u201cWe think the Federal Constitution has no voice upon the subject.\u201d.[efn_note]Linkletter<\/em>, 381 U.S. en las p\u00e1gs. 628-29.[\/efn_note]<\/blockquote>\n\n\n\n

Como consecuencia, se indic\u00f3 que las siguientes pautas deb\u00edan ser aplicadas cuando se pretendiese aplicar retroactivamente una nueva norma jurisprudencial de car\u00e1cter constitucional a casos que hubiese advenido finales y firmes: \u201c[1] la historia previa de la regla en cuesti\u00f3n; [2] su prop\u00f3sito y efecto; y [3] si la aplicaci\u00f3n retroactiva va a adelantar o retrasar su operaci\u00f3n\u201d.[efn_note]Id<\/em>. en la p\u00e1g. 629 (traducci\u00f3n suplida).[\/efn_note]\n\n\n\n

Tras evaluar la solicitud del peticionario e indicar que \u201c\u2018[e]l pasado no siempre puede ser borrado por una nueva declaraci\u00f3n judicial\u2019”,[efn_note]Id<\/em>. en la p\u00e1g. 636 (citando a<\/em> Chicot Cty. Drainage Dist. v. Baxter StateBank, 308 U.S. 371 (1940)) (traducci\u00f3n suplida).[\/efn_note] la Corte concluy\u00f3 que la norma anunciada en Mapp<\/em> solo tendr\u00eda efecto prospectivo. Ello, tras tomar en cuenta las consecuencias que semejante decisi\u00f3n tendr\u00eda en la administraci\u00f3n de la justicia, puesto que deber\u00edan celebrarse nuevas vistas judiciales para evaluar si la evidencia hab\u00eda sido obtenida legalmente. <\/p>\n\n\n\n

De acuerdo a un excelente art\u00edculo publicado en el Journal of Constitutional Law <\/em>de la Universidad de Pennsylvania, la norma de Linkletter <\/em>desat\u00f3 las cr\u00edticas acad\u00e9micas inmediatamente.[efn_note]Perry L. Moriearty, Miller v. Alabama and the Retroactivity of Proportionality Rules<\/em>, 17 U. PA. J. CONST. L. 929, 959 (2015).[\/efn_note] Pese a las cr\u00edticas, en Stovall v. Denno,<\/em>[efn_note]Stovall v. Denno, 388 U.S. 293 (1967).[\/efn_note] se le solicit\u00f3 al Supremo de Estados Unidos la aplicaci\u00f3n retroactiva de las normas dictadas en United States v. Wade<\/em>,[efn_note]United States v. Wade, 338 U.S. 218 (1967).[\/efn_note] y Gilbert v. California<\/em>,[efn_note]Gilbert v. California, 388 U.S. 263 (1967).[\/efn_note] (en cuanto al derecho a representaci\u00f3n legal en las etapas investigativas). En ese entonces, el Tribunal determin\u00f3 que ese tipo de normas aplicadas retroactivamente, independientemente de que los casos, no hubiesen advenido finales y firmes, tendr\u00edan un seriamente afectar\u00eda la administraci\u00f3n de la justicia.[efn_note]Stovall, <\/em>388 U.S. en la p\u00e1g. 300.[\/efn_note]\n\n\n\n

Transcurridos varios a\u00f1os desde estas decisiones, la Corte Suprema de Estados Unidos, en United States v. Johnson,<\/em>[efn_note]United States v. Johnson, 454 U.S. 814 (1981).[\/efn_note] se enfrent\u00f3 a una solicitud de aplicaci\u00f3n retroactiva de la norma establecida en Payton v. New York<\/em>,[efn_note]Payton v. New York, 445 U.S. 573 (1980).[\/efn_note] (en cuanto a la prohibici\u00f3n de registros domiciliarios seguidos de un arresto, sin orden y no consentidos). All\u00ed reconoci\u00f3 que las normas sobre aplicaci\u00f3n retroactiva eran confusas e implement\u00f3 la propuesta del Juez Harlan en dos opiniones disidentes sobre este tema. De esa forma, concluy\u00f3 que la norma de Payton<\/em>deb\u00eda ser aplicada retroactivamente a casos que no hubiesen advenido finales y firmes.<\/p>\n\n\n\n

Subsiguientemente, en Griffith v. Kentucky<\/em>,[efn_note]Griffith v. Kentucky, 479 U.S. 314 (1987).[\/efn_note] el Foro estadounidense evalu\u00f3 si la norma establecida en Batson v. Kentucky,<\/em>[efn_note]Batson v. Kentucky, 476 U.S. 79 (1986).[\/efn_note] (respecto a la necesidad de que el Ministerio P\u00fablico fundamentara sus recusaciones perentorias cuando se establece un caso prima facie<\/em> de discrimen racial) deb\u00eda ser aplicada retroactivamente a controversias que no hubiesen advenido finales y firmes. La contestaci\u00f3n fue en la afirmativa: \u201c[a]new rule for the conduct of criminal prosecutions, such as the ruling in Batson, applies retroactively to all cases, state or federal, pending on direct review or not yet final\u201d.[efn_note]Griffith, <\/em>479 U.S. en la p\u00e1g. 314.[\/efn_note] Esto independientemente de que constituyeran o no un claro deslinde (clear break<\/em>) entre la norma previa y la nueva.[efn_note]\u201cWe therefore hold that a new rule for the conduct of criminal prosecutions is to be applied retroactively to all cases, state or federal, pending on direct review or not yet final, with no exception for cases in which the new rule constitutes a \u2018clear break\u2019 with the past\u201d. Id.<\/em>en la p\u00e1g. 328.[\/efn_note]\n\n\n\n

Como puede observarse, la Corte Suprema de los Estados Unidos modific\u00f3 considerablemente las pautas sobre la aplicaci\u00f3n retroactiva, de sus nuevas normas constitucionales, a casos que estuviesen pendiente de revisi\u00f3n. As\u00ed las cosas, la doctrina se fue liberalizando despu\u00e9s de Griffith;<\/em> cualquier nueva norma constitucional aplicar\u00eda a los casos que estuviesen pendientes de revisi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

No obstante, el debate sobre la retroactividad de una norma jurisprudencial no se agot\u00f3 con Griffith<\/em>. Sino que se complejiz\u00f3 en Teague v. Lane,<\/em>[efn_note]Teague v. Lane, 489 U.S. 288 (1989).[\/efn_note] caso en el que la Corte indic\u00f3 que las nuevas normas constitucionales dictadas jurisprudencialmente no deben aplicarse retroactivamente a casos en collateral review, <\/em>salvo en dos excepciones:(1) \u201ca new rule should be applied retroactively if it places \u2018certain kinds of primary, private individual conduct beyond the power of the criminal law-making authority to proscribe\u2019”,[efn_note]Id. <\/em>en la p\u00e1g. 307 (citando a Mackey v. United States, 401 U.S. 667, 692 (1971)).[\/efn_note] y (2) \u201ca new rule should be applied retroactively if it requires the observance of \u2018those procedures that . . . are implicit in the concept of ordered liberty\u2019\u201d.<\/em>[efn_note]Id<\/em>. (citando a Mackey<\/em>, 401 U.S. en la p\u00e1g. 693)).[\/efn_note]\n\n\n\n

El alcance de la primera excepci\u00f3n se\u00f1alada en Teague<\/em> fue delimitada en el caso Schriro v. Summerlin,<\/em>[efn_note]Schriro v. Summerlin, 542 U.S. 348 (2004).[\/efn_note] en cuyo contenido laCorte manifest\u00f3, que ese tipo de reglas, catalogadas como normas sustantivas, son aquellas que \u201csituan a cierta clases de personas y tipos de conducta fuera del poder de castigo del estado\u201d.[efn_note]Moriearty, supra<\/em> nota 21 en la p\u00e1g. 964 (citando a Id.<\/em> en la p\u00e1g. 352).[\/efn_note] Estas deben aplicarse retroactivamente, ya que \u201c\u2018necesariamente acarrean un riesgo significativo de que el acusado sea declarado culpable de \u2018un acto que la ley no criminaliza\u2019 o que se enfrente a un castigo que ley no puede imponerle\u2019\u201d<\/em>.[efn_note]Id. <\/em>(citando a Schriro<\/em>, 542 U.S. en la p\u00e1g. 349) (cita omitida) (traducci\u00f3n suplida).<\/em>[\/efn_note]\n\n\n\n

En el caso de la segunda excepci\u00f3n de Teague, <\/em>se expres\u00f3 que son watershed rules of criminal procedure <\/em>aquellas normas que: (1) \u201calter our understanding of thebedrock procedural elements<\/em> essential to the fairness of a proceeding\u2019\u201d;[efn_note]Id.<\/em> en la p\u00e1g. 985 n.325 (cita omitida).[\/efn_note] (2) \u201c\u2019without which the likelihood of an accurate conviction is seriously diminished\u2019\u201d.[efn_note]Id.<\/em> en la p\u00e1g. 965 (cita omitida).[\/efn_note] No obstante, las nuevas normas constitucionales enunciadas jurisprudencialmente que solo aplican a los casos que no hayan advenido finales y firmes son las que: <\/p>\n\n\n\n

[A]re designed to enhance the accuracy of a conviction or sentence by regulating \u201cthe manner of determining <\/em>the defendant\u2019s culpability.\u201d Those rules \u201cmerely raise the possibility that someone convicted with use of the invalidated procedure might have<\/em>been acquitted otherwise.\u201d Even where procedural error has infected a trial, the resulting conviction or sentence may still be accurate; and, by extension, the defendant\u2019s continued confinement may still be lawful.[efn_note]Montgomery v. Louisiana, 136 S. Ct. 718, 730 (2016) (\u00e9nfasis suplido).[\/efn_note]<\/blockquote>\n\n\n\n

En resumen, despu\u00e9s de Teague, <\/em>las doctrinas jurisprudenciales que enuncian nuevas normas constitucionales se dividen en tres grupos: (1) de car\u00e1cter sustantivo; (2) procesales medulares (watershed rules)<\/em>; y (3) meramente procesales. As\u00ed las cosas, si la norma es sustantiva o watershed, <\/em>se aplicar\u00e1 a todos los casos, aunque hayan advenido finales y firmes. Si fuese meramente procesal, se aplicar\u00e1 a los que est\u00e9n pendientes de revisi\u00f3n o no hayan advenido finales y firmes. El reto para un tribunal, por tanto, est\u00e1 en reconocer ante qu\u00e9 tipo de nueva norma enunciada se est\u00e1, previo a determinar el alcance de su aplicaci\u00f3n retroactiva.<\/p>\n\n\n\n

Advi\u00e9rtase que en Montgomery la primera pregunta que se propuso contestar el M\u00e1ximo Foro estadounidense estaba relacionada con la existencia o no de la jurisdicci\u00f3n para atender la petici\u00f3n que se le present\u00f3, ya que la misma estaba vinculada a un procedimiento estatal de habeas<\/em>. Como resultado de que ambas partes entend\u00edan que hab\u00eda jurisdicci\u00f3n para decidir si la norma de Montgomery era o no de naturaleza sustantiva, se le asign\u00f3 a un amicus <\/em>disertar en cuanto a ese tema.<\/p>\n\n\n\n

El amicus<\/em> sostuvo que les correspond\u00eda a los estados definir los principios aplicables sobre la retroactividad de las normas jurisprudenciales de car\u00e1cter constitucional; por lo tanto, la decisi\u00f3n de la Corte Suprema de Luisiana de no corregir la sentencia de Montgomery (mediante la aplicaci\u00f3n retroactiva de la decisi\u00f3n de Miller v. Alabama<\/em>) no implicaba derecho federal alguno. La Corte, sin embargo, entendi\u00f3 que la posici\u00f3n del amicus<\/em> descansaba en la idea de que los precedentes sobre retroactividad no son mandatos constitucionales y sostuvo que: \u201csin embargo, si la Constituci\u00f3n establece una regla y requiere que la regla tenga una aplicaci\u00f3n retroactiva, entonces la negativa de un tribunal estatal de darle efecto retroactivo a la regla es revisable por esta Corte\u201d.[efn_note]Id.<\/em> en la p\u00e1g. 727 (citando a<\/em> Griffith v. Kentucky, 479 U.S. 314, 328 (1986)) (traducci\u00f3n suplida).[\/efn_note] Aclarado lo anterior, la Corte procedi\u00f3 a reiterar la norma sobre retroactividad dispuesta en Teague v. Lane<\/em>: <\/p>\n\n\n\n

Under Teague, a new constitutional rule of criminal procedure does not apply, as a general matter, to convictions that were final when the new rule was announced. Teague recognized, however, two categories of rules that are not subject to its general retroactivity bar. First, courts must give retroactive effect to new substantive rules of constitutional law . . . . Second, courts must give retroactive effect to new \u201c\u2018watershed rules of criminal procedure\u2019 implicating the fundamental fairness and accuracy of the criminal proceeding\u201d.[efn_note]Id.<\/em> en la p\u00e1g. 728 (citando <\/em>a Teague v. Lane, 489 U.S. 288, 312-13 (1989)).[\/efn_note]<\/blockquote>\n\n\n\n

Para el amicus<\/em>, sin embargo, la norma de Teague<\/em>se hab\u00eda esbozado en el contexto de un <\/em>procedimiento federal de habeas<\/em>; por lo que, no pod\u00eda catalogarse como mandato constitucional. Como consecuencia, tampoco era de aplicaci\u00f3n en un procedimiento estatal de revisi\u00f3n colateral como el presentado por Montgomery. El amicus<\/em> a\u00f1adi\u00f3 que, en Danforth v. Minnesota<\/em>,[efn_note]Danforth v. Minnesota, 552 U.S. 264 (2008).[\/efn_note] la Corte no prohibi\u00f3 a los estados otorgar efecto retroactivo a cualquier conjunto de normas con mayor amplitud que lo que orden\u00f3 Teague<\/em>. De dicha declaraci\u00f3n se desprend\u00eda, seg\u00fan el amicus<\/em>, que la decisi\u00f3n sobre darle efecto retroactivo a las normas constitucionales en el contexto de una revisi\u00f3n colateral era una prerrogativa de cada estado. <\/p>\n\n\n\n

Para la Corte, no obstante, el amicus<\/em> \u201cle da demasiada importancia a estas declaraciones\u201d[efn_note]Montgomery<\/em>, 136 S. Ct. en la p\u00e1g. 728 (traducci\u00f3n suplida).[\/efn_note] ya que ni en Teague<\/em> ni en Danforth<\/em> tuvo que atenderse la retroactividad de una norma de naturaleza sustantiva o watershed<\/em>,[efn_note]Id. <\/em>en las p\u00e1gs. 728-29.[\/efn_note] y porque ambos fueron decididos en el contexto de un federal habeas proceeding<\/em>. As\u00ed, el M\u00e1ximo Foro aclar\u00f3 que Danforth<\/em> solo se limit\u00f3 al tema sobre la prohibici\u00f3n de la retroactividad de Teague<\/em>. Finalmente, dijeron que con Montgomery<\/em> deb\u00eda atenderse la pregunta que qued\u00f3 inconclusa en Danforth<\/em>. De esa forma, sostuvieron que: <\/p>\n\n\n\n

The Court now holds that when a new substantive rule of constitutional law controls the outcome of a case, the Constitution requires state collateral review courts to give retroactive effect to that rule. Teague<\/em>\u2019s conclusion establishing the retroactivity of new substantive rules is best understood as resting upon constitutional premises. That constitutional command is, like all federal law, binding on state courts.[efn_note]Id<\/em>. en la p\u00e1g. 729.[\/efn_note]<\/blockquote>\n\n\n\n

De la discusi\u00f3n rese\u00f1ada anteriormente se desprende que cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos enuncia una nueva norma de car\u00e1cter constitucional, los estados vienen obligados a determinar, previo al alcance de la retroactividad, si la misma es de naturaleza procesal, sustantiva o procesal medular (watershed<\/em>). Del resultado de ese ejercicio, podr\u00e1 concluirse, de acuerdo con las excepciones de Teague, si la aplicaci\u00f3n retroactiva de la norma alcanza a casos que ya advinieron finales y firmes. En esa encomienda, los estados est\u00e1n en la libertad de decidir si otorgar mayor amplitud retroactiva a una norma meramente procesal, por ejemplo; es decir, aplicarla a casos que ya hubiesen advenido finales y firmes. Esa libertad, sin embargo, no debe confundirse con el hecho de que cuando se est\u00e1 ante una norma de naturaleza sustantiva, la misma debe ser aplicada retroactivamente, puesto que los estados no tienen discreci\u00f3n para hacer lo contrario, aun en casos finales y firmes. <\/p>\n\n\n\n

Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tal y como se observa, la catalogaci\u00f3n que se haga de una nueva norma de car\u00e1cter constitucional tiene una repercusi\u00f3n de alto nivel, ya que se determinar\u00e1, como ocurri\u00f3 en Montgomery, <\/em>por ejemplo, si un ser humano debe continuar cumpliendo una pena que la Constituci\u00f3n de Estados Unidos proh\u00edbe. En ese sentido, ser\u00e1 tarea del Tribunal Supremo de Puerto Rico determinar si la norma de S\u00e1nchez Valle <\/em>es de naturaleza sustantiva, procesal medular (watershed) <\/em>o procesal. <\/em>De hecho, es una controversia que, incluso podr\u00eda ser atendida por la Corte Suprema de los Estados Unidos. <\/p>\n\n\n\n

Como consecuencia, resultaba imprescindible presentar una perspectiva distinta a la articulada por el distinguido profesor Chiesa. Despu\u00e9s de todo, tal y como se intent\u00f3 demostrar en este escrito, su idea de que la norma de S\u00e1nchez Valle es de naturaleza procesal, es exclusivamente su opini\u00f3n. El objetivo de esta r\u00e9plica es enriquecer y diversificar con fundamentos serios, claro est\u00e1, el debate jur\u00eddico, puesto que solo as\u00ed el ordenamiento penal puertorrique\u00f1o podr\u00e1 ser influenciado saludablemente por distintas voces.
<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

*<\/a><\/sup> Asesora Legal de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico y Profesora Adjunta de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Posee una especializaci\u00f3n en Derecho Humanos y Estudios Cr\u00edticos del Derecho (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2018), una maestr\u00eda en Derecho Penal de la Universidad de Palermo, Argentina, y un J.D. y B.A. del Recinto de R\u00edo Piedras de la Universidad de Puerto Rico. <\/p>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

COMENTARIO Por: Iris Y. Rosario Nieves* Introducci\u00f3n En Pueblo v. Torres Irizarry,[efn_note]Pueblo v. Torres Irizarry, 199 DPR 11 (2017).[\/efn_note] el Tribunal Supremo de Puerto Rico atendi\u00f3 la controversia en cuanto a si la norma esbozada en Pueblo v. S\u00e1nchez Valle,[efn_note]Pueblo v. S\u00e1nchez Valle, 192 DPR 594 (2015).[\/efn_note] deb\u00eda ser aplicada de manera retroactiva a un caso que, al<\/p>\n

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