{"id":2266,"date":"2020-07-02T00:01:58","date_gmt":"2020-07-02T04:01:58","guid":{"rendered":"http:\/\/revistajuridica.uprrp.edu\/inrev\/?p=2266"},"modified":"2020-07-02T00:01:58","modified_gmt":"2020-07-02T04:01:58","slug":"llegan-a-la-corte-suprema-las-primeras-senales-de-la-desaparicion-del-derecho-al-aborto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/2020\/07\/02\/llegan-a-la-corte-suprema-las-primeras-senales-de-la-desaparicion-del-derecho-al-aborto\/","title":{"rendered":"\u00bfLlegan a la Corte Suprema las primeras se\u00f1ales de la desaparici\u00f3n del derecho al aborto?"},"content":{"rendered":"\n\t\t\t\t\n

ART\u00cdCULO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por: Orlandy<\/span> Cabrera Valent\u00edn* <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El aborto ha sido una controversia bastante litigada tanto en los tribunales estatales como federales, debido a las vor\u00e1gines e intensas batallas que se suscitan cada a\u00f1o en los tribunales tanto estatales como federales, la existencia del aborto como un derecho de la mujer, atado a su derecho constitucional de intimidad, cada d\u00eda ha ganado espacio y reconocimiento. En ese sentido, a trav\u00e9s de los m\u00faltiples reclamos por la autonom\u00eda, como tambi\u00e9n de las distintas formas de cristalizar este tipo de lucha, la legalidad y la moralidad de sobre la libertad de abortar es indiscutible. <\/p>\n\n\n\n

As\u00ed pues, el primer reconocimiento a que las mujeres contaban con el derecho de poder realizarse abortos provino del caso Roe v. Wade<\/em>.[1]<\/a><\/sup> Posteriormente, en Planned Parenthood v. Casey<\/em>,[2]<\/sup><\/a> la Corte Suprema de Estados Unidos (en adelante, \u201cla Corte\u201d) determin\u00f3 que, una ley de Pennsylvania,[3]<\/sup><\/a> violaba la Decimocuarta Enmienda porque creaba una carga indebida para las mujeres casadas que deseaban realizarse un aborto en la medida en que requer\u00eda el consentimiento del c\u00f3nyuge antes de obtener dicho aborto. Por otro lado, se concluy\u00f3 que era v\u00e1lido el requisito del consentimiento de los padres para que una menor de edad se pudiese realizar un aborto.[4]<\/sup><\/a> En ese sentido, carga indebida se ha definido como el efecto u obst\u00e1culo sustancial que una ley o reglamentaci\u00f3n representa para una mujer que desea realizarse un aborto.  Del mismo modo, se determin\u00f3 v\u00e1lido que un m\u00e9dico pueda proporcionarle informaci\u00f3n a una mujer relacionada a c\u00f3mo el aborto podr\u00eda ser perjudicial para su salud. Dicha informaci\u00f3n puede ser provista al menos veinticuatro horas antes de que se lleve a cabo el procedimiento.[5]<\/sup><\/a><\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, tan recientemente como en 2016, la Corte en el caso Whole Woman’s Health v. Hellerstedt<\/em>,[6]<\/sup><\/a> declar\u00f3 inconstitucional una ley de Texas que requer\u00eda que los doctores que practicasen el procedimiento de aborto deb\u00edan tener privilegios de admisi\u00f3n en un hospital dentro de un radio de treinta millas de las cl\u00ednicas en donde se llevaba a cabo el procedimiento.[7]<\/sup><\/a> As\u00ed pues, una vez entr\u00f3 en vigor esa ley, de las cuarenta y dos facilidades que prove\u00edan el proceso de aborto, diecinueve de ellas continuaban operando debido a que no estaban dentro del radio de treinta millas. Claramente, esta disminuci\u00f3n de cl\u00ednicas de aborto redundaba en una carga indebida por restringir la accesibilidad a las mujeres. <\/p>\n\n\n\n

Con la llegada del actual presidente Donald J. Trump, este en su discurso de campa\u00f1a prometi\u00f3 que si era elegido, nombrar\u00eda jueces pro-vida<\/em> a la Corte, lo que resultar\u00eda en la revocaci\u00f3n de Roe v. Wade.<\/em> Lo anterior se puede ver en las expresiones realizadas durante su campa\u00f1a, \u201c[a]ddressing the March for Life in January, President Donald Trump said, \u2018Unborn children have never had a stronger defender in the White House\u2019<\/em>.\u201d[8]<\/sup><\/a> En ese sentido, \u201c[h]is appeals-court nominees have mostly been well-credentialed conservatives, and more uniformly conservative than his Republican predecessors\u2019 nominees<\/em>.\u201d[9]<\/sup><\/a> As\u00ed pues, \u201c[t]he Court may even be willing to overturn Roe, perhaps in stages<\/em>.\u201d[10]<\/sup><\/a> Consecuentemente, en los tres a\u00f1os transcurridos desde que asumi\u00f3 el cargo, Trump ha nombrado a dos nuevos jueces al m\u00e1s alto foro federal: el juez Neil Gorsuch, quien ocup\u00f3 la vacante creada despu\u00e9s de la muerte del juez Antonin Scalia, y el juez Brett Kavanaugh, quien fue confirmado en octubre de 2018 despu\u00e9s del retiro del juez Anthony Kennedy. Es importante destacar que esta pr\u00e1ctica, de nominaci\u00f3n conservadora, tambi\u00e9n se ha estado presente en las cortes federales inferiores.[11]<\/sup><\/a><\/p>\n\n\n\n

Haciendo caso omiso a lo decidido en Whole Woman\u2019s Health<\/em>,[12]<\/sup><\/a> el estado de Luisiana promulg\u00f3 una ley casi id\u00e9ntica a la declarada inconstitucional en dicho caso. Esta ley es conocida como Louisiana Unsafe Abortion Protection Act<\/em> (en adelante, \u201cLUAPA\u201d).[13]<\/sup><\/a> LUAPA requiere que los doctores que realicen abortos en Luisiana deban tener privilegios de admisi\u00f3n en un hospital que est\u00e9 dentro de las treinta millas del lugar en donde se realizar\u00e1 el aborto.[14]<\/sup><\/a> As\u00ed las cosas, el 4 de marzo del 2020 tuvo lugar la argumentaci\u00f3n oral en el caso de June Med. Services L.L.C. v. Gee <\/em>en la Corte.[15]<\/a><\/sup> La controversia gira en torno a la constitucionalidad de LUAPA. En ese sentido, la Corte de Distrito, a la luz de lo resuelto en Whole Woman’s Health<\/em>,[16]<\/sup><\/a> declar\u00f3 la LUAPA inv\u00e1lida por entender que dicho requisito constitu\u00eda una carga indebida para las mujer embarazadas.[17]<\/sup><\/a> La Corte de Distrito enfatiz\u00f3 que si permit\u00edan que la ley entrase en vigor, solamente un solo doctor en todo el estado estar\u00eda h\u00e1bil para realizar los abortos.[18]<\/sup><\/a><\/p>\n\n\n\n

A pesar de lo anterior, en septiembre de 2018 la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito revoc\u00f3 dicha decisi\u00f3n de la Corte de distrito concluyendo que, a diferencia de la Ley de Texas,[19]<\/sup><\/a> LUAPA no impon\u00eda una carga sustancial en la gran mayor\u00eda de las mujeres.[20]<\/sup><\/a> En una votaci\u00f3n de nueve-seis la Corte de Apelaciones deneg\u00f3, sin explicaci\u00f3n, la reconsideraci\u00f3n de June Medical<\/em>.[21]<\/sup><\/a><\/p>\n\n\n\n

En virtud de lo anterior, el derecho a libertad de abortar parece estar nuevamente en el centro de la lupa conservadora. Las posibilidades de que ante la Corte lleguen cuestionamientos sobre la legalidad del aborto se asoman por el reflejo de la ventana. Con cada d\u00eda que pasa, se hace m\u00e1s patente la posible cristalizaci\u00f3n del desmoronamiento de lo que por a\u00f1os fue alcanzado con sacrificio. Es por ello por lo que este escrito tiene el objetivo de analizar el caso de June Med. Services L.L.C. v. Gee<\/em>, de forma cr\u00edtica para as\u00ed poder develar las nuevas inclinaciones de la Corte en cuanto al derecho al aborto. En ese sentido, estar\u00e9 analizando las peticiones de certioraris<\/em> del estado de Luisiana y de June Medical Center<\/em> para evaluar de forma actualizada los planteamientos hist\u00f3ricamente esbozados. Del mismo modo, estar\u00e9 analizando los argumentos orales presentados el pasado 4 de marzo de 2020 para as\u00ed poder confeccionar una idea del posible futuro del aborto en los pr\u00f3ximos a\u00f1os. <\/p>\n\n\n\n

I. An\u00e1lisis y discusi\u00f3n de las posiciones de las partes en sus certioraris<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

A. Contra<\/em> petici\u00f3n de certiorari del estado de Luisiana<\/em><\/p>\n\n\n\n

Tras haber ganado la batalla en el Circuito de Apelaciones, el estado de Luisiana decidi\u00f3 presentar una contra petici\u00f3n de certiorari <\/em>en la Corte a los \u00fanicos efectos de retar la legitimaci\u00f3n activa <\/em>de June Medical<\/em>. El estado de Luisiana argumenta que el Circuito de Apelaciones err\u00f3 cuando determin\u00f3 que June Medical <\/em>ten\u00eda legitimaci\u00f3n de terceros para impugnar LUAPA en nombre de sus pacientes y que, por lo tanto, el caso deber\u00eda ser desestimado. Aunque el Art\u00edculo III de la Constituci\u00f3n federal no establece formalmente los requisitos para probar legitimaci\u00f3n <\/em>de terceros, este tipo de legitimaci\u00f3n a\u00fan debe considerarse como una cuesti\u00f3n jurisdiccional. Seg\u00fan Luisiana, la legitimaci\u00f3n de terceros se ajusta al Art\u00edculo III porque involucra el mismo objetivo de la legitimaci\u00f3n tradicional, es decir, limitar el poder judicial de las cortes federales.[22]<\/sup><\/a> Por otro lado, Luisiana argumenta que, aunque el Estado no ret\u00f3 la legitimaci\u00f3n en los tribunales inferiores, el Circuito de Apelaciones, a motu proprio<\/em>, abord\u00f3 y resolvi\u00f3 dicha controversia, por lo que la Corte puede y deber\u00eda considerar resolver finalmente la falta de legitimaci\u00f3n activa <\/em>para litigar el caso. Finalmente, Luisiana argumenta que, independientemente de si la legitimaci\u00f3n de terceros es jurisdiccional, June Medical<\/em> no cumple con los requisitos. El Estado afirma que los proveedores de servicios de aborto no deber\u00edan recibir la legitimaci\u00f3n de terceros autom\u00e1ticamente, sino que deben establecerlo en la demanda, como cualquier otro tipo de litigante.[23]<\/sup><\/a> En el certiorari <\/em>de Luisiana <\/em>se indica que para lograr la legitimaci\u00f3n de terceros, se debe demostrar la existencia de una relaci\u00f3n cercana<\/em> con la parte cuyos intereses intenta representar y que al mismo tiempo que existe un obst\u00e1culo que impide que la otra parte haga valer los derechos.[24]<\/sup><\/a> Seg\u00fan Luisiana, las cl\u00ednicas de aborto son entidades comerciales que no pueden tener relaciones personales con los pacientes, y adem\u00e1s, los doctores se re\u00fanen con los pacientes s\u00f3lo una vez para realizar el procedimiento con poco seguimiento luego de efectuado el aborto.[25]<\/sup><\/a><\/p>\n\n\n\n

B. Oposici\u00f3n a Petici\u00f3n de Certiorari de June Medical<\/em><\/p>\n\n\n\n

Antes de proceder con la exposici\u00f3n de los argumentos de June Medical<\/em>, debemos destacar que una vez presentada la petici\u00f3n de certiorari<\/em> de June Medical<\/em>, Luisiana present\u00f3 la contra petici\u00f3n de certiorari<\/em>. En ese sentido, June Medical<\/em> tuvo que presentar una oposici\u00f3n al escrito de certiorari<\/em>, que es la que analizaremos a continuaci\u00f3n. As\u00ed pues, en su petici\u00f3n de certiorari<\/em>, June Medical<\/em> argumenta que no se deber\u00eda considerar la contenci\u00f3n de Luisiana de que June Medical<\/em> carece de legitimaci\u00f3n activa para retar la constitucionalidad de la Ley de Luisiana en nombre de sus pacientes; mujeres embarazadas que hab\u00edan solicitado abortos. En apoyo de este argumento, June Medical<\/em> sostiene que el estado de Luisiana renunci\u00f3 a cualquier objeci\u00f3n permanente de cuestionamiento de la legitimaci\u00f3n desde el comienzo del caso al instar, tanto a la Corte de Distrito como al Circuito de Apelaciones, a que se resolviera la controversia en sus m\u00e9ritos.[26]<\/sup><\/a> No fue hasta que June Medical<\/em> solicit\u00f3 el certiorari<\/em> en la Corte que el estado de Luisiana levant\u00f3, por primera vez, la falta de legitimaci\u00f3n.[27]<\/sup><\/a> En apoyo a lo anterior, June Medical<\/em> sostiene que la casu\u00edstica establece claramente que cualquiera de las partes puede renunciar a retar la legitimaci\u00f3n de terceros cuando dicho planteamiento no ha sido levantado oportunamente.[28]<\/sup><\/a> En sustento de su argumento, June Medical<\/em> distingue entre los reclamos jurisdiccionales <\/em>que, limitan el poder de las cortes federales para dilucidar un caso y, por lo tanto, no pueden ser renunciados, y los reclamos no jurisdiccionales que, no limitan el poder judicial de las cortes, y por lo tanto pueden ser renunciados por las partes. June Medical<\/em> afirma que el reclamo de falta de legitimaci\u00f3n de tercero es uno no jurisdiccional.[29]<\/sup><\/a><\/sup>  <\/p>\n\n\n\n

Finalmente, June Medical<\/em> argumenta que, incluso si la Corte, decide resolver la controversia de <\/em>legitimaci\u00f3n, June Medical<\/em> est\u00e1 legitimado para valer los derechos de sus pacientes.[30]<\/sup><\/a> June Medical<\/em> sostiene que los demandantes pueden vindicar los derechos de terceras personas en las siguientes circunstancias: <\/p>\n\n\n\n

\n

(1) un impedimento legal que imposibilita al tercero entablar una relaci\u00f3n con el demandante al que el tercero tiene derecho de relacionarse, o <\/p>

(2) el demandante tiene una relaci\u00f3n cercana con el tercero cuyo derecho se est\u00e1 infringiendo y alg\u00fan obst\u00e1culo imposibilita que el tercero presente el reclamo.[31]<\/sup><\/a><\/p><\/blockquote>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

June Medical afirma que puede cuestionar la validez de la Ley de Luisiana en cualquiera de estos marcos ya que con la aprobaci\u00f3n de la Ley, solamente un doctor podr\u00eda realizar los abortos en todo el estado de Luisiana afectando as\u00ed a miles de mujeres alrededor de todo el estado que no podr\u00eda llegar a la cl\u00ednica debido a las kilom\u00e9tricas distancias. <\/p>\n\n\n\n

II. An\u00e1lisis y discusi\u00f3n de los argumentos orales de las partes<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En representaci\u00f3n de los demandantes, los doctores de las cl\u00ednicas de aborto, se encontraba la abogada Julie Rikelman quien inici\u00f3 su argumentaci\u00f3n oral dejando claro que el presente caso es id\u00e9ntico a Whole Woman’s Health<\/em>.[32]<\/sup><\/a> Por lo cual, el resultado final deb\u00eda ser respetar el precedente establecido por dicho caso hace cuatro a\u00f1os atr\u00e1s de que requerirle a los doctores que realizan abortos, contar con privilegios m\u00e9dicos en hospitales dentro de un radio de treinta millas a su cl\u00ednica de aborto es inconstitucional por constituir una carga indebida a las mujeres embarazadas y por no aportar en nada a la salud ni bienestar de estas.[33]<\/sup><\/a><\/p>\n\n\n\n

Desde el inicio, el juez asociado Samuel Alito demostr\u00f3 cu\u00e1l era su posici\u00f3n con respecto al desenlace que deb\u00eda tener este caso. En vez de centrarse en la controversia principal, sobre si la Ley de Luisiana era o no constitucional, el juez Alito recurri\u00f3 a la controversia colateral del caso presentada por el estado de Luisiana que giraba en torno a la falta de legitimaci\u00f3n activa de los demandantes para proseguir con el caso.[34]<\/sup><\/a> As\u00ed pues, una de las preguntas realizadas por el Juez Alito a la Lcda. Rikelman fue de si exist\u00eda un conflicto de inter\u00e9s entre los doctores de una cl\u00ednica de aborto y sus pacientes, las mujeres embarazadas, cuando los doctores retaban una ley que les requer\u00eda tomar cursos especializados dirigidos al procedimiento del aborto, porque seg\u00fan ellos, dichos cursos no se justificaban.[35]<\/sup><\/a> En ese sentido, el Juez pregunta si existe un conflicto de inter\u00e9s entre las mujeres embarazadas, que ciertamente se beneficiar\u00edan de que los doctores tomaran esos cursos, y el inter\u00e9s de los doctores de no cumplir con dicha ley por constituir un gasto adicional. Rikelman evade la pregunta, contestando en su lugar que si el demandante es la persona la cual est\u00e1 sujeta directamente a la regulaci\u00f3n de la Ley, ello resultar\u00eda en que los doctores ser\u00edan los demandantes adecuados. La jueza Ginsburg al percatarse de que Rikelman no hab\u00eda contestado la pregunta, y para evitar que Alito anotara un punto a su favor debido a la negativa de Rikelman, indica que lo planteado por Rikelman suena m\u00e1s bien a legitimaci\u00f3n directa y no de terceros, pero dejando eso a un lado, le solicita a Rikelman que conteste la pregunta de Alito.[36]<\/sup><\/a> Parece ser que Rikelman entendi\u00f3 el mensaje de Ginsburg y procedi\u00f3 a argumentar que en este caso no existe la posibilidad de un conflicto de inter\u00e9s debido a que el requisito de privilegios cl\u00ednicos impuesto por la Ley no beneficia en nada a las mujeres embarazadas y que esta afirmaci\u00f3n hab\u00eda sido avalada por la corte de distrito En ese sentido, Rikelman nuevamente no contest\u00f3 la pregunta dirigida a la hipot\u00e9tica situaci\u00f3n de hechos presentada por Alito, sino que reafirma que en el presente caso no exist\u00eda conflicto de inter\u00e9s porque as\u00ed lo determin\u00f3 la corte de distrito, pero sin demostrar hechos concretos. Consecuentemente, Alito logr\u00f3 una peque\u00f1a victoria en esta puja de preguntas. <\/p>\n\n\n\n

La jueza Ginsburg, quien pos sus ideales liberales, claramente votar\u00e1 a favor de una decisi\u00f3n a favor de June Medical, salta el puente en rescate de Rikelman. Esta vez, le pregunta a Rikelman si es o no cierto que el planteamiento principal levantado por el estado de Luisiana no se hab\u00eda planteado ni en la Corte de Distrito como tampoco en la Corte de Apelaciones.[37]<\/sup><\/a> La respuesta de Rikelman fue en la afirmativa. Por consiguiente, Ginsburg le pregunta a Rikelman que si de haberse planteado dicha defensa en las cortes de instancia o apelaciones, June Medical<\/em> hubiera incluido como demandantes a al menos una paciente para evitar este conflicto. Rikelman, aprovechando esta oportunidad le asegura al panel de jueces que eso es correcto y que, por lo tanto, ser\u00eda injusto permitir que el estado de Luisiana presente la defensa de falta de legitimaci\u00f3n activa, por primera vez, cinco a\u00f1os despu\u00e9s de iniciado este litigio. Se sostiene, como en efecto sucedi\u00f3, que el planteamiento de falta de legitimaci\u00f3n se da cuando Luisiana presenta su petici\u00f3n de certiorari<\/em> ante la Corte. <\/p>\n\n\n\n

A pesar de que la mayor\u00eda del argumento de Rikelman no se basaba en la controversia de legitimaci\u00f3n, Alito insist\u00eda ferozmente en tocar y discutir este punto. Dado lo anterior, el juez Breyer, cansado en cierta medida en que la argumentaci\u00f3n se centrara en esta controversia, decide suspicazmente, realizar una pregunta ret\u00f3rica a Rikelman la cual ten\u00eda, claramente, toda la intenci\u00f3n de apaciguar los \u00e1nimos argumentativos de Alito. La pregunta dirigida a Rikelman cuestionaba \u00bfen cu\u00e1ntos casos de abortos la corte, expresa o silentemente, ha permitido a las cl\u00ednicas de aborto demandar en nombre y beneficio de las mujeres embarazadas? \u00c9l indic\u00f3 que ha contado como ocho, pero no est\u00e1 seguro (sin duda alguna est\u00e1 seguro de que son ocho).[38]<\/sup><\/a> Rikelman, aunque no son\u00f3 muy convencida, pero consciente de la g\u00e9nesis de la pregunta, indic\u00f3 que, en efecto, eran ocho casos. Sin embargo, Alito capt\u00f3 la indirecta y sutilmente le respondi\u00f3 a Breyer al realizar la siguiente pregunta \u00bfen cu\u00e1nto de esos casos se ha discutido un conflicto de inter\u00e9s? Rikelman reconoce que ninguno. Nuevamente, Alito se anot\u00f3 otro punto. <\/p>\n\n\n\n

Por otra parte, m\u00e1s adelante en la discusi\u00f3n, la jueza Sotomayor indica que, aunque los doctores en este caso no estaban cualificados para obtener privilegios en un hospital dentro de las treinta millas de su cl\u00ednica de aborto, resalta que estos s\u00ed estaban admitidos en hospitales m\u00e1s all\u00e1 de las treinta millas, por lo cual, estaban reconocidos en la comunidad m\u00e9dica. Por lo tanto, si el reconocimiento fuera el verdadero objetivo de la Ley de Luisiana, el l\u00edmite de treinta millas no tendr\u00eda sentido.<\/p>\n\n\n\n

Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ciertamente, la Ley de Luisiana es id\u00e9ntica a la Ley de Texas declarada inconstitucional hace cuatro a\u00f1os. Se ha demostrado, por parte de los demandantes, el inmenso riesgo que conlleva mantener vigente esta Ley, y es que, si ello sucede, solo un doctor en todo el estado de Luisiana estar\u00eda h\u00e1bil para realizar abortos, constituyendo una carga indebida a las mujeres embarazadas que se encuentras a centenares kil\u00f3metros de distancia dentro del mismo estado. Por otra parte, el estado de Luisiana no logr\u00f3, ni en sus escritos ni en la argumentaci\u00f3n oral, demostrar cu\u00e1les eran los beneficios que prove\u00eda esta Ley. Al inicio de la argumentaci\u00f3n oral de Elizabeth Murrill, Procuradora General de Luisiana, sostuvo que el objetivo principal de la Ley era proveer seguridad sanitaria a las mujeres embarazadas ya que la mayor\u00eda de las cl\u00ednicas de aborto no cumplen con los est\u00e1ndares de seguridad salubrista del estado. Sin embargo, la jueza Sotomayor sostuvo que todas las cl\u00ednicas de abortos cuentan con los permisos requeridos por la Ley del estado de Luisiana para operar legalmente, dej\u00e1ndonos sin fundamento el argumento de Murrill. <\/p>\n\n\n\n

Finalmente, aunque el juez Clarence Thomas -quien en su disidente del caso de Texas argument\u00f3 que los proveedores de aborto no ten\u00edan derecho a demandar- y el juez Neil Gorsuch no hicieron ninguna pregunta, y el juez Roberts y Kavanaugh no expresaron inter\u00e9s alguno en la controversia de legitimaci\u00f3n, esto me hace entender que la desestimaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n activa no proceder\u00e1. En virtud de todo lo anterior, en mi opini\u00f3n, podr\u00eda adelantar que la corte estar\u00eda resolviendo a favor de June Medical Services<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

*<\/sup> El autor es estudiante de segundo a\u00f1o de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y redactor digital de In Rev del Volumen 89 de la Revista Jur\u00eddica de la Universidad de Puerto Rico. <\/p>\n\n\n\n

[1]<\/sup><\/a> Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). <\/p>\n\n\n\n

[2]<\/sup><\/a> Planned Parenthood of S.E. Pennsylvania v. Casey, 505 U.S. 833 (1992).<\/p>\n\n\n\n

[3]<\/sup><\/a> Pennsylvania Abortion Control Act of 1982, 18 Pa. Cons. Stat. \u00a7\u00a7 3203, 3205-09, 3214. <\/p>\n\n\n\n

[4]<\/sup><\/a> Planned Parenthood of S.E. Pennsylvania<\/em>, 505 U.S. en la p\u00e1g. 899.<\/p>\n\n\n\n

[5]<\/sup><\/a> I<\/em>d<\/em>. en la p\u00e1g. 887. <\/p>\n\n\n\n

[6]<\/sup><\/a> Whole Woman\u2019s Health v. Hellerstedt, 136 S. Ct. 2292 (2016).<\/p>\n\n\n\n

[7]<\/sup><\/a> H.B. 2, 2013 Leg.,83(2)th Sess. (Tex. 2013). <\/p>\n\n\n\n

[8]<\/sup><\/a> Ramesh Ponnuru, Donald Trump\u2019s Pro-Life Presidency<\/em>, NATIONAL REVIEW, (6 de febrero de 2020),     https:\/\/www.nationalreview.com\/magazine\/2020\/02\/24\/donald-trumps-pro-life-presidency\/<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

[9]<\/sup><\/a> I<\/em>d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

[10]<\/sup><\/a> Id.<\/em><\/p>\n\n\n\n

[11]<\/sup><\/a> V\u00e9ase <\/em>Rebecca R. Ruiz et al, A Conservative Agenda Unleashed on the Federal Courts<\/em>, THE NEW YORK TIMES, (16 de marzo de 2020), https:\/\/www.nytimes.com\/2020\/03\/14\/us\/trump-appeals-court-judges.html<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

[12]<\/sup><\/a> Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, 136 S. Ct. 2292 (2016).<\/p>\n\n\n\n

[13]<\/sup><\/a> LA. STAT. ANN. \u00a7 40:1061.10 (2016).<\/p>\n\n\n\n

[14]<\/sup><\/a> Id. <\/em><\/p>\n\n\n\n

[15]<\/sup><\/a> June Medical Services L.L.C. v. Gee, 905 F.3d 787 (5th Cir. 2018).<\/p>\n\n\n\n

[16]<\/sup><\/a> Whole Woman’s Health<\/em>, 136 S. Ct. 2292. <\/p>\n\n\n\n

[17]<\/sup><\/a> June Medical Services LLC v. Kliebert, 250 F. Supp. 3d 27, 87 (M.D. La. 2017).<\/p>\n\n\n\n

[18]<\/sup><\/a> Id.<\/em><\/p>\n\n\n\n

[19]<\/sup><\/a> H.B. 2, 2013 Leg.,83(2)th Sess. (Tex. 2013). <\/p>\n\n\n\n

[20]<\/sup><\/a> June Medical Services L.L.C. v. Gee, 905 F.3d 787 (5th Cir. 2018).<\/p>\n\n\n\n

[21]<\/sup><\/a> June Medical Services, L.L.C. v. Gee, 913 F.3d 573 (5th Cir. 2019).<\/p>\n\n\n\n

[<\/sup><\/a>22<\/a><\/sup>]<\/sup><\/a> Conditional Cross-petition,<\/em> June Medical Services, L.L.C. v. Gee, 913 F.3d 573 (5th Cir. 2019) (No.18-) https:\/\/www.supremecourt.gov\/DocketPDF\/18\/18-1460\/100385\/20190520152745385_June%20I%20CCP.pdf<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

[23]<\/sup><\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 14.<\/p>\n\n\n\n

[24]<\/sup><\/a> Id<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

[25]<\/sup><\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 15.<\/p>\n\n\n\n

[26]<\/sup><\/a> Opposition to Conditional Cross-Petition for a writ of  Certiorari, June Medical Services L.L.C.<\/em>, (No. 18-1460) https:\/\/www.supremecourt.gov\/DocketPDF\/18\/18-1460\/113451\/20190823150745557_18      1460%20Plaintiffs%20Opposition%20to%20Conditional%20Cross%20Pet.pdf<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

[27]<\/sup><\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 6. <\/p>\n\n\n\n

[28]<\/sup><\/a> I<\/em><\/a>d.<\/em> en la p\u00e1g. 8.<\/p>\n\n\n\n

[29]<\/sup><\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 11.<\/p>\n\n\n\n

[30]<\/sup><\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 17.<\/p>\n\n\n\n

[31]<\/sup><\/a> Id. en las p\u00e1gs. 18-19. <\/em><\/p>\n\n\n\n

[32]<\/sup><\/a> Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, 136 S. Ct. 2292 (2016).<\/p>\n\n\n\n

[33]<\/sup><\/a> Transcript of Oral Argument at 4-5, Whole Woman’s Health v. Hellerstedt 136 S.Ct. 2292 (2016) (No. 18-1323).<\/p>\n\n\n\n

[34]<\/sup><\/a> Id<\/em>. en las p\u00e1gs. 6-7.<\/p>\n\n\n\n

[35]<\/sup><\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 8.<\/p>\n\n\n\n

[36]<\/sup><\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 9.<\/p>\n\n\n\n

[37]<\/sup><\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 14.<\/p>\n\n\n\n

[38]<\/sup><\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 15.<\/p>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ART\u00cdCULO Por: Orlandy Cabrera Valent\u00edn* Introducci\u00f3n El aborto ha sido una controversia bastante litigada tanto en los tribunales estatales como federales, debido a las vor\u00e1gines e intensas batallas que se suscitan cada a\u00f1o en los tribunales tanto estatales como federales, la existencia del aborto como un derecho de la mujer, atado a su derecho constitucional<\/p>\n

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