{"id":2277,"date":"2020-07-23T09:51:03","date_gmt":"2020-07-23T13:51:03","guid":{"rendered":"http:\/\/revistajuridica.uprrp.edu\/inrev\/?p=2277"},"modified":"2020-07-23T09:51:03","modified_gmt":"2020-07-23T13:51:03","slug":"los-derecho-de-las-victimas-de-delito-en-puerto-rico-y-en-estados-unidos-mexicanos-en-el-sistema-de-justicia-penal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/2020\/07\/23\/los-derecho-de-las-victimas-de-delito-en-puerto-rico-y-en-estados-unidos-mexicanos-en-el-sistema-de-justicia-penal\/","title":{"rendered":"Los derechos de las v\u00edctimas de delito en Puerto Rico y en Estados Unidos Mexicanos en el sistema de justicia penal"},"content":{"rendered":"\n\t\t\t\t\n

ART\u00cdCULO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por: Orlandy Cabrera Valent\u00edn* <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

No cabe duda de que en Puerto Rico existe un problema serio en cuanto a la aplicaci\u00f3n de la justicia. Las v\u00edctimas del delito son revictimizadas cuando acuden al Sistema de Justicia, conllevando as\u00ed una violaci\u00f3n de sus derechos humanos.[efn_note]Se define revictimizaci\u00f3n como:<\/p>\n\n\n\n

[E]l proceso mediante el cual se produce un sufrimiento a\u00f1adido por parte de instituciones y profesionales encargados de prestar atenci\u00f3n a la v\u00edctima. . . a la hora de investigar el delito o instruir las diligencias oportunas en el esclarecimiento de lo ocurrido: jueces, polic\u00edas o abogados entre muchos otros. <\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Maite Nieto Parejo, No revictimizar a la v\u00edctima. \u00bfQu\u00e9 es la doble victimizaci\u00f3n en los procesos judiciales?<\/em>, CENIT PSIC\u00d3LOGOS (18 de febrero de 2018), https:\/\/cenitpsicologos.com\/no-revictimizar-a-la-victima-que-es-la-doble-victimizacion-en-los-procesos-judiciales\/<\/a>. [\/efn_note]\n\n\n\n

 M\u00e1s aun, como expresa Myra Torres Rivera, presidenta de la Alianza Laura Aponte para la Paz Social, \u201cel grado de vulnerabilidad, temor y desconfianza en el que se encuentran muchas v\u00edctimas de delitos impide que, en momentos en que se violenten sus derechos, opten por presentar una querella. . .\u201d.[efn_note]Rebecca Banuchi, Funcionarios desconocen derechos de v\u00edctimas y testigos<\/em>, PRIMERA HORA (22 de abril de 2015), https:\/\/www.primerahora.com\/noticias\/policia-tribunales\/nota\/funcionariosdesconocenderechosdevictimasytestigos-1078853\/<\/a>. [\/efn_note] Es por ello que debemos destacar que la v\u00edctima necesita el reconocimiento de derechos frente al Sistema de Justicia Penal y no solo frente a su agresor. Sin embargo, ante este \u00faltimo, se requiere de una compensaci\u00f3n para lograr los equilibrios que la justicia penal necesita. Por ello, ante la ascendiente oleada de criminalidad que se ha desatado en la isla en los \u00faltimos a\u00f1os, es necesario estudiar las diversas instancias que dan lugar a estos actos tan antisociales que perjudican gravemente tanto al Estado como a los ciudadanos y ciudadanas de un pa\u00eds. Es meritorio analizar el origen que da paso a la criminalidad, los diversos componentes donde se manifiesta esta conducta, y sus resultados. En este escrito, estaremos circunscribiendo nuestro an\u00e1lisis a discutir los derechos que poseen las v\u00edctimas de delito en Puerto Rico y c\u00f3mo estos se comparan y contrastan con los derechos de las v\u00edctimas de delito a nivel federal en los Estados Unidos Mexicanos. <\/p>\n\n\n\n

I. La v\u00edctima como figura pasiva en el proceso penal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En primer lugar, es perentorio destacar que en el Derecho existen diversas ramas de estudio, entre ellas el Derecho Procesal Penal. As\u00ed, pues, el objetivo de esta rama del Derecho es velar por el cumplimiento estricto, justo y adecuado de una persona que ha sido acusada de la comisi\u00f3n de un delito. <\/p>\n\n\n\n

Es por ello por lo que: <\/p>\n\n\n\n

Una de las finalidades de todo proceso penal en general, con independencia de las caracter\u00edsticas que los identifican, as\u00ed como los ritos que est\u00e1n presentes y los roles de los participantes, es que cuando se comete un delito en contra de una persona determinada, \u00e9sta y su n\u00facleo cercano busquen que se castigue al delincuente por el da\u00f1o causado.[efn_note]COM. NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CONOCE TUS DERECHOS HUMANOS EN EL NUEVO SISTEMA  PENAL ACUSATORIO 8 (2016), https:\/\/www.cndh.org.mx\/sites\/all\/doc\/cartillas\/2015-2016\/09-Conoce-DH.pdf<\/a>. [\/efn_note]<\/blockquote>\n\n\n\n

Por otro lado, seg\u00fan la Constituci\u00f3n mexicana \u201c[e]l proceso penal tendr\u00e1 por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los da\u00f1os causados por el delito se reparen\u201d.[efn_note]Id. <\/em>en la p\u00e1g. 9. (citando <\/em>el art\u00edculo 20(A), fracci\u00f3n I, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos). [\/efn_note]\n\n\n\n

As\u00ed, pues:<\/p>\n\n\n\n

Con motivo de la comisi\u00f3n de hechos tipificados como delitos, surge un encuentro entre los sujetos protagonistas: el activo, cuya conducta sea adecuada a la descripci\u00f3n legal del delito, y como consecuencia se hace acreedor a sanciones de diversa \u00edndole; el pasivo, quien sufre la p\u00e9rdida o menoscabo de un bien que el Estado est\u00e1 obligado a proteger y, en su caso, a procurar su restablecimiento o indemnizaci\u00f3n.[efn_note]Jos\u00e9 Col\u00f3n Mor\u00e1n, Los derechos humanos de las v\u00edctimas del delito, UNAM<\/em>, en la p\u00e1g. 339, <\/a>https:\/\/revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx\/index.php\/rev-facultad-derecho-mx\/article\/view\/28262\/25529<\/a> (\u00faltima visita: 27 de octubre de 2019). [\/efn_note]<\/blockquote>\n\n\n\n

En ese sentido, una vez inicia la acci\u00f3n penal con la determinaci\u00f3n de causa probable para arresto, se activan un sinn\u00famero de garant\u00edas tanto constitucionales como estatutarias a favor del imputado de delito. As\u00ed, pues, la persona imputada de haber transgredido una norma social se convierte en el centro del procedimiento judicial. Sin embargo, la v\u00edctima pasa a un segundo plano siendo esta una figura expectante en todas las etapas. Por ello se ha dicho que \u201c[v]\u00edctima es \u2018la persona que padece la violencia a trav\u00e9s del comportamiento del individuo-delincuente. Que transgrede las leyes de sociedad y cultura\u201d.[efn_note]Id.<\/em> en la p\u00e1g. 341. [\/efn_note] Del mismo modo, \u201c[s]e entender\u00e1 por \u2018v\u00edctimas\u2019 las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido da\u00f1os, inclusive lesiones f\u00edsicas o mentales, sufrimiento emocional, p\u00e9rdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislaci\u00f3n penal vigente. . . \u201d.[efn_note]Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Declaraci\u00f3n sobre los principios fundamentales de justicia para las v\u00edctimas de delitos y del abuso de poder<\/em>, https:\/\/www.ohchr.org\/SP\/ProfessionalInterest\/Pages\/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx<\/a> (29 de noviembre de 1985) (citando a<\/em> G.A. Res. 40\/34 Nov. 29, 1985). [\/efn_note] Continuando en esa l\u00ednea de pensamiento \u201cpor v\u00edctima se designa la persona que padece un da\u00f1o, sea que estemos ante una v\u00edctima totalmente inocente o que ha haya participado directa o indirectamente en la producci\u00f3n de ese perjuicio, movida por sus inclinaciones subconscientes o inconscientes\u201d.[efn_note]Alvarado E. M\u00e1rquez C\u00e1rdenas, La victimolog\u00eda como estudio<\/em>, 14 PROLEG\u00d3MENOS. DERECHOS y VALORES 27, 31 (2011), https:\/\/www.redalyc.org\/pdf\/876\/87619038003.pdf<\/a>. [\/efn_note] Por consiguiente, \u201cel impacto del delito llega a tener consecuencias de tal gravedad, que pueden propiciar arbitrarias modificaciones en la vida de la v\u00edctima y la de sus familiares, en numerosos casos estas alteraciones llegan a ser irreversibles\u201d.[efn_note]Saida Mantilla, La revictimizaci\u00f3n como causal de silencio de la v\u00edctima<\/em>, 1 N\u00b0 2 REV. CIENC. FORENCES HONDURAS 4, 5 (2015), http:\/\/www.bvs.hn\/RCFH\/pdf\/2015\/pdf\/RCFH1-2-2015-4.pdf<\/a>. [\/efn_note]\n\n\n\n

Dado lo anterior, \u201c[l]a v\u00edctima que interesa al derecho penal. . . es la que sufre el perjuicio. . . [y]\u00e9sta se circunscrib[e]a la persona humana. . .\u201d.[efn_note]M\u00e1rquez C\u00e1rdenas, supra<\/em> nota 8. [\/efn_note] En resumen, la v\u00edctima de delito es aquel individuo que recibe las consecuencias directas o indirectas de la acci\u00f3n, que constituye un acto ilegal y antisocial, que se realiza contra ella o contra su patrimonio. As\u00ed, pues, la persona que sufre una agresi\u00f3n f\u00edsica es v\u00edctima directa del delito de agresi\u00f3n tipificado en nuestro C\u00f3digo Penal, mientras que la persona a quien se le escala su casa para apropiarse de dinero, joyas o muebles, es v\u00edctima indirecta del delito de escalamiento y apropiaci\u00f3n ilegal agravada por sufrir las consecuencias de la p\u00e9rdida de parte de su patrimonio. <\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, desde el desarrollo del Derecho Penal moderno, \u201clos derechos de las v\u00edctimas en el proceso penal se encuentran todav\u00eda en etapa de desarrollo y consolidaci\u00f3n, tanto en las legislaciones nacionales como en el \u00e1mbito internacional\u201d.[efn_note]CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMERICAS, LAS V\u00cdCTIMAS Y EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL 1, http:\/\/www.poderjudicial-gto.gob.mx\/pdfs\/p15.pdf<\/a> (\u00faltima visita 14 de octubre de 2019.<\/em> [\/efn_note] Es por ello por lo que \u201cla v\u00edctima ha sido un actor marginal sin derechos expl\u00edcitos en el proceso\u201d.[efn_note]Id.<\/em> [\/efn_note] Esta caracter\u00edstica pasiva de la v\u00edctima en el proceso penal se debe, en gran medida, a que el andamiaje jur\u00eddico creado y perfeccionado en los \u00faltimos a\u00f1os se ha concebido como una controversia entre el Estado contra el individuo, donde el primero, a nombre y con el aval del Pueblo, sanciona penalmente al segundo por la transgresi\u00f3n de una norma estatutaria o jurisprudencial. As\u00ed, pues, se ha dicho que \u201c[f]rente a la comisi\u00f3n de un delito, surge el derecho del Estado de sancionar la violaci\u00f3n al deber de todos los ciudadanos de respetar las normas penales\u201d.[efn_note]Id.<\/em> [\/efn_note] En consecuencia, \u201cla v\u00edctima se convierte durante varios siglos en la \u2018gran olvidada\u2019 del sistema penal moderno, ocupando un lugar marginal en su desarrollo y regulaci\u00f3n\u201d.[efn_note]Id. <\/em>en la p\u00e1g. 3. [\/efn_note]\n\n\n\n

Por todo lo anterior, a finales del siglo XX surge la necesidad de vindicar el dolor y sufrimiento de las v\u00edctimas de delito por medio del surgimiento de diversas perspectivas te\u00f3ricas que abogan por un reconocimiento expreso y amplio de derechos fundamentales para las v\u00edctimas en el Sistema de Justicia Penal. Desde inicios de la d\u00e9cada de los a\u00f1os setenta, el tema de los derechos de las v\u00edctimas se empez\u00f3 a manifestar patentemente en la esfera p\u00fablica, abogando por un cambio social de car\u00e1cter urgente. Siendo as\u00ed, \u201c[e]ste movimiento ha generado importantes reformas legislativas tendientes a la introducci\u00f3n de derechos a favor de las v\u00edctimas en legislaciones nacionales\u201d.[efn_note]Id.<\/em> [\/efn_note] Como consecuencia de la presi\u00f3n ejercida por los diversos organismos, tanto nacionales como internacionales, varios pa\u00edses han acogido, a nivel constitucional, medidas protectoras a favor de las v\u00edctimas. Se ha dicho que \u201cla protecci\u00f3n de los derechos e intereses de las v\u00edctimas se transform\u00f3 en una de las plataformas que ha permitido justificar p\u00fablicamente la necesidad de emprender. . . reforma[s]en nuestros pa\u00edses y que contribuy\u00f3 a generar los consensos pol\u00edticos para esta\u201d.[efn_note]Id.<\/em> en la p\u00e1g. 4. [\/efn_note] A modo de ejemplo, en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, en su art\u00edculo 250 se establece que \u201cel legislador podr\u00e1 asignarle el ejercicio de la acci\u00f3n penal a la v\u00edctima. . .\u201d.[efn_note]Renato Vargas Lozano, El ejercicio de la acci\u00f3n penal en Colombia. Reflexiones en torno a la reforma al art\u00edculo 250 de la Constituci\u00f3n Nacional<\/em>, 7 Cuadernos de Derecho Penal 59, 60 (2012). [\/efn_note] En ese sentido, el Estado no desaparece del plano procesal, sino que \u201cla Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n podr\u00e1 actuar en forma preferente\u201d.[efn_note]Id.<\/em> [\/efn_note] Por otro lado, la Constituci\u00f3n de Chile dispone que \u201c[e]l ofendido por el delito y las dem\u00e1s personas que determine la ley podr\u00e1n ejercer igualmente la acci\u00f3n penal\u201d.[efn_note]CONSTITUCI\u00d3N POL\u00cdTICA DE CHILE [C.P.], 11 de septiembre de 1980, Cap\u00edtulo VII, art. 83.  [\/efn_note] Igualmente, en los Estados Unidos Mexicanos el pueblo soberano entendi\u00f3 que, dentro de los derechos de las v\u00edctimas o del ofendido, la v\u00edctima deber\u00eda recibir asesor\u00eda jur\u00eddica, ayudar al Ministerio P\u00fablico, tanto en la etapa investigativa como en la adjudicativa, y a \u201c[i]mpugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio P\u00fablico en la investigaci\u00f3n de los delitos, as\u00ed como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acci\u00f3n penal o suspensi\u00f3n del procedimiento cuando no est\u00e9 satisfecha la reparaci\u00f3n del da\u00f1o\u201d.[efn_note]CONSTITUCI\u00d3N POL\u00cdTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 31 de enero de 1917, art. 20(c) VII. [\/efn_note]\n\n\n\n

Como se desprende, el desarrollo de la justicia en Materia Penal ha causado que varios pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica adopten la noci\u00f3n de que la v\u00edctima es acreedora de mecanismos jur\u00eddicos para ejercer la acci\u00f3n penal contra el imputado o acusado de delito quien directa o indirectamente le ha causado alg\u00fan tipo de da\u00f1o ya sea f\u00edsico, psicol\u00f3gico o patrimonial.  Por consiguiente, estas sociedades han decidido codificar, a nivel constitucional, los derechos de las v\u00edctimas de delito, de manera que se equiparen a los del acusado. <\/p>\n\n\n\n

Como anticipamos en el inicio de este escrito, el presente trabajo estar\u00e1 enfocado en comparar y contrastar los derechos de las v\u00edctimas tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos Mexicanos. Con esto en mente, procedemos a presentar, analizar, y discutir los derechos de las v\u00edctimas en Puerto Rico. <\/p>\n\n\n\n

II. Derechos de las v\u00edctimas de delito en Puerto Rico<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A pesar de que la v\u00edctima de un delito es quien sufre las consecuencias directas e indirectas de la comisi\u00f3n del delito, la Constituci\u00f3n de Puerto Rico no le reconoce derecho alguno durante ni despu\u00e9s de la acci\u00f3n penal contra el acusado. Como es de conocimiento general, la Carta de Derechos de nuestra Constituci\u00f3n esta alojada en el art\u00edculo II en donde, adem\u00e1s de reconocerse diversos derechos humanos, se reconocen los derechos de los acusados de delito, sin embargo, nos preguntamos \u00bfse reconocen los derechos de las v\u00edctimas de delito? Veamos.<\/p>\n\n\n\n

A. Carta de derechos de la Constituci\u00f3n de Puerto Rico<\/em><\/p>\n\n\n\n

La secci\u00f3n siete dispone lo siguiente: <\/p>\n\n\n\n

Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existir\u00e1 la pena de muerte. Ninguna persona ser\u00e1 privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negar\u00e1 a persona alguna en Puerto Rico la igual protecci\u00f3n de las leyes.[efn_note]CONST. PR art. II, \u00a7 7. [\/efn_note]<\/blockquote>\n\n\n\n

En primer lugar, encontramos que el ser humano tiene un derecho fundamental a la vida, libertad y propiedad. Este apartado, aunque no hace distinci\u00f3n sobre el acusado o las v\u00edctimas, nos permite confeccionar un argumento plausible de que, si a una persona X se le trata de arrebatar su vida, libertad o propiedad, es acreedora tanto de una causa de acci\u00f3n contra la persona que intent\u00f3 realizar dicha acci\u00f3n como tambi\u00e9n de ciertos derechos durante ese proceso. Sin embargo, aunque esto sucede en el \u00e1mbito civil, no es as\u00ed en lo penal. Es decir, la acci\u00f3n civil es entablada por la persona agraviada mientras que la acci\u00f3n penal es iniciada por el Ministerio P\u00fablico en nombre del Estado. <\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, la secci\u00f3n 8 indica que \u201c[t]oda persona tiene derecho a protecci\u00f3n de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputaci\u00f3n y a su vida privada o familiar\u201d.[efn_note]Id. <\/em>\u00a7 8. [\/efn_note] La aludida secci\u00f3n tiene una vertiente tanto civil como penal, es decir, si una persona X empieza a mentir descaradamente contra otra persona Z haciendo creer que \u00e9sta ha cometido alg\u00fan tipo de delito, Z tiene una causa de acci\u00f3n contra X por calumnia bajo las leyes de Puerto Rico, debido a que fue v\u00edctima de un ataque abusivo contra su honra, reputaci\u00f3n o vida privada o familiar.[efn_note]Ley de Libelo y Calumnia, Ley de 19 de febrero de 1902, 32 LPRA \u00a7\u00a7 3141-3149 (2017). [\/efn_note] De otra parte, una persona que es agredida f\u00edsicamente, hasta el punto de que tiene que ser hospitalizada, tiene una causa de acci\u00f3n penal contra su agresor porque ha sido v\u00edctima de un ataque abusivo contra su honra y reputaci\u00f3n.[efn_note]C\u00d3D. PEN. PR art. 109, 33 LPRA \u00a7 5162 (2010 & Supl. 2019). [\/efn_note] Sin embargo, aunque en la acci\u00f3n civil la persona afectada por la acci\u00f3n antijur\u00eddica promueve, inicia y lleva a cabo la acci\u00f3n judicial contra la otra parte, en la esfera penal, el Estado asume dicho rol contra el acusado. Se entiende que una agresi\u00f3n contra un ciudadano es una agresi\u00f3n contra el Pueblo de Puerto Rico, por transgredir las normas jur\u00eddicas socialmente aceptadas. <\/p>\n\n\n\n

Las secciones de la Carta de Derecho anteriormente discutidas no giraban en torno al proceso penal, sino que eran derechos generales del ciudadano, sin distinci\u00f3n de si es v\u00edctima o acusado, por lo tanto, pueden entenderse aplicables tanto en la esfera civil como en la criminal. Es por ello que ahora entraremos de lleno en la secci\u00f3n once de la Carta de Derechos donde se hace referencia a los derechos de los acusados en el proceso penal, m\u00e1s no a los derechos de las v\u00edctimas. La referida secci\u00f3n lee como sigue: <\/p>\n\n\n\n

[1] En todos los procesos criminales, el acusado disfrutar\u00e1 del derecho a un juicio r\u00e1pido y p\u00fablico, [2] a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusaci\u00f3n recibiendo copia de la misma, [3] a carearse con los testigos de cargo, [4] a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, [5] a tener asistencia de abogado, y [6] a gozar de la presunci\u00f3n de inocencia.[7] En los procesos por delito grave el acusado tendr\u00e1 derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podr\u00e1n rendir veredicto por mayor\u00eda de votos en el cual deber\u00e1n concurrir no menos de nueve. [8] Nadie ser\u00e1 obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no podr\u00e1 tenerse en cuenta ni comentarse en su contra. [9] Nadie ser\u00e1 puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito. [10]Todo acusado tendr\u00e1 derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio. [11] La detenci\u00f3n preventiva antes del juicio no exceder\u00e1 de seis meses. [12] Las fianzas y las multas no ser\u00e1n excesivas. . . .[efn_note]CONST. PR art. II, \u00a7 11 (se han a\u00f1adido una serie de n\u00fameros entre corchetes a manera de divisi\u00f3n). [\/efn_note]<\/blockquote>\n\n\n\n

En virtud de lo anterior, podemos apreciar que todos los derechos expuestos son para el beneficio del acusado, los cuales le cobijan antes, durante y despu\u00e9s del proceso penal. En ese sentido, la v\u00edctima es un sujeto de derecho ignorado y relegado en el procesamiento penal bajo nuestro ordenamiento jur\u00eddico constitucional. Es por ello que, ante la carencia de protecci\u00f3n del Estado, las v\u00edctimas en muchas ocasiones se reh\u00fasan a comparecer a los procedimientos penales contra el acusado, el artificie de su dolor, retrasando o complicando as\u00ed la acci\u00f3n penal instada en contra del ofensor. Sin duda alguna, el testimonio de la v\u00edctima en corte abierta es un componente indispensable de prueba directa para encontrar culpable a la persona que delinqui\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, es irrazonable que el acusado que, en nuestra opini\u00f3n, en la mayor\u00eda de los casos cuenta con amplios recursos econ\u00f3micos provenientes del bajo mundo, est\u00e9 blindado de un sinn\u00famero de derechos constitucionales. Por otro lado, la v\u00edctima del delito se ve desprotegida y frustrada durante la superaci\u00f3n emocional y f\u00edsica de las heridas psicol\u00f3gicas sufridas como consecuencia de un acto ilegal que lo cicatrizar\u00e1 por el resto de su vida. Para remediar esta situaci\u00f3n, la Asamblea Legislativa se dio a la tarea de formular varias piezas legislativas con el objetivo de asegurarle a la v\u00edctima de delito diversos mecanismos jur\u00eddicos dirigidos a su protecci\u00f3n y que, a su vez, generen cierto grado de confianza en el Sistema de Justicia Penal. <\/p>\n\n\n\n

B. Ley para la protecci\u00f3n de v\u00edctimas y testigos<\/em><\/p>\n\n\n\n

Ante la burda y cruda realidad que enfrenta la v\u00edctima, en conjunto con sus familiares, el legislador puertorrique\u00f1o entendi\u00f3 que era necesario e indispensable adoptar una medida legislativa enfocada en garantizar la seguridad de las v\u00edctimas, como potenciales testigos de cargo. Por consiguiente, en el a\u00f1o 1986 se aprob\u00f3 la Ley N\u00fam. 77 de 9 de Julio de 1986, seg\u00fan enmendada, Ley para la Protecci\u00f3n de V\u00edctimas y Testigos.[efn_note]V\u00e9ase<\/em> Ley de Protecci\u00f3n y Asistencia a V\u00edctimas y Testigos, Ley N\u00fam. 77 de 9 de julio de 1986, 25 LPRA \u00a7\u00a7 973-973(c) (donde se declar\u00f3 que es pol\u00edtica p\u00fablica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico proveer protecci\u00f3n y asistencia a las v\u00edctimas y testigos en los procesos judiciales que se ventilen en los tribunales, as\u00ed como durante las investigaciones que se realicen para promover su cooperaci\u00f3n y participaci\u00f3n plena y libre de intimidaci\u00f3n en esos procesos). [\/efn_note] Mediante esta Ley se plasma el \u201cinter\u00e9s para que, a la mayor brevedad, se adopten medidas que permitan garantizar la seguridad y la eventual comparecencia ante los tribunales de todo ciudadano con conocimiento para aportar al encausamiento de aqu\u00e9llos que han incurrido en delito p\u00fablico\u201d.[efn_note]Exposici\u00f3n de motivos, Ley para la Protecci\u00f3n de V\u00edctimas y Testigos, Ley N\u00fam. 77 de 9 de julio de 1986, 1986 LPR 257, 259. [\/efn_note]\n\n\n\n

Para alcanzar los objetivos trazados, esta Ley crea la Divisi\u00f3n para la Protecci\u00f3n y Asistencia de V\u00edctimas y Delitos, compuesta por agentes de la Polic\u00eda y cuyas funciones se ci\u00f1en a \u201cdenunciar, arrestar, diligenciar \u00f3rdenes de los tribunales y para tener, poseer, portar, transportar y conducir armas de fuego\u201d.[efn_note]Id. <\/em>en el art. 3. [\/efn_note] <\/sup>Por otro lado, se dispone que el Departamento de Justicia deber\u00e1 establecer y mantener una l\u00ednea de llamadas con operaci\u00f3n las veinticuatro horas del d\u00eda para atender emergencias de v\u00edctimas de delitos, testigos potenciales y familiares que se sientan amenazados por los acusados contra quienes han testificado.[efn_note]Id. <\/em>en el art. 4. [\/efn_note] Del mismo modo, las v\u00edctimas o testigos que sientan que su vida corre peligro, pueden ser reubicados en una residencia por el tiempo que amerite, la cual tendr\u00e1 vigilancia directa por el Departamento de Justicia. Igualmente, se le puede proveer transportaci\u00f3n y protecci\u00f3n en el lugar de empleo. Podr\u00e1n recibir cierto tipo de asistencia econ\u00f3mica y la subvenci\u00f3n de servicios esenciales en casos meritorios. Otro de los beneficios que pueden recibir las v\u00edctimas, testigos, y sus familiares, es el cambio de identidad por medio del Registro Demogr\u00e1fico. <\/p>\n\n\n\n

En resumen: <\/p>\n\n\n\n

La Carta de Derechos de las V\u00edctimas y Testigos del Crimen establece el derecho a ambos grupos a recibir un trato digno y compasivo por parte de los componentes del sistema de justicia criminal, tener acceso a servicio telef\u00f3nico para comunicarse gratis con familiares o allegados, reclamar que se mantenga en estricta confidencialidad su informaci\u00f3n personal, recibir todos los servicios que sean necesarios para garantizar su seguridad, ser orientados sobre los programas de asistencia m\u00e9dica, psicol\u00f3gica, social y econ\u00f3mica que tienen a [su]disposici\u00f3n, entre otros.[efn_note]Banuchi, supra<\/em> nota 2. [\/efn_note]<\/blockquote>\n\n\n\n

Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en M\u00e9xico, que discutiremos m\u00e1s adelante, bajo esta Ley el simple hecho de que una persona sea v\u00edctima no la hace autom\u00e1ticamente acreedora de los beneficios que mencionamos anteriormente. Es decir que, para recibir la protecci\u00f3n que ofrece el Departamento de Justicia, es necesario pasar por un proceso de elegibilidad mediante el cual se determina si la persona es apta o no para ser acreedora de estas protecciones. As\u00ed, pues, el art\u00edculo 8 de la Ley dispone que:<\/p>\n\n\n\n

Los beneficios de protecci\u00f3n provistos por esta [L]ey se extender\u00e1n a toda persona v\u00edctima de delito, testigo, testigo potencial, familiar o allegado de \u00e9stos, independientemente de la naturaleza o gradaci\u00f3n del delito, si se determina que cualquiera de las personas mencionadas est\u00e1 en riesgo de sufrir amenazas, agresiones o intimidaci\u00f3n directa o indirecta a fin de disuadirle de participar en el procedimiento oficial a seguirse o cuando se trate de influenciar su testimonio o cuando est\u00e9 expuesta a cualquier aspecto de la conducta . . . .[efn_note]Ley para la Protecci\u00f3n de V\u00edctimas y Testigos, Ley. N\u00fam. 77 de 9 de julio de 1986, 1986 LPR 262, 262-63. [\/efn_note]<\/blockquote>\n\n\n\n

Como vemos, si la persona no est\u00e1 en riesgo de sufrir una amenaza, agresi\u00f3n o intimidaci\u00f3n directa o indirecta, ni se ha tratado de influenciar su testimonio, esta no cualifica para los beneficios disponibles. Ciertamente, aunque la intenci\u00f3n de los y las legisladoras fue brindar ciertos mecanismos a favor de la seguridad de las v\u00edctimas y testigos de delitos, la misma de su faz ofrece una protecci\u00f3n escueta y d\u00e9bil que no se atempera a la realidad de la sociedad puertorrique\u00f1a en la que vivimos. <\/p>\n\n\n\n

C. Ley para establecer la carta de derechos de las v\u00edctimas y testigos de delito<\/em><\/p>\n\n\n\n

Con la promulgaci\u00f3n de esta Ley, las v\u00edctimas y testigos tienen derecho a lo siguiente: <\/p>\n\n\n\n

Derecho a \u201c[r]ecibir un trato digno y compasivo por parte de [todas las personas]funcionari[a]s y emplead[as]p\u00fablic[as]que representen las agencias que integran el sistema de justicia criminal durante las etapas de investigaci\u00f3n, procesamiento, sentencia y disposici\u00f3n posterior del caso criminal que se inste contra el responsable del delito\u201d.[efn_note]Ley para Establecer la Carta de Derechos de las V\u00edctimas y Testigos de Delito, Ley N\u00fam. 22 del 22 de abril de 1988, 25 LPRA \u00a7 973a (2016). [\/efn_note] Del mismo modo, tendr\u00e1n derecho a \u201c[t]ener acceso a servicio telef\u00f3nico, libre de costo, para comunicarse con su familia o [persona]allegad[a]m\u00e1s cercan[a]o con su abogado, tan pronto entre en contacto con el sistema de justicia criminal\u201d.[efn_note]Id<\/em>. en la \u00a7 973a (b). [\/efn_note] Por otro lado, puede \u201c[e]xigir que se mantenga la confidencialidad de la informaci\u00f3n sobre su direcci\u00f3n y n\u00fameros telef\u00f3nicos. . .\u201d.[efn_note]Id<\/em>. en la \u00a7 973a (c). [\/efn_note] Igualmente, son acreedores de \u201c[r]ecibir todos los servicios de protecci\u00f3n que [garantiza la Ley N\u00fam. 77 de 9 de julio de 1986, seg\u00fan enmendada,]para s\u00ed y para sus familiares contra las posibles amenazas y da\u00f1o que puedan sufrir. . .\u201d.[efn_note]Id<\/em>. en la \u00a7 973a (d). [\/efn_note] As\u00ed mismo, tiene derecho a \u201c[s]er orientado sobre todos aquellos programas de asistencia m\u00e9dica, psicol\u00f3gica, social y econ\u00f3mica que est\u00e9n disponibles en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. . .\u201d.[efn_note]Id<\/em>. en la \u00a7 973a (e). [\/efn_note] <\/sup>A continuaci\u00f3n, enumeraremos los dem\u00e1s derechos: <\/p>\n\n\n\n

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1. Recibir para s\u00ed y para sus familiares todos aquellos servicios y beneficios que provean los programas de asistencia m\u00e9dica, psicol\u00f3gica, social y econ\u00f3mica que est\u00e9n disponibles en el Estado Libre Asociado y a los cuales sea elegible.<\/p>\n\n\n\n

2. Ser notificada por escrito del desarrollo de todas las etapas del proceso de investigaci\u00f3n, procesamiento y sentencia de la persona responsable del delito. Esto incluye:<\/p>\n\n\n\n