{"id":2960,"date":"2021-04-20T09:00:00","date_gmt":"2021-04-20T13:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/revistajuridica.uprrp.edu\/inrev\/?p=2960"},"modified":"2021-04-20T09:00:00","modified_gmt":"2021-04-20T13:00:00","slug":"relevancia-del-trabajo-legal-comunitario-ante-el-desastre-la-experiencia-de-ayuda-legal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/2021\/04\/20\/relevancia-del-trabajo-legal-comunitario-ante-el-desastre-la-experiencia-de-ayuda-legal\/","title":{"rendered":"Relevancia del trabajo legal comunitario ante el desastre: la experiencia de Ayuda Legal Puerto Rico"},"content":{"rendered":"\n\t\t\t\t\n

Este art\u00edculo forma parte de la edici\u00f3n especial sobre el acceso a la justicia en tiempos de desastres en colaboraci\u00f3n con la Fundaci\u00f3n Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ).*<\/em><\/p>\n\n\n\n

ENSAYOS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por: Ariadna Michelle Godreau Aubert*<\/strong>*<\/p>\n\n\n\n

Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfPara qu\u00e9 se necesitan\nabogadas en medio de la crisis? Esta era una de las preguntas menos importantes\nen las horas que siguieron al paso del hurac\u00e1n Mar\u00eda por Puerto Rico. Sin\nembargo, este fue el punto de partida para planes, colaboraciones y acciones en\ndefensa de los derechos de miles de familias afectadas. Casi tres a\u00f1os m\u00e1s\ntarde, este cuestionamiento sirve de referente para ensayar respuestas en torno\nal acceso a la justicia, el derecho a la vivienda y a la recuperaci\u00f3n justa en\nel pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Este escrito recoge la experiencia de Ayuda Legal Hurac\u00e1n Mar\u00eda (en adelante, \u201cALHM\u201d) como la primera iniciativa de apoyo legal comunitario tras los huracanes Irma y Mar\u00eda. Presenta una reflexi\u00f3n sobre la necesidad de promover una cultura de educaci\u00f3n legal accesible, colaboraciones sostenibles y abogac\u00eda de impacto social. Esta reflexi\u00f3n se da tras casi un centenar de visitas comunitarias y de conversaciones con l\u00edderes comunitarias, personas colaboradoras y el equipo de Ayuda Legal Puerto Rico (en adelante, \u201cALPR\u201d). El inter\u00e9s es compartir lo que nos funcion\u00f3 e invitar al desarrollo de estrategias para superar los retos y fracasos experimentados en el proceso. Se busca, adem\u00e1s, invitar a las juristas presentes y futuras a repensar nuestro rol y el de la lucha por el acceso a la justicia desde los desastres pol\u00edticos, sociales y econ\u00f3micos que nos afectan.<\/p>\n\n\n\n

I. Presunciones: antes, despu\u00e9s y en medio del desastre<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El paso del tiempo nos da el privilegio de reescribir la experiencia del desastre con una visi\u00f3n panor\u00e1mica del contexto. El trabajo legal comunitario requiere un contacto consciente de la realidad pol\u00edtica y social que experimentan las personas, grupos y comunidades que pertenecen a sectores desventajados. El Derecho no opera en el vac\u00edo. Los huracanes del 2017 no fueron la primera gran crisis que sufri\u00f3 el pa\u00eds; el contexto alrededor de los huracanes est\u00e1 marcado por, al menos, tres espacios de crisis. La primera, es la crisis de acceso a la justicia.[1]<\/sup><\/a> <\/a><\/sup> [efn_note]\n\n\n\n

Nos gu\u00eda la definici\u00f3n de acceso a\nla justicia del profesor Efr\u00e9n Rivera Ramos: <\/p>\n\n\n\n

[P]or acceso a la justicia\nnombramos el conjunto de condiciones que facilitan o dificultan el que\ndeterminados grupos, sectores o personas puedan hacer uso equitativo de los\nmecanismos y procesos [necesarios]para la prevenci\u00f3n de la violaci\u00f3n de los\nderechos, para la soluci\u00f3n de controversias y para la obtenci\u00f3n de remedios\nlegales.<\/p>\n\n\n\n

Efr\u00e9n Rivera Ramos, Las\nm\u00faltiples caras del acceso a la justicia,<\/em> en PRIMER CONGRESO ACCESO A LA\nJUSTICIA \u2013 XXII CONFERENCIA JUDICIAL: RESUMEN EJECUTIVO 2 Y 3 DE MAYO DE 2002 8\n(2002).<\/p>\n\n\n\n

[\/efn_note] Ante el vac\u00edo estad\u00edstico local, la cifra exportada de Estados Unidos sobre las necesidades legales descubiertas tiene gran resonancia. El ochenta por ciento o m\u00e1s de la poblaci\u00f3n que requiere asistencia legal queda desprotegido ante la falta de recursos.[2]<\/sup><\/a> <\/sup> [efn_note]The Unmet Need for Legal Aid<\/em>, LSC LEGAL SERVICES CORPORATION, https:\/\/www.lsc.gov\/what-legal-aid\/unmet-need-legal-aid (\u00faltima visita 6 de marzo de 2021). [\/efn_note] Las barreras que impiden que las personas conozcan, ejerzan y reclamen sus derechos no son una brecha sino una caracter\u00edstica de un sistema que requiere transformaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La segunda crisis es la de la vivienda. Previo al paso de los huracanes, experiment\u00e1bamos una crisis de derecho al techo, matizada por un aumento en desahucios y ejecuciones de hipotecas, la especulaci\u00f3n sobre el terreno y el alza en el n\u00famero de personas sin casa y casas abandonadas.[3]<\/sup><\/a> <\/sup>[efn_note]\n\n\n\n

Sufrimos una seria falta de\nestad\u00edsticas oficiales que retraten la crisis de derecho a la vivienda en\nPuerto Rico. No obstante, los datos disponibles apuntan a un estado de\nvulnerabilidad creciente en lo que respecta al derecho al techo. A estos\nefectos:<\/p>\n\n\n\n

  1. Ejecuciones de hipotecas: Las estad\u00edsticas de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras a diciembre de 2018 reflejan que cerca de 250,000 viviendas podr\u00edan estar en riesgo de ser ejecutadas. Siguiendo el c\u00e1lculo censal, que dispone que cada familia tiene una composici\u00f3n estimada de tres personas, nos enfrentar\u00edamos a cerca de 750,000 personas en riesgo de perder sus hogares.<\/li>
  2. Especulaci\u00f3n sobre el suelo: En los \u00faltimos a\u00f1os, Puerto Rico ha experimentado la aprobaci\u00f3n de legislaci\u00f3n que favorece la inversi\u00f3n extranjera a cambio de exenciones contributivas completas. Esto acelera la especulaci\u00f3n de suelos costeros, aumentando el costo de vivir en esos lugares y promoviendo el desplazamiento de las comunidades.<\/li>
  3. Casas abandonadas y personas sin casa: La Sociedad Puertorrique\u00f1a de Planificaci\u00f3n estima que en Puerto Rico existen sobre 300,000 viviendas abandonadas. A la misma vez, seg\u00fan el \u00faltimo Conteo de Personas sin Hogar (2017) existe una poblaci\u00f3n de, al menos, 3501 personas sin hogar. <\/li><\/ol>\n\n\n\n

    [\/efn_note] El derecho a la vivienda digna es un derecho humano fundamental. Incluye el derecho a la seguridad de la tenencia, a viviendas adecuadas y accesibles, a la protecci\u00f3n del tejido social y a la protecci\u00f3n contra desalojos forzosos.[4]<\/sup><\/a> <\/sup>[efn_note][1]<\/sup> El derecho a una vivienda digna se reconoce en innumerables instrumentos internacionales de derechos humanos. V\u00e9ase<\/em> Res. A. G. 217 A (III), art. 25, Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948); Res. A. G. 2200 A (XXI), art. 11, Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales (16 de diciembre de 1966). Los componentes aqu\u00ed mencionados surgen de las Observaciones Generales 4 y 7 del Consejo de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas, entre otras fuentes. Consejo de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas (CESCR), Observaci\u00f3n general 4, El derecho a una vivienda adecuada (13 de diciembre 1991); Consejo de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas (CESCR), Observaci\u00f3n general 7, El derecho a una vivienda adecuada (20 de mayo de 1997). [\/efn_note] Cuando se viola el derecho a la vivienda digna, las personas son m\u00e1s vulnerables a violaciones de sus derechos civiles, econ\u00f3micos, pol\u00edticos y culturales. En el caso de las mujeres, no tener un techo seguro las expone a mayor riesgo de sufrir violencia f\u00edsica y sexual e incluso, a tener mayores barreras para escapar de instancias de violencia de g\u00e9nero.<\/p>\n\n\n\n

    Por \u00faltimo, la crisis de austeridad trastoca el espacio desde el cual ejercemos nuestro trabajo legal. Los recortes en los servicios relacionados a la administraci\u00f3n de la justicia, tales como el cierre de tribunales y la disminuci\u00f3n en las asignaciones concedidas a proveedores de servicios legales gratuitos disminuyen el \u00e1mbito de acci\u00f3n de las presentes y futuras abogadas y de lasinstituciones llamadas a velar por el acceso a la justicia. Los denominados ajustes fiscales tambi\u00e9n se traducen en el cierre de escuelas, hospitales y desempleo. La austeridad agrava la pobreza y la desigualdad y est\u00e1 relacionada a la emigraci\u00f3n. Como denunci\u00e1ramos activistas y abogadas ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en el 2016,[5]<\/sup><\/a> [efn_note]CL\u00cdNICA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO, DEUDA P\u00daBLICA, POL\u00cdTICA FISCAL Y POBREZA EN PUERTO RICO (2016), https:\/\/noticiasmicrojuris.files.wordpress.com\/2016\/04\/final-informe-audiencia-pucc81blica-pr-4-de-abril-2016-2.pdf (\u00faltima visita 19 de abril de 2021). [\/efn_note] en un pa\u00eds sumergido en una crisis de austeridad, los derechos est\u00e1n bajo asedio. Sabemos que las crisis no afectan a todas las personas por igual, sino que afligen con mayor violencia a grupos y comunidades que por su edad, raza, clase, sexo, identidad de g\u00e9nero, movilidad u otra caracter\u00edstica, han sido hist\u00f3ricamente marginados. En s\u00edntesis, la austeridad discrimina.<\/p>\n\n\n\n

    Por otro lado, reconocemos que el presente est\u00e1 enmarcado por, al menos, tres fuentes de esperanza. Las abogadas\u2014sobre todo las nuevas generaciones\u2014pertenecemos a una cultura pro bono<\/em> fuerte y resiliente<\/em>. Nos formamos en la experiencia de las cl\u00ednicas de asistencia legal, las iniciativas estudiantiles a favor de los derechos de las comunidades y el impacto del trabajo legal comunitario en los curr\u00edculos. De ah\u00ed el entusiasmo de decenas de abogadas j\u00f3venes que se sumaron a las brigadas comunitarias, el compromiso de quienes se dedicaron por meses a llevar educaci\u00f3n y apoyo legal a comunidades sin servicios esenciales y la celebraci\u00f3n de que el Canon 1 de los del C\u00f3digo de \u00c9tica Profesionaladquiera mayor rango mediante la aprobaci\u00f3n del Reglamento para la Asignaci\u00f3n de Abogados y abogadas de Oficio<\/em>.[6]<\/sup><\/a> [efn_note]In re Aprobaci\u00f3n del Reglamento para la asignaci\u00f3n de abogados y abogadas de oficio de Puerto Rico, 201 DPR 261 (2018); In re Enmienda a la regla 26 del Reglamento para la asignaci\u00f3n de abogados y abogadas de oficio de Puerto Rico, 202 DPR 426 (2019); C\u00d3D. \u00c9TIC. PROF. 1, 4 LPRA Ap. IX, Art. 1 (2012 & Supl. 2020). [\/efn_note]\n\n\n\n

    As\u00ed tambi\u00e9n, reconocemos el\nimpacto de la difusi\u00f3n de educaci\u00f3n legal gratuita y accesible. Herramientas\ncomo ayudalegalpr.org, dirigidas a ofrecer informaci\u00f3n legal gratis sobre\nleyes, procesos legales y derechos, son utilizadas ampliamente. Socializar la educaci\u00f3n\nlegal es piedra angular del acceso a la justicia, el disfrute de los derechos y\nla democracia. Esta libre distribuci\u00f3n del conocimiento legal busca reparar el\nencuentro violento que han tenido identidades y grupos oprimidos con el\nDerecho. Es norma conocida que el conocimiento de la ley se presume siempre. El\nDerecho regula la vida de todas las personas en sociedad e impone consecuencias\nante su incumplimiento. Sin embargo, solo un pu\u00f1ado contamos con los recursos y\nla preparaci\u00f3n para entenderlo. La distancia y sospecha con las que suelen\niniciarse las relaciones con comunidades surge del hecho de que la ley ha\nservido para perpetuar relaciones desiguales de poder, dividir lazos\nfamiliares, dejar a las personas sin vivienda o negar un remedio cuando pierden\nel empleo.<\/p>\n\n\n\n

    Esta misma complejidad lleva\na depender de la representaci\u00f3n legal como una condici\u00f3n para el ejercicio de\nderechos. La educaci\u00f3n legal gratuita y accesible pone las herramientas del\nDerecho en manos de la gente, cambiando esta relaci\u00f3n de poder y promoviendo\nuna administraci\u00f3n de la justicia m\u00e1s equitativa.<\/p>\n\n\n\n

    Finalmente, son fuente de esperanza los espacios que posibilitan intercambios entre generaciones de abogadas comprometidas con la justicia social. Aquellas que durante d\u00e9cadas han trabajado para proteger los derechos civiles se encuentran con una nueva l\u00ednea de abogadas interesadas en la defensa del medio ambiente, la equidad de g\u00e9nero y los movimientos sociales, entre otras causas. La colaboraci\u00f3n intergeneracional permite aprender de los \u00e9xitos y errores de luchas pasadas, compartir estrategias y abrir un espacio de discusi\u00f3n informada sobre cu\u00e1l es el espacio de la pr\u00e1ctica legal activista, solidaria y comunitaria. Nos enriquece el camino andado por otras.[7]<\/sup><\/a> <\/sup>[efn_note]Nos inspira el trabajo de abogadas como Mar\u00eda Hern\u00e1ndez Torrales, Judith Berkan y Jan Susler, abogadas que han dedicado sus pr\u00e1cticas a luchar por los derechos humanos y civiles de grupos y comunidades empobrecidas y perseguidas. [\/efn_note] Otras nos acompa\u00f1an mientras vamos abriendo camino y futuras abogadas llegar\u00e1n y caminaremos juntas hacia la justicia social.<\/p>\n\n\n\n

    Responder afirmativamente a\nla pregunta sobre la relevancia de la abogac\u00eda requiere ser consciente de estas\nreflexiones.  <\/p>\n\n\n\n

    II. Necesitamos hacer algo: acceso a la justicia y respuestas r\u00e1pidas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    A. La primera iniciativa legal en respuesta a los desastres<\/em><\/p>\n\n\n\n

    ALPR comenz\u00f3 en el 2014 como un proyecto de la organizaci\u00f3n Espacios Abiertos.[8]<\/sup><\/a> <\/sup>[efn_note]Maria L. Jim\u00e9nez, directora ejecutiva de la Cl\u00ednica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, fue cofundadora del proyecto. Tambi\u00e9n cumplieron un rol importante el profesor Efr\u00e9n Rivera Ramos y el compa\u00f1ero licenciado Charles Hey Maestre, director ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico y fundador de la Fundaci\u00f3n del Fondo de Acceso a la Justicia. [\/efn_note] En aquel entonces, ayudalegalpr.org era una herramienta digital que buscaba promover una cultura de educaci\u00f3n legal abierta y accesible. El portal inclu\u00eda un componente de ayuda legal comunitaria. Mensualmente, se tomaba un tema popular en la p\u00e1gina y se realizaba una actividad denominada como Taller Legal Abierto. Con la colaboraci\u00f3n de proveedores de servicios legales y organizaciones de base, visit\u00e1bamos comunidades, se ofrec\u00eda un taller educativo y asesor\u00eda legal r\u00e1pida. El proyecto demostr\u00f3 ser exitoso. El uso de la p\u00e1gina alcanz\u00f3 proporciones que jam\u00e1s imaginamos. Logramos el reconocimiento de Legal Services Corporation<\/em> en conferencias de tecnolog\u00eda y la herramienta se convirti\u00f3 en punto de colaboraci\u00f3n para proveedoras de servicios legales, representantes legales y estudiantes probonistas. Hoy, ayudalegalpr.org sirve a casi dos millones de personas.<\/p>\n\n\n\n

    El proyecto se benefici\u00f3 de\notra estrategia incubada en Espacios Abiertos: la Mesa de Trabajo de Acceso a\nla Justicia. Esta coalici\u00f3n, que re\u00fane a todas\nlas entidades proveedoras de servicios legales de Puerto Rico, fue ideada por\nel licenciado Charles Hey Maestre. La mesa se concibi\u00f3 como un espacio de\ndi\u00e1logo y colaboraci\u00f3n estrat\u00e9gica para la comunidad de acceso a la justicia.\nEste espacio brind\u00f3 la oportunidad de encuentros intergeneracionales entre\njuristas comprometidas con la justicia social.<\/p>\n\n\n\n

    ALPR alcanz\u00f3 su madurez e\nindependencia en el verano de 2017. Nuestros objetivos se hab\u00edan ampliado m\u00e1s\nall\u00e1 del \u00e1rea educativa para incluir el apoyo legal comunitario y la abogac\u00eda\nde impacto social. En las semanas previas a los huracanes, est\u00e1bamos incorporando\nla organizaci\u00f3n, identificando integrantes para la Junta de Directores y\nasegurando nuestras fuentes de apoyo. Lo sucedido en la madrugada del 20 de\nseptiembre de 2017 alter\u00f3 la velocidad de nuestro proceso. Ten\u00edamos la certeza\nde que el pa\u00eds que conoc\u00edamos hab\u00eda dejado de ser, que se avecinar\u00eda una crisis\nde derechos y necesidades b\u00e1sicas sin precedentes, que le corresponder\u00eda a la\ngente \u2014desde sus comunidades y capacidades\u2014 procurar y brindar sustento.<\/p>\n\n\n\n

    Todo comenz\u00f3 con una llamada.\nEra imposible comunicarse con n\u00fameros locales, pero s\u00ed pod\u00edan conectarse\nllamadas a los Estados Unidos. De ah\u00ed que, como muchas, marqu\u00e9 un n\u00famero\nconocido en Nueva York, con el deseo de escuchar una voz solidaria conocida. La\ncompa\u00f1era abogada, Natasha Lycia Ora Bannan, de LatinoJustice PRLDEF<\/em>, respondi\u00f3. De esa conversaci\u00f3n, recuerdo que\nlloramos, que le preguntaba qu\u00e9 \u00edbamos a hacer ahora y que respondi\u00f3 \u201clo que\nustedes quieran, estoy contigo\u201d. Esa llamada se tradujo en el apoyo\nincondicional de entidades y organizaciones que conoc\u00edan de nuestro trabajo. En\npocas horas ya ten\u00edamos un agente fiscal \u2014gracias a la confianza del abogado\nJuan Cartagena, presidente de LatinoJustice<\/em>\u2014.\nPosteriormente, tuvimos el apoyo econ\u00f3mico de fundaciones como JPB y Open Society Foundations<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

    Ayuda Legal Hurac\u00e1n Mar\u00eda naci\u00f3 el 21 de septiembre de 2017. En cuesti\u00f3n de d\u00edas se convirti\u00f3 en la primera iniciativa dedicada totalmente a proveer apoyo legal comunitario tras los desastres del 2017 en Puerto Rico.[9]<\/sup><\/a> [efn_note]Servicios Legales de Puerto Rico defendi\u00f3 los derechos de sobrevivientes de desastres en Puerto Rico tras, por ejemplo, el paso del hurac\u00e1n Georges. [\/efn_note]\n\n\n\n

    B. Modelo a prueba: colaboraciones estrat\u00e9gicas<\/em><\/p>\n\n\n\n

    La magnitud del desastre puso a prueba la eficacia del modelo que desarrollamos en los \u00faltimos cuatro a\u00f1os: capacitaci\u00f3n, colaboraci\u00f3n, educaci\u00f3n y apoyo legal comunitario. Al comienzo, \u00e9ramos un equipo de abogadas que coincidimos en otros espacios de lucha por los derechos ambientalistas, activistas por la equidad de g\u00e9nero o el derecho a la vivienda, abogadas defensoras del derecho a la protesta o dem\u00e1s garant\u00edas civiles.[10]<\/sup><\/a> <\/sup> [efn_note]En ese equipo inicial se encontraban Guillermo Rebollo Gil, Alvin Rodr\u00edguez Lynch, Ver\u00f3nica Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez, \u00c9rika Font\u00e1nez Torres y Frances Collazo C\u00e1ceres. [\/efn_note]No \u00e9ramos expertas en derecho sobre desastres; algunas sab\u00edamos muy poco, lo m\u00ednimo. Contamos con la capacitaci\u00f3n provista por personas y entidades solidarias en los Estados Unidos. Grupos como Lone Star Legal Aid<\/em>, Disaster Legal Aid<\/em> y Louisiana Civil Justice Center<\/em> se encargaron de adiestrarnos a distancia y en las peores condiciones. Los primeros materiales de capacitaci\u00f3n sobre la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en ingl\u00e9s) y vivienda se enviaron por correo electr\u00f3nico en archivos fragmentados para que las fr\u00e1giles conexiones cibern\u00e9ticas les permitieran el paso. Algunos llegaron fotocopiados en cajas solidarias; otros, fueron le\u00eddos en extensas llamadas a larga distancia por voces conocidas y por conocer. La colaboraci\u00f3n con la di\u00e1spora y organizaciones en los Estados Unidos fue indispensable.<\/p>\n\n\n\n

    LatinoJustice\n<\/em>nos permiti\u00f3 apoyar proyectos en Florida y Nueva\nYork para atender a personas desplazadas. Pro\nBono Net<\/em>, una de las principales organizaciones en acceso a la justicia y\ntecnolog\u00eda, vel\u00f3 por la continuidad de nuestra plataforma digital y nos\nfacilit\u00f3 la publicaci\u00f3n de los recursos educativos que \u00edbamos creando. Adem\u00e1s,\nnos ayud\u00f3 a facilitar una red de escuelas de derecho estadounidenses que\nofrecieron voluntarios. En los pr\u00f3ximos meses, cerca de setenta probonistas\nllegar\u00edan de universidades como Harvard, Yale, New York University, Boston\nUniversity, Buffalo University, Columbia University y University of California\nLos \u00c1ngeles, entre otras.<\/p>\n\n\n\n

    C. Modelo a prueba:\ndesarrollo de capacidad<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n

    El 25 de septiembre abrimos\nuna p\u00e1gina en Facebook y en ayudalegalpr.org. Con eso y un material inicial\nsobre FEMA, comenzamos nuestra convocatoria de probonistas. En los pasados tres\na\u00f1os desarrollando talleres comunitarios contamos con el apoyo de entidades y\nprobonistas. Sin embargo, no pod\u00edamos creer la cantidad de presentes y futuros\njuristas que respondieron a ese primer llamado.<\/p>\n\n\n\n

    El primer taller de\ncapacitaci\u00f3n para entidades proveedoras de servicios legales y personas probonistas\nse ofreci\u00f3 el 4 de octubre. El licenciado Manuel Quilinchini nos prest\u00f3 su\noficina, uno de los pocos espacios disponibles donde hab\u00eda acceso a una planta\nel\u00e9ctrica. Participaron representantes de todas las organizaciones de la Mesa\nde Trabajo de Acceso a la Justicia, incluyendo a Servicios Legales de Puerto\nRico, las cl\u00ednicas de las escuelas de derecho, ProBono Inc., el Colegio de\nAbogados y Abogadas y otros. Luego, ofrecimos el primer taller a estudiantes,\nformalizando una estructura de voluntariado. El curr\u00edculo de capacitaci\u00f3n\nconstaba de tres partes: aspectos b\u00e1sicos sobre la asistencia para desastres;\nriesgos para el derecho a la vivienda con \u00e9nfasis en desahucios; y apelaciones\nante FEMA. La creaci\u00f3n de materiales, formularios y gu\u00edas para talleristas\npermiti\u00f3 la f\u00e1cil replicaci\u00f3n. Sobre 350 representantes legales y estudiantes\nse capacitaron en temas de desastres.<\/p>\n\n\n\n

    Para salvaguardar los\nprincipios \u00e9ticos, se solicit\u00f3 a cada probonista suscribir un acuerdo de\ncolaboraci\u00f3n y un protocolo de contacto con las comunidades. El primero\nestablec\u00eda los par\u00e1metros que gu\u00edan las labores de educaci\u00f3n y apoyo legal.\nResaltamos los siguientes: la responsabilidad de capacitarse adecuadamente para\nbrindar asesor\u00eda legal adecuada; el compromiso de participar presencialmente en\nactividades alrededor de la Isla; la prohibici\u00f3n de generar lucro a partir de\nconsultas o asesor\u00edas ofrecidas en las brigadas comunitarias; y la cl\u00e1usula\ncontra el discrimen por identidad o condici\u00f3n. Hablaremos del segundo documento\nm\u00e1s adelante. <\/p>\n\n\n\n

    Las presentaciones y\nmateriales ofrecieron un efecto amplificador. Uno de los mayores legados de\nALHM es el primer Manual de abogac\u00eda para\ndesastres de Puerto Rico<\/em>, inspirado en el trabajo realizado en Texas y New\nJersey. Este manual recoge informaci\u00f3n legal relevante sobre FEMA, desahucios,\npoblaciones vulnerables y otros. El objetivo fue crear un repositorio que\npermitiera replicar la experiencia en menos tiempo, compartiendo el aprendizaje\nadquirido como parte del proceso. Las dem\u00e1s entidades de servicios legales\nreplicaron los talleres. Se prepar\u00f3 un ej\u00e9rcito de personas preparadas para\nresponder afirmativamente a las necesidades legales en medio del desastre.<\/p>\n\n\n\n

    D. Modelo a prueba: brigadas comunitarias<\/em><\/p>\n\n\n\n

    La primera brigada comunitaria\nse llev\u00f3 a cabo a finales de septiembre de 2020. La respuesta inadecuada del\ngobierno local y federal en lo que se refer\u00eda a servicios esenciales se repiti\u00f3\ncon las solicitudes de asistencia a FEMA. Se les exig\u00eda a las personas\ncompletar la solicitud de asistencia por tel\u00e9fono o por internet, a\u00fan cuando\nambos servicios tardaron de meses a un a\u00f1o en restablecerse. No se abrieron\ncentros de asistencia oportunamente. En Vieques, cuando finalmente abri\u00f3 el\ncentro, colocaron oficiales con armas largas en las entradas.<\/p>\n\n\n\n

    Guiadas por las sugerencias\nde l\u00edderes comunitarias, convertimos la solicitud de FEMA en un documento que\nse pod\u00eda completar a mano. El modelo constaba en establecer contacto con una\nl\u00edder para asegurar convocatoria, ir a la comunidad \u2014incluso a aquellas a las\nque el ej\u00e9rcito de los Estados Unidos calific\u00f3 como \u201cimposibles de acceder\u201d\u2014,\nofrecer un taller sobre derechos tras los desastres y brindar servicio directo.\nLas probonistas entrevistaban a las personas y completaban la solicitud. Luego\nde cuatro, ocho o diez horas nos \u00edbamos del lugar, regres\u00e1bamos al \u00e1rea metro y\nentr\u00e1bamos las solicitudes al internet. D\u00edas m\u00e1s tarde, regres\u00e1bamos a la\ncomunidad o nos hac\u00edamos de la colaboraci\u00f3n del liderato para entregar n\u00fameros\nde confirmaci\u00f3n, clarificar preguntas que no hab\u00edan permitido procesar la\nsolicitud o informar sobre cualquier otro inconveniente.<\/p>\n\n\n\n

    Para sistematizar el proceso,\ncreamos el protocolo de contacto con las comunidades. Establec\u00eda que para\nllegar a los distintos sectores el contacto principal ser\u00edan organizaciones de\nbase, iglesias o liderato comunitario. Inclu\u00eda el compromiso de no tomar fotos\no videos de quienes buscaban asistencia. Nos comprometimos a hacernos\ndisponibles a toda hora, crear materiales y ofrecer talleres en formato\naccesible y con relevancia para la comunidad y capacitar al liderato para que\npudiera identificar y referirnos situaciones legales. As\u00ed, por ejemplo, a\ninicios de octubre, se nos contact\u00f3 para que atendi\u00e9ramos la crisis de cerca de\ntreinta adultas mayores que hab\u00edan sido amenazadas de ser desahuciadas de un\nedificio en Caguas. <\/p>\n\n\n\n

    Como parte de este protocolo,\ndecidimos no promover talleres a trav\u00e9s de entidades gubernamentales. Esto\ninclu\u00eda al gobierno central y a los municipios. ALPR opt\u00f3 por no colaborar con\nlos Disaster Relief Centers<\/em> (DRC, por\nsus siglas en ingl\u00e9s) de FEMA, por entender que pod\u00eda representar un escollo\npara el fortalecimiento de la confianza con las comunidades y un conflicto\n\u00e9tico para levantar se\u00f1alamientos sobre violaciones causadas por la agencia\nfederal. As\u00ed como respetamos a las entidades colaboradoras que decidieron\nprestar recursos legales en estos espacios, dos a\u00f1os m\u00e1s tarde nos convencemos\nde que esta fue la mejor decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    Dicho esto, reconocemos la\ncolaboraci\u00f3n important\u00edsima de la Rama Judicial a trav\u00e9s de la jueza\npresidenta, Maite Oronoz, y la Oficina de Administraci\u00f3n de Tribunales, quienes\nfacilitaron tribunales con acceso al internet para que probonistas ofrecieran\napoyo a cientos de personas que procuraban asistencia para completar sus\nsolicitudes. La Rama Judicial fue proactiva acompa\u00f1ando en brigadas\ncomunitarias para orientar a las personas sobre temas cr\u00edticos como maltrato de\nenvejecientes y desahucios.<\/p>\n\n\n\n

    E. Modelo a prueba: El trauma<\/em><\/p>\n\n\n\n

    En los primeros seis meses\nvisitamos sobre sesenta comunidades alrededor de la isla, impactando a cerca de\ncuatro mil personas. El nivel de cat\u00e1strofe ameritaba celebrar hasta tres\nbrigadas legales por semana. Nos preocupaba llegar al mayor n\u00famero de gente en\nel menor tiempo posible, conscientes de que esta asistencia ser\u00eda una de las\npocas posibilidades de recuperar sus camas y ropas, sus techos y ventanas.<\/p>\n\n\n\n

    Muchas veces, lleg\u00e1bamos a\ndonde supon\u00eda haber centros comunales para encontrarnos con ruinas, personas\ncon hambre y desolaci\u00f3n. En ocasiones, nos esperaba una fila de cincuenta\npersonas y en otras solo llegaban tres o cuatro. El panorama siempre era el\nmismo: m\u00e1s que recibir asistencia, completar la solicitud u orientarse sobre\ndesahucios, quienes llegaban, lo que deseaban era hablar y ser escuchadas.\n\u00cdbamos a las casas de las encamadas, quienes viv\u00edan en condiciones indignas\nantes del hurac\u00e1n y hab\u00edan quedado a\u00fan m\u00e1s desprotegidas. El formulario de FEMA\nera un pretexto para hablar de lo que trabajaron para construir y ahora hab\u00edan\nperdido, de la muerte de un conocido porque nunca lleg\u00f3 la luz y era paciente\nde di\u00e1lisis; de la familia que se hab\u00eda tenido que ir o meterse toda junta en\nel cuartito de un familiar; sobre la falta de comida, agua o medicinas; sobre\nlo duro que se les hac\u00eda pensar que ya no era la noche del hurac\u00e1n, aunque\nparec\u00eda todav\u00eda la noche del hurac\u00e1n. Nosotras lleg\u00e1bamos con cartulinas\nhablando sobre derechos y nos recib\u00edan con hambre. A veces \u00e9ramos las primeras\npersonas en llegar.<\/p>\n\n\n\n

    Siendo tambi\u00e9n sobrevivientes\nde una cat\u00e1strofe, el equipo replic\u00f3 los s\u00edntomas del trauma. Surgieron\ndiscusiones internas porque nadie quer\u00eda tomar d\u00edas libres, recesar, decirle a\nuna comunidad que no ten\u00edamos recursos o energ\u00edas para regresar. Adem\u00e1s de las\nprobonistas, ALPR era entonces un grupo de seis mujeres y un compa\u00f1ero. Eran\nmadres, cuidadoras, no ten\u00edan transportaci\u00f3n o un lugar seguro a donde\nregresar, necesitaban medicamentos que no pod\u00edan obtener, ten\u00edan familiares\ny\u00e9ndose del pa\u00eds y experimentaban muertes directamente relacionadas al\ndesastre. Yo cargaba un embarazo de pocos meses y tampoco ten\u00eda una idea muy\nclara sobre qu\u00e9 supon\u00edamos hacer adem\u00e1s de salir a la calle. Cuando comenzaron\na llegar las denegatorias de solicitudes en masa, el sentimiento de futilidad\nnos arrop\u00f3. Canalizamos la desesperanza trabajando m\u00e1s fuerte, convenci\u00e9ndonos\nde que mientras m\u00e1s exhaustas, mejor. En esos d\u00edas, pens\u00e1bamos mucho en la\npregunta sobre la relevancia de las abogadas. Tras muchas l\u00e1grimas y el apoyo\nde l\u00edderes comunitarias que, pese a haberlo perdido todo, cuidaban de \u201clas\nmuchachas de Ayuda Legal\u201d, comprendimos que si algo pod\u00edamos hacer, era\nacompa\u00f1ar. Esa era la \u00fanica respuesta humanamente posible.<\/p>\n\n\n\n

    F<\/em>. Modelo a prueba: el saldo<\/em><\/p>\n\n\n\n

    Sobre 470,000 viviendas resultaron afectadas por los huracanes Irma y Mar\u00eda.[11]<\/sup><\/a>[efn_note]Datos oficiales del gobierno de Puerto Rico, seg\u00fan promulgados por el Departamento de Estado. V\u00e9ase Luis G. Rivera Marin, Federal billions will help restore Puerto Rico after devastation of hurricanes Maria and Irma<\/em>, ORLANDO SENTINEL, 4 de marzo de 2019, \/https:\/\/www.orlandosentinel.com\/opinion\/os-op-luis-rivera-marin-puerto-rico-billions-aid-20190304-story.html (\u00faltima visita 19 de abril de 2021). [\/efn_note] FEMA deneg\u00f3 cerca del 60% de las solicitudes de asistencia presentadas.[12]<\/sup><\/a>[efn_note]Frances Robles  & Jugal K. Patel, On Hurricane Maria Anniversary,Puerto Rico Is Still in Ruins<\/em>, N.Y. TIMES, 20 de septiembre de 2018, https:\/\/www.nytimes.com\/interactive\/2018\/09\/20\/us\/puerto-rico-hurricane-maria-housing.html?module=inline (esta cita surge de distintas entrevistas, de diversas fuentes de medios a FEMA). Tambi\u00e9n pueden citar las publicaciones de ALPR ( v\u00e9ase<\/em> AYUDA LEGAL, TOWARDS A JUST RECOVERY THE RESPONSE IN THE FACE OF DISASTERS AND THE PUERTO RICO THAT IS POSSIBLE (2020) https:\/\/www.ayudalegalpuertorico.org\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/Towards-a-Just-Recovery-Second-Report.pdf (\u00faltima visita 19 de abril de 2021)). [\/efn_note] Ocho de cada diez apelaciones fueron denegadas y se estima que hasta 77,000 familias pudieron haber sufrido la denegatoria injusta de sus solicitudes por carecer de un documento legal que probara su condici\u00f3n de due\u00f1as.[13]<\/sup><\/a>[efn_note]NATIONAL LOW INCOME HOUSING COALITION, 2019. IMPACT OF HURRICANE MARIA. (2019).https:\/\/nlihc.org\/sites\/default\/files\/Hurricane-Impact-Maria.pdf (\u00faltima visita 19 de abril de 2021). [\/efn_note] El desastre no ha acabado para miles; nuestro trabajo tampoco.<\/p>\n\n\n\n

    ALPR ha sido instrumental para abogar por los principios de vivienda digna, participaci\u00f3n real y recuperaci\u00f3n justa tras el desastre.[14]<\/sup><\/a> <\/sup>[efn_note]Aunque mantenemos nuestro proyecto de asistencia legal tras desastres, atendemos temas relacionados al acceso a la justicia y al derecho a la vivienda. Algunos de estos son: tenencia, ejecuciones de hipotecas, desplazamientos y recuperaci\u00f3n justa. [\/efn_note] Logramos cambios en las pol\u00edticas y procedimientos de FEMA y el Departamento a la Vivienda. A estos efectos, fuimos nosotras quienes realizamos la investigaci\u00f3n legal y redactamos el  formulario uniforme que sirve para probar que una persona es due\u00f1a a\u00fan si carece de un \u201ct\u00edtulo formal\u201d. Junto a otras organizaciones, como la Fundaci\u00f3n del Fondo de Acceso a la Justicia, logramos que este fuera aprobado.<\/p>\n\n\n\n

    ALPR retom\u00f3 las\ncolaboraciones con entidades solidarias en los Estados Unidos para desarrollar\ncapacidad en temas del programa de Desarrollo y Revitalizaci\u00f3n Econ\u00f3mica de Comunidades Post\nDesastre (CDBG-DR, por sus siglas en ingl\u00e9s), especialmente con el National Low Income Housing Coalition<\/em> y Fair Share Housing Center<\/em>. Entendimos\nque lo que se har\u00e1 con estos casi 20 mil millones de d\u00f3lares establecer\u00e1 las\nbases del pa\u00eds que tendremos en los pr\u00f3ximos cinco, diez o quince a\u00f1os.\nReiteramos que el pa\u00eds que proponen algunos es uno que no incluye a la gente\nempobrecida. Con esto en mente, pusimos en marcha una versi\u00f3n adaptada de lo\nque aprendimos con el proceso de ALHM para crear la Jornada de Participaci\u00f3n\nComunitaria CDBG-DR. Desde marzo de 2018, esta iniciativa re\u00fane a sobre setenta\ny cinco organizaciones y comunidades interesadas en promover la educaci\u00f3n, participaci\u00f3n\nreal y la protecci\u00f3n de la vivienda digna en los procesos relacionados a estos\nfondos. Aunque falta mucho camino por recorrer, reconocemos algunos de los\nprincipales esfuerzos y logros. Entre ellos: un a\u00f1o m\u00e1s tarde, el tema de los\nfondos CDBG- DR contin\u00faa siendo enmarcado como uno de participaci\u00f3n\ncomunitaria; como resultado directo los esfuerzos de abogac\u00eda, el Departamento\nde Vivienda aument\u00f3 los t\u00e9rminos para recibir comentarios del p\u00fablico y se\nalinearon organizaciones y comunidades alrededor de los principios de vivienda\ndigna y recuperaci\u00f3n justa. Lanzamos una campa\u00f1a reclamando cero\ndesplazamientos forzosos, lo que nos ha permitido presentar reclamos puntuales\n\u2014 avalados por comunidades y organizaciones en y fuera de Puerto Rico\u2014  para garantizar que las comunidades recibir\u00e1n\nla asistencia a la que tienen derecho y no ser\u00e1n removidas sin contemplar\nparticipaci\u00f3n, mitigaci\u00f3n, adaptaci\u00f3n y el total respeto a sus derechos\nhumanos.<\/p>\n\n\n\n

    III.\nHac\u00eda la abogac\u00eda de impacto social<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Durante los pasados cinco\na\u00f1os, la educaci\u00f3n legal ha sido la base de nuestro trabajo. Nuestro lema,\n\u201cconocer tus derechos es poder\u201d supone que en la medida en que las personas\nconocen las garant\u00edas que les cobijan \u2014 reconocidas o no por la ley\u2014 tienen\nmejor oportunidad para defender y reclamar sus derechos. Sin embargo, no es\nsuficiente educar. Definimos la abogac\u00eda de impacto social como la posibilidad\nque tienen las personas y comunidades de influenciar la toma de decisiones que\nafectan sus condiciones de vida. El trabajo legal comunitario supone un\nacompa\u00f1amiento en el camino que debe construirse para ir del estado de derecho\nhasta la justicia social. Por tanto, requiere la voluntad de transformar la ley\ny las relaciones de poder que perpet\u00faan la desigualdad, la pobreza y el\ndiscrimen. La abogac\u00eda de impacto social exige, adem\u00e1s, la vulnerabilidad para\nreconocer que la relevancia del trabajo legal se define en virtud de las\nnecesidades y la confianza que desarrollen las personas, los grupos y las\norganizaciones de base en la labor que realizamos. Ser vulnerable es reconocer\nnuestras fortalezas individuales y colectivas, pero tambi\u00e9n nuestras\ndebilidades en t\u00e9rminos de recursos, conocimiento o capacidad f\u00edsica y\nemocional. Requiere mantener la pregunta de la relevancia presente y aceptar\ntransformarnos como parte de la b\u00fasqueda de respuestas. Esa es nuestra\nobligaci\u00f3n como abogadas del pa\u00eds que queremos construir. Para finalizar,\ncomparto algunas reflexiones que pueden abrir futuras discusiones:<\/p>\n\n\n\n

    1. Apostamos a cambiar la narrativa y transformar el lenguaje para evitar hacerle eco a la desigualdad de poder. Utilizamos lenguaje inclusivo o, en su defecto, nos referimos a personas\u2014\u201clas\u201d, \u201cnosotras\u201d\u2014. No hablamos de representaci\u00f3n o servicio, sino de acompa\u00f1amiento. En lugar de compartir informaci\u00f3n, creemos que la educaci\u00f3n es de dos v\u00edas y reconocemos que nosotras tambi\u00e9n estamos aprendiendo. Cambiamos el lenguaje t\u00e9cnico por uno accesible, estamos dispuestas a asumir riesgos. Esto incluye lanzarnos a trabajar temas legales poco explotados en el pa\u00eds, denunciar las instancias en que la pr\u00e1ctica legal tradicional perpet\u00faa injusticias, se\u00f1alar el discrimen por parte de los gobiernos y defender que el Canon 1 deje de ser aspiracional<\/em> e imponga una obligaci\u00f3n afirmativa para con la gente empobrecida.<\/li>
    2. Mi hijo Lucas Imar tiene casi un a\u00f1o y ALPR cumpli\u00f3 cinco. El equipo de trabajo con el que cuento re\u00fane a algunas de las juristas y personas m\u00e1s maravillosas del pa\u00eds.[15]<\/sup><\/a> [efn_note]El equipo de ALPR est\u00e1 formado por Mariel Qui\u00f1ones, David Rodr\u00edguez, Ver\u00f3nica Gonz\u00e1lez, Camilo Guadalupe, Iris Torres, Tania Morales, Paula Fournier, Ver\u00f3nica Rivera, Adli Cordero, Noeli P\u00e9rez y Nicole D\u00edaz.Reconocemos adem\u00e1s la labor de Mayt\u00e9 Rivera, Angel Yamil Nieves, Sandra Negr\u00f3n y Danishia Santiago.[\/efn_note] Algunas son madres, cuidadoras, jefas de familias, estudiantes, l\u00edderes de organizaciones activistas o gremios. Todas son personas solidarias comprometidas con hacer de nuestra oficina un espacio seguro. De ah\u00ed, por ejemplo, que nuestras cr\u00edas \u2014 de distintas edades\u2014  nos acompa\u00f1en en la jornada laboral. Es un privilegio tenerles y una gran responsabilidad ser l\u00edder de este junte. Nos decimos gracias por estar y bienvenida, igual que lo hacemos con las l\u00edderes y organizaciones cuando vienen a las actividades. El acompa\u00f1amiento abre por dentro.<\/li>
    3. Nada es permanente. Recibimos m\u00faltiples reconocimientos por el trabajo realizado. Es un privilegio crear, desarrollar y acompa\u00f1ar contando con la confianza de la gente a la que acompa\u00f1amos. Creemos que el cambio de paradigmas legales promueve que las abogadas y los abogados no sean una condici\u00f3n para el ejercicio de derechos. No queremos promover dependencia en el trabajo que llevamos a cabo y eso nos obliga a poner m\u00e1s esfuerzo en desarrollar la capacidad de otras. Pol\u00edticamente, estamos convencidas de que nuestro trabajo no ser\u00e1 necesario alg\u00fan d\u00eda. Esa es una meta y una promesa.
      <\/li><\/ol>\n\n\n\n
      \n\n\n\n

      * La FFAJ es una entidad sin fines de lucro creada al amparo de la Ley 165-2013, seg\u00fan enmendada, cuyo prop\u00f3sito es proveer recursos econ\u00f3micos a entidades sin fines de lucro para\u00a0ofrecer servicios legales de naturaleza civil a personas y comunidades que viven bajo los niveles de pobreza en Puerto Rico. Luego de los huracanes Irma y Mar\u00eda (2017), la FFAJ otorg\u00f3 subvenciones a diversas entidades para ofrecer servicios legales de emergencia. La organizaci\u00f3n autora de este art\u00edculo ha sido una de las entidades subvencionadas por la FFAJ.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

      ** Ariadna Michelle Godreau Aubert es abogada de derechos humanos. Estudi\u00f3 ciencias\u00a0pol\u00edticas y literatura comparada en la UPR-Rio Piedras. Se gradu\u00f3 de la UPR Derecho (Summa Cum Laude) y tiene una maestr\u00eda en derecho en Derechos Humanos Internacionales de la Universidad de Oxford (Distinci\u00f3n). Es fundadora y directora de Ayuda Legal Puerto Rico, una organizaci\u00f3n que promueve el apoderamiento legal por la vivienda digna y la recuperaci\u00f3n justa. Es profesora adjunta en temas de derechos humanos, g\u00e9nero y austeridad. Es autora de Las propias: Apuntes para una pedagog\u00eda de las endeudadas <\/em>(2018, Editorial Editora Emergente).<\/p>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Este art\u00edculo forma parte de la edici\u00f3n especial sobre el acceso a la justicia en tiempos de desastres en colaboraci\u00f3n con la Fundaci\u00f3n Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ).* ENSAYOS Por: Ariadna Michelle Godreau Aubert** Introducci\u00f3n \u00bfPara qu\u00e9 se necesitan abogadas en medio de la crisis? Esta era una de las preguntas menos importantes<\/p>\n

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