{"id":3438,"date":"2022-03-23T19:54:00","date_gmt":"2022-03-23T23:54:00","guid":{"rendered":"https:\/\/revistajuridica.uprrp.edu\/inrev\/?p=3438"},"modified":"2022-03-23T19:54:00","modified_gmt":"2022-03-23T23:54:00","slug":"resena-del-simposio-transformaciones-del-derecho-en-tiempos-de-pandemia-una-mirada-a-los-derechos-de-los-confinados-en-puerto-rico-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/2022\/03\/23\/resena-del-simposio-transformaciones-del-derecho-en-tiempos-de-pandemia-una-mirada-a-los-derechos-de-los-confinados-en-puerto-rico-2\/","title":{"rendered":"Rese\u00f1a del simposio: Transformaciones del derecho en tiempos de pandemia – Una mirada a los derechos de los confinados en Puerto Rico"},"content":{"rendered":"\n\t\t\t\t\n

RESE\u00d1A<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por: Sheika G\u00f3mez Hern\u00e1ndez<\/strong>*<\/p>\n\n\n\n

La Revista Jur\u00eddica de la Universidad de Puerto Rico ofreci\u00f3 el pasado mi\u00e9rcoles 16 de febrero el primer panel del Simposio Transformaciones del derecho en tiempos de pandemia: Una mirada a los derechos de los confinados en Puerto Rico. Este panel tuvo la intenci\u00f3n de abordar c\u00f3mo la pandemia del COVID-19 ha trastocado la cotidianidad de nuestra sociedad, en particular los obst\u00e1culos que la poblaci\u00f3n de personas privadas de su libertad ha enfrentado durante la pandemia.<\/p>\n\n\n\n

Este primer panel, titulado Una mirada a los derechos de los confinados en Puerto Rico<\/em> cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de la jueza superior Ana Paulina Cruz V\u00e9lez, la licenciada y profesora Iris Rosario Nieves, la fiscal auxiliar Brenda Rosado Aponte, y la moderaci\u00f3n del licenciado Luis Zambrana Gonz\u00e1lez. La conversaci\u00f3n se enfoc\u00f3 en arrojar luz sobre los diversos retos que ha enfrentado la poblaci\u00f3n de personas privadas de su libertad desde distintos puntos de vista del derecho.<\/p>\n\n\n\n

En su introducci\u00f3n, el licenciado Zambrana Gonz\u00e1lez abord\u00f3 el tema de c\u00f3mo se trabaj\u00f3 a inicios de pandemia el traslado de personas privadas de su libertad. Por su parte, la profesora Rosario Nieves indic\u00f3 que la pandemia fue una \u201coportunidad desaprovechada\u201d ya que debieron contemplarse otras alternativas. Rosario Nieves opin\u00f3 que debi\u00f3 hacerse mayor uso del derecho constitucional a la fianza y que deb\u00eda despacharse de la idea de la c\u00e1rcel como la \u00fanica herramienta para manejar las situaciones conflictivas que se generan en la sociedad.<\/p>\n\n\n\n

Mientras tanto, la fiscal Rosado Aponte y la jueza Cruz V\u00e9lez abundaron sobre el reto que represent\u00f3 la implementaci\u00f3n de las videoconferencias y sobre c\u00f3mo esta fue la \u00fanica herramienta que permiti\u00f3 continuar con los procedimientos. Particularmente, la jueza superior catalog\u00f3 como dr\u00e1stica la decisi\u00f3n del Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n en trasladar a personas confinadas \u00fanicamente en instancias de juicio y a solicitud del Tribunal. Tanto la jueza como la fiscal coincidieron en que la tecnolog\u00eda \u201cha llegado para quedarse\u201d, pero que necesita mayor legislaci\u00f3n. Adem\u00e1s, consideraron que la videoconferencia debe ser la excepci\u00f3n y no la regla.<\/p>\n\n\n\n

El efecto directo en la representaci\u00f3n de las personas encarceladas <\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

Mediante an\u00e9cdotas de compa\u00f1eras de la Sociedad para la Asistencia Legal (en adelante SAL), la profesora Rosario Nieves pudo describir los problemas de adaptaci\u00f3n y c\u00f3mo el Departamento de Correcci\u00f3n fue la \u201cficha de tranque\u201d al no trasladar a las personas sumariadas. Seg\u00fan la profesora esto retras\u00f3 los procesos y caus\u00f3 tardanzas no atribuibles al Ministerio P\u00fablico, la defensa o los tribunales. Asimismo, Rosario Nieves indic\u00f3 que hasta el sol de hoy hay falta de acceso para los representantes legales y las alternativas provistas no son adecuadas. La profesora indic\u00f3 que el lockdown<\/em> en las c\u00e1rceles \u2013 que aun persiste en algunos casos \u2013 caus\u00f3 que la poblaci\u00f3n sumariada perdiera contacto tanto con los t\u00e9cnicos socio penales (que prove\u00edan servicios de rehabilitaci\u00f3n) como con sus familias. La profesora consider\u00f3 que los operadores judiciales debieron imponer fianzas m\u00e1s prudentes para que las personas pudieran estar en libertad previo al juicio.<\/p>\n\n\n\n

Recursos utilizados por fiscal\u00eda<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

La fiscal Rosado Aponte enfatiz\u00f3 que la implementaci\u00f3n de la tecnolog\u00eda (llamadas telef\u00f3nicas o video llamadas) fue la herramienta principal utilizada para evitar los retrasos de los procesos penales. Esto gener\u00f3 un cambio dram\u00e1tico entre la interacci\u00f3n \u201ccara a cara\u201d que se ten\u00eda entre testigos y v\u00edctimas. Al estr\u00e9s que la pandemia caus\u00f3 en las personas se le sum\u00f3 el estr\u00e9s causado al ser v\u00edctimas de un delito. Incluso, levantar expedientes y manejar evidencia fueron retos enormes que, en ocasiones, llevaron a que se estipulara con la defensa lo que se presentaba de manera digital. A diferencia de la jurisdicci\u00f3n federal, la fiscal indic\u00f3 que no ha trabajado mociones sobre compassionate release<\/em>. Dicho tipo de moci\u00f3n argumenta en pro de la liberaci\u00f3n de personas privadas de su libertad que se encuentran en circunstancias de salud apremiantes. Actualmente, en el Senado de Puerto Rico hay un proyecto pendiente para crear la Ley de liberaci\u00f3n compasiva del Gobierno de Puerto Rico<\/em>. Dicho proyecto dispone que los confinados que hayan cumplido con un 50% o m\u00e1s de su sentencia y que padezcan de enfermedades terminales, o que sean mayores 60 a\u00f1os y padezcan de alguna o varias condiciones cr\u00f3nicas de salud puedan ser egresados de la instituci\u00f3n penal. Seg\u00fan la fiscal, dicha estatuto est\u00e1 dirigido a atender a los adultos mayores y no necesariamente a atender el asunto de la pandemia.<\/p>\n\n\n\n

La implementaci\u00f3n de la videoconferencia al trabajo diario de los jueces<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

Aunque la noci\u00f3n imperante es que la videoconferencia es un recurso que se seguir\u00e1 utilizando, la jueza Cruz V\u00e9lez relat\u00f3 c\u00f3mo su implementaci\u00f3n redund\u00f3 en una carga m\u00e1s alta de trabajo. En los casos penales, la jueza est\u00e1 convencida de que \u201cnada sustituye una sala en vivo y a todo color\u201d. Particularmente, Cruz V\u00e9lez indic\u00f3 que opina esto debido al manejo de evidencia, emociones y de la evaluaci\u00f3n del demeanor<\/em> de una persona. Adem\u00e1s, reconoci\u00f3 que la videoconferencia no es perfecta y que es necesario aprender a sensibilizarse en el proceso. Al igual que Rosario Nieves, Cruz V\u00e9lez opin\u00f3 que la fianza debe ser razonable y que el Ministerio P\u00fablico tiene que estar consciente de que ser\u00e1 m\u00e1s dif\u00edcil continuar con el juicio si la persona est\u00e1 confinada.<\/p>\n\n\n\n

Uniformidad de los procesos y el derecho de los acusados<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

Por su parte, la fiscal Rosado Aponte catalog\u00f3 como poco uniformes los procesos en las distintas jurisdicciones. Sin embargo, la jueza superior opin\u00f3 que no se puede aspirar a una uniformidad porque los procesos no pueden verse de manera mec\u00e1nica, sino que se deben seguir unas pautas, como por ejemplo las gu\u00edas establecidas por el Poder Judicial para las videoconferencias, pero otorgando suficiente flexibilidad para posibilitar el ejercicio de discreci\u00f3n por parte del juez.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan explic\u00f3 Rosario Nieves, las personas acusadas consideran que, desde el comienzo de la pandemia, los procesos han sido llevados de manera accidentada e inclusive opinan que la videoconferencia es una herramienta ineficiente que afecta su representaci\u00f3n legal. La fiscal indic\u00f3 que esto afecta la comunicaci\u00f3n entre acusados y abogados e incide en el derecho a confrontaci\u00f3n. Ante esa experiencia, Rosario Nieves insiste en que se debe \u201crepensar el que las vistas por videoconferencia sean la norma y no la excepci\u00f3n\u201d. Por su parte, los testigos y v\u00edctimas tambi\u00e9n han tenido que adaptarse a una nueva manera de enfrentar el proceso judicial. En ese sentido, la fiscal brind\u00f3 especial atenci\u00f3n a que la poblaci\u00f3n de edad avanzada es aun m\u00e1s vulnerable en estos tipos de procesos debido a la falta de equipo o de conocimiento en cuanto al manejo de la tecnolog\u00eda. A pesar de que la fiscal indic\u00f3 que no se ha encontrado con el caso de que los testigos dejen de comparecer, reconoci\u00f3 que es imperativo proveer herramientas de apoyo.<\/p>\n\n\n\n

El manejo de la pandemia por parte del Departamento de Correcci\u00f3n <\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

Desde el inicio de la conversaci\u00f3n surgieron planteamientos respecto al manejo inadecuado y unilateral del Departamento de Correcci\u00f3n en el traslado de confinados. Aun as\u00ed, dos de las panelistas pudieron identificar como acertada la rapidez con la que el Departamento trabaj\u00f3 el asunto de la vacunaci\u00f3n, lo que a su vez caus\u00f3 que se cuestionaran las medidas tan restrictivas impuestas sobre la poblaci\u00f3n correccional. La licenciada Rosario Nieves apunt\u00f3 a que, a diferencia de la poblaci\u00f3n general, las personas privadas de su libertad no son libres de tomar decisiones sobre la vacuna y no tienen la oportunidad de presentar \u2013 por ejemplo \u2013 pruebas negativas todas las semanas. Rosario Nieves calific\u00f3 como desacertada la insistencia en mantener suspendidas las visitas, vistas, servicios y salidas ya que lo percibe como un detrimento a los derechos y a la humanidad de las personas sumariadas. Para la profesora, los confinados tienen \u201cla carga de enfrentar un confinamiento tras otro confinamiento\u201d.<\/p>\n\n\n\n

De igual manera, la fiscal Rosado Aponte a\u00f1adi\u00f3 que las medidas del Departamento de Correcci\u00f3n laceran derechos fundamentales, particularmente porque, en ocasiones, los confinados no escuchan los procedimientos. Finalmente, Cruz V\u00e9lez concluy\u00f3 que, adem\u00e1s de las restricciones dr\u00e1sticas, la falta de personal \u2013 en especial de oficiales y trabajadores sociales \u2013 ha contribuido en gran manera al retraso de los procesos.<\/p>\n\n\n

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* Estudiante de cuarto a\u00f1o de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (Programa Conjunto) y Editora Asociada del Volumen XCI de la Revista Jur\u00eddica de la Universidad de Puerto Rico.<\/p>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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