{"id":3737,"date":"2022-11-03T08:00:24","date_gmt":"2022-11-03T08:00:24","guid":{"rendered":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/?p=3737"},"modified":"2022-11-10T01:59:31","modified_gmt":"2022-11-10T01:59:31","slug":"articulo-politica-publica-ambiental-en-puerto-rico-de-cara-al-cambio-climatico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/2022\/11\/03\/articulo-politica-publica-ambiental-en-puerto-rico-de-cara-al-cambio-climatico\/","title":{"rendered":"Art\u00edculo: Pol\u00edtica p\u00fablica ambiental en Puerto Rico de cara al cambio clim\u00e1tico"},"content":{"rendered":"
\"\"<\/h5>\n
Art\u00edculo<\/strong><\/h5>\n
Paola M. S\u00e1nchez Melo*<\/strong><\/h5>\n

Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Cuando atribuimos la dif\u00edcil tarea de establecer los roles y las funciones de los gobiernos, podemos delimitar ciertas \u00e1reas donde la intervenci\u00f3n gubernamental es crucial. Entre estas \u00e1reas identificamos la administraci\u00f3n de la justicia, los sistemas de educaci\u00f3n, los servicios de salud, las obras p\u00fablicas, entre otras. Sin embargo, podemos decir con certeza que el Gobierno de Puerto Rico tambi\u00e9n tiene la responsabilidad de intervenir en la conservaci\u00f3n de nuestros recursos naturales. Esto se debe a que la Constituci\u00f3n de Puerto Rico establece que \u201c[s]er\u00e1 pol\u00edtica p\u00fablica del Estado Libre Asociado la m\u00e1s eficaz conservaci\u00f3n de sus recursos naturales, as\u00ed como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad . . .”.[1]<\/a><\/p>\n

En Col\u00f3n Cort\u00e9s v. Pesquera,<\/em> la jueza asociada Miriam Naveira de Rod\u00f3n aborda aquellos mandatos que se inmortalizan en las constituciones de los pa\u00edses, y nos indica que: \u201cson reglas de car\u00e1cter tan esencial para una sociedad, que su permanencia no se abandona a los vaivenes de gobierno o a meros cambios de idiosincrasia\u201d.[2]<\/a> Es decir, aquello dispuesto en nuestra constituci\u00f3n est\u00e1 dise\u00f1ado para superar los cambios ideol\u00f3gicos que acarrean los distintos contextos hist\u00f3ricos. En esta ocasi\u00f3n, resaltamos que la protecci\u00f3n del ambiente y los recursos naturales en Puerto Rico es de rango constitucional. Por lo que, su defensa debe prevalecer y atemperarse a las nuevas realidades socioecon\u00f3micas y cient\u00edficas del siglo XXI. Desde la llegada de la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal, la situaci\u00f3n fiscal de Puerto Rico ha monopolizado las conversaciones sobre la pol\u00edtica p\u00fablica del pa\u00eds. El inter\u00e9s por un desarrollo econ\u00f3mico que nos acerque hacia la salida del ente de supervisi\u00f3n fiscal ha reorganizado las prioridades de los servidores p\u00fablicos. De este modo, el cumplimiento con la pol\u00edtica p\u00fablica ambiental queda superado por las propias recomendaciones del ente de supervisi\u00f3n.[3]<\/a> Sin embargo, a nivel internacional contin\u00faan las discusiones sobre la necesidad de ajustar nuestras realidades a las consecuencias de la crisis clim\u00e1tica.[4]<\/a><\/p>\n

Con la intenci\u00f3n de destacar la situaci\u00f3n precaria en nuestro pa\u00eds, a lo largo de este escrito intentaremos retratar la pol\u00edtica p\u00fablica ambiental en Puerto Rico de cara al cambio clim\u00e1tico y el cumplimiento en cuanto a su implementaci\u00f3n. Adem\u00e1s, estudiaremos las medidas de fiscalizaci\u00f3n y monitoreo disponibles para velar por la implementaci\u00f3n de leyes de suma importancia para un pa\u00eds en reconstrucci\u00f3n.<\/p>\n

I. Esbozo de la legislaci\u00f3n sobre pol\u00edtica p\u00fablica ambiental<\/strong><\/p>\n

En nuestras leyes quedan plasmados los extensos esfuerzos para delimitar una pol\u00edtica p\u00fablica ambiental.[5]<\/a> La Asamblea Legislativa de Puerto Rico acat\u00f3 el mandato constitucional de legislar para conservar nuestros recursos naturales, y como consecuencia desarroll\u00f3 la Ley 416-2004, mejor conocida como Ley sobre pol\u00edtica p\u00fablica ambiental<\/em>.[6]<\/a> Esta ley est\u00e1 dise\u00f1ada para, entre otros fines, \u201c[e]stablecer una pol\u00edtica p\u00fablica que estimule una deseable y conveniente armon\u00eda entre el hombre y su medioambiente\u201d.[7]<\/a> A pesar de contar con una declaraci\u00f3n de responsabilidad de conservaci\u00f3n de rango constitucional y una manifestaci\u00f3n expresa de la pol\u00edtica p\u00fablica en la mencionada ley, la conservaci\u00f3n de nuestros recursos naturales se encuentra en constante ataque por factores naturales y por la intervenci\u00f3n humana. Nos parece que, en Col\u00f3n Cort\u00e9s v. Pesquera, <\/em>el Tribunal Supremo de Puerto Rico interpreta y resume adecuadamente lo que implica la aprobaci\u00f3n de la Ley sobre pol\u00edtica p\u00fablica ambiental<\/em>.[8]<\/a> El caso expresa que, mediante la aprobaci\u00f3n de esta importante ley sobre pol\u00edtica p\u00fablica ambiental, se establece \u201cun doble mandato cuyo fino balance asegura el desarrollo sostenible del Pa\u00eds y la protecci\u00f3n del medio ambiente para el disfrute de la presente y futuras generaciones\u201d.[9]<\/a><\/p>\n

Este doble mandato se torna relevante debido a que, en distintas instancias hemos podido observar c\u00f3mo, por causas antropog\u00e9nicas, nuestros recursos naturales son dilapidados. Por la falta de diligencia en la implementaci\u00f3n de la\u00a0 pol\u00edtica p\u00fablica ambiental nos quedamos con un amargo sabor en la boca.[10]<\/a> A ra\u00edz de esto, diversos sectores de la ciudadan\u00eda y grupos ambientalistas claman acci\u00f3n por parte de los l\u00edderes gubernamentales de la Isla para accionar conforme a las diversas amenazas clim\u00e1ticas, como el calentamiento global y la erosi\u00f3n costera.[11]<\/a> Para llevar a cabo un an\u00e1lisis profundo del alcance y la implementaci\u00f3n de la pol\u00edtica p\u00fablica ambiental en Puerto Rico, primero debemos esbozar aquellas piezas legislativas que fueron redactadas con el prop\u00f3sito de poner en vigor el mandato del Art\u00edculo VI de la Secci\u00f3n 19 de la Constituci\u00f3n de Puerto Rico.[12]<\/a> A la luz de los intereses del desarrollo econ\u00f3mico y de una pol\u00edtica p\u00fablica ambiental de conservaci\u00f3n, que parecen estar en contravenci\u00f3n, se pudiera arg\u00fcir que el desarrollo sostenible es el punto medio en la b\u00fasqueda de un balance. Se denomina desarrollo sostenible a la pr\u00e1ctica de encaminar las acciones de desarrollo tomando en consideraci\u00f3n los aspectos econ\u00f3micos, sociales y ambientales.[13]<\/a><\/p>\n

Para dar comienzo a la discusi\u00f3n sobre las leyes dirigidas a complementar la Ley sobre pol\u00edtica p\u00fablica ambiental<\/em>, hablemos sobre la Ley N\u00fam. 267-2004, mejor conocida como Ley sobre pol\u00edtica p\u00fablica de desarrollo sostenible<\/em>.[14]<\/a> La exposici\u00f3n de motivos establece que \u201c[e]s indispensable un cambio en la visi\u00f3n del desarrollo econ\u00f3mico para atemperarlo a nuestro contexto isle\u00f1o\u201d.[15]<\/a> Seg\u00fan se resume en su art\u00edculo 2, la ley fue creada para fines de fomentar un balance deseado entre la calidad de vida de los puertorrique\u00f1os mediante actividades gubernamentales encaminadas a alcanzar un desarrollo sostenible.[16]<\/a> Para ello, el estatuto decreta como pol\u00edtica p\u00fablica que:<\/p>\n

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe encaminarse a lograr una sociedad basada en una econom\u00eda sostenible y un desarrollo balanceado, en el que se armonice el desarrollo econ\u00f3mico con la restauraci\u00f3n y protecci\u00f3n del ambiente y los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida de los puertorrique\u00f1os; y donde sus metas econ\u00f3micas, sociales y ambientales est\u00e9n unificadas dentro del contexto del desarrollo sostenible y su condici\u00f3n de peque\u00f1o estado insular.[17]<\/a><\/p>\n

Es importante resaltar que esta ley contiene una terminolog\u00eda de vanguardia en cuanto a la conservaci\u00f3n de los recursos naturales y da pasos importantes hacia un desarrollo sostenible. Por ejemplo, establece la Comisi\u00f3n para el Desarrollo Sostenible de Puerto Rico con el deber de rendir informes anuales al Gobernador y a la Asamblea Legislativa.[18]<\/a> Sin embargo, el hecho de que el proyecto est\u00e1 dirigido exclusivamente a los programas y las actividades gubernamentales relacionadas con los aspectos sociales, econ\u00f3micos y ambientales, entre otros, resulta insuficiente, ya que no contempla las actividades del sector privado o de los individuos y su impacto en nuestros recursos naturales.<\/p>\n

Continuando con el recuento exhaustivo de los estatutos dise\u00f1ados para forjar nuestra pol\u00edtica p\u00fablica ambiental, veamos ahora la Ley de pol\u00edtica p\u00fablica para el desarrollo sostenible de turismo en Puerto Rico<\/em>, la cual dispone que:<\/p>\n

Se declara como pol\u00edtica p\u00fablica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico propiciar el desarrollo sostenible del turismo como un instrumento de educaci\u00f3n y concienciaci\u00f3n para conservar, apreciar y experimentar, tanto los recursos naturales como los recursos ambientales, culturales e hist\u00f3ricos valiosos en \u00e1reas naturales p\u00fablicas y privadas con la participaci\u00f3n activa de las comunidades para el disfrute y bienestar econ\u00f3mico de presentes y futuras generaciones, de acuerdo con la Secci\u00f3n 19 del Art\u00edculo VI de la Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y [la Ley N\u00fam. 416 de 22 de septiembre de 2004, seg\u00fan enmendada,]conocida como \u201cLey sobre Pol\u00edtica P\u00fablica Ambiental<\/em>\u201d. [19]<\/a><\/p>\n

El mencionado estatuto busca fomentar la implementaci\u00f3n de estrategias de turismo sostenible, agroturismo y ecoturismo.[20]<\/a> Adem\u00e1s, alude a un modelo de desarrollo sostenible donde las actividades econ\u00f3micas sean viables a largo plazo, para as\u00ed garantizar la calidad de vida de los puertorrique\u00f1os y las futuras generaciones.[21]<\/a><\/p>\n

II. Legislaci\u00f3n de cara al cambio clim\u00e1tico<\/strong><\/p>\n

En los pasados a\u00f1os han acontecido m\u00faltiples fen\u00f3menos naturales en Puerto Rico, como huracanes, periodos secos y lluvias torrenciales.[22]<\/a> A esto se le suma la creciente preocupaci\u00f3n por la erosi\u00f3n costanera que, seg\u00fan el art\u00edculo de Rosana Grafals Soto, puede ser causada por factores clim\u00e1ticos, aumento en el nivel del mar e intervenci\u00f3n humana.[23]<\/a> Esto implica que, a medida que el cambio clim\u00e1tico y las actividades humanas en estas \u00e1reas susceptibles a la erosi\u00f3n aumenten, la probabilidad de la erosi\u00f3n en nuestras costas se magnifica.[24]<\/a> A ra\u00edz de esta creciente preocupaci\u00f3n y las discusiones a nivel global sobre el cambio clim\u00e1tico y el calentamiento global, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprob\u00f3 el Proyecto del Senado 773, convirti\u00e9ndose en la Ley N\u00fam. 33-2019, mejor conocida como Ley de mitigaci\u00f3n, adaptaci\u00f3n y resiliencia al cambio clim\u00e1tico de Puerto Rico<\/em>.[25]<\/a> En s\u00edntesis, la ley procura establecer un comit\u00e9 compuesto de expertos y asesores como un ente asesor sobre el tema del cambio clim\u00e1tico para encaminar las acciones del Gobierno hacia una adaptaci\u00f3n sostenible en temas de energ\u00eda, infraestructura, transportaci\u00f3n, desperdicios, salud, agricultura, zonas costeras, entre otros.[26]<\/a> La ley aspira que, a base de la pericia de los miembros del Comit\u00e9 de Expertos y Asesores sobre Cambio Clim\u00e1tico (en adelante, \u201cCEACC\u201d) adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (en adelante, \u201cDRNA\u201d), se establezcan recomendaciones de acciones correctivas y preventivas concretas para mitigar y reducir las consecuencias del cambio clim\u00e1tico.[27]<\/a> De igual modo, la ley establece objetivos espec\u00edficos dirigidos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, desincentivar el uso de combustibles f\u00f3siles y reducir la cantidad de desperdicios s\u00f3lidos.[28]<\/a><\/p>\n

Entre los deberes encomendados al CEACC, nos enfocaremos en la presentaci\u00f3n del Plan de Mitigaci\u00f3n, Adaptaci\u00f3n y Resiliencia al Cambio Clim\u00e1tico (en adelante, \u201cPlan\u201d), el cual debe ser sometido a la Comisi\u00f3n Conjunta sobre Mitigaci\u00f3n, Adaptaci\u00f3n y Resiliencia al Cambio Clim\u00e1tico de la Asamblea Legislativa (en adelante, \u201cComisi\u00f3n\u201d), creada en virtud de la misma ley.[29]<\/sup><\/a> Luego de que el Plan sea sometido a la Comisi\u00f3n, la ley promueve la colaboraci\u00f3n con distintos sectores \u2014tanto p\u00fablicos como privados\u2014 para alcanzar las m\u00e9tricas establecidas en la ley.[30]<\/sup><\/a><\/p>\n

Seg\u00fan la Ley N\u00fam. 33-2019, los objetivos establecidos en la ley deben estar encaminados a \u201creducir la vulnerabilidad, las emisiones de gases de efecto de invernadero, el desperdicio alimentario y el consumo de recursos\u201d.[31]<\/sup><\/a> As\u00ed mismo, la ley pretende exponer gu\u00edas que deben regir los esfuerzos de adaptaci\u00f3n en diferentes sectores.[32]<\/sup><\/a> El t\u00e9rmino adaptaci\u00f3n es definido por la ley como: \u201cla capacidad de ajuste de los sistemas naturales o humanos<\/em> al cambio clim\u00e1tico, o a sus efectos, que pueden moderar el da\u00f1o, o aprovechar aspectos beneficiosos\u201d.[33]<\/sup><\/a> A modo de ejemplo, veamos las gu\u00edas establecidas para las categor\u00edas de las zonas costeras y la industria de turismo. El Art\u00edculo 9 de la Ley N\u00fam. 33-2019, sobre los sistemas marinos y la zona costanera,\u00a0 establece que se debe atender con premura la preocupaci\u00f3n por la erosi\u00f3n costanera mediante la implementaci\u00f3n de estrategias dirigidas a reducir la vulnerabilidad de nuestra Isla a manifestaciones del cambio clim\u00e1tico, como las marejadas, inundaciones y el aumento en el nivel del mar.[34]<\/sup><\/a> De igual modo, el estatuto propone que, mediante un esfuerzo en uni\u00f3n con la Junta de Planificaci\u00f3n, se debe \u201cimplementar planificaci\u00f3n costera que se ocupe de la subida del mar, y dirigir el nuevo desarrollo a distancia de las costas\u201d.[35]<\/sup><\/a> Con relaci\u00f3n al turismo, la ley incita a \u201c[d]esarrollar un modelo tur\u00edstico que eval\u00fae las nuevas situaciones, tanto las oportunidades como las amenazas, derivadas de los impactos del cambio clim\u00e1tico\u201d.[36]<\/sup><\/a><\/p>\n

De lo antes expuesto, podemos ver la clara intenci\u00f3n de encaminar las acciones del Gobierno hacia un plan de acci\u00f3n enfocado en la conservaci\u00f3n de los recursos naturales y la protecci\u00f3n del medioambiente. Ahora bien, es importante destacar que esta ley dispon\u00eda del t\u00e9rmino de un a\u00f1o a partir de su vigencia, para la presentaci\u00f3n del Plan.[37]<\/sup><\/a> A pesar de que la ley se aprob\u00f3 en el a\u00f1o 2019, seg\u00fan el Plan de Trabajo 2022-2023 publicado por el CEACC, el primer borrador est\u00e1 agendado para ser publicado en febrero del 2023.[38]<\/sup><\/a> Al momento, no contamos con un borrador oficial del Plan, a pesar de haberse ratificado la ley que lo encomienda hace tres a\u00f1os. A ra\u00edz del plan de trabajo del CEACC, podemos deducir que actualmente se encuentran en la fase de preparaci\u00f3n de un borrador.[39]<\/sup><\/a> De igual modo, est\u00e1 disponible un documento titulado Informe del Oficial Examinador donde se presenta el bosquejo del borrador para el Plan.[40]<\/sup><\/a><\/p>\n

Dicho informe recoge el insumo y los comentarios recibidos durante la vista p\u00fablica con relaci\u00f3n al bosquejo del Plan, llevada a cabo el 28 de marzo de 2022.[41]<\/sup><\/a> En el informe se expresa que el borrador del bosquejo del Plan es un documento sujeto a modificaciones a base de los comentarios recibidos por diversos sectores que participan de vistas p\u00fablicas.[42]<\/sup><\/a> Algunos de los comentarios recopilados en el informe van dirigidos a cuestionar la metodolog\u00eda que ha de utilizar el CEACC para la elaboraci\u00f3n de su Plan, los mecanismos para garantizar participaci\u00f3n ciudadana y el reclamo del car\u00e1cter sumario del bosquejo. A la luz de lo anterior, los deponentes entienden que resulta dif\u00edcil determinar si el bosquejo cumple con lo esbozado en la Ley N\u00fam. 33-2019.[43]<\/sup><\/a> En cuanto a la zona costanera, el turismo y el medio de fiscalizaci\u00f3n para garantizar la implementaci\u00f3n de la pol\u00edtica p\u00fablica ambiental, se entiende que el borrador del bosquejo del Plan es insuficiente. El borrador del bosquejo propone diez cap\u00edtulos y cuatro secciones de anejos donde se pretende recopilar el procedimiento para la elaboraci\u00f3n del Plan. Sin embargo, carece de secciones que vayan dirigidas a cumplir con algunas instrucciones puntuales de la ley. Por ejemplo, entre los diez cap\u00edtulos, ninguno atiende exclusivamente la creaci\u00f3n de medidas para incentivar la adaptaci\u00f3n hacia el cambio clim\u00e1tico, o penalizar aquellas actividades que nos vulneran ante los efectos de la crisis clim\u00e1tica como se establece en los objetivos generales de incentivaci\u00f3n del Art\u00edculo 12 de la Ley N\u00fam. 33-2019.[44]<\/sup><\/a> De igual modo, luego de enumerar los escenarios de intervenci\u00f3n, sin proveer informaci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de mencionarlos, solo dedica un cap\u00edtulo al an\u00e1lisis de costo-beneficio de los escenarios de intervenci\u00f3n.[45]<\/sup><\/a> A la fiscalizaci\u00f3n de la implementaci\u00f3n del Plan, solo se le dedica un inciso. A nuestro juicio, el \u00e1rea de fiscalizaci\u00f3n es una de las m\u00e1s importantes para regular el tipo de conducta que propicia o nos vulnera ante los efectos del cambio clim\u00e1tico. Varias organizaciones, a trav\u00e9s de sus ponencias, levantaron bandera sobre la ausencia de mecanismos de fiscalizaci\u00f3n y la falta de claridad en cuanto al an\u00e1lisis de costo-beneficio.[46]<\/sup><\/a> Este tipo de se\u00f1alamientos demuestra cu\u00e1n importante es la participaci\u00f3n ciudadana en los procesos concernientes a la implementaci\u00f3n de la pol\u00edtica p\u00fablica, sin importar que se encuentren en etapas preliminares.<\/p>\n

Luego de exponer las piezas legislativas dise\u00f1adas para desarrollar nuestra pol\u00edtica p\u00fablica ambiental, evaluemos su cumplimiento. Haremos \u00e9nfasis en la Ley N\u00fam. 33-2019.<\/p>\n

III. Cumplimiento con legislaci\u00f3n ambiental<\/strong><\/p>\n

Como mencionamos anteriormente, el CEACC dispon\u00eda originalmente de un plazo de un a\u00f1o, desde la aprobaci\u00f3n de la Ley N\u00fam. 33-2019, para la presentaci\u00f3n del Plan. No obstante, desde su aprobaci\u00f3n, la Ley N\u00fam. 33-2019 ha sufrido enmiendas que han servido para prorrogar la fecha de entrega del mencionado Plan.[47]<\/sup><\/a> La fecha original pautada para la presentaci\u00f3n del Plan era el 1 de julio de 2020, pero la enmienda, por conducto de la Ley N\u00fam. 147-2020, estableci\u00f3 una pr\u00f3rroga para la presentaci\u00f3n del Plan a la Comisi\u00f3n para el 31 de octubre del 2021.[48]<\/a> Actualmente, el CEACC se encuentra en las fases iniciales de la preparaci\u00f3n de un borrador, seg\u00fan el plan de trabajo publicado.[49]<\/sup><\/a><\/p>\n

Debido a que el comit\u00e9 incumpli\u00f3 con lo dispuesto en la Ley N\u00fam. 33-2019 y sus enmiendas con relaci\u00f3n a la elaboraci\u00f3n del Plan, la corporaci\u00f3n sin fines de lucro El Puente de Williamsburg, Inc. (en adelante, \u201cEl Puente\u201d), mediante el programa Enlace Latino de Acci\u00f3n Clim\u00e1tica, intent\u00f3 entablar conversaciones con el CEACC y el DRNA para solicitar que cumplieran con la ley.[50]<\/sup><\/a> Estos infruct\u00edferos intentos son recopilados en la Petici\u00f3n<\/em> de <\/em>M<\/em>andamus<\/em> presentada el 10 de mayo de 2022 ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, mediante la representaci\u00f3n legal de la licenciada Ninoshka G. Picart P\u00e9rez, abogada dedicada al cambio clim\u00e1tico y quien forma parte del UPR Resiliency Law Center<\/em>.[51]<\/sup><\/a><\/p>\n

En la \u00faltima secci\u00f3n de este escrito, discutiremos una entrevista con la licenciada Ninoshka G. Picart P\u00e9rez sobre el mandamus<\/em>, y las posibles razones para el incumplimiento con la ley.[52]<\/sup><\/a> Sin embargo, antes de abordar sobre este recurso en particular, demos una mirada hacia la intervenci\u00f3n judicial al momento de hacer cumplir disposiciones de ley dise\u00f1adas a cumplir con la pol\u00edtica p\u00fablica ambiental.<\/p>\n

\u00a0 \u00a0A. Revisi\u00f3n judicial con relaci\u00f3n a legislaci\u00f3n ambiental<\/em><\/p>\n

La Corte Suprema de los Estados Unidos, con una votaci\u00f3n de 6-3, emiti\u00f3 una opini\u00f3n el pasado 30 de junio de 2022 en el caso West Virginia v. E.P.A<\/em>.[53]<\/sup><\/a> En este caso se encontraba en controversia la autoridad de la Agencia de Protecci\u00f3n Ambiental de los Estados Unidos (\u201cE.P.A.\u201d por sus siglas en ingl\u00e9s), para establecer l\u00edmites sobre la emisi\u00f3n de gases de efecto invernadero en los centros de generaci\u00f3n existentes, mediante disposiciones del Clean Air Act<\/em>.[54]<\/sup><\/a> En la decisi\u00f3n no se cuestiona el rol o las funciones de la E.P.A. en establecer los par\u00e1metros recomendados para reducir la emisi\u00f3n de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvi\u00f3 que debido al major questions doctrine,<\/em> la agencia carec\u00eda de autoridad para establecer un m\u00e1ximo en cuanto a las emisiones de las plantas de generaci\u00f3n existentes.[55]<\/sup><\/a> Seg\u00fan el Congressional Research Service<\/em>, la doctrina es utilizada por el m\u00e1s alto foro federal para evaluar la autoridad regulatoria de las agencias cuando se considera que sus acciones tienen un impacto econ\u00f3mico y pol\u00edtico significativo y cuando el Congreso no les ha delegado expl\u00edcitamente la materia.[56]<\/sup><\/a> La Corte Suprema estadounidense sostuvo lo siguiente:<\/p>\n

Limitar las emisiones de di\u00f3xido de carbono a un nivel que obligue una transici\u00f3n nacional de dejar de usar carb\u00f3n para generar electricidad puede ser una soluci\u00f3n sensata . . . [p]ero no es plausible que el Congreso autorizara a la [E.P.A.] para adoptar su propio esquema regulatoria bajo la Secci\u00f3n 111(d) del Clean Air Act<\/em>. Una decisi\u00f3n de tal magnitud y consecuencias recae en el propio Congreso, o en una agencia que act\u00fae conforme con una clara delegaci\u00f3n de ese cuerpo representativo.[57]<\/sup><\/a><\/p>\n

Dado que la Corte Suprema federal determin\u00f3 que la E.P.A. no ten\u00eda una delegaci\u00f3n expresa del Congreso, hubo una implementaci\u00f3n de la doctrina del major question<\/em>s<\/em> para coartar el poder regulatorio de la agencia federal.[58]<\/sup><\/a> De igual modo, se determin\u00f3 que la E.P.A. no estaba facultada para entablar un proceso de generation shifting,<\/em> para intercambiar las fuentes utilizadas por las plantas de generaci\u00f3n por fuentes consideradas m\u00e1s limpias.[59]<\/sup><\/a> Bajo la secci\u00f3n 111(d) del Clean Air Act<\/em>, la E.P.A. puede establecer las emisiones de carbono recomendadas para intentar crear una tendencia en la reducci\u00f3n de emisiones de carbono e incentivar el uso de fuentes de generaci\u00f3n m\u00e1s limpias. A esta tendencia se le conoce como generation shifting<\/em>.<\/em>[60]<\/sup><\/a> Podemos inferir que incentivar fuentes m\u00e1s limpias se refiere a aquellas que emiten menos di\u00f3xido de carbono.[61]<\/a> Por ejemplo, desincentivar paulatinamente el uso de la quema de petr\u00f3leo y fomentar el uso de fuentes de generaci\u00f3n de energ\u00eda solar o e\u00f3lica.<\/p>\n

Con lo anterior, se frenaron los esfuerzos de encaminar la generaci\u00f3n de energ\u00eda en los Estados Unidos a una m\u00e1s limpia, y establecer un tope a las emisiones de gases de efecto de invernadero.[62]<\/sup><\/a> Es importante resaltar que en la opini\u00f3n no se niega la importancia de estas medidas regulatorias, sino que se entiende que quienes est\u00e1n mejor facultados para trabajar sobre la materia son los cuerpos legislativos.[63]<\/sup><\/a> Esto es c\u00f3nsono con previas decisiones de la Corte Suprema donde se inclinan a reducir la autoridad de los entes federales y a aumentar la autonom\u00eda de los estados en cuanto a una diversidad de temas.<\/p>\n

Al inicio del escrito se esbozaron aquellas leyes dirigidas al desarrollo de la pol\u00edtica p\u00fablica ambiental, la conservaci\u00f3n de recursos naturales y el cambio clim\u00e1tico. Argumentamos que, en esta materia, Puerto Rico se distingue de la jurisdicci\u00f3n federal, debido a que su legislaci\u00f3n es clara en cuanto a la delegaci\u00f3n expresa de deberes para hacer cumplir la pol\u00edtica p\u00fablica ambiental.<\/p>\n

Con el fin de reenfocar la discusi\u00f3n al contexto local, en el caso de Misi\u00f3n Industrial v. Junta de Calidad Ambiental<\/em>, el m\u00e1s alto foro judicial de Puerto Rico expres\u00f3 la importancia de que cualquier determinaci\u00f3n proveniente de un ente del Estado, con relaci\u00f3n al uso de los recursos naturales, cumpla con el doble mandato de la Secci\u00f3n 19 del Art\u00edculo VI de la Constituci\u00f3n puertorrique\u00f1a.[64]<\/sup><\/a> Es decir, deben actuar respondiendo a una pol\u00edtica p\u00fablica de conservaci\u00f3n de recursos naturales y el mejor provecho de estos recursos para el bienestar general, enti\u00e9ndase mediante un desarrollo sostenible.<\/p>\n

Es reiterado a lo largo de la jurisprudencia que las determinaciones de los foros administrativos ser\u00e1n tratadas con deferencia.[65]<\/sup><\/a> De igual modo, en Municipio<\/em> de San Juan v. Junta de Calidad Ambiental<\/em>, la opini\u00f3n mayoritaria menciona algunos de los requisitos para la revisi\u00f3n judicial de determinaciones administrativas.[66]<\/sup><\/a> Como por ejemplo, que la determinaci\u00f3n de la agencia sea una fundamentada, es decir que contenga determinaciones de hechos y de derecho, para as\u00ed poner al tribunal en posici\u00f3n para poder revisar la determinaci\u00f3n adecuadamente.[67]<\/a> Sin embargo, en Municipio de San Juan v. Junta de Calidad Ambiental<\/em>, el Tribunal Supremo se inclina a la revisi\u00f3n de las determinaciones administrativas cuando se entiende que las agencias han incumplido con responsabilidades delegadas por mandato de ley o incumplimiento con principios de pol\u00edtica p\u00fablica.[68]<\/sup><\/a><\/p>\n

IV. Mandamus<\/em> como recurso para el cumplimiento de legislaci\u00f3n ambiental<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan expuesto en la jurisdicci\u00f3n puertorrique\u00f1a, la revisi\u00f3n judicial es un mecanismo apto para velar por la implementaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n ambiental. El mandamus<\/em> es un recurso extraordinario y altamente discrecional, que, de ser expedido por el tribunal, ordena a una parte a que cumpla con un deber ministerial impuesto por ley.[69]<\/a> Seg\u00fan Eugene F. Hestres V\u00e9lez, para que un tribunal conceda un mandamus,<\/em> \u201cel acto que se intente compeler debe surgir de la ley como un deber ministerial . . . por lo que la ley debe prescribir y definir dicho acto con tal precisi\u00f3n y certeza que nada deje al ejercicio de oficio o criterio\u201d.[70]<\/a> El \u00e1mbito del derecho ambiental no es extra\u00f1o a este recurso, debido a que en la Ley sobre pol\u00edtica p\u00fablica ambiental<\/em>, adem\u00e1s de conceder una acci\u00f3n en da\u00f1os y perjuicios por da\u00f1os ocasionados por violaci\u00f3n a la ley, se reconoce el mandamus<\/em> como un remedio mediante el cual un ciudadano afectado por la falta de implementaci\u00f3n del estatuto puede recurrir al Poder Judicial para hacer cumplir las actuaciones dispuestas en esa ley.[71]<\/a><\/p>\n

Partiendo de la premisa de que el mandamus<\/em> es un remedio apropiado para hacer valer la implementaci\u00f3n de legislaci\u00f3n ambiental, nos encontramos en mejor posici\u00f3n para rese\u00f1ar el recurso presentado por el UPR Resiliency Law Center<\/em> en representaci\u00f3n de El Puente. La licencidada Picart P\u00e9rez y el director de El Puente, Federico Cintr\u00f3n Moscoso, sostienen que mediante la presentaci\u00f3n de este recurso, buscaban que el Gobierno cumpliera con su responsabilidad de atender los efectos de la crisis clim\u00e1tica.[72]<\/a> De igual modo, Federico Cintr\u00f3n Moscoso condena el desmantelamiento de las agencias ambientales, la desregulaci\u00f3n y corrupci\u00f3n en los procesos de otorgaci\u00f3n de permisos y la falta de planificaci\u00f3n con miras a una adaptaci\u00f3n hacia el cambio clim\u00e1tico.[73]<\/a> Se puede apreciar que el reclamo hacia el Gobierno y las agencias correspondientes va m\u00e1s all\u00e1 de la creaci\u00f3n del Plan. Tambi\u00e9n se exigi\u00f3 que, m\u00e1s all\u00e1 de presentar el Plan, que el DRNA cumpliera con su deber de publicar el inventario anual de gases de efecto de invernadero.[74]<\/a><\/p>\n

En conversaci\u00f3n con la licenciada Picart P\u00e9rez, la misma sostiene que las disposiciones de la Ley N\u00fam. 33-2019 no est\u00e1n siendo puestas en vigor mayormente por falta de conocimiento sobre los efectos del cambio clim\u00e1tico en Puerto Rico y por falta de voluntad pol\u00edtica.[75]<\/a> A su juicio, entiende que los l\u00edderes del pa\u00eds no comprenden como la Isla se est\u00e1 viendo afectada, y por tal raz\u00f3n, las consecuencias de la crisis clim\u00e1tica no est\u00e1n siendo atendidas con premura.[76]<\/a> De igual modo, la licenciada destaca que los efectos del cambio clim\u00e1tico se est\u00e1n viendo reflejados en las comunidades marginalizadas y los sectores m\u00e1s vulnerables.[77]<\/a> La licenciada nos coment\u00f3 que \u201cmuchas veces no tenemos un problema de ley, tenemos muchas leyes que nos protegen, pero el problema es que no se ponen en acci\u00f3n, por falta de inter\u00e9s o falta de conocimiento\u201d.[78]<\/a> Tambi\u00e9n, nos coment\u00f3 que, adem\u00e1s de\u00a0 los espacios judiciales, la participaci\u00f3n ciudadana es otro escenario para hacer valer la pol\u00edtica p\u00fablica ambiental.[79]<\/a><\/p>\n

Con relaci\u00f3n a la participaci\u00f3n ciudadana, la licenciada sostiene que \u201cm\u00e1s all\u00e1 de ser un problema de derecho ambiental es un asunto de derechos humanos\u201d.[80]<\/a> Alude a la importancia de contar con la participaci\u00f3n de las comunidades, ya que son estas las que mayormente se ven afectadas por los cambios ambientales. Cuando le preguntamos cu\u00e1les entiende que son los medios m\u00e1s efectivos para garantizar la participaci\u00f3n ciudadana, la licenciada reconoci\u00f3 que es la organizaci\u00f3n de las comunidades. A\u00f1adi\u00f3 que \u201cel Gobierno usualmente piensa que ellos son los que tienen que hacerlo todo y no quieren abrir las puertas a que las comunidades, organizaciones y otras entidades colaboren, hacen que no se pongan en vigor muchas leyes que tenemos\u201d.[81]<\/a> En s\u00edntesis, la licenciada Picart P\u00e9rez sostiene que la falta de participaci\u00f3n ciudadana en los procesos juega un rol para que ciertas legislaciones no sean puestas en vigor o no se pongan en vigor eventualmente.[82]<\/a> La Ley N\u00fam. 33-2019, al igual que otras leyes como la Ley de procedimiento administrativo uniforme del Gobierno de Puerto Rico <\/em>(en adelante, \u201cLPAU\u201d), reconoce que el insumo de la ciudadan\u00eda es imperativo a la hora de guiar las acciones del Gobierno.[83]<\/a> Seg\u00fan Alice J. P\u00e9rez Vera y Blanca Ortiz Torres, \u201c[l]a participaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda genera compromiso, redes de apoyo y responsabilidad para la implantaci\u00f3n y continuidad de cualquier proyecto, pol\u00edtica p\u00fablica o tarea definida\u201d.[84]<\/a> En suma, la participaci\u00f3n ciudadana es de vital importancia tanto en el desarrollo de pol\u00edtica p\u00fablica como en su implementaci\u00f3n.[85]<\/a><\/p>\n

De igual modo, en la entrevista surgi\u00f3 que el pa\u00eds se encuentra en un proceso de reconstrucci\u00f3n, y es de vital importancia que la misma sea con miras a adaptar la isla a las consecuencias del cambio clim\u00e1tico.[86]<\/a> Se dialog\u00f3 sobre una asignaci\u00f3n de fondos hist\u00f3rica para la recuperaci\u00f3n de la isla, pero nos aclar\u00f3 que la incorporaci\u00f3n de las voces de la ciudadan\u00eda en los procesos, al igual que adelantar una campa\u00f1a educativa enfocada en el cambio clim\u00e1tico, no requieren desembolsos presupuestarios mayores y es necesaria para lograr una recuperaci\u00f3n adecuada.[87]<\/a><\/p>\n

En cuanto al recurso que nos ata\u00f1e, el mismo fue presentado el 17 de mayo de 2022, y seg\u00fan nos comparte la licenciada Picart P\u00e9rez, el juez del Tribunal Superior orden\u00f3 a las partes a entrar en conversaciones.[88]<\/a> Luego de que ambas partes tuvieron la oportunidad de ser o\u00eddas, el 8 de julio de 2022 se llev\u00f3 a cabo una vista de mandamus<\/em> que cont\u00f3 con la comparecencia de Carl Axel Soderberg Mayoral como testigo anunciado, Alexandra P\u00e9rez como coordinadora del CEACC, Dr. Rafael M\u00e9ndez Tejeda y la Dra. Maritza Barreto como miembros del CEACC .[89]<\/a> La licenciada nos comparti\u00f3 que en estos momentos se encuentran en una etapa de negociaci\u00f3n.\u00a0 De no llegar a un acuerdo, le corresponde al juez determinar si expide el mandamus<\/em>. De ser este el caso, la licenciada Picart P\u00e9rez es enf\u00e1tica en que:<\/p>\n

La ley es clara, en que le da un mandato al Gobierno, al comit\u00e9 y al DRNA de crear el plan y presentarlo ante la legislatura. Tambi\u00e9n de hacer el inventario de gases de efecto invernadero anual. As\u00ed que no hay duda de que tienen un deber ministerial de cumplir con ello y al ser clara la ley y ellos estar en claro incumplimiento porque se supone que hayan cumplido con las disposiciones de la ley hace m\u00e1s de dos a\u00f1os. No debe de caber duda de que el juez debe emitir el mandamus<\/em>.[90]<\/a><\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

La conservaci\u00f3n de nuestros recursos naturales y el cambio clim\u00e1tico no son una materia novel para nuestro ordenamiento. Como pudimos apreciar en este escrito, Puerto Rico cuenta con una extensa pol\u00edtica p\u00fablica ambiental y con los mecanismos necesarios para hacerla valer.\u00a0 Sin embargo, la falta de cumplimiento con la Ley N\u00fam. 33-2019 ejemplifica como, de cara al cambio clim\u00e1tico, la intervenci\u00f3n gubernamental no cumple con la misma. En Puerto Rico no somos extra\u00f1os a las consecuencias de la crisis clim\u00e1tica, pues lo experimentamos desde la erosi\u00f3n costanera hasta en los eventos atmosf\u00e9ricos cada vez m\u00e1s catastr\u00f3ficos. Como se\u00f1alamos anteriormente, el cambio clim\u00e1tico debe servir como catal\u00edtico para fomentar un cumplimiento m\u00e1s estricto con la legislaci\u00f3n ambiental disponible. Este cumplimiento debe estar acompa\u00f1ado de una participaci\u00f3n ciudadana genuina y adaptado a la realidad clim\u00e1tica. De igual modo, hacemos eco de lo expresado por la licenciada Picart P\u00e9rez en cuanto al proceso de reconstrucci\u00f3n, que debe ir encaminada a un desarrollo sostenible, resiliente y que atempere las consecuencias tra\u00eddas por el cambio clim\u00e1tico. Para ello se requiere esfuerzo en todos los frentes. Por ello vemos como los asuntos ambientales son materia que abarca las tres ramas de Gobierno y requiere compromiso de los l\u00edderes de nuestro pa\u00eds, independientemente del foro donde se encuentre.<\/p>\n

El mandamus<\/em> presentado por el UPR Resiliency Law Center<\/em> es un perfecto ejemplo de c\u00f3mo la crisis del cambio clim\u00e1tico es algo que permea nuestro ordenamiento jur\u00eddico en sus distintos escenarios. Esbozado el marco jur\u00eddico dise\u00f1ado para hacer cumplir el importante mandato de conservaci\u00f3n de los recursos naturales para las futuras generaciones, solo queda cuestionarnos a qu\u00e9 foro se le debe exigir acci\u00f3n para adelantar esta causa: si es a la Legislatura, a la Judicatura o a las agencias administrativas. En \u00faltima instancia nos queda reflexionar sobre si hacer cumplir nuestra pol\u00edtica p\u00fablica ambiental es una tarea exclusiva de las ramas del gobierno o, \u00bfpasar\u00e1 a manos de la ciudadan\u00eda mediante la organizaci\u00f3n comunitaria y la participaci\u00f3n ciudadana?<\/p>\n

<\/a>* La autora es Redactora Digital de In Rev<\/em> y es estudiante de segundo a\u00f1o de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.<\/p>\n

[1] CONST. PR art. VI, \u00a7 19.<\/p>\n

[2]<\/a> Col\u00f3n Cort\u00e9s v. Pesquera, 150 DPR 724, 766 (2000).<\/p>\n

[3]<\/a> FINANCIAL OVERSIGHT AND MANAGEMENT BOARD FOR PUERTO RICO, 2022 FISCAL PLAN FOR PUERTO RICO: RESTORING GROWTH AND PROSPERITY 114-15 (2022), https:\/\/drive.google.com\/file\/d\/1STrf0ksj1Sqc54UkABGcjyrbIZvc_JEm\/view (mediante la reforma estructural titulada Ease of Doing Business in Puerto Rico,<\/em> el ente de supervisi\u00f3n fiscal promueve un proceso acelerado de aprobaci\u00f3n de permisos como mecanismo para estimular el desarrollo econ\u00f3mico de la Isla. Esto, sin tomar en consideraci\u00f3n las consecuencias ante el cambio clim\u00e1tico y los reparos en cuanto al Reglamento Conjunto del 2020).<\/p>\n

[4]<\/a> V\u00e9ase<\/em> Conferencia de la ONU sobre el Cambio Clim\u00e1tico (COP27), https:\/\/unfccc.int\/es\/cop27 (este a\u00f1o en Egipto se llevar\u00e1 a cabo la 27\u00aa Conferencia de las partes de la Convenci\u00f3n Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio clim\u00e1tico dicha conferencia est\u00e1 pautada para noviembre de 2022. Esta conferencia tiene como misi\u00f3n dar continuidad a las materias discutidas la Rio 1992 y Glasgow 2021) (\u00faltima visita 25 de octubre de 2022).<\/p>\n

[5]<\/a> V\u00e9ase<\/em> Ley sobre pol\u00edtica p\u00fablica ambiental, Ley N\u00fam. 416-2004, seg\u00fan enmendada, 12 LPRA \u00a7 8001 nota (2022); Ley sobre pol\u00edtica p\u00fablica de desarrollo sostenible, Ley N\u00fam. 267-2004, seg\u00fan enmendada, 23 LPRA \u00a7 501 (2015); Ley de pol\u00edtica p\u00fablica para el desarrollo sostenible del turismo en Puerto Rico, Ley N\u00fam. 254-2006, seg\u00fan enmendada, 23 LPRA \u00a7 6313 (2020); Ley de mitigaci\u00f3n, adaptaci\u00f3n y resiliencia al cambio clim\u00e1tico de Puerto Rico, Ley N\u00fam. 33-2019, 12 LPRA \u00a7 8011 (2022).<\/p>\n

[6]<\/a> 12 LPRA \u00a7\u00a7 8001-8007f.<\/p>\n

[7]<\/strong><\/em><\/a> Id. <\/em>\u00a7 8001.<\/em><\/p>\n

[8]<\/a> Col\u00f3n Cort\u00e9s v. Pesquera, 150 DPR 724, 766 (2000).<\/p>\n

[9]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[10]<\/a> V\u00edctor Rodr\u00edguez Vel\u00e1zquez, Puerto Rico vive una acelerada aprobaci\u00f3n de permisos de construcci\u00f3n en la costa durante el primer a\u00f1o de Pierluisi<\/em>, CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO (31 de enero 2022), https:\/\/periodismoinvestigativo.com\/2022\/01\/acelerada-construccion-costas-pedro-pierluisi\/.<\/p>\n

[11]<\/a> Paola H. Santos Falc\u00f3n, Exigen a la Legislatura atender con urgencia la crisis clim\u00e1tica,<\/em> EL NUEVO D\u00cdA (18 de marzo de 2021), https:\/\/www.elnuevodia.com\/noticias\/locales\/notas\/exigen-a-la-legislatura-atender-con-urgencia-la-crisis-climatica\/.<\/p>\n

[12]<\/a> CONST. PR art. VI, \u00a7 19.<\/p>\n

[13]<\/a> El t\u00e9rmino desarrollo sostenible nace de la Comisi\u00f3n Brundtland mediante el informe titulado Nuestro Futuro Com\u00fan<\/em> (1987). Seg\u00fan las Naciones Unidas, el concepto \u201c[p]ermite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro de satisfacer sus propias necesidades, y buscaba atender tanto las demandas por una agenda de protecci\u00f3n del medio ambiente como las de asegurar el desarrollo de los pa\u00edses con menor nivel de desarrollo\u201d. V\u00e9ase, Acerca de Desarrollo Sostenible<\/em>, COMISI\u00d3N ECON\u00d3MICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE https:\/\/www.cepal.org\/es\/temas\/desarrollo-sostenible\/acerca-desarrollo-sostenible (\u00faltima visita 26 de octubre de 2022).<\/p>\n

[14]<\/a> Ley sobre pol\u00edtica p\u00fablica de desarrollo sostenible, Ley N\u00fam. 267-2004, 23 LPRA \u00a7 501 (2015).<\/p>\n

[15]<\/a> Exposici\u00f3n de motivos, Ley sobre pol\u00edtica p\u00fablica de desarrollo sostenible, Ley N\u00fam. 267-2004, 2004 LPR, 2033.<\/p>\n

[16]<\/a> 23 LPRA \u00a7 501.<\/p>\n

[17]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[18]<\/a> Id<\/em>. \u00a7 504.<\/p>\n

[19]<\/a> 23 LPRA \u00a7 6313.<\/p>\n

[20]<\/a> Id<\/em>. \u00a7 6318 (q).<\/p>\n

[21]<\/a> Exposici\u00f3n de Motivos, Ley de pol\u00edtica p\u00fablica para el desarrollo sostenible del turismo en Puerto Rico, Ley N\u00fam. 254-2006, 2006 LPR 1322-25.<\/p>\n

[22]<\/a> Gretchen Fournier, Puerto Rico y su vulnerabilidad ante el cambio clim\u00e1tico,<\/em> SIERRA CLUB (15 de octubre de 2021), https:\/\/www.sierraclub.org\/ecocentro\/blog\/2021\/10\/puerto-rico-y-su-vulnerabilidad-ante-el-cambio-clim-tico-puerto-rico-and-its.<\/p>\n

[23]<\/a> Rosana Grafals Soto, Dunas y procesos costeros en una isla tropical caribe\u00f1a amenazada por erosi\u00f3n<\/em>, actividades humanas y aumento del nivel del mar<\/em>, 46 CARIBBEAN STUDIES 57, 59-61 (2018).<\/p>\n

[24]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[25]<\/a> Ley de mitigaci\u00f3n, adaptaci\u00f3n y resiliencia al cambio clim\u00e1tico de Puerto Rico, Ley N\u00fam. 33-2019, 12 LPRA \u00a7 8011 (2022).<\/p>\n

[26]<\/a> Id<\/em>. \u00a7 8012a.<\/p>\n

[27]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[28]<\/a> Id<\/em>. \u00a7 8011b.<\/p>\n

[29]<\/a> Id.<\/em> \u00a7 8014.<\/p>\n

[30]<\/a> Id<\/em>. \u00a7 8012b.<\/p>\n

[31]<\/a> Id<\/em>. <\/em>\u00a7 8012d.<\/p>\n

[32]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[33]<\/a> Id.<\/em> \u00a7 8011a (\u00e9nfasis suplido).<\/p>\n

[34]<\/a> Id. <\/em>\u00a7 8012d.<\/p>\n

[35]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

<\/a>[36] Id.<\/em><\/p>\n

[37]<\/a> Id.<\/em> \u00a7 8012c.<\/p>\n

[38]<\/a> COMIT\u00c9 DE EXPERTOS Y ASESORES SOBRE CAMBIO CLIM\u00c1TICO, PLAN DE TRABAJO 2022-2023 (2022) (\u00faltima revisi\u00f3n el 2 de agosto de 2022).<\/p>\n

[39]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[40]<\/a> JAIME F. VILLETA GARC\u00cdA, INFORME DEL OFICIAL EXAMINADOR: VISTAS P\u00daBLICAS- BORRADOR DEL BOSQUEJO DEL PLAN DE MITIGACI\u00d3N, ADAPTACI\u00d3N Y RESILIENCIA AL CAMBIO CLIM\u00c1TICO EN PUERTO RICO (2022).<\/p>\n

[41]<\/a> Id<\/em>. <\/em>en la p\u00e1g. 11.<\/p>\n

[42]<\/a> Id<\/em>.<\/em> en la p\u00e1g. 16.<\/p>\n

[43]<\/a> Id<\/em>. <\/em>en las p\u00e1gs. 17-38.<\/p>\n

[44]<\/a> Ley de mitigaci\u00f3n, adaptaci\u00f3n y resiliencia al cambio clim\u00e1tico de Puerto Rico, Ley N\u00fam. 33-2019, 12 LPRA \u00a7 8013a (2022).<\/p>\n

[45]<\/a> VILLETA GARC\u00cdA, supra <\/em>nota 40, en las p\u00e1gs. 8-10.<\/p>\n

[46]<\/a> Id. <\/em>Ap\u00e9ndice VI.<\/p>\n

[47]<\/a> 12 LPRA \u00a7\u00a7 8012a-8014.<\/p>\n

[48]<\/a> Ley para enmendar el inciso (a) y a\u00f1adir un nuevo inciso (f) al Art\u00edculo 6 y a\u00f1adir un nuevo p\u00e1rrafo al Art\u00edculo 15 de la Ley 33-2019, conocida como \u201cLey de mitigaci\u00f3n, adaptaci\u00f3n y resiliencia al cambio clim\u00e1tica de Puerto Rico\u201d, Ley N\u00fam. 147-2020, https:\/\/sutra.oslpr.org\/osl\/sutra\/anejos\/135333\/ley%20147-2020.pdf.<\/p>\n

[49]<\/a> COMIT\u00c9 DE EXPERTOS Y ASESORES SOBRE CAMBIO CLIM\u00c1TICO, supra<\/em> nota 38.<\/p>\n

[50]<\/a> Petici\u00f3n de Mandamus, El Puente de Williamsburg, Inc. v. DRNA, Civil. N\u00fam. SJ2022cv03708 (907) (TPI, San Juan, 10 de mayo de 2022).<\/p>\n

[51]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[52]<\/a> Entrevista virtual con Ninoshka Picart P\u00e9rez, Abogada del UPR Resiliency Center (15 de septiembre de 2022).<\/p>\n

[53]<\/a> West Virginia v. E.P.A., 142 S. Ct. 2587 (2022).<\/p>\n

[54]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 2599.<\/p>\n

[55]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 2610.<\/p>\n

[56]<\/a> DANIEL J. SHEFFNER, THE MAJOR QUESTIONS DOCTRINE (2022), https:\/\/crsreports.congress.gov\/product\/pdf\/IF\/IF12077.<\/p>\n

[57]<\/a> West Virginia<\/em>, 142 S. Ct. en la p\u00e1g. 2616 (traducci\u00f3n nuestra).<\/p>\n

[58]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 2610.<\/p>\n

[59]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 2614.<\/p>\n

[60]<\/a> U.S. ENV\u2019T PROT. AGENCY, THE CLEAN POWER PLAN KEY CHANGES AND IMPROVEMENTS FROM PROPOSAL TO FINAL (2017).<\/p>\n

[61]<\/a> David Driesen, The Clean Power Plan: Unpacking the Generation Shifting Issue<\/em>, CENTER FOR PROGRESSIVE REFORM (8 de septiembre de 2016), https:\/\/progressivereform.org\/cpr-blog\/the-clean-power-plan-unpacking-the-generation-shifting-issue\/.<\/p>\n

[62]<\/a> Susan Tierney et al., Climate change and the Supreme Court: West Virginia v. E.P.A.<\/em>, YOUTUBE (7 de julio de 2022), https:\/\/youtu.be\/dn2Ozzt5TTI.<\/p>\n

[63]<\/a> West Virginia v. E.P.A., 142 S. Ct. en la p\u00e1g. 2618.<\/p>\n

[64]<\/a> Misi\u00f3n Ind. PR v. JCA, 145 DPR 908, 919 (1998).<\/p>\n

[65]<\/a> V\u00e9ase<\/em> Misi\u00f3n Ind. PR<\/em>, 145 DPR en la p\u00e1g. 908; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. PR, 144 DPR 425 (1997); M&V Orthodontics v. Negdo. Seg. Empleo, 115 DPR 183 (1984) (para ver instancias en donde el Tribunal Supremo ha expresado que a las determinaciones administrativas merecen deferencia y respeto en cuanto a sus interpretaciones).<\/p>\n

[66]<\/a> Mun. de San Juan v. JCA, 149 DPR 263 (1999).<\/p>\n

[67]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[68]<\/a> Lisaura Santiago Gonz\u00e1lez, Municipio de San Juan v. Junta de Calidad Ambiental: valiosa <\/em>a<\/em>portaci\u00f3n a nuestro ordenamiento jur\u00eddico<\/em>, \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a037 REV. JUR. UIPR 501, 504 (2003).<\/p>\n

[69]<\/a> Santana B\u00e1ez v. Betancourt Ortiz, KLAN202000562, en la p\u00e1g. 4 (30 de noviembre de 2020), https:\/\/dts.poderjudicial.pr\/ta\/2020\/KLAN202000562-30112020.pdf.<\/p>\n

[70]<\/a> Eugene F. Hestres V\u00e9lez, Procedimiento civil<\/em>, 77 REV. JUR. UPR 703, 709 (2008).<\/p>\n

[71]<\/a> Ley sobre pol\u00edtica p\u00fablica ambiental, Ley N\u00fam.416-2004, 12 LPRA \u00a7 8002m (2022).<\/p>\n

[72]<\/a> Organizaci\u00f3n ambiental demanda a Recursos Naturales<\/em>, SIN COMILLAS (17 de mayo de 2022), https:\/\/sincomillas.com\/organizacion-ambiental-demanda-a-recursos-naturales\/.<\/p>\n

[73]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[74]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[75]<\/a> Picart P\u00e9rez, supra<\/em> nota 52.<\/p>\n

[76]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[77]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[78]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[79]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[80]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[81]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[82]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[83]<\/a> Ley de procedimiento administrativo uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley N\u00fam. 38-2017, 3 LPRA \u00a7 9612 (2019).<\/p>\n

[84]<\/a> Alice J. P\u00e9rez-Vera & Blanca Ortiz-Torres, Participaci\u00f3n ciudadana en la transformaci\u00f3n del manejo del agua en Puerto Rico<\/em>, 24 REVISTA PUERTORRIQUE\u00d1A DE PSICOLOG\u00cdA 1, 7 (2013).<\/p>\n

[85]<\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 10 (discutiendo ejemplos concretos de participaci\u00f3n ciudadana como el Movimiento Agua Pal Campo<\/em> y el Movimiento Agua para Todos.<\/em> Ambos movimientos se organizaron para reclamar el acceso a agua potable en distintas regiones de la Isla).<\/p>\n

[86]<\/a> Picart P\u00e9rez, supra<\/em> nota 52.<\/p>\n

[87]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[88]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[89]<\/a> Minuta de Vista de Mandamus<\/em>, El Puente de Williamsburg, Inc. v. DRNA et al., Civil N\u00fam. SJ2022CV03708 (907) (TPI, San Juan, 8 de julio de 2022).<\/p>\n

[90]<\/a> Picart P\u00e9rez, supra<\/em> nota 52.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Art\u00edculo Paola M. S\u00e1nchez Melo* Introducci\u00f3n Cuando atribuimos la dif\u00edcil tarea de establecer los roles y las funciones de los gobiernos, podemos delimitar ciertas \u00e1reas donde la intervenci\u00f3n gubernamental es crucial. Entre estas \u00e1reas identificamos la administraci\u00f3n de la justicia, los sistemas de educaci\u00f3n, los servicios de salud, las obras p\u00fablicas, entre otras. Sin embargo,<\/p>\n

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