![\"\"](\"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2022\/11\/WhatsApp-Image-2022-11-08-at-5.49.27-PM-1-298x300.jpeg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Introducci\u00f3n <\/strong><\/p>\n \u201cEn el quehacer jur\u00eddico de nuestros tiempos pocas controversias suelen suscitar problemas tan diversos y escabrosos como aquella que gira en torno del aborto y de su reglamentaci\u00f3n por la ley\u201d.[1]<\/a> As\u00ed comenz\u00f3 la opini\u00f3n mayoritaria de Pueblo v. Duarte Mendoza<\/em>,[2]<\/a> recalcando la naturaleza contenciosa que acorrala el tema del aborto. Sin importar que sea el a\u00f1o 1980 o 2022, el aborto contin\u00faa siendo uno de los temas m\u00e1s controvertidos dentro del Derecho, la esfera pol\u00edtica y la sociedad. Esto se debe a que estas conversaciones crean una yuxtaposici\u00f3n cr\u00edtica entre el derecho a la privacidad de la persona gestante y la protecci\u00f3n de una vida humana potencial.[3]<\/a><\/p>\n Durante el verano del a\u00f1o 2022, la hist\u00f3rica decisi\u00f3n de Roe v. Wade<\/em> se revoc\u00f3 por la Corte Suprema de los Estados Unidos (en adelante la \u201cCorte Suprema\u201d o el \u201cTribunal\u201d).[4]<\/a> Previo a su revocaci\u00f3n, Roe v. Wade <\/em>establec\u00eda que exist\u00eda el derecho a terminar un embarazo y que ese derecho estaba protegido constitucionalmente.[5]<\/a> Sin embargo, en dicho caso, la Corte Suprema tambi\u00e9n postul\u00f3 que exist\u00eda una limitaci\u00f3n temporal al aborto, pues solo se pod\u00eda abortar dentro de un periodo establecido por el Tribunal.[6]<\/a> Roe v. Wade<\/em> cre\u00f3 un esquema trimestral dise\u00f1ado con la viabilidad del feto y el inter\u00e9s del Estado.[7]<\/a> Lo promulgado en Roe v. Wade<\/em> se mantuvo vigente hasta la d\u00e9cada de los noventa, cuando en Planned Parenthood v. Casey<\/em> se reafirm\u00f3 la decisi\u00f3n, <\/em>pero se elimin\u00f3 el esquema trimestral.[8]<\/a> No fue hasta el 2022 que nuevamente se implement\u00f3 un cambio jurisprudencial en el derecho al aborto, mediante la decisi\u00f3n de Dobbs v. Jackson<\/em> que revoc\u00f3 a Roe v. Wade<\/em> y su progenie.[9]<\/a><\/p>\n Muchos puertorrique\u00f1os han cuestionado los posibles efectos que esta decisi\u00f3n tendr\u00e1 en el derecho al aborto en Puerto Rico.[10]<\/a> El prop\u00f3sito de este art\u00edculo es investigar el contexto hist\u00f3rico del derecho al aborto en Puerto Rico para determinar si lo promulgado en Duarte Mendoza<\/em> sigue vivo tras la revocaci\u00f3n de Roe v. Wade<\/em> y la posible implementaci\u00f3n de legislaci\u00f3n restrictiva. Esto se har\u00e1 mediante entrevistas con acad\u00e9micos de Derecho y una profunda investigaci\u00f3n jur\u00eddica del aborto en Puerto Rico. Concluir\u00e9 con una discusi\u00f3n de medidas que se pudiesen tomar y los pasos a seguir, en caso de que la norma de Pueblo v. Duarte Mendoza<\/em> se encuentre amenazada.<\/p>\n I. Contexto hist\u00f3rico del aborto en Puerto Rico<\/strong><\/p>\n \u00a0 \u00a0A. Derecho a la intimidad en los Estados Unidos <\/em><\/p>\n Aunque el enfoque de este art\u00edculo es Pueblo v.<\/em> Duarte Mendoza<\/em>, es necesario comenzar con la cronolog\u00eda hist\u00f3rica del derecho a la intimidad en los Estados Unidos, ya que es intr\u00ednseco al an\u00e1lisis jur\u00eddico del aborto.<\/p>\n La concepci\u00f3n moderna del derecho a la intimidad dentro del contexto estadounidense surge de Meyer v. Nebraska<\/em>, un caso normativo promulgado en la d\u00e9cada de los 1920.[11]<\/a> Tras un an\u00e1lisis sobre el derecho a la libertad de la Secci\u00f3n 1 de la Enmienda XIV de la Constituci\u00f3n de los Estados Unidos, este caso discuti\u00f3 la intervenci\u00f3n del Estado en la vida y las decisiones privadas de los individuos.[12]<\/a> Esta secci\u00f3n estipula que ning\u00fan estado privar\u00e1 a una persona de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso de ley.[13]<\/a> Del concepto de la libertad naci\u00f3 la figura de la intimidad.[14]<\/a> En Meyer v. Nebraska<\/em>, la Corte Suprema estableci\u00f3 lo siguiente:<\/p>\n Aunque este Tribunal no ha intentado definir con exactitud la libertad garantizada, el t\u00e9rmino ha sido objeto de mucha consideraci\u00f3n y algunos de los elementos incluidos han sido definitivamente declarados. Sin duda, denota no tan s\u00f3lo la libertad de la restricci\u00f3n corporal, sino tambi\u00e9n el derecho del individuo a contratar, a dedicarse a cualquiera de las ocupaciones cotidianas de la vida, a adquirir conocimientos \u00fatiles, a casarse, a establecer un hogar y educar a sus hijos, a alabar a Dios seg\u00fan los dictados de su propia creencia y generalmente a disfrutar esos privilegios ya reconocidos en el derecho com\u00fan como esenciales para la b\u00fasqueda ordenada de la felicidad por los hombres libres<\/em>.[15]<\/a><\/p>\n Esta norma se reafirm\u00f3 en Griswold v. Connecticut<\/em>, el cual trataba sobre los derechos sexuales y reproductivos.[16]<\/a> En este caso, los apelantes fueron acusados de violar un estatuto de Connecticut que penalizaba a cualquier persona que tomara o proveyera medicamentos anticonceptivos.[17]<\/a> Los apelantes, el director ejecutivo de Planned Parenthood en Connecticut y un m\u00e9dico, argumentaron que el estatuto era inconstitucional.[18]<\/a> La Corte Suprema federal decidi\u00f3 a favor de los apelantes, determinando que la intimidad perteneciente a una relaci\u00f3n matrimonial deb\u00eda ser protegida de la intervenci\u00f3n del Estado.[19]<\/a><\/p>\n En la opini\u00f3n mayoritaria de Griswold v. Connecticut<\/em>, el juez Douglas reafirm\u00f3 los principios de la intimidad de Meyer v. Nebraska<\/em> y los derechos perif\u00e9ricos concedidos por los conceptos de libertad, mencionados en la Constituci\u00f3n federal.[20]<\/a> Esta falta de exactitud es la raz\u00f3n por la cual se estableci\u00f3 por primera vez que el derecho a la intimidad surge de la zona de la intimidad, constituida por las Enmiendas I, III, IV, V y IX de la Constituci\u00f3n federal, tambi\u00e9n reconocidas por el juez Douglas como las penumbras<\/em>.[21]<\/a> Douglas explica que el conjunto de casos citados en su an\u00e1lisis sugieren que las \u201cdeterminadas protecciones en la Carta de Derechos tienen penumbras<\/em>, formadas por emanaciones de las mismas protecciones que les dan vida y sustancia\u201d.[22]<\/a><\/p>\n Lo resuelto en Griswold<\/em> v. Connecticut<\/em> sirvi\u00f3 de base para establecer los fundamentos legales en Roe v. Wade<\/em>.[23]<\/a> Como se explic\u00f3 en Roe v. Wade<\/em>, la Constituci\u00f3n no menciona el derecho a la intimidad expl\u00edcitamente.[24]<\/a> Por esto, se recalcaron las normas basadas en la Enmienda XIV y las penumbras establecidas en Griswold<\/em> v. Connecticut<\/em> como parte de la l\u00f3gica jur\u00eddica utilizada para determinar que existe el derecho a la intimidad de la persona gestante:<\/p>\n Este derecho a la intimidad, ya sea fundamentado en el concepto de libertad personal y las restricciones a la intervenci\u00f3n o acci\u00f3n del Estado de la Decimocuarta Enmienda, como creemos que es, o, como determin\u00f3 la Corte de Distrito, en la reserva de derechos al pueblo de la Novena Enmienda, es lo suficientemente amplio como para abarcar la decisi\u00f3n de una mujer de interrumpir o no su embarazo<\/em>.[25]<\/a><\/p>\n No obstante, Roe<\/em> v. Wade<\/em> estableci\u00f3 que el acceso al aborto no era un derecho absoluto. Por un lado, el Tribunal decidi\u00f3 que el Estado no pod\u00eda intervenir en el proceso de aborto antes de la viabilidad del feto.[26]<\/a> Por otro lado, estableci\u00f3 que, al ser viable, el Estado tendr\u00eda un inter\u00e9s apremiante en la vida potencial del feto y en la salud de la madre y, por ende, pod\u00eda prohibir el aborto de la persona gestante.[27]<\/a> Para cuantificar este inter\u00e9s, el Tribunal cre\u00f3 un esquema trimestral para determinar la viabilidad del feto.[28]<\/a> La Corte Suprema determin\u00f3 que, en el primer trimestre, la mujer gestante ten\u00eda la libertad de terminar su embarazo al consultar con su m\u00e9dico, sin la intervenci\u00f3n del Estado; durante el segundo y el tercer trimestre, el Estado pod\u00eda intervenir en esta determinaci\u00f3n y hasta prohibirla al acercarse la fecha del parto.[29]<\/a> Aunque este esquema se revoc\u00f3 en Planned Parenthood v. Casey<\/em>,[30]<\/a> Roe v. Wade <\/em>plante\u00f3 la idea de que, dentro del contexto de los derechos sexuales y reproductivos, siguen existiendo limitaciones al alcance del derecho a la intimidad.<\/p>\n \u00a0 \u00a0B. Derecho a la intimidad en Puerto Rico<\/em><\/p>\n A diferencia de la extensa historia jurisprudencial del derecho a la intimidad en los Estados Unidos, a los puertorrique\u00f1os le concedieron el mismo derecho mediante la ratificaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.[31]<\/a> La Secci\u00f3n 8 del Art\u00edculo II de la Constituci\u00f3n puertorrique\u00f1a incluye expl\u00edcitamente el derecho a la intimidad, y este fue concedido antes de la decisi\u00f3n de Griswold v. Connecticut<\/em>.[32]<\/a> Por esta raz\u00f3n, la jurisdicci\u00f3n puertorrique\u00f1a ha disfrutado de mayor protecci\u00f3n a la intimidad y privacidad que la federal. Es importante reiterar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha determinado que el derecho a la intimidad opera ex proprio vigore<\/em> y que se puede reclamar frente a terceros privados.[33]<\/a><\/p>\n Sin embargo, la base jur\u00eddica de Pueblo v.<\/em> Duarte Mendoza<\/em> no es la constitucionalidad del derecho a la intimidad de acuerdo con la Constituci\u00f3n puertorrique\u00f1a, sino seg\u00fan configurado en la jurisdicci\u00f3n federal en casos como el de Roe<\/em>, m\u00e1s lo promulgado en el C\u00f3digo Penal de Puerto Rico de 1937 y en la Ley N\u00fam. 136 de 15 de mayo de 1937.[34]<\/a><\/p>\n II. El caso emblem\u00e1tico de Pueblo v. Duarte Mendoza<\/em> (1980)<\/strong><\/p>\n \u00a0 \u00a0A. Lectura detallada de Pueblo v. Duarte <\/em>Mendoza<\/em><\/p>\n En este caso, \u00a0el Estado acus\u00f3 a un doctor de haber cometido el delito del aborto, argumentando que la joven de diecis\u00e9is a\u00f1os no pod\u00eda prestar consentimiento para terminar su embarazo sin la presencia de sus padres.[35]<\/a> Se le encontr\u00f3 culpable, y este apel\u00f3 su sentencia.[36]<\/a> El m\u00e9dico acusado arguy\u00f3 que la sentencia contravino los fundamentos y las interpretaciones constitucionales demostradas en la jurisprudencia federal, espec\u00edficamente en Roe v. Wade,<\/em>[37]<\/a> Doe v. Bolton,<\/em>[38]<\/a> y U.S. v. Vuitch,<\/em>[39]<\/strong><\/em><\/a> siendo el m\u00e1s importante Roe v. Wade<\/em>.[40]<\/a><\/p>\n En la opini\u00f3n mayoritaria, se presentan dos argumentos para revocar la sentencia del m\u00e9dico. Primero, se determin\u00f3 que el caso se deber\u00eda analizar a la luz de Roe v. Wade<\/em>, ya que es la \u201copini\u00f3n que contiene el n\u00facleo de la doctrina federal sobre el tema del aborto\u201d.[41]<\/a> En resumen, acogiendo los principios expuestos en los tres casos federales sobre: (1) el derecho a la intimidad de las personas gestantes; (2) el inter\u00e9s del Estado en proteger la salud de la mujer gestante; (3) el inter\u00e9s del Estado en proteger una vida humana potencial, y (4) la inconstitucionalidad de la prohibici\u00f3n al aborto, se pudiese inferir que el Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante, \u201cTSPR\u201d) determin\u00f3 que la decisi\u00f3n del tribunal inferior viol\u00f3 lo dispuesto en Roe v. Wade<\/em>.[42]<\/a><\/p>\n Segundo, el m\u00e1s alto foro puertorrique\u00f1o interpret\u00f3 el lenguaje del Art\u00edculo 266 del C\u00f3digo Penal de Puerto Rico de 1937, el cual penaliza el aborto.[43]<\/a> Este art\u00edculo, aplicable al momento de los hechos, dispon\u00eda que practicarle un aborto a una mujer era ilegal \u201cexcepto [en]el caso de que fuere necesario para salvar su vida . . .\u201d.[44]<\/a> Solo era permisible si involucraba el juicio cl\u00ednico del m\u00e9dico.[45]<\/a> Incluso, el caso tambi\u00e9n considera el lenguaje de la Ley N\u00fam. 136 de 15 de mayo de 1937, ya que \u201cderog\u00f3 toda ley o parte de ley que se opusiera o estuviera en conflicto con la misma\u201d,[46]<\/a> ampliando las circunstancias en las cuales se pod\u00eda terminar un embarazo. En esta misma ley se permit\u00eda el aborto para conservar la salud o vida de la mujer gestante, lo cual iba en contra del Art\u00edculo 266 del C\u00f3digo Penal de 1937, ya que era una disposici\u00f3n m\u00e1s restrictiva que no inclu\u00eda la salud de la mujer gestante como raz\u00f3n para abortar.[47]<\/a> Incluso, Pueblo v. <\/em>Duarte<\/em> Mendoza<\/em> interpreta el t\u00e9rmino salud<\/em> de manera que incluye tanto la salud f\u00edsica como la mental.[48]<\/a> Es importante mencionar esta\u00a0 interpretaci\u00f3n del t\u00e9rmino, ya que es la versi\u00f3n que prevalece en el actual C\u00f3digo Penal de Puerto Rico.[49]<\/a> Los art\u00edculos del C\u00f3digo Penal de Puerto Rico vigente se pueden ver como una codificaci\u00f3n de lo dispuesto en Pueblo v. <\/em>Duarte Mendoza<\/em>, pues permiten el aborto para salvaguardar la salud y vida de la persona gestante, aplicando el t\u00e9rmino salud de manera m\u00e1s abarcadora.<\/p>\n Para resumir, se determina que la redacci\u00f3n del Art\u00edculo 1 de la Ley N\u00fam. 136 de 15 de mayo de 1937, interpretada en conjunto con el Art. 266 del C\u00f3digo Penal de 1937, es m\u00e1s liberal que Roe v. Wade<\/em>, ya que no limita por tiempo la ventana para el procedimiento, como era el esquema trimestral. Adem\u00e1s, incluye expl\u00edcitamente una definici\u00f3n m\u00e1s amplia del concepto salud. Por esto, el TSPR determina que:<\/p>\n Nuestra legislaci\u00f3n resulta ser m\u00e1s laxa que el criterio adoptado en Roe v. Wade<\/em>, pero la adopci\u00f3n de un estatuto m\u00e1s estricto conforme las normas establecidas en [Roe<\/em>] y Bolton<\/em>, es tarea que corresponde en raz\u00f3n de su funci\u00f3n al mejor criterio de la Asamblea Legislativa.[50]<\/a><\/p>\n \u00a0 \u00a0C. Fallas de la opini\u00f3n mayoritaria <\/em><\/p>\n Teniendo en mente el an\u00e1lisis de la opini\u00f3n mayoritaria, algo que distingue Pueblo v.<\/em> Duarte<\/em> Mendoza<\/em> es la opini\u00f3n disidente y concurrente en parte del juez presidente Tr\u00edas Monge. En su extensa opini\u00f3n, el Juez Presidente critica la opini\u00f3n mayoritaria, analizando nuevamente la aplicabilidad de los casos federales y concentr\u00e1ndose en las diferencias jur\u00eddicas y socioculturales de la tradici\u00f3n hist\u00f3rica puertorrique\u00f1a en comparaci\u00f3n a la estadounidense.[51]<\/a> \u00a0Sin embargo, entre las fallas m\u00e1s significativas de la opini\u00f3n mayoritaria, el juez presidente Tr\u00edas Monge reitera que el Tribunal err\u00f3 al no acoger el derecho a la intimidad promulgado en nuestra Constituci\u00f3n:<\/p>\n La opini\u00f3n de la mayor\u00eda no discute en absoluto la validez de nuestra legislaci\u00f3n sobre el aborto al amparo de la Constituci\u00f3n de Puerto Rico. . . . Para declarar constitucionales los art\u00edculos aqu\u00ed envueltos no basta con invocar la Constituci\u00f3n de Estados Unidos. Hay que analizarlos tambi\u00e9n a la luz de la Constituci\u00f3n de Puerto Rico.[52]<\/a><\/p>\n Como explic\u00f3 el profesor de Derecho Constitucional Efr\u00e9n Rivera Ramos, es posible que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tom\u00f3 la decisi\u00f3n de no acercarse a la Constituci\u00f3n puertorrique\u00f1a, ya que el an\u00e1lisis de Roe v. Wade<\/em> le aplicaba a Pueblo v.<\/em> Duarte<\/em> Mendoza<\/em> con respecto a los criterios de permisibilidad adoptados por la Corte Suprema federal.[53]<\/a> Dado que el m\u00e9dico realiz\u00f3 el aborto en el primer trimestre del embarazo, la joven ten\u00eda la potestad de terminar su embarazo sin intervenci\u00f3n del Estado, de acuerdo con el esquema trimestral. No obstante, la realidad es que se fall\u00f3 en Pueblo v.<\/em> Duarte<\/em> Mendoza<\/em> al no respaldar los argumentos sobre el derecho a la intimidad con la Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, considerando que es m\u00e1s abarcadora que la Constituci\u00f3n federal. Adem\u00e1s, en Pueblo v.<\/em> Duarte<\/em> Mendoza<\/em> se perdi\u00f3 la oportunidad de aplicar el C\u00f3digo Penal puertorrique\u00f1o que penalizaba el aborto, pero no limitaba por tiempo este procedimiento.<\/p>\n M\u00e1s adelante, se discutir\u00e1 la importancia de atender esta laguna, teniendo en cuenta las interpretaciones judiciales de la mayor\u00eda en Pueblo v. Duarte Mendoza<\/em> y Tr\u00edas Monge. Adem\u00e1s, se discutir\u00e1 el hecho de que un argumento constitucional es m\u00e1s fortalecedor que un argumento estatutario en el contexto jur\u00eddico de Puerto Rico, ya que la Constituci\u00f3n es la ley suprema del pa\u00eds.<\/p>\n III. Pueblo v. Duarte Mendoza<\/em> (1980) v. Dobbs <\/em><\/strong>v. Jackson Women’s Health Org.<\/em><\/strong> (2022) <\/strong><\/p>\n \u00a0 \u00a0A. Revocaci\u00f3n de Roe v. Wade<\/em><\/p>\n Con el trasfondo establecido, es posible discutir las recientes controversias respecto al tema del aborto. Este pasado verano, en Dobbs v. Jackson Women\u2019s Health Organization,<\/em> el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revoc\u00f3 a Roe<\/em> v. Wade<\/em> y otros casos que lo apoyaban o a\u00f1ad\u00edan a lo promulgado.[54]<\/a> Mediante la opini\u00f3n mayoritaria, el juez Alito estableci\u00f3 que: \u201c[l]a Constituci\u00f3n no hace referencia al aborto y ning\u00fan derecho de este tipo est\u00e1 impl\u00edcitamente protegido por alguna disposici\u00f3n constitucional . . .. Es hora de hacer caso a la Constituci\u00f3n y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo\u201d.[55]<\/a><\/p>\n \u00bfC\u00f3mo impacta a Puerto Rico esta decisi\u00f3n federal? Como se mencion\u00f3 anteriormente, Roe v. Wade<\/em> es el caso federal progenitor sobre el aborto, y el que se utiliza como base para su equivalente jur\u00eddico en Puerto Rico, Pueblo v.<\/em> Duarte Mendoza<\/em>. Luego de Dobbs v. Jackson Women\u2019s Health Organization<\/em>, es necesario investigar la vigencia de Pueblo v.<\/em> Duarte<\/em> Mendoza<\/em> y el posible impacto que sufrir\u00eda el acceso al aborto en Puerto Rico.<\/p>\n \u00a0 \u00a0B. \u00bfSigue vivo Pueblo v. Duarte <\/em>Mendoza<\/em>?<\/em><\/p>\n El catedr\u00e1tico Efr\u00e9n Rivera Ramos opin\u00f3 que el derecho al aborto est\u00e1 garantizado por el lenguaje del C\u00f3digo Penal y la Constituci\u00f3n de Puerto Rico.[56]<\/a> En su primer argumento, el Profesor expres\u00f3 que \u201cest\u00e1 vigente Duarte<\/em> en cuanto a la interpretaci\u00f3n del lenguaje del C\u00f3digo Penal\u201d.[57]<\/a> Adem\u00e1s, el profesor Rivera Ramos explic\u00f3 que el lenguaje del art\u00edculo del C\u00f3digo Penal mencionado en Pueblo v. Duarte Mendoza<\/em> es similar al lenguaje de los art\u00edculos 98, 99 y 100 del C\u00f3digo Penal vigente, como se resalt\u00f3 anteriormente en el an\u00e1lisis del caso.[58]<\/a> Estos art\u00edculos penalizan el aborto salvo \u201cindicaci\u00f3n terap\u00e9utica hecha por un m\u00e9dico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, con vista a la conservaci\u00f3n de la salud o vida de la madre . . .\u201d.[59]<\/a> Los art\u00edculos del C\u00f3digo vigente repiten lo estipulado en Pueblo v. <\/em>Duarte Mendoza<\/em>: que la salud de la persona gestante y la intervenci\u00f3n m\u00e9dica sirven como factores necesarios para llevar a cabo el acto.[60]<\/a> Por ende, se pudiese interpretar que mientras Pueblo v. <\/em>Duarte Mendoza<\/em> no se revoque, esa interpretaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal prevalece.<\/p>\n En cuanto al tema constitucional, el Profesor menciona la nota al calce n\u00famero cinco de la opini\u00f3n mayoritaria de Pueblo v. Duarte Mendoza<\/em>:<\/p>\n En nuestra jurisdicci\u00f3n el concepto de intimidad del ser humano tiene ra\u00edz constitucional expresa. La Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Art. II, Sec. 8, dispone: \u2018Toda persona tiene derecho a protecci\u00f3n de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputaci\u00f3n y a su vida privada o familiar[‘.] Nuestra Ley B\u00e1sica adopta en esa expresi\u00f3n una apreciaci\u00f3n humana fundamental de protecci\u00f3n de la dignidad del hombre, esencial para la vida misma. Ese concepto, recogido en la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos, es, sin duda, de supremo rango en la jerarqu\u00eda de valores de nuestra sociedad. . . . No obstante, en material de aborto, advertimos que la extensi\u00f3n de las protecciones que brinda nuestra Constituci\u00f3n no es mayor a la que brinda la norteamericana; por tanto, s[o]lo nos referimos a \u00e9sta.[61]<\/a><\/p>\n En la opini\u00f3n mayoritaria se fundamenta el caso utilizando las protecciones constitucionales federales promulgadas en Roe v. Wade<\/em>, derivando el derecho a la intimidad del derecho la libertad personal, as\u00ed decretado en la Enmienda V y XIV.[62]<\/a> El juez Mart\u00edn parece incluir esta nota al calce para justificar la exclusi\u00f3n del derecho a la intimidad de la Constituci\u00f3n puertorrique\u00f1a. No obstante, el Profesor argumenta que existen varias maneras de interpretar esta nota, una de ellas siendo que \u201cla Constituci\u00f3n de Puerto Rico protege al menos<\/em> lo que protege Roe<\/em>\u201d.[63]<\/a> En otras palabras, al revocarse Roe v. Wade<\/em> y descartarse las justificaciones constitucionales derivadas de las enmiendas federales, el derecho al aborto sigue protegido por la Constituci\u00f3n de Puerto Rico.<\/p>\n Otra posible interpretaci\u00f3n fue expuesta en la ponencia del profesor Hiram Mel\u00e9ndez Juarbe a la Asamblea Legislativa, donde explic\u00f3 que esta nota al calce deber\u00eda ser ignorada o considerada inconsecuente<\/em>, especialmente al considerar que un asunto tan complejo e importante no deber\u00eda ser resuelto por unas meras cinco oraciones.[64]<\/a> No obstante estas interpretaciones de la nota al calce, la realidad es que en los argumentos fundamentales de este important\u00edsimo caso normativo no se incluye la Secci\u00f3n 8 de nuestra Carta de Derechos.[65]<\/a><\/p>\n Al entender los fundamentos, y las variadas interpretaciones de Pueblo v. <\/em>Duarte Mendoza<\/em>, es evidente que el Tribunal no descansa completamente en los fundamentos de Roe v. Wade<\/em> dado que existen dos protecciones adicionales para el aborto en Puerto Rico: el C\u00f3digo Penal y la Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,[66]<\/a> aunque estas \u00faltimas no est\u00e1n expl\u00edcitamente expuestas, obviando la nota al calce. Eso significa que existe una alt\u00edsima probabilidad de que el aborto siga siendo permitido en la Isla. Por todo lo cual, entendemos que lo promulgado en Pueblo v. <\/em>Duarte Mendoza<\/em> seguir\u00e1 vivo. Ahora bien, que sea protegido no significa que no pueda ser limitado.<\/p>\n \u00a0 \u00a0C. Posibles consecuencias de Dobbs <\/em> Jackson Women\u2019s Health Organization<\/em> y los pr\u00f3ximos proyectos legislativos<\/em><\/p>\n Para resumir los argumentos interpretativos de este escrito, se puede decir lo siguiente: Pueblo v. <\/em>Duarte<\/em> Mendoza<\/em> sigue vigente por el momento, aun considerando la decisi\u00f3n en Dobbs v. Jackson Women\u2019s Health Organization<\/em>. Incluso, me parece que la l\u00f3gica que permite el derecho al aborto \u2014incluyendo lo promulgado en Pueblo v. <\/em>Duarte<\/em> Mendoza<\/em> y en el C\u00f3digo Penal\u2014 seguir\u00e1 vigente, a menos que se implementen cambios al lenguaje del C\u00f3digo Penal o a la nueva legislaci\u00f3n que busque limitar el derecho. Al final de la opini\u00f3n mayoritaria en Pueblo v. <\/em>Duarte Mendoza<\/em>, el juez asociado Mart\u00edn concluye con lo siguiente:<\/p>\n Nuestra legislaci\u00f3n resulta ser m\u00e1s laxa que el criterio adoptado en [Roe v. Wade<\/em>], pero la adopci\u00f3n de un estatuto m\u00e1s estricto . . . es tarea que corresponde en raz\u00f3n de su funci\u00f3n al mejor criterio de la Asamblea Legislativa. Mientras no se efect\u00faen cambios, el criterio en Puerto Rico continuar\u00e1 siendo m\u00e1s permisible que el expresado por el Tribunal Supremo federal.<\/em>[67]<\/a><\/p>\n Es decir, el lenguaje de Pueblo v. <\/em>Duarte<\/em> Mendoza<\/em> y del C\u00f3digo Penal de Puerto Rico es m\u00e1s liberal en cuanto al aborto, pero los legisladores tienen la potestad de limitar esa permisibilidad que distingue el derecho al aborto en Puerto Rico. Recientemente, la Asamblea Legislativa llev\u00f3 a cabo vistas p\u00fablicas para discutir cinco proyectos de ley que buscan proteger o limitar el aborto.[68]<\/a> En su ponencia dirigida al Presidente de la Comisi\u00f3n de lo Jur\u00eddico de la C\u00e1mara de Representantes, Hiram Mel\u00e9ndez Juarbe, catedr\u00e1tico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, discuti\u00f3 los cinco proyectos de ley dentro de un contexto constitucional.[69]<\/a> El Profesor comenz\u00f3 analizando el Proyecto del Senado 693, que busca limitar el aborto luego de las veintid\u00f3s semanas de embarazo y que, en su opini\u00f3n, introduce excepciones ambiguas.[70]<\/a> El Profesor entendi\u00f3 que este proyecto interfiere con la decisi\u00f3n m\u00e9dico-paciente de terminar un embarazo, yendo en contra del derecho vigente.[71]<\/a> Luego discuti\u00f3 el Proyecto de la C\u00e1mara 1084, para convertirse en la Ley del latido card\u00edaco del no nacido en Puerto Rico<\/em>.[72]<\/a> El profesor Mel\u00e9ndez Juarbe utiliza una l\u00f3gica similar para este proyecto de ley, criticando rigurosamente la temprana intervenci\u00f3n del Estado como una acci\u00f3n no justificada.[73]<\/a><\/p>\n Otra pieza legislativa presentada fue el Proyecto de la C\u00e1mara 1410, el cual trata sobre un Refer\u00e9ndum Especial sobre el aborto.[74]<\/a> Al respecto, el profesor Mel\u00e9ndez Juarbe se expresa de la siguiente manera: \u201c[l]os derechos constitucionales son limitaciones a la voluntad popular, precisamente para impedir que la fuerza del Estado se imponga sobre libertades fundamentales\u201d.[75]<\/a> Es decir, el Profesor recalca que la libertad personal debe ser protegida bajo una democracia constitucional, incluyendo de la imposici\u00f3n del Estado; es porque los asuntos constitucionales son \u201cremovidos del proceso pol\u00edtico\u201d.[76]<\/a> El Proyecto de la C\u00e1mara 715 busca establecer que se considere asesinato en primer grado aquel que se cometa en contra de una mujer embarazada y provoque incluso la muerte del feto.[77]<\/a> El Profesor argumenta que esto es innecesario, pues el Art\u00edculo 100 del C\u00f3digo Penal ya penaliza \u201cel empleo de fuerza o violencia a una mujer embarazada\u201d, y a\u00f1ade que al nasciturus<\/em>, o feto, no se le ha concedido personalidad jur\u00eddica.[78]<\/a> El profesor Mel\u00e9ndez Juarbe finaliza su ponencia con un an\u00e1lisis del Proyecto de la C\u00e1mara 1403, cuyo prop\u00f3sito es proteger los derechos reproductivos de las personas gestantes.[79]<\/a> Lo avala como la consagraci\u00f3n de un \u201cadelanto significativo para los derechos de las mujeres . . .\u201d que cumple con la Constituci\u00f3n de Puerto Rico.[80]<\/a><\/p>\n La profesora de Derecho de la Persona y la Familia Mayt\u00e9 Rivera Rodr\u00edguez, respald\u00f3 el an\u00e1lisis de Mel\u00e9ndez Juarbe con respecto a los proyectos legislativos.[81]<\/a> La Profesora reiter\u00f3 la clasificaci\u00f3n de Pueblo v. <\/em>Duarte<\/em> Mendoza<\/em> como una interpretaci\u00f3n estatutaria del C\u00f3digo Penal de sus tiempos, cuyas prohibiciones se ven similarmente reflejadas en el C\u00f3digo Penal actual.[82]<\/a> Mencion\u00f3 que no es un caso que expl\u00edcitamente analice si hay o no un derecho constitucional al aborto, sino que lo da por sentado, tomando en consideraci\u00f3n lo resuelto en Roe v. Wade<\/em>. No obstante, la Profesora enfatiza el argumento promulgado por el entonces juez presidente Tr\u00edas Monge en su opini\u00f3n disidente en parte y concurrente en parte, resaltando la importancia de evaluar el derecho al aborto bajo las disposiciones de nuestra Constituci\u00f3n, y no necesariamente bajo la jurisprudencia local o federal.[83]<\/a><\/p>\n Rivera Rodr\u00edguez recalc\u00f3 que esta no es la primera vez que se presentan m\u00faltiples proyectos de ley dirigidos a limitar el acceso al aborto en Puerto Rico y el derecho a la intimidad de las mujeres y las personas gestantes.[84]<\/a> La Profesora expres\u00f3 que es imposible enumerar las potenciales limitaciones, ya que son m\u00faltiples y exhaustivas, especialmente al considerar que en Puerto Rico existe una tendencia a imitar lo que hacen las jurisdicciones estadounidenses.[85]<\/a> No obstante, la Profesora invoca una interesant\u00edsima dicotom\u00eda que parece resumir perfectamente lo que intentan priorizar los primeros cuatro proyectos de ley: lo potencial versus lo existente. Esta idea trata sobre una vida y unos derechos potenciales<\/em>, y la posibilidad que estos prevalezcan sobre una vida y unos derechos ya existentes<\/em>. Al priorizar lo potencial, se suscita una aglomeraci\u00f3n de consecuencias, incluyendo las mencionadas por la Profesora: (1) falta de acceso a servicios m\u00e9dicos de terminaci\u00f3n de embarazo; (2) violaciones de derechos reproductivos y humanos; (3) un alza en abortos clandestinos y, por ende, muertes, y (4) un retroceso en el acceso de las mujeres a la educaci\u00f3n, fuerza laboral y otras oportunidades.[86]<\/a> La Profesora recalca que las mujeres y personas gestantes de bajos recursos econ\u00f3micos ser\u00e1n las personas m\u00e1s afectadas por este retroceso.<\/p>\n Aparte de las posibles futuras limitaciones, la Profesora incluso menciona que en Puerto Rico ya es una realidad que el acceso al aborto es limitado. Es un hecho que la cantidad de cl\u00ednicas en la Isla ha reducido sustancialmente y que la mayor\u00eda est\u00e1n concentradas en el \u00e1rea metropolitana.[87]<\/a> La Profesora menciona este hecho como una afrenta a los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes.[88]<\/a><\/p>\n Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n Comenc\u00e9 el escrito presentando la pregunta central: \u00bfsigue vivo Pueblo v.<\/em>