{"id":3760,"date":"2023-01-19T09:00:26","date_gmt":"2023-01-19T09:00:26","guid":{"rendered":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/?p=3760"},"modified":"2023-01-19T13:59:55","modified_gmt":"2023-01-19T13:59:55","slug":"articulo-desarrollo-de-la-doctrina-sobre-los-proyectos-de-sentencia-en-puerto-rico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/2023\/01\/19\/articulo-desarrollo-de-la-doctrina-sobre-los-proyectos-de-sentencia-en-puerto-rico\/","title":{"rendered":"Art\u00edculo: Desarrollo de la doctrina sobre los proyectos de sentencia en Puerto Rico"},"content":{"rendered":"
\"\"<\/h5>\n
Art\u00edculo<\/h5>\n
Por: Eric O. de la Cruz Iglesias<\/strong><\/h5>\n

Introducci<\/strong>\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Es de conocimiento que los jueces y las juezas del Tribunal de Primera Instancia (en adelante, \u201cTPI\u201d) suelen solicitar borradores de sus sentencias a los abogados y las abogadas que litigan ante ellos. Esta es la realidad operacional en cuanto al litigio civil en Puerto Rico. A pesar de esta pr\u00e1ctica com\u00fan \u2014y la discreci\u00f3n del Tribunal de Apelaciones (en adelante, \u201cTA\u201d) de confirmar estos proyectos\u2014 la misma ha sido reiteradamente avalada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante, \u201cTSPR\u201d).<\/p>\n

Aunque el TSPR desarroll\u00f3 la doctrina de este tema en su revisi\u00f3n cotidiana de apelaciones civiles, sus m\u00e1s recientes pronunciamientos surgieron en el contexto deontol\u00f3gico de la judicatura y la abogac\u00eda.[1]<\/sup><\/a> As\u00ed, el an\u00e1lisis cronol\u00f3gico de este art\u00edculo sobre el desarrollo hist\u00f3rico de los proyectos de sentencia, se torn\u00f3 inconscientemente en varias lecciones y precauciones sobre lo siguiente: c\u00f3mo los abogados litigantes deben proceder cuando el TPI les solicite un proyecto de sentencia; y qu\u00e9 responsabilidad tienen los jueces del TPI en torno a tales proyectos.<\/p>\n

I. Desarrollo doctrinal<\/strong><\/p>\n

A. La decisi\u00f3n de Malav\u00e9 V\u00e9lez v. Hospital: primer pronunciamiento sobre proyectos de sentencia<\/em><\/p>\n

En Malav\u00e9 V\u00e9lez v. Hospital<\/em>,[2]<\/sup><\/a> el TSPR sent\u00f3 su primera jurisprudencia sobre los proyectos de sentencia. Esta pr\u00e1ctica del TPI consiste en solicitar y recibir de las partes proyectos o borradores de sentencias una vez los casos quedan sometidos para ser adjudicados.[3]<\/sup><\/a> En Malav\u00e9 V\u00e9lez, <\/em>el TSPR se percat\u00f3 que el TPI acogi\u00f3 el proyecto de sentencia que present\u00f3 la parte recurrida.[4]<\/a> Al amparo de los pronunciamientos federales sobre el particular,[5]<\/sup><\/a> el TSPR sostuvo que al igual que los memoriales escritos, los proyectos de sentencia alivian el volumen de trabajo del TPI.[6]<\/a> Sin embargo, esto no quiere decir que los jueces puedan utilizar tales proyectos para encomendar en las partes sus indelegables funciones adjudicativas.[7]<\/a> Mientras m\u00e1s dependa el TPI en los proyectos de sentencias, m\u00e1s cuidadoso ser\u00e1 el TSPR en su revisi\u00f3n de los mismos.[8]<\/sup><\/a> Tras evaluar el expediente ante su consideraci\u00f3n, el TSPR revoc\u00f3 el dictamen impugnado, pues concluy\u00f3 que la parte recurrida no prob\u00f3 los elementos de su causa de acci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios.[9]<\/a> Seis a\u00f1os m\u00e1s tarde, el TSPR incorpor\u00f3 parcialmente sus comentarios sobre los proyectos de sentencias \u2014seg\u00fan rese\u00f1ados\u2014 en el Canon II de los C\u00e1nones de \u00c9tica Judicial de 1977.[10]<\/a> De tal manera, qued\u00f3 codificada la discreci\u00f3n del TPI de solicitarle a las partes borradores de sentencias.[11]<\/sup><\/a><\/p>\n

El TSPR retom\u00f3 el tema en Rom\u00e1n Cruz v. D\u00edaz Rifas,<\/em>[12]<\/sup><\/a> y censur\u00f3 la pr\u00e1ctica del TPI de firmar a ciegas los proyectos de sentencia.[13]<\/a> El TSPR explic\u00f3 que la parte que prepara estos proyectos suele hacerlo desmedidamente a su favor.[14]<\/a> As\u00ed, resulta improbable que los proyectos de sentencia muestren el verdadero sentir del juez, quien meramente los acoge sin corroborarlos.[15]<\/sup><\/a> En Rom\u00e1n Cruz, <\/em>la parte recurrida admiti\u00f3 haber preparado un proyecto de sentencia en rebeld\u00eda,[16]<\/sup><\/a> la cual contiene una firma del 10 de diciembre de 1981 del TPI.[17]<\/a> Sin embargo, la sentencia mencion\u00f3 la moci\u00f3n de anotaci\u00f3n de rebeld\u00eda que la parte recurrida present\u00f3 cinco d\u00edas m\u00e1s tarde<\/em>.[18]<\/sup><\/a> El TPI tampoco atendi\u00f3 las comparecencias posteriores de la parte recurrente,[19]<\/sup><\/a> por lo que no tom\u00f3 acci\u00f3n alguna durante el t\u00e9rmino de seis meses desde que firm\u00f3 la sentencia en rebeld\u00eda hasta que la notific\u00f3, esto a pesar de que se trataba de una querella laboral sumaria.[20]<\/sup><\/a><\/p>\n

Aunque el TSPR hizo alusi\u00f3n al panel de oficiales jur\u00eddicos que el TPI finalmente ten\u00eda a su alcance,[21]<\/sup><\/a> tal fuente de ayuda judicial parece no haber influido en la doctrina sobre los proyectos de sentencia. As\u00ed, el TSPR no solo ha reiterado sus pronunciamientos aqu\u00ed rese\u00f1ados,[22]<\/sup><\/a> sino que adopt\u00f3 \u00edntegramente la \u00faltima oraci\u00f3n del Canon II de los C\u00e1nones de \u00c9tica Judicial de 1977 como la \u00faltima oraci\u00f3n del Canon 9 de los C\u00e1nones de \u00c9tica Judicial de 2005.[23]<\/sup><\/a><\/p>\n

B. Nieves D\u00edaz v. Gonz\u00e1lez Massas<\/em>: oposici\u00f3n del Tribunal Supremo a la firma proyectos de sentencia a ciegas<\/p>\n

En Nieves D\u00edaz v. Gonz\u00e1lez Massas,<\/em>[24]<\/sup><\/a> el TPI notific\u00f3 una orden en la cual le concedi\u00f3 a la parte recurrente un t\u00e9rmino de veinte d\u00edas para expresarse sobre la moci\u00f3n de sentencia sumaria de la parte recurrida.[25]<\/a> Al pr\u00f3ximo d\u00eda, el TPI notific\u00f3 la sentencia sumaria.[26]<\/sup><\/a> Como el TA confirm\u00f3 el dictamen que la parte recurrente impugn\u00f3, esta acudi\u00f3 al TSPR.[27]<\/a> Este foro se\u00f1al\u00f3 el patente error del TPI en no esperar por la oposici\u00f3n de la parte recurrente a la moci\u00f3n de sentencia sumaria de la parte recurrida, quien ni siquiera incluy\u00f3 prueba documental para sustentar su solicitud a tales efectos.[28]<\/sup><\/a> C\u00f3nsono con lo que resolvi\u00f3 en Malav\u00e9 V\u00e9lez<\/em>,[29]<\/sup><\/a> el TSPR analiz\u00f3 el expediente de instancia y resalt\u00f3 las similitudes entre la moci\u00f3n de sentencia sumaria y el dictamen recurrido.[30]<\/a> Al igual que lo que sucedi\u00f3 en Rom\u00e1n Cruz,<\/em>[31]<\/sup><\/a> el TSPR concluy\u00f3 que el TPI firm\u00f3 a ciegas el proyecto de sentencia de la parte recurrida.[32]<\/sup><\/a><\/p>\n

Sin embargo, en Nieves D\u00edaz <\/em>las circunstancias incidentales que propiciaron este dictamen no solo fueron por parte del TPI. Este caso comenz\u00f3 con una querella administrativa de la parte recurrida.[33]<\/a> Ante el incumplimiento y rebeld\u00eda de la querellada, la parte recurrida inst\u00f3 un pleito de ejecuci\u00f3n de sentencia en el TPI de Bayam\u00f3n.[34]<\/sup><\/a> Para ese entonces, el Lcdo. Berr\u00edos fung\u00eda como Juez del TPI de Bayam\u00f3n, y tuvo ante su consideraci\u00f3n ciertas acciones judiciales de la parte recurrida: \u201catendi\u00f3 la solicitud de aseguramiento de sentencia. . . . decret\u00f3 el embargo preventivo de bienes inmuebles y fue quien orden\u00f3 la expedici\u00f3n del correspondiente mandamiento al Registrador de la Propiedad\u201d.[35]<\/sup><\/a> Sali\u00f3 a relucir que el inmueble embargado no estaba inscrito a nombre de la querellada, por lo que la due\u00f1a del inmueble \u2014la parte recurrente quien no form\u00f3 parte de los mencionados tr\u00e1mites judiciales\u2014 present\u00f3 una demanda de da\u00f1os y perjuicios contra la parte recurrida en el TPI de Bayam\u00f3n.[36]<\/sup><\/a> De regreso a la pr\u00e1ctica de la abogac\u00eda, el Lcdo. Berr\u00edos asumi\u00f3 la representaci\u00f3n legal de la parte recurrida. Ante la solicitud de descalificaci\u00f3n de la parte recurrente, el Lcdo. Berr\u00edos asever\u00f3 que su intervenci\u00f3n con la parte recurrida fue una \u201cintervenci\u00f3n administrativa incidental como Juez en una simple moci\u00f3n de pr\u00f3rroga\u201d.[37]<\/a> Como el TPI deneg\u00f3 la solicitud, el TSPR le devolvi\u00f3 el caso para que, entre otras cosas, revaluara la descalificaci\u00f3n del Lcdo. Berr\u00edos; ello, una vez este aclarara su participaci\u00f3n como Juez del TPI de Bayam\u00f3n en el pleito de ejecuci\u00f3n de sentencia de su cliente.[38]<\/sup><\/a><\/p>\n

De entrada, la controversia sobre la descalificaci\u00f3n del Lcdo. Berr\u00edos no parecer\u00eda estar muy relacionada con su proyecto de sentencia sumaria. Sin embargo, la falta de candidez del letrado al oponerse a su descalificaci\u00f3n parece haber sentado las bases para la apariencia de conflicto de intereses de su parte y del TPI. As\u00ed, la manera de proceder del Lcdo. Berr\u00edos parece haber inclinado la balanza y elevado la actuaci\u00f3n del TPI de la mera inobservancia a la parcialidad necesaria para infringir las garant\u00edas del debido proceso de la parte recurrente. Ello, por la decisi\u00f3n del TPI de acoger autom\u00e1ticamente el proyecto de sentencia sumaria ante su consideraci\u00f3n sin tan siquiera recibir la oposici\u00f3n a la misma.[39]<\/a><\/p>\n

No obstante, debe quedar claro que seg\u00fan hizo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Crescent Amusement Co.,<\/em>[40]<\/sup><\/a> nuestro ordenamiento permite que el TPI adopte \u00edntegramente las determinaciones de hechos y conclusiones de derechos de los proyectos de sentencia que le presentan las partes.[41]<\/sup><\/a> La oposici\u00f3n del TSPR a que se firmen los proyectos a ciegas se refiere a cuando el TPI ni siquiera cambia el t\u00edtulo del proyecto,[42]<\/sup><\/a> cuando hay circunstancias particulares que denotan parcialidad \u2014como sucedi\u00f3 en Nieves D\u00edaz<\/em> o cuando la parte dispositiva de la sentencia es contraria a derecho.[43]<\/sup><\/a> Despu\u00e9s de todo, los tribunales apelativos revisan el resultado de los dict\u00e1menes y no los fundamentos de los foros sentenciadores.[44]<\/sup><\/a><\/p>\n

II. Las implicaciones de la dilaci\u00f3n al presentar y acoger proyectos de sentencia<\/strong><\/p>\n

Luego de su opini\u00f3n en Nieves D\u00edaz, <\/em>el TSPR tuvo la dif\u00edcil encomienda de evaluar las implicaciones \u00e9ticas en cuanto a la dilaci\u00f3n de los abogados en presentar los proyectos de sentencia, y la dilaci\u00f3n del TPI en acogerlos.[45]<\/sup><\/a><\/p>\n

En In re Pagani Padr\u00f3<\/em>, <\/em>la jueza Pagani Padr\u00f3 atendi\u00f3 una demanda de da\u00f1os y perjuicios en el TPI de Carolina.[46]<\/sup><\/a> Tras el juicio en su fondo, el caso qued\u00f3 sometido en marzo de 1997.[47]<\/a> Al pr\u00f3ximo mes, se le inform\u00f3 a la Jueza que ser\u00eda trasladada al TPI de San Juan, por lo que fue relevada de la sala de Carolina para que finalizara sus casos pendientes y sometidos; al no haber dictado sentencia en el caso de da\u00f1os, en junio del 2000, el TPI de Carolina le remiti\u00f3 el expediente judicial al TPI de San Juan.[48]<\/a> A solicitud de la Jueza, en diciembre de 2000, la parte demandante le remiti\u00f3 nuevamente el memorando de derecho que originalmente present\u00f3 en marzo de 1997.[49]<\/a><\/p>\n

Transcurridos casi cinco a\u00f1os, en septiembre de 2005, la parte demandante present\u00f3 una moci\u00f3n en la cual le solicit\u00f3 a la jueza Pagani Padr\u00f3 que dictara sentencia.[50]<\/a> Seg\u00fan solicitado por esta, las partes pidieron que se dictara sentencia en enero de 2006.[51]<\/a> Sin embargo, la Jueza se reuni\u00f3 con los abogados para auscultar la posibilidad de una transacci\u00f3n.[52]<\/a> Tras varias reuniones infructuosas, en febrero de 2007, la parte demandante nuevamente solicit\u00f3 que se dictara sentencia.[53]<\/a> El personal de la oficina de la jueza Pagani Padr\u00f3 le solicit\u00f3 a la parte codemandada copia del memorando que esta present\u00f3 en enero de 1997.[54]<\/a> En mayo de 2007, la Jueza finalmente emiti\u00f3 y notific\u00f3 su sentencia,[55]<\/sup><\/a> en la cual acogi\u00f3 \u201ccasi en su totalidad y verbatim<\/em>\u201d el referido memorando.[56]<\/sup><\/a> Inconforme, la parte demandante y perdidosa present\u00f3 una queja en cuanto a la dilaci\u00f3n de la jueza Pagani Padr\u00f3, quien tard\u00f3 poco m\u00e1s de diez a\u00f1os en dictar como sentencia el proyecto de la parte codemandada.[57]<\/sup><\/a><\/p>\n

Una mayor\u00eda del TSPR acogi\u00f3 el informe de la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial y determin\u00f3 que la mencionada dilaci\u00f3n de la Jueza no constituy\u00f3 una violaci\u00f3n a los C\u00e1nones de \u00c9tica Judicial<\/em>.[58]<\/sup><\/a> A pesar de que la Jueza solamente tard\u00f3 tres meses en firmar el proyecto de sentencia de la parte codemandada \u2014desde que esta lo remiti\u00f3 nuevamente diez a\u00f1os mas tarde\u2014 el TSPR sostuvo que se trataba de un caso complejo que la jueza Pagani Padr\u00f3 deb\u00eda atender con detenimiento.[59]<\/sup><\/a> El TSPR tambi\u00e9n indic\u00f3 que las partes no fueron lo suficientemente diligentes, y que tuvieron a su alcance el recurso de mandamus <\/em>para obligar a la Jueza a dictar sentencia.[60]<\/sup><\/a> Aunque reconoci\u00f3 que la jueza Pagani Padr\u00f3 tuvo que ser relevada de sala en tres ocasiones para que pudiera dictar las respectivas sentencias en otros casos que se le hab\u00edan acumulado, el TSPR resolvi\u00f3 que la dilaci\u00f3n de este caso de da\u00f1os y perjuicios fue un asunto aislado, pero asever\u00f3 que tal dilaci\u00f3n podr\u00eda ser considerada por la Comisi\u00f3n de Evaluaci\u00f3n Judicial<\/em> al momento de auscultar el desempe\u00f1o de la Jueza.[61]<\/sup><\/a><\/p>\n

Una de las consecuencias de esta opini\u00f3n es que el TSPR parece haber dejado sin efecto el t\u00e9rmino de noventa d\u00edas que los jueces del TPI tienen para adjudicar pleitos ordinarios, seg\u00fan la Regla 24(A) de las Reglas para la Administraci\u00f3n del TPI<\/em>,[62]<\/sup><\/a> la cual pareciera estar en desuso. Este t\u00e9rmino comenz\u00f3 para la jueza Pagani Padr\u00f3 en marzo de 1997, cuando las partes presentaron sus memorandos finales tras el juicio en su fondo.[63]<\/sup><\/a> En vista de que la Jueza fue removida de sala para que finalizara sus casos pendientes y sometidos ante su traslado del TPI de Carolina al de San Juan,[64]<\/sup><\/a> este era el momento id\u00f3neo para que acogiera como sentencia el memorando correspondiente de los que se le presentaron. En la alternativa, debi\u00f3 aprovechar tal oportunidad para instruirle a las partes que tuvieran las correspondientes conversaciones transaccionales.[65]<\/sup><\/a> En su lugar, no fue hasta nueve a\u00f1os m\u00e1s tarde \u2014en el 2006\u2014 que la Jueza \u2014como consecuencia de una moci\u00f3n de la parte demandante\u2014 orden\u00f3 la celebraci\u00f3n de las infructuosas reuniones transaccionales.[66]<\/a> Ello, para finalmente acoger en mayo de 2007 el proyecto de sentencia de la parte codemandada en el t\u00e9rmino de noventa d\u00edas desde que esta parte le remiti\u00f3 nuevamente \u2014a solicitud de la oficina de la jueza Pagani Padr\u00f3\u2014 su memorando final.[67]<\/sup><\/a><\/p>\n

Meses luego de resolver en In re Pagani Padr\u00f3<\/em> que la rese\u00f1ada dilaci\u00f3n no constituy\u00f3 un incumplimiento deontol\u00f3gico,<\/em>[68]<\/a> el TSPR confirm\u00f3 violaciones \u00e9ticas por la dilaci\u00f3n de un abogado en presentar un proyecto de sentencia.<\/p>\n

III. Abogados y la dilaci\u00f3n de los proyectos de sentencia<\/strong><\/p>\n

En In re Rosa Rosa, <\/em>el Lcdo. Rosa tard\u00f3 casi tres a\u00f1os en presentar el proyecto que el TPI le solicit\u00f3, y casi dos a\u00f1os luego de que su cliente presentara una queja por tal dilaci\u00f3n.[69]<\/a> Ello, tras haberse autoimpuesto un t\u00e9rmino de treinta d\u00edas para presentar el proyecto.[70]<\/sup><\/a> La Comisionada Especial determin\u00f3 que el querellado viol\u00f3 los \u201cC\u00e1nones 9, 12 y 18 del C\u00f3digo de \u00c9tica Profesional\u201d.[71]<\/sup><\/a> No obstante, se\u00f1al\u00f3 como atenuante el hecho de que la dilaci\u00f3n del TPI en dictar su sentencia no puede atribu\u00edrsele \u00fanicamente al querellado.[72]<\/sup><\/a> Sobre este particular, el TSPR sostuvo que \u201cindependientemente del grado de responsabilidad que pudo tener el foro judicial por no dictar la sentencia r\u00e1pidamente, lo cierto es que la tardanza del letrado en la presentaci\u00f3n del proyecto de sentencia contribuy\u00f3 a la dilaci\u00f3n de la causa\u201d.[73]<\/sup><\/a> As\u00ed, el TSPR sostuvo las violaciones imputadas y consider\u00f3 las circunstancias atenuantes \u2014como la responsabilidad solidaria del TPI\u2014 para solo amonestar al querellado.[74]<\/sup><\/a><\/p>\n

Algo similar ocurri\u00f3 a\u00f1os mas tarde en In re Vega Quintana, <\/em>otro pleito de cobro de dinero, en este la Lcda. Vega nunca present\u00f3 el proyecto de sentencia que le solicit\u00f3 el TPI, quien solamente le concedi\u00f3 quince d\u00edas para ello, por lo que desestim\u00f3 el pleito sin perjuicio por inactividad.[75]<\/sup><\/a> La letrada no hizo nada m\u00e1s y cinco a\u00f1os mas tarde, quien fuera su clienta present\u00f3 una queja.[76]<\/sup><\/a> El Comisionado Especial determin\u00f3 que la querellada viol\u00f3 el Canon 18 del C\u00f3digo de \u00c9tica Profesional.[77]<\/sup><\/a> Empero, se\u00f1al\u00f3 como atenuantes que la obligaci\u00f3n de dictar sentencia le correspond\u00eda al TPI, quien tambi\u00e9n err\u00f3 al desestimar el pleito como primera sanci\u00f3n. As\u00ed, recomend\u00f3 que la querellada fuera meramente amonestada.[78]<\/sup><\/a> El TSPR resolvi\u00f3 que la incorrecta actuaci\u00f3n de TPI no exim\u00eda a la querellada de su deber de cumplir con la orden de presentar el proyecto de sentencia, ni de abandonar el pleito como consecuencia de la desestimaci\u00f3n sin perjuicio.[79]<\/a> As\u00ed, el TSPR opt\u00f3 por censurar en\u00e9rgicamente a la querellada.[80]<\/sup><\/a><\/p>\n

La interrogante m\u00e1s significante que parece surgir de las opiniones emitidas en In re Rosa Rosa <\/em>e In re Vega Quintana, <\/em>es si llegar\u00e1 el momento en el cual el TSPR suspenda a un abogado por su dilaci\u00f3n u omisi\u00f3n en no solo presentar un proyecto de sentencia, sino tambi\u00e9n en procurar que el TPI lo acoja oportunamente.[81]<\/sup><\/a> Entiendo que para que esto suceda, el TSPR tendr\u00eda que primero suspender a un juez del TPI. Recordemos que los proyectos de sentencia fueron codificados en los C\u00e1nones de \u00c9tica Judicial como una de las herramientas disponibles para que los jueces cumplan con su deber ministerial de adjudicar las controversias ante su consideraci\u00f3n.[82]<\/a> As\u00ed, resulta sensato y l\u00f3gico concluir que el TSPR tendr\u00e1 que apartarse de lo que resolvi\u00f3 en In re Pagani Padr\u00f3<\/em> en cuanto a la responsabilidad de un juez del TPI,<\/em>[83]<\/a> antes de suspender a un abogado por su responsabilidad solidaria en la presentaci\u00f3n, tramitaci\u00f3n y resoluci\u00f3n de un proyecto de sentencia.<\/p>\n

IV. Impacto del proyecto de sentencia en In re Benero Garc\u00eda<\/em> <\/strong><\/p>\n

En In re Benero Garc\u00eda, <\/em>el TSPR revis\u00f3 varias quejas que se presentaron contra el juez Benero Garc\u00eda del TPI.[84]<\/a> En lo pertinente, el m\u00e1ximo foro evalu\u00f3 la actuaci\u00f3n del Juez durante un tr\u00e1mite de relaciones paternofiliales.[85]<\/a> Tras concluir el desfile de prueba, el juez Benero Garc\u00eda expres\u00f3 en corte abierta que no dudaba que el padre abus\u00f3 sexualmente de su hija, pero que no le privar\u00eda de la patria potestad de la menor.[86]<\/a>\u00a0 As\u00ed, el Juez le orden\u00f3 al padre a que presentara un proyecto de sentencia sobre el particular.[87]<\/a> El juez Benero Garc\u00eda concedi\u00f3 varias pr\u00f3rrogas no solicitadas y objetadas por la madre, por lo que, transcurridos ocho meses, el padre finalmente present\u00f3 su borrador de sentencia.[88]<\/sup><\/a> Como el Juez dict\u00f3 una sentencia en la cual confirm\u00f3 lo que dijo en corte abierta, la madre solicit\u00f3 reconsideraci\u00f3n.[89]<\/a> El juez Benero Garc\u00eda nuevamente le concedi\u00f3 al padre varias pr\u00f3rrogas no solicitadas y hasta lo encontr\u00f3 incurso en desacato.[90]<\/a> Sin embargo, el padre finalmente se opuso a la reconsideraci\u00f3n que present\u00f3 la madre.[91]<\/a> As\u00ed, el Juez adopt\u00f3 la comparecencia tard\u00eda del padre y deneg\u00f3 la reconsideraci\u00f3n de la madre bajo el fundamento de que el padre no abus\u00f3 sexualmente de su hija.[92]<\/a> El juez Benero Garc\u00eda modific\u00f3 su dictamen previo sobre el abuso sexual, y concluy\u00f3 que la conducta inadecuada del padre hacia su hija era insuficiente para privarle la patria potestad.[93]<\/sup><\/a> En vista de que el TA revoc\u00f3 al Juez, el TSPR se\u00f1al\u00f3 que la madre utiliz\u00f3 los mecanismos que dispone el ordenamiento jur\u00eddico para revisar los errores de hechos y derechos del juez Benero Garc\u00eda.[94]<\/a> As\u00ed, el m\u00e1ximo foro judicial mayoritariamente confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial, y resolvi\u00f3 que la rese\u00f1ada actuaci\u00f3n del Juez no viol\u00f3 los C\u00e1nones de \u00c9tica Judicial.[95]<\/sup><\/a><\/p>\n

A diferencia de Nieves D\u00edaz,[96]<\/strong><\/a> <\/em>la aparente parcialidad en In re Benero Garc\u00eda,[97]<\/strong><\/a> <\/em>realmente se refiere a la solicitud expl\u00edcita del Juez de que se le presentara un proyecto de sentencia que se ajustara a sus pronunciamientos en corte abierta. As\u00ed, es dif\u00edcil distinguir la petici\u00f3n que el juez Benero Garc\u00eda le hizo al padre de la menor de la que le hubiese hecho a un oficial jur\u00eddico. Por ello, In re Benero Garc\u00eda,[98]<\/strong><\/a> <\/em>es un buen ejemplo de la realidad de los proyectos de sentencia. Estos realmente se ajustan al sentido de justicia del TPI sin importar si el contenido del proyecto es conforme a derecho o a los hechos de la controversia. Tal vez un desenlace distinto en cuanto al bienestar de la menor abusada pudo haber variado la decisi\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial y del TSPR en In re Benero Garc\u00eda<\/em>.[99]<\/strong><\/em><\/a><\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan mencionamos, el concepto del proyecto de sentencia se concibi\u00f3 bajo la justificaci\u00f3n de aliviar la carga de trabajo de los foros de instancia. Sin embargo, no podemos obviar el neoliberalismo judicial que parece permear este concepto cuyos beneficios se mantienen en el TPI \u2014quien cuenta con paneles de oficiales jur\u00eddicos\u2014 o en los bufetes que tienen los recursos para redactar una sentencia y facturarles ese trabajo a sus clientes. As\u00ed, parecer\u00eda ser que son los practicantes solos o los despachos sin suficiente personal legal \u2014algunos de los cuales litigan casos por contingencia\u2014 quienes suelen responder en el \u00e1mbito deontol\u00f3gico y hasta torticero por la carga de trabajo adicional que les requieren los proyectos de sentencia. Ciertamente, este concepto de austeridad judicial tambi\u00e9n surtir\u00e1 efectos en las designaciones de oficio para casos civiles de litigantes indigentes.[100]<\/sup><\/a> Por consiguiente, es esencial que nuestros presentes y futuros litigantes se familiaricen con las responsabilidades y consecuencias que acarrean los proyectos de sentencia como una delegaci\u00f3n de la funci\u00f3n adjudicadora del TPI.<\/p>\n

<\/a>* El autor tiene un bachillerato en m\u00fasica popular y un grado asociado en administraci\u00f3n de empresas del Recinto Metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Tambi\u00e9n tiene un Juris Doctor <\/em>de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Trabaj\u00f3 en la Oficina del Procurador General del Departamento de Justicia de Puerto Rico; y fungi\u00f3 como oficial jur\u00eddico de la Oficina de Asuntos Legales y subdirector del \u00c1rea de Querellas e Investigaciones de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico. Es el primer director del negociado de apuestas deportivas, concursos de fantas\u00eda, e-sports, <\/em>y m\u00e1quinas en ruta de la Comisi\u00f3n de Juegos de Puerto Rico.<\/p>\n

[1] REAL ACADEMIA ESPA\u00d1OLA, DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPA\u00d1OLA, https:\/\/dle.rae.es\/deontolog\u00eda (\u00faltima visita 8 de enero de 2023) (La Real Academia Espa\u00f1ola define la deontolog\u00eda como el \u201c[c]onjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una determinada profesi\u00f3n\u201d).<\/p>\n

[2]<\/a> Malav\u00e9 V\u00e9lez v. Hospital de la Concepci\u00f3n, 100 DPR 55 (1971).<\/p>\n

[3]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 56.<\/p>\n

[4]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[5]<\/a> V\u00e9ase, e.g., <\/em>United States v. El Paso Gas Co., 376 U.S. 651, 656 (1964) donde la Corte Suprema de Estados Unidos pronunci\u00f3 lo siguiente:<\/p>\n

There was a trial, and after oral argument the judge announced from the bench that judgment would be for appellees and that he would not write an opinion. He told counsel for appellees \u201cPrepare the findings and conclusions and judgment.\u201d They obeyed, submitting 130 findings of fact and one conclusion of law, all of which, we are advised, the District Court adopted verbatim. Those findings, though not the product of the workings of the district judge’s mind, are formally his; they are not to be rejected out-of-hand, and they will stand if supported by evidence. United States v. Crescent Amusement Co.<\/em>, 323 U.S. 173, 184-185 [(1944)].<\/p>\n

[6]<\/a> Malav\u00e9 V\u00e9lez<\/em>, 100 DPR en la p\u00e1g. 56.<\/p>\n

[7]<\/a> Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 56-57.<\/p>\n

[8]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[9]<\/a> Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 62-64.<\/p>\n

[10]<\/a> C\u00c1N. \u00c9TIC. JUD., 4 LPRA Ap. IV-A C. 2 (derogado 2005).<\/p>\n

[11]<\/a> El Canon II dec\u00eda lo siguiente:<\/p>\n

Para el cabal desempe\u00f1o de sus funciones, la Jueza o el Juez debe ser laborioso, prudente, sereno, imparcial y cuidadoso en la interpretaci\u00f3n de la ley, estar consagrado al estudio del Derecho y ser diligente en el empe\u00f1o de descubrir los hechos esenciales de cada controversia.<\/p>\n

En el cumplimiento de este deber, la Jueza o el Juez resolver\u00e1 cada controversia a base de su propia evaluaci\u00f3n de la prueba presentada. En cualquier asunto sometido a su consideraci\u00f3n, podr\u00e1, cuando a su juicio lo requieran los fines de la justicia, solicitar de las partes proyectos de sentencias, resoluciones u \u00f3rdenes.<\/p>\n

4 LPRA Ap. IV-A, C. II (derogado 2005).<\/p>\n

[12]<\/a> Rom\u00e1n Cruz v. D\u00edaz Rifas, 113 DPR 500, 508 (1982) (N\u00f3tese que el TSPR solo hizo referencia a Malav\u00e9 V\u00e9lez, <\/em>mas no al Canon II de \u00c9tica Judicial de 1977).<\/p>\n

[13]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[14]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[15]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[16]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 508.<\/p>\n

[17]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[18]<\/a> Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 507-09.<\/p>\n

[19]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 503.<\/p>\n

[20]<\/a> Id. <\/em>a las p\u00e1gs. 501, 506-07.<\/p>\n

[21]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 508.<\/p>\n

[22]<\/a> V\u00e9ase, e.g., <\/em>B\u00e1ez Garc\u00eda v. Cooper Laboratories, Inc., 120 DPR 145, 157-58 (1987).<\/p>\n

[23]<\/a> V\u00e9ase<\/em> C\u00c1N. \u00c9TIC. JUD., 4 LPRA Ap. IV-B, C. 9 (2012).<\/p>\n

[24]<\/a> Nieves D\u00edaz v. Gonz\u00e1lez Massas, 178 DPR 820 (2010).<\/p>\n

[25]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 851.<\/p>\n

[26]<\/a> Id. <\/em><\/p>\n

[27]<\/a> Id. <\/em>en las p\u00e1gs. 826-27.<\/p>\n

[28]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 855.<\/p>\n

[29]<\/a> Malav\u00e9 V\u00e9lez v. Hospital de la Concepci\u00f3n, 100 DPR 55, 57 (1971).<\/p>\n

[30]<\/a> Nieves D\u00edaz<\/em>, 178 DPR en las p\u00e1gs. 849-55.<\/p>\n

[31]<\/a> Rom\u00e1n Cruz v. D\u00edaz Rifas, 113 DPR 500, 508-09 (1982).<\/p>\n

[32]<\/a> Nieves D\u00edaz, <\/em>178 DPR en las p\u00e1gs. 852-54.<\/p>\n

[33]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 826.<\/p>\n

[34]<\/a> Id. <\/em>en las p\u00e1gs. 826-28.<\/p>\n

[35]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 850.<\/p>\n

[36]<\/a> Id. <\/em>en las p\u00e1gs. 826, 828.<\/p>\n

[37]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 850.<\/p>\n

[38]<\/a> Id. <\/em><\/p>\n

[39]<\/a> Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 851-52.<\/p>\n

[40]<\/a> U.S. v. Crescent Amusement Co., 323 U.S. 173, 184-85 (1944).<\/p>\n

[41]<\/a> V\u00e9ase<\/em> B\u00e1ez Garc\u00eda v. Cooper, 120 DPR 145, 157-58 (1987) (\u201cLa pr\u00e1ctica no es per se<\/em> censurable. Es instrumento auxiliar para los magistrados del pa\u00eds sobrecargados y agobiados de una carga enorme de causas judiciales\u201d. . .\u201cNuestro an\u00e1lisis a nivel apelativo demuestra que no hay base para concluir que el tribunal de instancia haya eludido su responsabilidad al evaluar la prueba. Su decisi\u00f3n es confirmada\u201d).<\/p>\n

[42]<\/a> Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35, 42 (1986) (citando a<\/em> Rom\u00e1n Cruz v. D\u00edaz Rifas, 113 DPR 500, 508 (1982); Malav\u00e9 V\u00e9lez v. Hosp. de la Concepci\u00f3n, 100 DPR 55, 56 (1971)).<\/p>\n

[43]<\/a> V\u00e9ase<\/em> Ramos Robles v. Garc\u00eda Vicario, 134 DPR 969, 984 (1993) (\u201c[d]espu\u00e9s de una evaluaci\u00f3n cuidadosa de la prueba documental y la prueba pericial presentada, concluimos que el tribunal de instancia cometi\u00f3 graves errores en la apreciaci\u00f3n de la prueba y sus conclusiones de derecho\u201d). Alude el Tribunal a que:<\/p>\n

Es evidente que el tribunal de instancia acogi\u00f3 un proyecto de determinaciones de hecho y de Derecho. En reiteradas ocasiones hemos dicho que los jueces deben tener mucho cuidado al aceptar y firmar estos proyectos de sentencia. Entendemos la carga de trabajo y la utilidad que estos proyectos de sentencia representan, pero no podemos olvidar que la funci\u00f3n del juez al hacer un fino balance en la b\u00fasqueda de la verdad es insustituible.<\/p>\n

Id.<\/em> en la p\u00e1g. 984 (citando a<\/em> Arroyo<\/em>, 117 DPR en la p\u00e1g. 43; Rom\u00e1n Cruz<\/em>, 113 DPR en la p\u00e1g. 508; Malav\u00e9 V\u00e9lez<\/em>, 100 DPR en la p\u00e1g. 56).<\/p>\n

[44]<\/a> Rosario Mart\u00ednez v. Su\u00e1rez P\u00e9rez, 67 DPR 589, 592 (1947).<\/p>\n

[45]<\/a> V\u00e9ase<\/em> In re<\/em> Berr\u00edos Jim\u00e9nez, 180 DPR 474, 483-85 (2010) (amonestando ocho meses m\u00e1s tarde, en el TSPR al letrado por este haberle faltado el respeto al entonces juez presidente Hern\u00e1ndez Denton. Ello, por el archivo de una queja que el letrado present\u00f3 contra un juez municipal. Al momento de emitir su opini\u00f3n en Nieves D\u00edaz, <\/em>el TSPR ten\u00eda ante su consideraci\u00f3n otros se\u00f1alamientos \u00e9ticos contra el Lcdo. Berr\u00edos).<\/p>\n

[46]<\/a> In re<\/em> Pagani Padr\u00f3, 181 DPR 517, 520 (2011).<\/p>\n

[47]<\/a> Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 520-21.<\/p>\n

[48]<\/a> Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 521-22.<\/p>\n

[49]<\/a> Id. <\/em>en las p\u00e1gs. 561-62 (Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, opini\u00f3n disidente).<\/p>\n

[50]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 521.<\/p>\n

[51]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 562 (Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, opini\u00f3n disidente).<\/p>\n

[52]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 521.<\/p>\n

[53]<\/a> Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 521-22.<\/p>\n

[54]<\/a> Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 562-63 (Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, opini\u00f3n disidente).<\/p>\n

[55]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 563 (Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, opini\u00f3n disidente).<\/p>\n

[56]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 574 (Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, opini\u00f3n disidente).<\/p>\n

[57]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 522.<\/p>\n

[58]<\/a> Id. <\/em>en las p\u00e1gs. 534-35. (El Canon 4 indica que las juezas y los jueces cumplir\u00e1n diligentemente las obligaciones administrativas que les imponen las leyes, reglamentos, normas y \u00f3rdenes administrativas. C\u00e1n. \u00c9tic. Jud., 4A LPRA Ap. IV-B, C.4 (2012 & Supl. 2021). Por su parte, el Canon 17 establece que \u201c[l]as juezas y los jueces ser\u00e1n diligentes en la administraci\u00f3n del proceso judicial de los asuntos sometidos ante su consideraci\u00f3n y procurar\u00e1n que las partes tambi\u00e9n lo sean\u201d); 4A LPRA Ap. IV-B, C.17 (2012 & Supl. 2021).<\/p>\n

[59]<\/a> Pagani Padr\u00f3, <\/em>181 DPR en la p\u00e1g. 532.<\/p>\n

[60]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 533.<\/p>\n

[61]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 534.<\/p>\n

[62]<\/a> Reglas para la Administraci\u00f3n del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4A LPRA Ap. II-B, R. 24(A) (2012 & Supl. 2021).<\/p>\n

[63]<\/a> Pagani Padr\u00f3, <\/em>181 DPR en la p\u00e1g. 521.<\/p>\n

[64]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 561 (Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, opini\u00f3n disidente).<\/p>\n

[65]<\/a> V\u00e9ase<\/em> R.P Civ. 3, 32 LPRA Ap. V, R. 37.6 (2017 & Supl. 2021) (\u201c[e]n cualquier momento que estime oportuno el tribunal podr\u00e1 ordenar la celebraci\u00f3n de una conferencia para considerar la transacci\u00f3n del caso con la asistencia de las partes y sus abogados o abogadas\u201d.).<\/p>\n

[66]<\/a> Pagani Padr\u00f3, <\/em>181 DPR en la p\u00e1g. 562 (Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, opini\u00f3n disidente).<\/p>\n

[67]<\/a> Id<\/em>. en las p\u00e1gs. 562-63 (Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, opini\u00f3n disidente).<\/p>\n

[68]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 533.<\/p>\n

[69]<\/a> In re<\/em> Rosa Rosa, 183 DPR 759, 762 (2011).<\/p>\n

[70]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 761.<\/p>\n

[71]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 764; C\u00d3D. \u00c9TIC. PROF., 4 LPRA Ap. IX, C. 9, 12, 18 (2012 & Supl. 2021).<\/p>\n

[72]<\/a> Rosa Rosa<\/em>, 183 DPR en la p\u00e1g. 764.<\/p>\n

[73]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 769.<\/p>\n

[74]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 770.<\/p>\n

[75]<\/a> In re<\/em> Vega Quintana, 188 DPR 536, 538 (2013).<\/p>\n

[76]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[77]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 542. C\u00d3D. \u00c9TIC. PROF., 4 LPRA Ap. IX, C. 18 (2012 & Supl. 2021).<\/p>\n

[78]<\/a> Vega Quintana, <\/em>188 DPR en la p\u00e1g. 542.<\/p>\n

[79]<\/a> Id. <\/em>en las p\u00e1gs. 545-46.<\/p>\n

[80]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 547 (Llama la atenci\u00f3n que en este caso no se mencion\u00f3 In re Rosa Rosa<\/em>).<\/em><\/p>\n

[81]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 536; In re<\/em> Rosa Rosa, 183 DPR 759 (2011) (Esto se podr\u00eda interpretar como una delegaci\u00f3n de las funciones de los Jueces Administradores de las Regiones Judiciales). V\u00e9ase<\/em> Regla 7(C) de las Reglas para la Administraci\u00f3n del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. II-B, R. 7 (2012 & Supl. 2021).<\/p>\n

[82]<\/a> V\u00e9ase<\/em> C\u00c1N. \u00c9TIC. JUD., 4 LPRA Ap. IV-B, C. 9 (2012).<\/p>\n

[83]<\/a> In re <\/em>Pagani Padr\u00f3, <\/em>181 DPR 517, 533 (2011).<\/p>\n

[84]<\/a> In re<\/em> Benero Garc\u00eda, 202 DPR 318, 397 (2019).<\/p>\n

[85]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 329.<\/p>\n

[86]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 373.<\/p>\n

[87]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 374.<\/p>\n

[88]<\/a> Id. <\/em>en las p\u00e1g. 374.<\/p>\n

[89]<\/a> Rojas v. Vega, <\/em>KLAN201401709, 2014 PR App. LEXIS 4896, en las p\u00e1gs. 7-8 (TA PR 19 de diciembre de 2014).<\/p>\n

[90]<\/a> Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 8-9.<\/p>\n

[91]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 9.<\/p>\n

[92]<\/a> Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 9-10.<\/p>\n

[93]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[94]<\/a> In re <\/em>Benero Garc\u00eda, <\/em>202 DPR 318, 388 (2019).<\/p>\n

[95]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 395.<\/p>\n

[96]<\/a> Nieves D\u00edaz v. Gonz\u00e1lez Massas, 178 DPR 820 (2010).<\/p>\n

[97]<\/a> Benero Garc\u00eda<\/em>, 202 DPR en la p\u00e1g. 318.<\/p>\n

[98]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[99]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[100]<\/a> El \u00e1nimo de lucro es uno de los factores que el TSPR considera \u2014ya sea como atenuante o agravante\u2014 al determinar la sanci\u00f3n que impondr\u00e1 contra un abogado que haya violado los C\u00e1nones de \u00c9tica Profesional. V\u00e9ase<\/em> In re<\/em> Carrasquillo Berm\u00fadez, 203 DPR 847, 864 (2020).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Art\u00edculo Por: Eric O. de la Cruz Iglesias Introducci\u00f3n Es de conocimiento que los jueces y las juezas del Tribunal de Primera Instancia (en adelante, \u201cTPI\u201d) suelen solicitar borradores de sus sentencias a los abogados y las abogadas que litigan ante ellos. Esta es la realidad operacional en cuanto al litigio civil en Puerto Rico.<\/p>\n

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