{"id":3792,"date":"2023-03-16T09:00:02","date_gmt":"2023-03-16T09:00:02","guid":{"rendered":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/?p=3792"},"modified":"2023-03-16T23:47:50","modified_gmt":"2023-03-16T23:47:50","slug":"comentario-la-secuela-de-carpenter-v-united-states-un-vistazo-a-la-constitucionalidad-del-uso-de-una-camara-de-vigilancia-sobre-una-residencia-y-sus-inmediaciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/2023\/03\/16\/comentario-la-secuela-de-carpenter-v-united-states-un-vistazo-a-la-constitucionalidad-del-uso-de-una-camara-de-vigilancia-sobre-una-residencia-y-sus-inmediaciones\/","title":{"rendered":"Comentario: La secuela de Carpenter v. United States: Un vistazo a la constitucionalidad del uso de una c\u00e1mara de vigilancia sobre una residencia y sus inmediaciones"},"content":{"rendered":"
\"\"<\/h5>\n
Comentario<\/h5>\n
Por: Orlandy Cabrera Valent\u00edn*<\/strong><\/h5>\n

Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

La Cuarta Enmienda de la Constituci\u00f3n federal y la Secci\u00f3n 10 del Art\u00edculo II de la Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, garantizan el derecho contra registros y allanamientos irrazonables.[1]<\/a> Como norma general, una violaci\u00f3n a ese derecho conlleva la supresi\u00f3n de la evidencia incautada.[2]<\/a> Esto se conoce como la regla de exclusi\u00f3n.[3]<\/a> Dicha regla pretende \u201cdisuadir esas actuaciones ilegales por parte . . . [del Gobierno]y colocar a los tribunales en posici\u00f3n de dirimir controversias que requieran analizar la razonabilidad de la intrusi\u00f3n al momento de . . . [implantarla]\u201d.[4]<\/a> Esto, porque la cl\u00e1usula contra registros y allanamientos irrazonables procura proteger y garantizar la privacidad de la vida<\/em> contra el poder arbitrario del Estado.[5]<\/a> Sin embargo, a principios del Siglo XXI, los cambios tecnol\u00f3gicos han provocado un sinn\u00famero de retos y desaf\u00edos a nuestro ordenamiento jur\u00eddico.[6]<\/a> De ah\u00ed que, la Corte Suprema federal ha tratado de abordar estos avances tecnol\u00f3gicos cuando se utilizan sin una orden judicial.[7]<\/a> Sin embargo, a\u00fan queda mucho camino por recorrer.[8]<\/a><\/p>\n

Ejemplo de ello es la reciente decisi\u00f3n en United States v. Moore-Bush<\/em>.[9]<\/a> All\u00ed, la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito tuvo la oportunidad de considerar si el uso de tecnolog\u00eda convencional<\/em>, como las c\u00e1maras de seguridad, es inconsistente con lo pautado en Carpenter v. United States<\/em>.[10]<\/a> En particular, el Circuito deb\u00eda resolver si una vigilancia de ocho meses, sin orden judicial y por medio de una c\u00e1mara de video, sobre las inmediaciones[11]<\/a> de una residencia era un registro inconstitucional, conforme la Cuarta Enmienda.[12]<\/a><\/p>\n

A continuaci\u00f3n, discutiremos y analizaremos la decisi\u00f3n que emiti\u00f3 la Corte de Distrito y el Primer Circuito. Al final, expondremos nuestra opini\u00f3n sobre la controversia.<\/p>\n

I. Discusi\u00f3n y an\u00e1lisis de United States v. Moore-Bush<\/em><\/strong><\/p>\n

\u00a0 \u00a0A. Los hechos <\/em><\/p>\n

Los hechos de este caso son relativamente sencillos. En esencia, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos<\/em> (\u201cATF\u201d, por sus siglas en ingl\u00e9s) sospechaba que Nia Moore-Bush (en adelante, \u201cNia\u201d) traficaba sustancias controladas y armas de fuego en la casa de su madre, Daphne Moore-Bush (en adelante, \u201cDaphne\u201d).[13]<\/a> La residencia de Daphne ubicaba en un vecindario tranquilo y de poco movimiento, lo que dificultaba hacer una vigilancia presencial.[14]<\/a> Por ello, sin orden judicial, los oficiales decidieron colocar una c\u00e1mara de vigilancia en un poste de luz que situaba en una acera frente a la casa de Daphne.[15]<\/a> La c\u00e1mara estaba oculta y los agentes solo la utilizaban para vigilar la residencia de Daphne.[16]<\/a> De hecho, los agentes admitieron que magnificaban la imagen (zoom<\/em>) para enfocar a los individuos que se encontraban en el interior de la casa.[17]<\/a> La vigilancia transcurri\u00f3 durante ocho meses ininterrumpidos. Gracias a ello, los oficiales obtuvieron grabaciones en las cuales aparec\u00edan Nia y Daphne traficando drogas y armas.[18]<\/a> Por ello, se le radicaron cargos criminales. Naturalmente, Nia y Daphne solicitaron la supresi\u00f3n de las grabaciones, arguyendo que la vigilancia constituy\u00f3 un registro inconstitucional.[19]<\/a><\/p>\n

\u00a0 \u00a0B. Decisi\u00f3n de la corte de distrito<\/em><\/p>\n

La Corte de Distrito deb\u00eda analizar si Nia y Daphne ten\u00edan una expectativa razonable de intimidad, a lo cual respondi\u00f3 en la afirmativa.[20]<\/a> Destacamos que el foro primario reconoci\u00f3 que, en United States v. Bucci<\/em>,[21]<\/a> otro panel del Primer Circuito resolvi\u00f3 que un sistema de vigilancia continua e ininterrumpida, a trav\u00e9s de una c\u00e1mara de video, no violentaba la Cuarta Enmienda.[22]<\/a> Sin embargo, la Corte de Distrito razon\u00f3 que, a la luz de lo pautado en Carpenter v. United States<\/em>, United States v. Bucci <\/em>no era vinculante.[23]<\/a><\/p>\n

La Corte de Distrito distingui\u00f3 y rechaz\u00f3 a United States v. Bucci<\/em> por dos razones.[24]<\/a> Primero, en United States v. Bucci<\/em> los agentes no ten\u00edan la habilidad de controlar la c\u00e1mara.[25]<\/a> Sin embargo, en United States v. Moore-Bush<\/em>, los agentes ten\u00edan total control del de c\u00e1mara, hasta el punto que pod\u00edan magnificar la imagen del video para distinguir a las personas que entraban y sal\u00edan de la casa de Daphne.[26]<\/a> Segundo, el razonamiento de United States v. Bucci<\/em> se fundament\u00f3 en que un individuo no tiene expectativa de intimidad en objetos y lugares expuestos al p\u00fablico.[27]<\/a> No obstante, seg\u00fan la Corte de Distrito, lo resuelto en Carpenter<\/em> v. United States<\/em> repudia dicho principio porque una persona no renuncia a sus protecciones constitucionales, conforme la Cuarta Enmienda, al aventurarse<\/em> a la esfera p\u00fablica.[28]<\/a><\/p>\n

Cabe destacar que, en su escrito, el Gobierno cit\u00f3 varios casos estatales y federales que rechazaban la idea de que Carpenter<\/em> v. United States<\/em> prohibi\u00f3, de alg\u00fan modo, el uso de t\u00e9cnicas de vigilancia convencionales, como lo son las c\u00e1maras de seguridad.[29]<\/a> La Corte aclar\u00f3 que, una c\u00e1mara de vigilancia, no es lo mismo que una c\u00e1mara de seguridad.[30]<\/a> Ello, porque la \u00faltima se utiliza para monitorear el entorno p\u00fablico y evitar la comisi\u00f3n de delito.[31]<\/a> Adem\u00e1s, las c\u00e1maras de seguridad est\u00e1n a plena vista, por lo que un individuo debe saber que lo est\u00e1n grabando.[32]<\/a> Sin embargo, una c\u00e1mara de vigilancia no se utiliza para prevenir un delito, sino para fines investigativos.[33]<\/a> Similarmente, en este caso, la c\u00e1mara de vigilancia no era visible al p\u00fablico, por lo que Nia y Daphne desconoc\u00edan que las estaban grabando.[34]<\/a><\/p>\n

Adem\u00e1s, la Corte distingui\u00f3 la c\u00e1mara de vigilancia, con la vigilancia presencial que realiza un agente.[35]<\/a> Seg\u00fan la decisi\u00f3n, en vista de que la vigilancia quedaba grabada, el Gobierno pod\u00eda adelantar y retorcer el video a cualquier parte para identificar, por ejemplo, las rutinas o h\u00e1bitos de los ocupantes.[36]<\/a> Ello es ciertamente distinguible de una vigilancia presencial por un agente porque los seres humanos no tienen memoria fotogr\u00e1fica.[37]<\/a><\/p>\n

Por lo tanto, la Corte de Distrito expres\u00f3 que, la controversia es una de primera impresi\u00f3n y determin\u00f3 que la vigilancia excedi\u00f3 los l\u00edmites de la expectativa de intimidad de Nia y Daphne.[38]<\/a> As\u00ed las cosas, concedi\u00f3 la solicitud de supresi\u00f3n.[39]<\/a><\/p>\n

\u00a0 \u00a0C. Decisi\u00f3n de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito<\/em><\/p>\n

La decisi\u00f3n fue un per curiam<\/em> de tan solo dos oraciones.[40]<\/a> Seis jueces del Circuito coincidieron en que la decisi\u00f3n deb\u00eda revocarse.[41]<\/a> Sin embargo, dichos jueces se dividieron en dos opiniones concurrentes que discreparon sobre el por qu\u00e9 proced\u00eda revocar.[42]<\/a><\/p>\n

i. Opini\u00f3n concurrente de Barron, Thompson y Kayatta (en adelante, \u201cOpini\u00f3n BTK\u201d).<\/p>\n

Estos jueces concluyeron que la vigilancia constituy\u00f3 un registro, cuando los agentes accedieron las regrabaciones. Ello, sin importar el hecho de que, como argument\u00f3 el Gobierno, dichas regrabaciones solo eran una compilaci\u00f3n de videos que capturaron lo que estaba expuesto a la vista del p\u00fablico.[43]<\/a> No obstante, estos jueces entendieron que la supresi\u00f3n era improcedente porque la actuaci\u00f3n de los agentes estuvo protegida por la excepci\u00f3n del good-<\/em>faith<\/em>.[44]<\/a> La excepci\u00f3n del good-faith<\/em> impide la exclusi\u00f3n de aquella evidencia que se obtuvo en violaci\u00f3n a la Cuarta Enmienda, cuando los agentes actuaron ante la creencia de que no existe tal violaci\u00f3n.[45]<\/a> Por ejemplo, en Michigan v. DeFillippo<\/em>,[46]<\/a> la Corte Suprema de Estados Unidos permiti\u00f3 que se admitiera como evidencia, los frutos de un arresto que se hizo en good-faith<\/em>, al amparo de una ordenanza municipal que posteriormente se declar\u00f3 inconstitucional.[47]<\/a><\/p>\n

Entonces, seg\u00fan la Opini\u00f3n BTK, en la medida en que la vigilancia se llev\u00f3 a cabo antes de emitirse la opini\u00f3n de Carpenter v. United States<\/em>, la actuaci\u00f3n de los agentes fue correcta, por lo que no proced\u00eda la supresi\u00f3n de los videos. Es decir, los jueces reconocieron que, si bien es cierto que los recientes desarrollos jurisprudenciales favorecen la idea de que United States v. Bucci<\/em> qued\u00f3 revocado, no es menos cierto que los agentes actuaron conforme un razonamiento que, en aquel entonces, era v\u00e1lido y no hab\u00eda sido cuestionado.<\/p>\n

Retornando a los m\u00e9ritos, la Opini\u00f3n BTK abord\u00f3 al an\u00e1lisis de Katz v. United States<\/em>,[48]<\/a> para determinar: (1) si Nia y Daphne manifestaron tener una expectativa de intimidad sobre aquello que procuraban mantener en privado, y (2) si esa expectativa es una que la sociedad reconoce como una razonable, que no est\u00e1 sujeta a la intervenci\u00f3n del Gobierno.[49]<\/a><\/p>\n

En cuanto al primer factor, los jueces entendieron que se cumpli\u00f3 porque del r\u00e9cord surg\u00eda que Nia y Daphne se mudaron a una casa rodeada de grandes \u00e1rboles y que ubicaba en un vecindario tranquilo.[50]<\/a> En tal sentido, la Opini\u00f3n BTK rechaz\u00f3 la contenci\u00f3n del Gobierno sobre que Nia y Daphne no tomaron acciones afirmativas<\/em> para manifestar su expectativa de intimidad porque no colocaron verjas o paredes que obstaculizara la vista a su casa desde la calle.[51]<\/a> El Gobierno adopt\u00f3 ese planteamiento de United States v. Bucci<\/em>.[52]<\/a> Sin embargo, los jueces aclararon que en United States v. Bucci<\/em>, no estaba en controversia la expectativa de intimidad por un largo per\u00edodo, sino que se centraba en las ocurrencias discretas<\/em> de aquellas personas que transitaban frente a la residencia.[53]<\/a> As\u00ed, la Opini\u00f3n BTK tom\u00f3 por bueno el enfoque de duraci\u00f3n que el juez asociado Samuel Alito coment\u00f3 en United States v. Jones<\/em>.[54]<\/a> Estos jueces razonaron que, aquellas personas que transitan por la calle y que casualmente observan lo que ocurre en las inmediaciones de una vivienda, lo hacen por un corto tiempo, por lo que no tendr\u00e1n conocimiento de todo lo que ocurre en esa residencia durante ocho meses.[55]<\/a> As\u00ed las cosas, el hecho de que Nia y Daphne no hayan tomado acciones afirmativas<\/em> para que los transe\u00fantes no pudieran observar las inmediaciones de su residencia, ten\u00edan una expectativa de intimidad.[56]<\/a><\/p>\n

En torno al segundo factor, los jueces entendieron que la razonabilidad de la expectativa de intimidad reca\u00eda en que la privacidad de Nia y Daphne resid\u00eda en la totalidad de sus movimientos y actividades con sus familiares y visitantes en las inmediaciones de su residencia, la cual fue grabada por la c\u00e1mara de vigilancia.[57]<\/a> Seguidamente, la Opini\u00f3n BTK aclar\u00f3 que, tanto en Katz<\/em> v. United States<\/em> como Carpenter v. United States<\/em>, se concluy\u00f3 que la expectativa de intimidad no se renuncia por el hecho de que la actividad se lleve en p\u00fablico.[58]<\/a> Es decir, toda persona tiene una expectativa razonable de intimidad en sus movimientos f\u00edsicos<\/em> a largo plazo, incluso si ocurren a la vista del p\u00fablico en general.[59]<\/a> Seg\u00fan la opini\u00f3n de Carpenter v. United States<\/em>, la sociedad tiene la expectativa de que el Gobierno no monitoree secretamente cada movimiento de un individuo por un per\u00edodo prolongado.[60]<\/a><\/p>\n

ii. Opini\u00f3n concurrente de Lynch, Howard y Gelp\u00ed (en adelante, \u201cOpini\u00f3n LHG\u201d)<\/p>\n

La Opini\u00f3n LHG concluy\u00f3 que la vigilancia no constituy\u00f3 un registro<\/em>, en contravenci\u00f3n a la Cuarta Enmienda.[61]<\/a> Estos jueces entendieron que la Opini\u00f3n BTK aplic\u00f3 e interpret\u00f3 err\u00f3neamente la decisi\u00f3n de Carpenter<\/em> v. United States<\/em> porque dicho precedente no proh\u00edbe que se admita como evidencia las grabaciones que fueron producto de c\u00e1maras de vigilancia.[62]<\/a> La Opini\u00f3n LHG afirm\u00f3 que Nia y Daphne no cumplieron con el est\u00e1ndar de Katz v. United States<\/em>, por lo que no ten\u00edan una expectativa razonable de intimidad en las actividades que realizaban en las inmediaciones de su residencia.[63]<\/a><\/p>\n

Los jueces manifestaron que Carpenter<\/em> v. United States<\/em> fue una decisi\u00f3n que se limit\u00f3 al CSLI y no cuestion\u00f3 las t\u00e9cnicas convencionales de vigilancia, tales como las c\u00e1maras de seguridad.[64]<\/a> Siendo ello as\u00ed, concluyeron que una c\u00e1mara de vigilancia es una herramienta convencional de vigilancia, por lo que Carpenter v. United States<\/em> no revoc\u00f3 impl\u00edcitamente a United States v. Bucci<\/em>.[65]<\/a> Para fundamentar lo anterior, la Opini\u00f3n LHG mencion\u00f3 que, mucho antes de Carpenter v. United States<\/em>, diversas cortes hab\u00edan reconocido la existencia de c\u00e1maras de vigilancia y que este tipo de mecanismo se usa a diario por agentes del orden p\u00fablico para producir evidencia que sustente una orden de allanamiento o de interceptaci\u00f3n telef\u00f3nica.[66]<\/a><\/p>\n

De igual modo, la Opini\u00f3n LHG distingui\u00f3 el concepto de CSLI y las c\u00e1maras de vigilancia.[67]<\/a> Discutiendo el razonamiento de Carpenter v. United States<\/em>, concluy\u00f3 que el CSLI permite la creaci\u00f3n de un mapa comprensivo<\/em> de los movimientos de las personas con tan solo presionar un bot\u00f3n<\/em>.[68]<\/a> En cambio, la continua e ininterrumpida vigilancia de las inmediaciones de una residencia no se puede generar al presionar un bot\u00f3n<\/em>.[69]<\/a> En tal sentido, los jueces adoptaron la posici\u00f3n del Gobierno sobre que Nia y Daphne deb\u00edan tomar acciones afirmativas<\/em> para impedir que el p\u00fablico tuviese conocimientos de las actividades que realizaban en las inmediaciones de su residencia.[70]<\/a> Finalmente, aclararon que la preocupaci\u00f3n que se atendi\u00f3 en Carpenter<\/em> v. United States no estaba presente en este caso.[71]<\/a> Ello, porque la vigilancia no devel\u00f3 los movimientos de Nia o de Daphne en m\u00faltiples lugares, sino en un lugar en espec\u00edfico.[72]<\/a><\/p>\n

Por estas razones, la Opini\u00f3n LHG concluy\u00f3 que la supresi\u00f3n de las grabaciones era improcedente. No hab\u00eda expectativa razonable de intimidad, por lo que no hubo violaci\u00f3n a la Cuarta Enmienda.[73]<\/a><\/p>\n

II. Consideraciones finales<\/strong><\/p>\n

La lectura de United States v. <\/em>Moore-Bush<\/em> nos lleva a preguntarnos qu\u00e9 diferencia, si alguna, existe entre las investigaciones que realizan los oficiales, mediante una c\u00e1mara de vigilancia, y las investigaciones de campo <\/em>(presencial) que realizan a diario los agentes utilizando, por ejemplo, binoculares o telescopios.<\/p>\n

A manera de ilustraci\u00f3n, Pablo Agente recibe una llamada de Pepe Confidente quien le informa que Juan Criminal vende drogas en su casa. Ante esta confidencia, el supervisor de Pablo Agente le asigna un veh\u00edculo oficial no rotulado. Pablo Agente llega hasta la casa de Juan Criminal y se estaciona en la calle, pero lejos de la residencia. Desde el veh\u00edculo observa lo que ocurre en la casa de Juan Criminal. Pablo Agente se percata que cada diez minutos una persona le toca la puerta a Juan Criminal, quien, en la entrada, le entrega una bolsita de pl\u00e1stico al individuo y este, a su vez, le entrega dinero. No obstante, debido a la distancia en que se encuentra, Pablo Agente no puede visualizar el contenido de la bolsita, por lo que utiliza un binocular y se percata que la bolsita contiene un polvo blanco que, conforme a su experiencia, parece ser coca\u00edna. As\u00ed las cosas, Pablo Agente obtiene una orden de registro y allanamiento e incauta m\u00e1s de cien bolsitas pl\u00e1sticas de coca\u00edna en la casa de Juan Criminal.<\/p>\n

Normalmente, la actuaci\u00f3n de Pablo Agente ser\u00eda constitucional porque la actividad criminal \u2014aunque se llev\u00f3 a cabo en las inmediaciones de la casa de Juan Criminal<\/em>\u2014 estaba expuesta al p\u00fablico. Si Pablo Agente estuviese caminando por la acera frente a la casa de Juan Criminal, hubiera podido ver la transacci\u00f3n y el contenido de la bolsita pl\u00e1stica, sin la necesidad del binocular. Sin embargo, imaginemos que la transacci\u00f3n se dio en el interior de la residencia. Dicha residencia tiene una ventana, y a trav\u00e9s de esta, Pablo Agente pod\u00eda ver la transacci\u00f3n, pero no el contenido de la bolsita. La \u00fanica forma de ver el contenido de la bolsita es si Pablo Agente utiliza un binocular que le permitiese ver \u2014m\u00e1s de cerca<\/em>\u2014 el interior de la casa. En esa circunstancia, \u00bfla actuaci\u00f3n de Pablo Agente ser\u00eda constitucional? \u00bfDebe suprimirse la evidencia que se incaut\u00f3 porque Pablo Agente no se hubiera percatado del contenido de la bolsita, si no hubiera utilizado el binocular? \u00bfEl uso del binocular violent\u00f3 la expectativa de intimidad de Juan Criminal? \u00bfJuan Criminal ten\u00eda expectativa de intimidad, a pesar de que a trav\u00e9s de la ventana pod\u00eda verse a simple vista<\/em> la transacci\u00f3n, pero no el contenido de la bolsita?<\/p>\n

Desde Katz v. United States<\/em>, un sinn\u00famero de cortes federales y estatales se han enfrentado a este tipo de situaciones e interrogantes.[74]<\/a> A tales efectos, nos parece relevante mencionar United States v. Taborda<\/em>.[75]<\/a> All\u00ed, el Segundo Circuito resolvi\u00f3 que la observaci\u00f3n que un agente realiz\u00f3 \u2014sobre los objetos y actividades que ocurr\u00edan dentro del apartamento del acusado\u2014 era constitucionalmente permisible.[76]<\/a> Ello, solamente si los objetos y las actividades al interior de la casa pod\u00edan percibirse con el ojo humano (naked-eye<\/em>), sin la necesidad de utilizar un aparato que mejorase el campo de visi\u00f3n (enhanced viewing<\/em>).[77]<\/a> Es decir, todo aquello que el agente observ\u00f3 dentro de la residencia, mediante la asistencia del telescopio \u2014y que de otro modo no hubiera podido observar a simple vista<\/em>\u2014 deb\u00eda suprimirse.[78]<\/a> Similarmente, en People v. Arno<\/em>, la Corte de Apelaciones de California concluy\u00f3 que, si el prop\u00f3sito del binocular es permitir una vigilancia clandestina sobre aquello que pod\u00eda observarse sin la necesidad de dicho binocular<\/em>, entonces no existe intrusi\u00f3n inconstitucional.[79]<\/a> Por tanto, si con el binocular se observa aquello que no pod\u00eda observarse, sin la necesidad del binocular, entonces hay intrusi\u00f3n.[80]<\/a> La Corte razon\u00f3 que la expectativa de intimidad se extiende a aquellos objetos, actividades y sonidos que no pueden percibirse naturalmente por la visi\u00f3n o audici\u00f3n del ser humano.[81]<\/a> En tal sentido, si bien el Gobierno puede utilizar tecnolog\u00eda para evitar ser detectado durante una investigaci\u00f3n, dicha tecnolog\u00eda no puede invadir la expectativa de intimidad del sospechoso.[82]<\/a><\/p>\n

Entonces, al considerar lo resuelto en Taborda<\/em>–Arno <\/em>y tras armonizarlo con el razonamiento de Carpenter v. United States<\/em>, notamos que los jueces en United States v. <\/em>Moore-Bush<\/em>, realizaron un an\u00e1lisis incompleto de la controversia. Por ejemplo, la Opini\u00f3n BTK se enfoc\u00f3 en la duraci\u00f3n de la vigilancia,[83]<\/a> mientras que la Opini\u00f3n LHG centr\u00f3 su an\u00e1lisis: (1) en que la c\u00e1mara de vigilancia es una tecnolog\u00eda convencional<\/em>; (2) en discutir la distinci\u00f3n entre el concepto de CSLI y las c\u00e1maras de vigilancia, y (3) en probar la inexistencia de intimidad en lugares p\u00fablicos.[84]<\/a><\/p>\n

A nuestro entender, el an\u00e1lisis deb\u00eda enfocarse en determinar cu\u00e1l fue el uso que los agentes le dieron a la c\u00e1mara de vigilancia. En particular, si las grabaciones captaron objetos y actividades que, de otro modo, un transe\u00fante no hubiera podido observar a simple vista<\/em>, sin la necesidad de la c\u00e1mara de vigilancia. Nos explicamos.<\/p>\n

Si la c\u00e1mara de vigilancia grab\u00f3 transacciones ilegales de sustancias controladas o de armas de fuego \u2014que hayan ocurrido en las inmediaciones de la casa de Daphne<\/em>\u2014 no existir\u00eda violaci\u00f3n a la Cuarta Enmienda. Esto, porque cualquier transe\u00fante que caminara por la acera o por la calle, hubiera podido percatarse de la actividad criminal. En tal sentido, la c\u00e1mara de vigilancia capt\u00f3 lo mismo que hubiera observado una persona a simple vista desde el campo abierto.[85]<\/a> Advi\u00e9rtase que, \u201cobservaciones hechas por unos agentes del orden p\u00fablico\u2014desde fuera del curtilage<\/em> de actividades o eventos que se desarrollen en el curtilage<\/em>, no est\u00e1 prohibida por la Constituci\u00f3n\u201d.[86]<\/a><\/p>\n

Sin embargo, si N\u00eda y Daphne hubieran tomado acciones afirmativas<\/em> para evitar que esas actividades desde las inmediaciones (curtilage<\/em>) estuviesen visibles al p\u00fablico \u2014como, por ejemplo, levantar una verja<\/em>\u2014 entonces, la grabaci\u00f3n de la c\u00e1mara de vigilancia hubiera sido inconstitucional. Ello, en la medida en que dicha c\u00e1mara se coloc\u00f3 en lo alto de un poste de luz y grab\u00f3 aquello que los transe\u00fantes no podr\u00edan haber percibido desde el suelo. Seg\u00fan surge de los hechos, algunas de las transacciones ocurrieron en las inmediaciones de la residencia, pero N\u00eda ni Daphne tomaron acciones afirmativas<\/em> para mantenerlas en privado (seeks to preserve as private<\/em>).[87]<\/a><\/p>\n

Ahora bien, tambi\u00e9n surge de los hechos que los agentes magnificaron la imagen de la c\u00e1mara mientras realizaban la grabaci\u00f3n. Ello, para visualizar a los individuos que ingresaban en la residencia o para enfocar ciertos objetos.[88]<\/a> Conforme Taborda<\/em>–Arno<\/em>, la constitucionalidad de dicha acci\u00f3n depender\u00e1 de si lo que se capt\u00f3 \u2014por medio de la magnificaci\u00f3n de la imagen<\/em>\u2014 estuviese en las inmediaciones o en el interior de la casa, hubiera podido percibirse por un transe\u00fante a simple vista (naked-eye<\/em>) desde el campo abierto.<\/p>\n

Por otro lado, coincidimos con la Opini\u00f3n LHG en que la Opini\u00f3n BTK aplic\u00f3 e interpret\u00f3 err\u00f3neamente el raciocinio de Carpenter v. United States<\/em>, en torno al mapa comprensivo que puede crear el monitoreo continuo e ininterrumpido de los movimientos f\u00edsicos de la persona vigilada.[89]<\/a> Seg\u00fan la Corte de Distrito, la c\u00e1mara de vigilancia solo captur\u00f3 los movimientos de N\u00eda y Daphne en las inmediaciones de la residencia.[90]<\/a> Es decir, no se mapearon<\/em> sus movimientos fuera de las inmediaciones de la casa. Esto, porque dichos movimientos ocurrieron en un lugar donde una persona tiene la expectativa de encontrarse con sus vecinos una y otra vez, dejando entre ver el patr\u00f3n de sus acciones.[91]<\/a> A manera de ejemplo, el razonamiento de Carpenter v. United States<\/em> prohibir\u00eda que el Gobierno realice una investigaci\u00f3n prolongada de un sospechoso utilizando un dron<\/em>. Ello, en la medida en que dicho dispositivo, a diferencia de una c\u00e1mara de vigilancia, captar\u00eda y monitorear\u00eda la totalidad de sus movimientos y actividades en diferentes lugares y no solamente en un lugar espec\u00edfico. Precisamente, la vigilancia \u00e1rea mediante un dron<\/em> es similar a la preocupaci\u00f3n que la Corte Suprema federal atendi\u00f3 en Carpenter v. United Sates<\/em> en relaci\u00f3n con los datos CSLI.<\/p>\n

Conclusi\u00f3n <\/strong><\/p>\n

Sin duda, las opiniones en United States v. <\/em>Moore-Bush<\/em> no proveyeron una respuesta clara y certera en torno a cu\u00e1l debe ser el an\u00e1lisis para determinar si una vigilancia prolongada, sin orden judicial y por medio de una c\u00e1mara de video, sobre las inmediaciones de una residencia es un registro constitucional, conforme la Cuarta Enmienda.[92]<\/a> Sin embargo, ello no es del todo problem\u00e1tico. El 18 de noviembre de 2022, N\u00eda y Daphne recurrieron a la Corte Suprema federal con la esperanza que el M\u00e1ximo Foro expida la controversia.[93]<\/a> El 9 de diciembre de 2022, la Oficina de la Procuradora General de Estados Unidos (\u201cOSG\u201d, por sus siglas en ingl\u00e9s) renunci\u00f3 a presentar su alegato en oposici\u00f3n,[94]<\/a> pero el 15 de diciembre de 2022, el Alto Foro le requiri\u00f3 comparecer.[95]<\/a> Al d\u00eda de hoy, la OSG ha solicitado tres pr\u00f3rrogas, por lo que tiene hasta el 14 de abril de 2023 para expresar la posici\u00f3n de los Estados Unidos.[96]<\/a><\/p>\n

Es incuestionable que United States v. <\/em>Moore-Bush <\/em>representa una excelente oportunidad para que la Corte Suprema federal reexamine y delimite los contornos de las protecciones que ofrece la Cuarta Enmienda en el contexto de una sociedad que se moderniza tecnol\u00f3gicamente d\u00eda con d\u00eda. Si bien el M\u00e1ximo foro ha tratado de subsanar las deficiencias y vac\u00edos legales que provocan los avances tecnol\u00f3gicos,[97]<\/a> la realidad es que \u201c[t]he Court has often struggled to apply the Fourth Amendment in new technological environments\u201d.[98]<\/a> No obstante, esta controversia tiene el potencial de aclarar que la tecnolog\u00eda no debe cambiar el prop\u00f3sito medular e intr\u00ednseco de la Cuarta Enmienda.[99]<\/a> Si retrocedemos un poco en la historia, podemos percatarnos que la definici\u00f3n de \u201cregistro\u201d no ha variado, pero si su alcance.[100]<\/a> Desde Katz<\/em> v. United States <\/em>ha quedado claro que un registro ocurre no tan solo con la transgresi\u00f3n f\u00edsica, sino tambi\u00e9n mediante el uso de aparatos tecnol\u00f3gicos que permiten develar aspectos \u00edntimos de las personas sin tener que tomar ninguna acci\u00f3n o movimiento f\u00edsico.[101]<\/a><\/p>\n

As\u00ed, pues, lo importante a vislumbrar es si el Gobierno, por medio del uso de tecnolog\u00eda, quebrant\u00f3 la expectativa de intimidad de la persona investigada. Para determinar si hubo tal quebranto \u2014dentro el contexto de c\u00e1maras de vigilancia\u2014 la Corte Suprema federal debe adoptar el raciocinio de Taborda<\/em>–Arno <\/em>y pautar que, si la c\u00e1mara capta objetos y actividades que surjan de las inmediaciones de una propiedad o de su interior, y que de otro modo un transe\u00fante no pueda percibir a simple vista, sin la ayuda de dicha c\u00e1mara, la grabaci\u00f3n constituir\u00eda un \u201cregistro\u201d para prop\u00f3sitos de la Cuarta Enmienda. Por tanto, la grabaci\u00f3n ser\u00e1 admisible, como prueba de cargo, si la grabaci\u00f3n est\u00e1 respaldada por una orden de registro y allanamiento. En ausencia de dicha orden, la grabaci\u00f3n deber\u00e1 suprimirse. Este curso de acci\u00f3n es c\u00f3nsono con la percepci\u00f3n de que una c\u00e1mara de vigilancia le provee al Gobierno una poderosa herramienta para abrir \u201c[a]n intimate window into a person\u2019s life . . .\u201d.[102]<\/a><\/p>\n

Si el Alto Foro federal declina acoger la petici\u00f3n de certiorari<\/em>, las cortes federales inferiores y los estados continuar\u00e1n desarrollando esquemas y an\u00e1lisis distintos.[103]<\/a> Esto significa que si el Gobierno comete la misma conducta, a saber, utilizar c\u00e1maras de seguridad para grabar las actividades sospechosas en las inmediaciones o en el interior de una propiedad, y la persona afectada reclama la protecci\u00f3n de la Cuarta Enmienda, el resultado de su caso depender\u00e1 de en cu\u00e1l estado o Corte de Distrito se haya presentado el caso. Lo anterior provocar\u00eda una erosi\u00f3n significativa en el federalismo tal cual como lo conocemos, en la medida en que se permitir\u00eda la aplicaci\u00f3n desigual y heterog\u00e9nea de un derecho protegido por la Constituci\u00f3n federal.[104]<\/a><\/p>\n

<\/a>* El autor es Procurador General Auxiliar en el Departamento de Justicia de Puerto Rico. El autor prepar\u00f3 el presente escrito para fines de discusi\u00f3n acad\u00e9mica y no representa, de modo alguno<\/em>, la postura, posici\u00f3n u opini\u00f3n de la Oficina del Procurador General o del Departamento de Justicia.<\/p>\n

[1] CONST. EE. UU. enm. XV; CONST. PR art. II, \u00a7 10.<\/p>\n

[2]<\/a> Pueblo v. Rol\u00f3n Rodr\u00edguez, 193 DPR 166, 182 (2015).<\/p>\n

[3]<\/a> Pueblo v. Fern\u00e1ndez Rodr\u00edguez, 188 DPR 165, 180-81 (2013).<\/p>\n

[4]<\/a> Rol\u00f3n Rodr\u00edguez, <\/em>en la p\u00e1g. 182.<\/p>\n

[5]<\/a> Carpenter v. United States, 138 S. Ct. 2206, 2214 (2018).<\/p>\n

[6]<\/a> Jeffrey Rosen, Technological Change and the Constitutional Future,<\/em> en<\/em> CONSTITUTION 3.0: FREEDOM AND TECHNOLOGICAL CHANGE 1 (Jeffrey Rosen & Benjamin Wittes eds., 2011).<\/p>\n

[7]<\/a> V\u00e9ase<\/em> Carpenter<\/em>, 138 S. Ct., en la p\u00e1g. 2212 (sobre la triangulaci\u00f3n telef\u00f3nica conocida como Cell\u2013Site Location Information <\/em>(en adelante, \u201cCSLI\u201d)); Riley v. California, 573 U.S. 373 (2014) (sobre un registro de un tel\u00e9fono celular); United States v. Jones, 565 U.S. 400 (2012) (sobre el uso de un sistema de posicionamiento global (GPS) para monitorear los movimientos de un veh\u00edculo de motor); Kyllo v. United States, 533 U.S. 27 (2001) (sobre un sistema de imagen t\u00e9rmica).<\/p>\n

[8]<\/a> United States v. Moore-Bush: First Circuit Divides on Constitutionality of Warrantless Pole-Camera Surveillance of Home\u2019s Curtilage<\/em>, 136 HARV. L. REV. 1268 (2023) (\u201cFourth Amendment doctrine has struggled to keep pace with these new\u00a0threats. And the Supreme Court\u2019s attempts to address accelerating technological change . . . have left the doctrine unsettled\u201d).<\/p>\n

[9]<\/a> United States v. Moore-Bush, 36 F.4th 320 (1st Cir. 2022).<\/p>\n

[10]<\/a> El Alto Foro federal concluy\u00f3 que el Estado debe obtener una orden de registro y allanamiento, basada en causa probable, previo a tener acceso a los r\u00e9cords de ubicaci\u00f3n f\u00edsica de un proveedor de servicios de telefon\u00eda celular. Es decir, la protecci\u00f3n de la Cuarta Enmienda se extendi\u00f3 a los datos de ubicaci\u00f3n que el tel\u00e9fono m\u00f3vil provee, aun si fueron recopilados por un tercero.<\/p>\n

[11]<\/a> V\u00e9ase<\/em> Pueblo v. Rivera Col\u00f3n, 128 DPR 672, 683 (1991) (al utilizar la palabra inmediaciones nos referimos al concepto curtilage<\/em> que es la \u201c[z]ona contigua a la casa, compuesta por el terreno y estructuras accesorias\u201d).<\/p>\n

[12]<\/a> Moore-Bush<\/em>, 36 F.4th, en la p\u00e1g. 321.<\/p>\n

[13]<\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 322.<\/p>\n

[14]<\/a> Id.<\/strong><\/em><\/p>\n

[15]<\/a> Id.<\/strong><\/em><\/p>\n

[16]<\/a> Id.<\/strong><\/em><\/p>\n

[17]<\/a> Id.<\/strong><\/em> en la p\u00e1g. 323.<\/p>\n

[18]<\/a> Id.<\/strong><\/em> en la p\u00e1g. 362.<\/p>\n

[19]<\/a> Id.<\/strong><\/em> en la p\u00e1g. 324.<\/p>\n

[20]<\/a> United States v. Moore-Bush, 381 F. Supp. 3d 139, 144 (D. Mass. 2019) (Nia and Daphne\u2019s \u201cexpectation of privacy \u2018is one that society is prepared to recognize as objectively reasonable\u2019\u201d) (cita omitida).<\/p>\n

[21]<\/a> United States v. Bucci, 582 F.3d 108 (1st Cir. 2009).<\/p>\n

[22]<\/a> Moore-Bush<\/em>, 381 F. Supp., en la p\u00e1g. 144.<\/p>\n

[23]<\/a> Id.<\/strong><\/em><\/p>\n

[24]<\/a> Id.<\/strong><\/em><\/p>\n

[25]<\/a> Id.<\/strong> <\/em>(\u201claw enforcement officers lacked the capability to control the camera remotely without being physically at the scene\u201d).<\/p>\n

[26]<\/a> Moore-Bush<\/em>, 36 F.4th, en la p\u00e1g. 323.<\/p>\n

[27]<\/a> Moore-Bush<\/em>, 381 F. Supp., en la p\u00e1g. 144.<\/p>\n

[28]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (\u201c[a]person does not surrender all Fourth Amendment protection by venturing into the public sphere.\u201d) (citando a<\/em> Carpenter v. United States, 138 S. Ct. 2206, 2217 (2018)).<\/p>\n

[29]<\/a> Id.<\/strong><\/em> en la p\u00e1g. 145.<\/p>\n

[30]<\/a> Id.<\/strong><\/em><\/p>\n

[31]<\/a> Id.<\/strong><\/em> en la p\u00e1g. 146 (\u201csecurity camera exists to monitor a heavily trafficked area or commercial establishment\u201d).<\/p>\n

[32]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (\u201c[s]ecurity camera operators often install their cameras in plain view or with warning signs to deter wrongdoers\u201d).<\/p>\n

[33]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (\u201cthe Government explained that it used the Pole Camera simply to track suspects\u2019 travels, which, standing alone, were not crimes\u201d).<\/p>\n

[34]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (\u201c[t]he Government hid the\u00a0Pole Camera out of sight of its targets . . .\u201d).<\/p>\n

[35]<\/a> Id.<\/strong><\/em> en la p\u00e1g. 149.<\/p>\n

[36]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (\u201cthe Government can go back on a whim and determine a home occupant\u2019s routines with to-the-second specificity\u201d) (Comparemos esto con la opini\u00f3n concurrente de la jueza asociada Sonia Sotomayor en United States v.<\/em> Jones<\/em>, al mencionar que \u201cGPS monitoring generates a precise, comprehensive record of a person\u2019s public movements that reflects a wealth of detail about her familial, political, professional, religious, and sexual associations.\u201d). V\u00e9ase<\/em> United States v. Jones, 565 U.S. 400, 415 (2012) (Sotomayor, opini\u00f3n concurrente)<\/p>\n

[37]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (\u201c[t]his capability distinguishes this surveillance from human surveillance. Humans are imperfect note-takers and not all blessed with photographic memory\u201d).<\/p>\n

[38]<\/a> Id.<\/strong><\/em> en la p\u00e1g. 144 (\u201cthis Court considers the issue as matter of first impression and rules that the surveillance conducted here exceeds the objectively reasonable expectation of privacy . . .\u201d).<\/p>\n

[39]<\/a> Id.<\/strong><\/em> en la p\u00e1g. 150.<\/p>\n

[40]<\/a> United States v. Moore-Bush, 36 F.4th 320 (1st Cir. 2022).<\/p>\n

[41]<\/a> Id.<\/strong><\/em><\/p>\n

[42]<\/a> Id.<\/strong><\/em> en la p\u00e1g. 321 (Barron, Thompson & Kayatta, opini\u00f3n concurrente) (\u201c[t]he result is that our court is unanimous in holding that the District Court\u2019s order granting the motions to suppress must be reversed. Our court\u2019s rationale for that holding, however, is most decidedly not\u201d).<\/p>\n

[43]<\/a> Id. <\/strong><\/em>(Barron, Thompson & Kayatta, opini\u00f3n concurrente).<\/p>\n

[44]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (Barron, Thompson & Kayatta, opini\u00f3n concurrente) (\u201csubsequent developments in Fourth Amendment jurisprudence support the overruling of Bucci . . . we also conclude that, under the \u2018good faith\u2019 exception to the Fourth Amendment\u2019s warrant requirement . . . the government was entitled to rely on Bucci in acting as it did . . .\u201d).<\/p>\n

[45]<\/a> V\u00e9ase<\/em> Illinois v. Gates, 462 U.S. 213, 255 (1983) (\u201cthe exclusionary rule in operation, forcefully suggest that the exclusionary rule be more generally modified to permit the introduction of evidence obtained in the reasonable good-faith belief that a search or seizure was in accord with the Fourth Amendment\u201d); United States v. Leon, 468 U.S. 897, 913 (1984) (\u201cthe balancing approach that has evolved during the years of experience . . . [and]our evaluation of the costs and benefits of suppressing reliable physical evidence seized by officers reasonably relying on a warrant issued by a detached and neutral magistrate[,] leads to the conclusion that such evidence should be admissible in the prosecution’s case in chief\u201d).<\/p>\n

[46]<\/a> Michigan v. DeFillippo, 443 U.S. 31 (1979).<\/p>\n

[47]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 37 (\u201cPolice are charged to enforce laws until and unless they are declared unconstitutional . . . Society would be ill-served if its police officers took it upon themselves to determine which laws are and which are not constitutionally entitled to enforcement\u201d).<\/p>\n

[48]<\/a> Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967).<\/p>\n

[49]<\/a> Moore-Bush<\/em>, 36 F.4th, en las p\u00e1gs. 330-31 (Barron, Thompson & Kayatta, opini\u00f3n concurrente).<\/p>\n

[50]<\/a> United States v. Moore-Bush, 381 F. Supp. 3d 139, 143 (D. Mass. 2019) (\u201c[Nia and Daphne] contend that they have established a subjective expectation of privacy by choosing to live in a quiet, residential neighborhood in a house obstructed by a large tree\u201d).<\/p>\n

[51]<\/a> Moore-Bush<\/em>, 36 F.4th, en las p\u00e1gs. 329 (Barron, Thompson & Kayatta, opini\u00f3n concurrente).<\/p>\n

[52]<\/a> Id.<\/strong><\/em><\/p>\n

[53]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (Barron, Thompson & Kayatta, opini\u00f3n concurrente) (\u201cBucci\u00a0did not grapple . . . with the contention that is front and center here —\u00a0that the claimed expectation of privacy is only in the totality of what transpired within the area of the property at issue over the months in question and not in any discrete occurrences that, one by one, happened to take place there during that time\u201d).<\/p>\n

[54]<\/a> United States v. Jones, 565 U.S. 400, 430 (2012) (\u201cthe use of longer term . . . monitoring in investigations of most offenses impinges on expectations of privacy\u201d).<\/p>\n

[55]<\/a> Moore-Bush<\/em>, 36 F.4th<\/sup>, en las p\u00e1gs. 329 (Barron, Thompson & Kayatta, opini\u00f3n concurrente) (\u201ccasual, accidental obser[ver]. . . [could not]take in all that occurs in a home\u2019s curtilage over the course of eight months and recall it perfectly and at a moment\u2019s notice\u201d) (citas omitidas).<\/p>\n

[56]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (Barron, Thompson & Kayatta, opini\u00f3n concurrente) (\u201cwe see little sense in inferring that the defendants here lacked, as a subjective matter, their claimed expectation of privacy simply because they failed to take measures that would at most protect against casual observation of the curtilage of their residence . . .\u201d).<\/p>\n

[57]<\/a> Id.<\/strong><\/em> en la p\u00e1g. 332 (Barron, Thompson & Kayatta, opini\u00f3n concurrente).<\/p>\n

[58]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (Barron, Thompson & Kayatta, opini\u00f3n concurrente) (\u201cwhat [a person]seeks to preserve as private, even in an area accessible to the public, may be constitutionally protected\u201d) (citas omitidas).<\/p>\n

[59]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (Barron, Thompson & Kayatta, opini\u00f3n concurrente) (\u201cindividuals have a reasonable expectation of privacy in the whole of their physical movements, even if those movements take place in public view . . . society is prepared to accept as reasonable a claimed expectation of privacy in the whole of \u2018every single movement of an individual . . . \u00a0for a very long period\u2019\u201d) (citas omitidas).<\/p>\n

[60]<\/a> Carpenter v. United States, 138 S. Ct. 2206, 2217 (2018) (\u201c[S]ociety\u2019s expectation has been that law enforcement agents and others would not\u2014and indeed, in the main, simply could not\u2014secretly monitor and catalogue every single movement of an individual’s car for a very long period\u201d).<\/p>\n

[61]<\/a> Moore-Bush<\/em>, 36 F.4th<\/sup>, en la p\u00e1g. 361 (Lynch, Howard & Gelp\u00ed, opini\u00f3n concurrente).<\/p>\n

[62]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (Lynch, Howard & Gelp\u00ed, opini\u00f3n concurrente) (\u201c[t]he concurrence . . . wrongly applies that precedent. Carpenter forbids and does not support the concurrence\u2019s contention that the use of the video taken from the pole camera by the prosecution violated the Fourth Amendment\u201d).<\/p>\n

[63]<\/a> Id.<\/strong><\/em> en la p\u00e1g. 363 (Lynch, Howard & Gelp\u00ed, opini\u00f3n concurrente) (\u201c[t]hese defendants fail on both prongs\u201d).<\/p>\n

[64]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (Lynch, Howard & Gelp\u00ed, opini\u00f3n concurrente) (\u201c[t]he\u00a0Carpenter\u00a0Court was explicit that \u2018[o]ur decision today is a narrow one.\u2019 It went on to explain that it expressed no view on technologies other than the CSLI at issue in the case, and it did not\u00a0\u2018call into question conventional surveillance techniques and tools, such as security cameras\u201d) (citas omitidas).<\/p>\n

[65]<\/a> Id. <\/strong><\/em>(Lynch, Howard & Gelp\u00ed, opini\u00f3n concurrente) (\u201c[p]ole cameras are certainly a conventional surveillance tool. Moreover, Carpenter did not overrule the precedents the First Circuit relied on when it upheld the use of pole camera surveillance in United States v. Bucci<\/em>\u201d).<\/p>\n

[66]<\/a> Id.<\/strong><\/em> en las p\u00e1gs. 363-64 (Lynch, Howard & Gelp\u00ed, opini\u00f3n concurrente) (\u201c[p]ole cameras have been described in circuit opinions since at least 1987 . . . Pole cameras often, as in this case, produce evidence which provides a basis for warrant and wiretap applications\u201d).<\/p>\n

[67]<\/a> Id.<\/strong><\/em> en la p\u00e1g. 366 (Lynch, Howard & Gelp\u00ed, opini\u00f3n concurrente).<\/p>\n

[68]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (Lynch, Howard & Gelp\u00ed, opini\u00f3n concurrente) (\u201cCSLI allows creation of a comprehensive map of a person\u2019s movements with \u2018just the click of a button\u2019\u201d) (citas omitidas).<\/p>\n

[69]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (Lynch, Howard & Gelp\u00ed, opini\u00f3n concurrente) (\u201c[e]ight months of pole camera surveillance cannot be generated with the push of a button\u201d).<\/p>\n

[70]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (Lynch, Howard & Gelp\u00ed, opini\u00f3n concurrente) (\u201c[p]eople can take measures, as defendants here did not, to avoid being seen by neighbors or by passersby. Absent such steps, these defendants certainly knew that when they stepped outside of their house, their activities were exposed to public view\u201d).<\/p>\n

[71]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (Lynch, Howard & Gelp\u00ed, opini\u00f3n concurrente) (\u201cCarpenter\u2019s concern . . . is not implicated in this case\u201d).<\/p>\n

[72]<\/a> Id.<\/strong><\/em> en la p\u00e1g. 367 (Lynch, Howard & Gelp\u00ed, opini\u00f3n concurrente) (\u201c[p]lacing a single camera on a public street outside of a single house does not create a vast database allowing police to tap into the complete movements of millions of people with the push of a button, which was the Court’s concern in Carpenter\u201d).<\/p>\n

[73]<\/a> Id.<\/strong><\/em> en la p\u00e1g. 373 (Lynch, Howard & Gelp\u00ed, opini\u00f3n concurrente).<\/p>\n

[74]<\/a> Lawrence Kaiser Marks, Telescopes Binoculars and the Fourth Amendment<\/em>, 67 CORNELL L. REV. 379, 384 (1982).<\/p>\n

[75]<\/a> United States v. Taborda, 635 F.2d 131, 133-34 (2d Cir. 1980) (En este caso, agentes del orden p\u00fablico utilizaron un telescopio para observar las actividades criminales que Miguel \u00c1ngel Taborda realizaba en su apartamento. En dicho caso, agentes de la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas<\/em> (\u201cDEA\u201d, por sus siglas en ingl\u00e9s) obtuvieron una orden de registro y allanamiento contra la casa de Taborda. Dicha orden se sustent\u00f3 con una declaraci\u00f3n jurada del detective Robert Bisbee, quien indic\u00f3 que hizo varias investigaciones en los alrededores de la residencia de Taborda. Utilizando un telescopio, pudo observar paquetes de coca\u00edna en la cocina de la residencia. En la vista de supresi\u00f3n, Bisbee declar\u00f3 que observ\u00f3 a Taborda y a otro individuo endecando polvo blanco en bolsas pl\u00e1sticas y en objetos cil\u00edndricos de color negro. Adem\u00e1s, testific\u00f3 que solamente us\u00f3 el telescopio para contabilizar aquellos objetos y leer las etiquetas de los contenedores que no distingu\u00eda a simple vista.).<\/p>\n

[76]<\/a> Id.<\/strong><\/em> en la p\u00e1g. 141.<\/p>\n

[77]<\/a> Id.<\/strong><\/em> en la p\u00e1g. 139, 141 (\u201cobservation of objects and activities inside a person\u2019s home by unenhanced vision from a location where the observer may properly be does not impair a legitimate expectation of privacy\u201d).<\/p>\n

[78]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (\u201c[t]o the extent, however, that the agents used the telescope to identify objects or activities that were not identified without an instrument, those observations were improper without a search warrant and could not form the basis for issuance of a warrant\u201d).<\/p>\n

[79]<\/a> People v. Arno, 90 Cal. App. 3d 505, 626 (Ct. App. 1979) (\u201cif the purpose of the optically aided view is to permit clandestine police surveillance of that which could be seen from a more obvious vantage point without the optical aid, there is no unconstitutional intrusion\u201d).<\/p>\n

[80]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (\u201cif the purpose of the optical aid is to view that which could not be seen without it, there is\u201d).<\/p>\n

[81]<\/a> Id.<\/strong><\/em> en las p\u00e1gs. 511-12 (\u201cthe reasonable expectation of privacy extends to that which cannot be seen by the naked eye or heard by the unaided ear\u201d).<\/p>\n

[82]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (\u201c[w]hile governmental authority may use a technological device to avoid detection of its own law enforcement activity, it may not use the same device to invade the protected right\u201d).<\/p>\n

[83]<\/a>First Circuit Divides on Constitutionality of Warrantless Pole-Camera Surveillance of Home\u2019s Curtilage<\/em>, supra<\/em> nota 8, en la p\u00e1g. 1268 (\u201cthe opinion\u2019s reasoning primarily centered on the duration of the surveillance, rather than the multidimensional risks posed by pole-camera monitoring\u201d).<\/p>\n

[84]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (\u201cthe opinion argued that no privacy interest exists in a publicly exposed curtilage, despite Carpenter<\/em>\u2019s selective narrowing of third-party doctrine. Finally, the opinion distinguished pole-camera surveillance from cellphone-location data\u201d).<\/p>\n

[85]<\/a> Pueblo v. Soto Soto, 168 DPR 46, 59 (2006) (\u201clas observaciones hechas desde . . . [el campo abierto]no est\u00e1n sujetas a la prohibici\u00f3n constitucional\u201d).<\/p>\n

[86]<\/a> Id.<\/strong><\/em> en la p\u00e1g. 57.<\/p>\n

[87]<\/a> Carpenter v. United States, 138 S. Ct. 2206, 2217 (2018).<\/p>\n

[88]<\/a> United States v. Moore-Bush, 36 F.4th 320, 323 (1st Cir. 2022) (\u201c[t]he agents also could, remotely, pan, tilt, and zoom the camera to better focus on individuals or objects of interest\u201d).<\/p>\n

[89]<\/a> Carpenter<\/em>, 138 S. Ct. en la p\u00e1g. 2217 (\u201cphone goes wherever its owner goes, conveying to the wireless carrier not just dialed digits, but a detailed and comprehensive record of the person\u2019s movements\u201d).<\/em><\/p>\n

[90]<\/a>Moore-Bush, <\/em>36 F.4th en la p\u00e1g. 368 (\u201cpole camera only captured the defendants\u2019 and coconspirators\u2019 movements in one place in the public view and did not track their movements once they left the curtilage of 120 Hadley Street\u201d).<\/p>\n

[91]<\/a> Id.<\/strong><\/em> (\u201c[t]here can be no expectation of privacy in the aggregate of these movements because they occur in one place where a person expects to encounter and be seen by people again and again.\u00a0The defendants living on a public street alongside neighbors faced the reality that neighbors would come to know the patterns of when they left in the morning and returned in the evening\u201d).<\/p>\n

[92]<\/a> First Circuit Divides on Constitutionality of Warrantless Pole-Camera Surveillance of Home\u2019s Curtilage<\/em>, supra<\/em> nota 8, en la p\u00e1g. 1275.<\/p>\n

[93]<\/a> Petition for Writ of Certiorari, Moore v. United States, (No. 22-0481), https:\/\/www.supremecourt.gov\/DocketPDF\/22\/22-481\/246893\/20221118080553790_Moore%20v%20US%20Petition%20for%20Writ%20of%20Certiorari.pdf.<\/p>\n

[94]<\/a> Waiver, (No. 22-0481), https:\/\/www.supremecourt.gov\/DocketPDF\/22\/22-481\/249643\/20221209173242351_Waiver%20Letter%20-22-0481.pdf.<\/p>\n

[95]<\/a> Docket for No. 22-481, https:\/\/www.supremecourt.gov\/docket\/docketfiles\/html\/public\/22-481.html (\u00faltima visita 5 de marzo de 2023).<\/p>\n

[96]<\/a> Id. <\/em><\/p>\n

[97]<\/a> Erik Nielsen, Fourth Amendment Implications of Police-Worn Body Cameras<\/em>, 48 St. MARY\u2019S L.J. 115, 120 (2016)<\/p>\n

(\u201c[t]his amendment has been shaped by the judiciary to evolve with the needs of an ever-changing society; as a result, it has been applied to a wide variety of circumstances\u201d).<\/p>\n

[98]<\/a> Brief of Amicus Curiae<\/em> Cato Institute Supporting Petitioner, Moore v. United States, (No. 22-0481), en la p\u00e1g. 6, https:\/\/www.supremecourt.gov\/DocketPDF\/22\/22-481\/252263\/20230113161919182_Moore%20v.%20United%20States_Final.pdf<\/p>\n

[99]<\/a> Fourth Amendment Implications of Police-Worn Body Cameras<\/em>, supra, nota 97, en las p\u00e1gs. 120-121 (\u201c[r]egardless of the circumstances, the Fourth Amendment still stands to protect an individual from searches in instances where the individual maintains a \u201creasonable expectation of privacy\u201d).<\/p>\n

[100]<\/a> Brief of Institute for Justice as Amicus Curiae in Support of Petitioner, Moore v. United States, (No. 22-0481), en la p\u00e1g. 5, https:\/\/www.supremecourt.gov\/DocketPDF\/22\/22-481\/250772\/20221222154247624_Brief%20of%20Amicus%20Curiae%20Institute%20for%20Justice%20Moore%20v.%20US.pdf.<\/p>\n

[101]<\/a> Carpenter, 138 S. Ct. 2206, 2212 (2018); Riley v. California, 573 U.S. 373 (2014); United States v. Jones, 565 U.S. 400 (2012); Kyllo v. United States, 533 U.S. 27 (2001).<\/p>\n

[102]<\/a> Carpenter v. United States, 138 S. Ct. 2206, en la p\u00e1g. 2217.<\/p>\n

[103]<\/a> Brief of Amici Curiae The Reporters Committee for Freedom of the Press and 13 Media Organizations in Support of Petitioner, Moore v. United States, (No. 22-0481), en la p\u00e1g. 3, https:\/\/www.supremecourt.gov\/DocketPDF\/22\/22-481\/250637\/20221221150023466_RCFP%20%20Moore%20v.%20United%20States%20for%20Printer%20PDF%20A.pdf (\u201c[t]he division within the First Circuit underlines a clear split over the constitutional standards that govern the use of this technology, while showcasing continuing confusion in the lower courts . . .\u201d).<\/p>\n

[104]<\/a> Danforth v. Minnesota, 552 U.S. 264, 310 (2008) (Roberts, opini\u00f3n disidente) (\u201c[o]ur role under the Constitution [is to be]the final arbiter of federal law, both as to its meaning and its reach, and the accompanying duty to ensure the uniformity of that federal law\u201d).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Comentario Por: Orlandy Cabrera Valent\u00edn* Introducci\u00f3n La Cuarta Enmienda de la Constituci\u00f3n federal y la Secci\u00f3n 10 del Art\u00edculo II de la Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, garantizan el derecho contra registros y allanamientos irrazonables.[1] Como norma general, una violaci\u00f3n a ese derecho conlleva la supresi\u00f3n de la evidencia incautada.[2] Esto se<\/p>\n

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