{"id":3807,"date":"2023-04-06T13:31:59","date_gmt":"2023-04-06T13:31:59","guid":{"rendered":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/?p=3807"},"modified":"2023-04-06T13:31:59","modified_gmt":"2023-04-06T13:31:59","slug":"articulo-el-fin-de-los-antecedentes-penales-es-posible","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/2023\/04\/06\/articulo-el-fin-de-los-antecedentes-penales-es-posible\/","title":{"rendered":"Art\u00edculo: El fin de los antecedentes penales es posible"},"content":{"rendered":"
<\/h5>\n
\"\"<\/h5>\n
Art\u00edculo<\/h5>\n
Por: Perla del Mar Rodr\u00edguez*<\/strong><\/h5>\n

Hu\u00e9rfana culpa, vuela sin due\u00f1os.<\/p>\n

Donde se pose, nunca crecer\u00e1n los sue\u00f1os.[1]<\/sup><\/a><\/p>\n

Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene ante su consideraci\u00f3n \u2014hasta el momento\u2014 10 proyectos (y uno que se retir\u00f3) para limitar el alcance de los certificados de antecedentes penales. La pregunta que proponemos contestar con este escrito es: \u00bfExiste voluntad pol\u00edtica para avanzar medidas legislativas que arranquen el estigma que perpet\u00faan los antecedentes penales, a pesar del populismo punitivo? El populismo punitivo lo podemos ver reflejado en una \u201cactitud de indiferencia . . . intolerancia y pretensi\u00f3n de castigo ante el fen\u00f3meno delictivo\u201d.[2]<\/sup><\/a> Podr\u00eda haber quien diga que castigar est\u00e1 de moda, casi como un fetiche digno de discutir en alg\u00fan podcast<\/em>. Ahora bien, en este escrito proponemos establecer por qu\u00e9 debemos poner fin a los antecedentes penales en Puerto Rico. En primer plano, expondremos el trasfondo de los antecedentes penales y las medidas que est\u00e1n ante la consideraci\u00f3n de la Legislatura puertorrique\u00f1a. Luego, discutiremos el valor de la rehabilitaci\u00f3n, los efectos de los antecedentes penales, y los retos que surgen por el populismo de penas altas. Cerraremos este escrito discutiendo por qu\u00e9 poner fin a los antecedentes penales nos acerca a la jurisprudencia terap\u00e9utica y a cumplir con el valor de la rehabilitaci\u00f3n, establecida constitucionalmente. Puerto Rico necesita retomar la rehabilitaci\u00f3n social y moral de la persona como un asunto de derecho. Este archipi\u00e9lago tiene la oportunidad de ser pionero en este tema y levantar del suelo el acceso a la rehabilitaci\u00f3n.<\/p>\n

I. Trasfondo<\/strong><\/p>\n

Antes de comenzar una conversaci\u00f3n sobre los registros centralizados de antecedentes penales, debemos reconocer que este fen\u00f3meno no comenz\u00f3 en Puerto Rico. De hecho, nos remonta a la Revoluci\u00f3n Francesa.[3]<\/sup><\/a> Sin embargo, los registros centralizados de antecedentes penales llegaron a Puerto Rico en el 1974.[4]<\/sup><\/a> Desde entonces, la Polic\u00eda de Puerto Rico tiene \u201cla encomienda de expedir . . . los Certificados de Antecedentes Penales\u201d.[5]<\/sup><\/a> Pero, \u00bfqu\u00e9 son los certificados de antecedentes penales? El art\u00edculo 2 de la Ley para autorizar a la polic\u00eda de puerto rico la expedici\u00f3n de certificados de antecedentes penales<\/em> (en adelante, \u201cLey de certificados de antecedentes penales<\/em>\u201d) define que se trata de un documento que contiene:<\/p>\n

(1) Nombre completo de la persona sobre la cual se certifica.<\/p>\n

(2) N\u00famero del caso y tribunal que dict\u00f3 la sentencia.<\/p>\n

(3) Fecha de la sentencia.<\/p>\n

(4) Delito por el cual se conden\u00f3, as\u00ed como la jurisdicci\u00f3n donde se encuentra archivado el fallo condenatorio.<\/p>\n

(5) Pena impuesta.<\/p>\n

(6) Si la sentencia est\u00e1 en etapa de apelaci\u00f3n.<\/p>\n

(7) Fecha del certificado.<\/p>\n

(8) Firma del funcionario que expide el certificado.[6]<\/sup><\/a><\/p>\n

Adem\u00e1s, los Certificados de Antecedentes Penales incluyen una salvedad de que pudieran no estar incluidas algunas convicciones de delitos menos graves, si han transcurrido m\u00e1s de seis meses desde que se cumpli\u00f3 la sentencia; o convicciones de delitos graves, si han transcurrido m\u00e1s de cinco a\u00f1os desde que se cumpli\u00f3 la sentencia.[7]<\/sup><\/a><\/p>\n

La forma de remover los antecedentes penales por un delito menos grave se encuentra en el art\u00edculo 3 de la Ley en cuesti\u00f3n.[8]<\/sup><\/a> Por otra parte, la forma de remover los antecedentes penales por un delito grave se encuentra en el art\u00edculo 4.[9]<\/sup><\/a><\/p>\n

Espec\u00edficamente, el art\u00edculo 3 sostiene que:<\/p>\n

Toda persona que haya sido convicta por un delito menos grave<\/em> podra\u0301 solicitar del Superintendente de la Polic\u00eda la eliminacio\u0301n de la conviccio\u0301n del certificado de antecedentes penales mediante declaraci\u00f3n jurada, acompa\u00f1ada de los documentos pertinentes y de un comprobante de rentas internas de veinte d\u00f3lares ($20), si concurren las siguientes circunstancias:<\/p>\n

(a) <\/strong>Que hayan transcurrido seis (6) meses desde que cumplio\u0301 la sentencia y durante ese tiempo no haya cometido otro delito, y<\/p>\n

(b) <\/strong>que tenga buena reputacio\u0301n en la comunidad.[10]<\/sup><\/a><\/p>\n

Asimismo, el art\u00edculo 4 a\u00f1ade que:<\/p>\n

Toda persona que haya sido convicta de un delito grave<\/em> que no est\u00e9\u0301 sujeta al Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso Contra Menores ni al Registro de Personas Convictas por Corrupcio\u0301n, podra\u0301 solicitar del Tribunal de Primera Instancia una orden para la eliminacio\u0301n de la conviccio\u0301n del Certificado de Antecedentes Penales, siempre que concurran las siguientes circunstancias:<\/p>\n

(a) <\/strong>que hayan transcurrido cinco (5) an\u0303os desde que cumplio\u0301 la sentencia y durante ese tiempo no haya cometido delito alguno;<\/p>\n

(b) <\/strong>que tenga buena reputacio\u0301n en la comunidad; y<\/p>\n

(c) <\/strong>que se haya sometido a la muestra requerida por la Ley del [b]anco de [d]atos de ADN, de estar sujeta a ello.<\/p>\n

El peticionario acompan\u0303ara\u0301 los documentos necesarios para probar las alegaciones de su peticio\u0301n. El Ministerio Pu\u0301blico podra\u0301 oponerse o allanarse a la peticio\u0301n, en cuyo caso no sera\u0301 necesario celebrar vista.[11]<\/sup><\/a><\/p>\n

Previo a la aprobaci\u00f3n de la Ley, los certificados de antecedentes penales llegaron a incluir \u2014incluso \u2014 las denuncias sin dilucidar que se hubiesen hecho contra la persona.[12]<\/sup><\/a> Sin embargo, la Asamblea Legislativa entendi\u00f3 que el documento \u201cdeb\u00eda contener solo las sentencias condenatorias y no meras denuncias\u201d.[13]<\/sup><\/a><\/p>\n

La Exposici\u00f3n de Motivos de la Ley N\u00fam. 254 de 27 de julio de 1974 explica que \u201c[l]a pr\u00e1ctica de informar los casos pendientes de disposici\u00f3n [era vista de forma favorable]por los patronos que [deseaban]estar prevenidos de emplear a [una persona]que sea dado a tener tropiezos con la ley\u201d.[14]<\/a> Sin embargo, a\u00f1ade la Exposici\u00f3n de Motivos de la Ley N\u00fam. 254 de 27 de julio de 1974, que la inclusi\u00f3n de las denuncias fue repudiada por la ciudadan\u00eda que correctamente entendi\u00f3 lo injusto de se\u00f1alar una persona que pueda quedar absuelta posteriormente y que le precede una presunci\u00f3n de inocencia.[15]<\/sup><\/a> En fin, la ciudadan\u00eda entendi\u00f3 que incluir las denuncias era una mancha innecesaria.[16]<\/sup><\/a><\/p>\n

Con las denuncias eliminadas de las Certificaciones de Antecedentes Penales, el gran problema que subsiste en los antecedentes penales \u2014 incluso cuando puedan ser sencillos de remover en caso de delitos locales, aunque no los federales\u2014[17]<\/sup><\/a> es que puede ser perjudicial e incluso ir en contra del valor constitucional de la rehabilitaci\u00f3n moral y social de la persona que cometi\u00f3 un acto antijur\u00eddico.<\/p>\n

II. El comienzo del final de los antecedentes<\/strong><\/p>\n

Como mencionamos anteriormente, la mesa est\u00e1 servida para que la Legislatura tome acci\u00f3n sobre los antecedentes penales. No hay raz\u00f3n para que no se celebren vistas que aborden el efecto de los antecedentes penales en el empleo y a nivel social, ya sea para atender las medidas de forma conjunta o por separado. Desarrollar un archipi\u00e9lago m\u00e1s justo requiere que se revise el sistema penal para lograr la inserci\u00f3n de las personas que en alg\u00fan momento cometieron una acci\u00f3n antijur\u00eddica.<\/p>\n

En definitiva, no podemos repensar el sistema y los antecedentes penales sin la participaci\u00f3n de la Asamblea Legislativa. Por esto, es preciso revisar las medidas que est\u00e1n ante la consideraci\u00f3n de la Legislatura para comprender el terreno que estamos pisando. En las pr\u00f3ximas l\u00edneas, observaremos las medidas legislativas que nos proponen repensar el alcance y hasta el efecto del certificado de antecedentes penales en Puerto Rico.<\/p>\n

Veamos.<\/p>\n

\u00a0 \u00a0 A. Proyecto del Senado 125 (retirado por el autor) \u2013 Para entregar el r\u00e9cord al momento de liberar<\/em><\/p>\n

Esta medida radicada por el pasado senador Henry Neumann Zayas pretend\u00eda enmendar la Ley de certificados de antecedentes penales<\/em>.[18]<\/sup><\/a> La medida propon\u00eda que, al momento de liberar a la persona convicta, una vez extinguida la pena impuesta en su totalidad, se le har\u00eda entrega de un r\u00e9cord de antecedentes penales negativo, exceptuando a aquellos que hayan delinquido por asesinato, agresi\u00f3n sexual, pornograf\u00eda infantil, corrupci\u00f3n, cr\u00edmenes de violencia de g\u00e9nero y\/o cr\u00edmenes de lesa humanidad.[19]<\/sup><\/a> No hay informaci\u00f3n que indique por qu\u00e9 se retir\u00f3 la medida, pero fue radicada el 13 de enero de 2021 y retirada por el propio autor el 18 de febrero de 2021. Es decir, la medida estuvo radicada por menos de un mes. Sin embargo, podr\u00eda decirse que fue el proyecto m\u00e1s completo para avanzar un futuro sin antecedentes penales.<\/p>\n

De entrada, esta medida reconoc\u00eda que, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, que reinciden dos de cada tres personas sentenciadas a prisi\u00f3n.[20]<\/sup><\/a> Esto llev\u00f3 al Legislador a evaluar las razones principales para la reinserci\u00f3n.[21]<\/sup><\/a> Entonces, se top\u00f3 con el hecho que:<\/p>\n

[La] reinserci\u00f3n se hace imposible o no se considera justa cuando al momento de encararse con un proceso de b\u00fasqueda de empleo para sostener y proveer para su familia de una manera honrada, la sociedad vuelve a juzgar al candidato por un r\u00e9cord de antecedentes penales marcado por las faltas incurridas anteriormente.[22]<\/sup><\/a><\/p>\n

As\u00ed, este proceso obliga a la persona a revivir diariamente la pena que ya cumpli\u00f3.[23]<\/sup><\/a> Entonces, el Legislador concluye que los antecedentes son \u201cun obst\u00e1culo no solo a la rehabilitaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n a la reinserci\u00f3n efectiva a la libre comunidad\u201d.[24]<\/sup><\/a><\/p>\n

Adem\u00e1s, la medida estaba pensada para ponerle fin a una pr\u00e1ctica que puede ser catalogada como estigmatizante.<\/p>\n

\u00a0 \u00a0B. Proyecto del Senado 144 \u2013 Para prohibir el discrimen laboral por antecedentes penales<\/em><\/p>\n

Esta medida presentada por la senadora Joanne Rodr\u00edguez Veve propuso crear la Ley para prohibir el discrimen laboral por raz\u00f3n de tener antecedentes penales<\/em>.[25]<\/sup><\/a> El proyecto prohib\u00eda que los patronos discriminaran contra los empleados y candidatos a empleo que tengan antecedentes penales, tanto en el sector p\u00fablico como en el privado, y en los gobiernos municipales, estableciendo algunas excepciones.[26]<\/sup><\/a> Este proyecto de ley limitaba la consideraci\u00f3n que los patronos pudieran otorgarle a los\u00a0 historiales delictivos.[27]<\/sup><\/a> Tambi\u00e9n, reduc\u00eda los t\u00e9rminos para eliminar delitos del Certificado de Antecedentes Penales (tambi\u00e9n conocido como Certificado de Buena Conducta).[28]<\/sup><\/a> Adem\u00e1s, dispon\u00eda que \u201c[l]as juntas examinadoras no podr\u00e1n rechazar [de plano]las solicitudes de un aspirante a una profesi\u00f3n cubierta por esta Ley por raz\u00f3n de tener antecedentes penales\u201d.[29]<\/sup><\/a><\/p>\n

Esta medida fue sustituida por una propuesta conjunta titulada Sustitutivo al P. del S. 144 y al P. del S. 147.[30]<\/sup><\/a><\/p>\n

El proyecto de ley avanz\u00f3 lo suficiente en el tracto legislativo para llegar al escritorio del gobernador Pedro Pierluisi en La Fortaleza. Sin embargo, la Legislatura solicit\u00f3 la devoluci\u00f3n de la medida. El Gobernador la devolvi\u00f3, el Senado solicit\u00f3 la reconsideraci\u00f3n de la medida, se aprob\u00f3 sin votos en contra y recientemente se aprob\u00f3 en la C\u00e1mara de Representantes, luego de reconsideraci\u00f3n con enmiendas del Senado. Al cierre de esta edici\u00f3n, la medida hab\u00eda vuelto al escritorio del Gobernador.[31]<\/sup><\/a><\/p>\n

Esta medida avanza el camino a un futuro sin el estigma que representa los antecedentes penales. Adem\u00e1s, nos recuerda que, en el 2004, la Asamblea Legislativa aprob\u00f3 la Ley de mandato constitucional de rehabilitaci\u00f3n<\/em>, derogada tras la aprobaci\u00f3n del Plan de Reorganizaci\u00f3n N\u00fam. 2 del Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n<\/em>.[32]<\/sup><\/a> El tracto legislativo nos puntualiza que no existe legislaci\u00f3n que impida que un patrono discrimine por condici\u00f3n de antecedentes penales. Sobre esto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso que \u201cuna lectura integrada de estas disposiciones revela que la legislatura considera que la cualidad de exconvicto no est\u00e1 subsumida en la categor\u00eda de condici\u00f3n social\u201d.[33]<\/sup><\/a><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 C. Proyecto del Senado 147 \u2013 Contra el discrimen en el empleo por haber resultado culpable de un delito<\/em><\/p>\n

La medida, presentada por el senador Jos\u00e9 Vargas Vidot y el entonces senador Henry Neumann Zayas, propon\u00eda crear la Ley contra el discrimen en el empleo por raz\u00f3n de haber resultado culpable de un delito<\/em>.[34]<\/sup><\/a> Establec\u00eda l\u00edmites en torno a la consideraci\u00f3n de los historiales delictivos por parte de los patronos.[35]<\/sup><\/a> Prohib\u00eda el discrimen en el empleo por raz\u00f3n de haber resultado culpable de un delito, tanto en el sector p\u00fablico como en el privado, y en los gobiernos municipales. Reduc\u00eda el t\u00e9rmino para la eliminaci\u00f3n de delitos de un Certificado de Antecedentes Penales.[36]<\/sup><\/a><\/p>\n

El reto con la medida \u2013si es que estamos buscando alejarnos del punitivismo\u2013 era que, en caso de reincidir, se restitu\u00edan los antecedentes penales sin sujeci\u00f3n a tiempo alguno y sin ofrecer una nueva alternativa para obtener el certificado libre de antecedentes penales.[37]<\/sup><\/a> La pieza legislativa no dejaba claro la magnitud de la consecuencia en lenguaje “devolver a su estado original”.[38]<\/sup><\/a><\/p>\n

Asimismo, como explicamos anteriormente, la Comisi\u00f3n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales junto a la Comisi\u00f3n de Seguridad P\u00fablica y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico decidieron crear un proyecto que fusion\u00f3 la medida de la senadora Rodr\u00edguez Vev\u00e9 y el senador Vargas Vidot.[39]<\/sup><\/a><\/p>\n

El proyecto sustitutivo propone la Ley para prohibir el discrimen laboral por raz\u00f3n de tener antecedentes penales<\/em>.[40]<\/sup><\/a> Adem\u00e1s, establece como pol\u00edtica p\u00fablica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la prohibici\u00f3n del discrimen, por parte del patrono, contra personas empleadas y\/o candidatas a empleo, por tener antecedentes penales.[41]<\/sup><\/a> La medida establece \u201cl\u00edmites para la consideraci\u00f3n de los historiales delictivos por parte de los patronos . . .\u201d.[42]<\/sup><\/a> Asimismo, otorga deberes y facultades al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y enmienda la Ley contra el discrimen en el empleo del 1959<\/em> para a\u00f1adir la prohibici\u00f3n de discrimen en el empleo por raz\u00f3n tener antecedentes penales.[43]<\/sup><\/a> Tambi\u00e9n enmienda la Ley para la administraci\u00f3n y transformaci\u00f3n de los recursos humanos en el Gobierno de Puerto Rico<\/em>, el C\u00f3digo Municipal de Puerto Rico<\/em> y atempera las consideraciones de las juntas examinadoras al texto de esta medida y otros fines relacionados.[44]<\/sup><\/a><\/p>\n

Desde un punto de vista no punitivo, esta pieza nos presenta una esperanza: ambas c\u00e1maras legislativas le dieron el s\u00ed a la medida hasta llegar al escritorio del Gobernador en La Fortaleza. El avance de la medida sustitutiva representa el avance en el camino al fin de los antecedentes penales, al menos para evitar el discrimen en el empleo.<\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0D. Proyecto del Senado 725 \u2013 Antecedentes penales para ejercer ciertas profesiones de la salud<\/em>[45]<\/sup><\/a><\/p>\n

Esta medida, presentada por la delegaci\u00f3n del Partido Nuevo Progresista en el Senado, enmienda la Ley del Departamento de Salud<\/em> y otras.[46]<\/sup><\/a> La medida establece disposiciones espec\u00edficas en torno a la solicitud y uso del certificado de antecedentes penales para ejercer ciertas profesiones en el \u00e1rea de la salud en Puerto Rico, para fomentar la rehabilitaci\u00f3n de personas convictas.[47]<\/sup><\/a> Adem\u00e1s, dispone que ninguna junta examinadora bajo la jurisdicci\u00f3n del Departamento de Salud podr\u00e1 rechazar de plano la solicitud de un aspirante con antecedentes penales, a una profesi\u00f3n en el \u00e1rea de la salud, y establece el proceso de evaluaci\u00f3n y determinaci\u00f3n final.[48]<\/sup><\/a><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0E. Proyecto del Senado 1000 \u2013 Confiere Certificado de Rehabilitaci\u00f3n y Capacitaci\u00f3n para Trabajar<\/em><\/p>\n

La medida, presentada por la delegaci\u00f3n del Partido Nuevo Progresista en el Senado y el senador Albert Torres Berrios del Partido Popular Democr\u00e1tico, enmienda el C\u00f3digo Municipal, la Ley para la administraci\u00f3n y transformaci\u00f3n de los recursos humanos en el Gobierno de Puerto Rico, el Plan de Reorganizaci\u00f3n N\u00fam. 2 del Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n<\/em>, y la Ley de certificados de antecedentes penales<\/em>.[49]<\/sup><\/a> Confiere al Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n la facultad para expedir un Certificado de Rehabilitaci\u00f3n y Capacitaci\u00f3n para Trabajar, para permitir el empleo de exconfinados en el servicio p\u00fablico municipal.[50]<\/sup><\/a><\/p>\n

La medida establece que las personas con historial delictivo o que no cumplan con los t\u00e9rminos de la Ley de certificados de antecedentes penales<\/em> de cinco a\u00f1os en los casos de delitos graves, y seis meses en los casos de delitos menos graves, podr\u00e1n obtener un Certificado de Rehabilitaci\u00f3n y Capacitaci\u00f3n para Trabajar que podr\u00e1 sustituir el Certificado de Antecedentes Penales.[51]<\/a><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 F. Proyecto de la C\u00e1mara 209 \u2013 Para no incluir la primera convicci\u00f3n en el certificado<\/em><\/p>\n

Este proyecto, presentado por el representante Jos\u00e9 E. Mel\u00e9ndez Ortiz, enmienda la Ley de certificados de antecedentes penales<\/em>.[52]<\/sup><\/a> Dispone que en el Certificado de Antecedentes Penales no se incluir\u00e1 una primera convicci\u00f3n por posesi\u00f3n ilegal de marihuana en exceso de cinco gramos para el uso propio de la persona sentenciada.[53]<\/sup><\/a><\/p>\n

La Exposici\u00f3n de Motivos de la medida recuenta que \u201cdesde los a\u00f1os 60, las Naciones Unidas ha expresado que no le debemos hacer a un adicto algo peor que la adicci\u00f3n misma\u201d.[54]<\/sup><\/a> Adem\u00e1s, reconoce que \u201clas penas establecidas en la Ley de sustancias controladas<\/em> para sancionar la posesi\u00f3n de marihuana para uso personal son excesivas y deben ser revisadas\u201d.[55]<\/sup><\/a> Por esta raz\u00f3n, la medida propone que el Certificado de Antecedentes Penales no refleje la primera convicci\u00f3n por la posesi\u00f3n de marihuana para el uso propio.[56]<\/sup><\/a><\/p>\n

De igual forma, la propuesta legislativa destaca que, en la actualidad:<\/p>\n

[E]l Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n de Puerto Rico cuenta con una Oficina de Colocaci\u00f3n de Empleos que tiene la finalidad de ofrecer servicios de evaluaci\u00f3n, clasificaci\u00f3n, ubicaci\u00f3n y seguimiento en cuanto a empleos de . . . [personas confinadas y exconfinadas]que extingan sus penas en la libre comunidad y\/o se beneficien de alg\u00fan programa de desv\u00edo, libertad a prueba o bajo palabra y\/o supervisi\u00f3n electr\u00f3nica, entre otros.[57]<\/sup><\/a><\/p>\n

A tales efectos, seg\u00fan la medida, \u201ctiene la obligaci\u00f3n de buscar la colaboraci\u00f3n de distintos patronos del sector privado, con o sin fines de lucro, para emplear a . . . [personas confinadas y exconfinadas]\u201d.[58]<\/sup><\/a> La Exposici\u00f3n de Motivos concluye: \u201c[s]in duda, lo propuesto en esta legislaci\u00f3n facilitar\u00e1 el proceso de reintegraci\u00f3n a la sociedad a ciertos grupos . . . [de personas exconfinadas]\u201d.[59]<\/sup><\/a><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 G. Proyecto de la C\u00e1mara 517 \u2013 Permite la eliminaci\u00f3n autom\u00e1tica en delitos menos graves<\/em><\/p>\n

El proyecto, presentado por el representante Jos\u00e9 An\u00edbal D\u00edaz Collazo, enmienda la Ley de certificados de antecedentes penales<\/em>.[60]<\/sup><\/a> Permite la eliminaci\u00f3n autom\u00e1tica de las convicciones por delitos menos graves.[61]<\/sup><\/a><\/p>\n

La Exposici\u00f3n de Motivos detalla:<\/p>\n

Es el inter\u00e9s de esta Asamblea Legislativa asistir en los esfuerzos de rehabilitaci\u00f3n a personas convictas por delitos menos graves, disponiendo la eliminaci\u00f3n autom\u00e1tica de las convicciones por delitos menos graves siempre que no se encuentren en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, el Registro de Personas Convictas por Delitos de Corrupci\u00f3n o el Registro de Personas Convictas por Violaciones a la Ley de Prevenci\u00f3n e Intervenci\u00f3n con la Violencia Dom\u00e9stica.[62]<\/sup><\/a><\/p>\n

Tras ser aprobada en la C\u00e1mara, esta medida se encuentra referida a las Comisiones de lo Jur\u00eddico y de Seguridad P\u00fablica y Asuntos del Veterano del Senado. Aunque habla de una eliminaci\u00f3n autom\u00e1tica, la medida establece que la persona deber\u00e1 solicitar la eliminaci\u00f3n de la convicci\u00f3n, pero deber\u00e1n pasar 30 d\u00edas desde que cumpli\u00f3 su condena.[63]<\/sup><\/a><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 H. Proyecto de la C\u00e1mara 1150 \u2013 Para que puedan ejercer ciertas profesiones de la salud<\/em><\/p>\n

Este proyecto, presentado por la delegaci\u00f3n del Partido Nuevo Progresista en la C\u00e1mara de Representantes, enmienda la Ley del Departamento de Salud<\/em> y otras. Establece disposiciones espec\u00edficas en torno a la solicitud y uso del Certificado de Antecedentes Penales para ejercer ciertas profesiones del \u00e1rea de la salud en Puerto Rico y fomentar la rehabilitaci\u00f3n de las personas convictas.[64]<\/sup><\/a><\/p>\n

La medida espec\u00edficamente sostiene:<\/p>\n

Ninguna junta examinadora podr\u00e1 rechazar de plano la solicitud de un aspirante a una profesi\u00f3n cubierta por esta Ley, o cualquier otra ley sujeta a la jurisdicci\u00f3n del Departamento de Salud o cualquiera de sus subdivisiones, entidades o corporaciones p\u00fablicas adscritas, por el hecho de que tenga antecedentes penales. En estos casos las Juntas Examinadoras, en el ejercicio de sus facultades conferidas por ley, tendr\u00e1n el deber de estudiar en forma individual la solicitud de un aspirante que tiene antecedentes penales y determinar su elegibilidad, tomando en consideraci\u00f3n:<\/p>\n

(1) los requisitos de ley;<\/p>\n

(2) la naturaleza del delito, si envuelve depravaci\u00f3n moral o alguna cuesti\u00f3n de seguridad p\u00fablica; y<\/p>\n

(3) si el aspirante disfruta del beneficio de sentencia probatoria o libertad bajo palabra.[65]<\/sup><\/a><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 I. Proyecto de la C\u00e1mara 1465 \u2013 Para permitir el empleo de personas exconfinadas<\/em><\/p>\n

Este proyecto, presentado por la delegaci\u00f3n del Partido Nuevo Progresista en la C\u00e1mara de Representantes, enmienda el C\u00f3digo Municipal de Puerto Rico, la Ley para la administraci\u00f3n y transformaci\u00f3n de los recursos<\/em> humanos<\/em> en el Gobierno de Puerto Rico, el Plan de Reorganizaci\u00f3n N\u00fam. 2 del Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n<\/em>, y Ley de certificados de antecedentes penales<\/em>.[66]<\/sup><\/a> La medida confiere al Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n la facultad para expedir un Certificado de Rehabilitaci\u00f3n y Capacitaci\u00f3n para Trabajar, para permitir el empleo de personas exconfinadas en el servicio p\u00fablico municipal y establece excepciones.[67]<\/sup><\/a><\/p>\n

La medida \u2014que es la equivalente al Proyecto del Senado 1000 en el otro cuerpo legislativo, pues tambi\u00e9n fue presentada por la delegaci\u00f3n novoprogresista\u2014aclara que toda persona que ostente un Certificado de Rehabilitaci\u00f3n y Capacitaci\u00f3n para Trabajar podr\u00e1 someter su solicitud de habilitaci\u00f3n en cualquier momento y solicitar un empleo gubernamental.[68]<\/strong><\/sup><\/a><\/em><\/p>\n

De acuerdo con la medida, la expedici\u00f3n de la certificaci\u00f3n requiere que:<\/p>\n

[E]l Secretario del Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n cuente con una evaluaci\u00f3n y recomendaci\u00f3n sicol\u00f3gica a los efectos de que . . . [la persona sentenciada]est\u00e1 capacitad[a]para convivir libremente en la sociedad y de que los otros profesionales que l[a]evaluaron informen detalladamente y por escrito sus determinaciones de la condici\u00f3n de rehabilitad[a]. . . [de la persona].[69]<\/sup><\/a><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0J. Proyecto de la C\u00e1mara 1477 \u2013 Para eliminar convicciones de delitos menos graves<\/em><\/p>\n

Esta medida por petici\u00f3n presentada por el representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Jos\u00e9 B. M\u00e1rquez Reyes, propone enmendar la Ley de certificados de antecedentes penales<\/em>.[70]<\/sup><\/a> La medida propone detallar espec\u00edficamente \u201clos requisitos establecidos para la eliminaci\u00f3n de convicciones de delitos menos graves y de delitos graves del registro . . . [para el]Certificado de Antecedentes Penales, de modo que no se puedan establecer requisitos ex\u00f3genos a los ya establecidos mediante [L]ey\u201d.[71]<\/sup><\/a><\/p>\n

La exposici\u00f3n de motivos reza: \u201cEl enfoque principal de esta medida es garantizar un proceso justo, no arbitrario, en igualdad de condiciones, para personas que han extinguido sus sentencias y procesos de rehabilitaci\u00f3n seg\u00fan establecidos por el Estado, mediante el sistema penal o cualquier otro que se establezca en alternativa\u201d.[72]<\/sup><\/a> Por ello, propone:<\/p>\n

Enmendar la ley vigente de modo que garantice la protecci\u00f3n de los derechos de las personas rehabilitadas que buscan reinsertarse a la sociedad . . . mediante una mayor especificidad . . . de manera que no se impongan requisitos adicionales o ex\u00f3genos a los que dispone la Ley.[73]<\/sup><\/a><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0 K. Resoluci\u00f3n de la C\u00e1mara 844 – Para indultar personas convictas por posesi\u00f3n simple de cannabis<\/em><\/p>\n

Esta resoluci\u00f3n, presentada por varios representantes del Partido Popular Democr\u00e1tico, propone al Gobernador que:<\/p>\n

\u201cindulte a todas las personas . . . convictas \u00fanica y exclusivamente por posesi\u00f3n simple de cannabis y que . . . [se encuentren]cumpliendo una condena en una instituci\u00f3n correccional, mediante sentencia suspendida a trav\u00e9s de las Cortes de Drogas o que a\u00fan tengan [dicha sentencia]en su r\u00e9cord de antecedentes penales.[74]<\/a><\/p>\n

Adem\u00e1s, solicita que se establezca como pol\u00edtica p\u00fablica del Gobierno que no se procese a ninguna persona por incurrir en dicha conducta, siguiendo la normativa federal establecida mediante la Orden Ejecutiva del Presidente de los EE.UU., emitida el 6 de octubre de 2022.[75]<\/sup><\/a><\/p>\n

La resoluci\u00f3n se da luego que el presidente de los Estados Unidos, Joseph R. Biden Jr., emiti\u00f3 una Orden Ejecutiva en la que indult\u00f3 a todas las personas convictas por posesi\u00f3n simple de cannabis a nivel federal.[76]<\/sup><\/a> La medida sostiene correctamente que \u201ce[]s evidente que la pol\u00edtica p\u00fablica actual sobre las drogas en Puerto Rico ha fracasado por las pasadas d\u00e9cadas\u201d.[77]<\/sup><\/a> Asimismo, \u201c[l]a coyuntura hist\u00f3rica \u00a0. . . hace meritorio buscar atemperar la legislaci\u00f3n a la realidad actual\u201d.[78]<\/sup><\/a> \u201cIgualmente, debemos adoptar como pol\u00edtica p\u00fablica que no se realicen arrestos, y mucho menos radicaci\u00f3n de cargos, si una persona posee cannabis para consumo personal\u201d.[79]<\/sup><\/a> La guerra contra el cannabis ha llegado a su fin.[80]<\/sup><\/a><\/p>\n

Tras la brev\u00edsima discusi\u00f3n de estas 11 medidas legislativas, debemos reconocer que estos no son los primeros proyectos que se radican para atender los retos de las personas que cargan con condenas en sus antecedentes penales. En m\u00faltiples instancias, en la Legislatura se han presentado proyectos de ley para crear una causa de acci\u00f3n de discrimen por la condici\u00f3n de persona exconvicta y ninguno de ellos ha prosperado.[81]<\/sup><\/a> De hecho, los proyectos de ley m\u00e1s recientes expresamente han dispuesto que en nuestro ordenamiento jur\u00eddico no se reconoce la condici\u00f3n de persona exconvicta como una categor\u00eda protegida bajo la prohibici\u00f3n del discrimen por condici\u00f3n social.[82]<\/sup><\/a><\/p>\n

Con esto dicho, no queda m\u00e1s que hablar de por qu\u00e9 es menester avanzar una conversaci\u00f3n para ponerle fin a los antecedentes penales.<\/p>\n

III. El valor de la rehabilitaci\u00f3n y los efectos de la pena extendida<\/strong><\/p>\n

En un Puerto Rico ideal, se hubiese reconocido hace mucho tiempo la inconstitucionalidad de los antecedentes penales,[83]<\/sup><\/a> al igual que el derecho al olvido.[84]<\/sup><\/a> Por su parte, el autor Medina Fuentes no cuestiona la facultad de mantener un registro neutro, si su \u00fanico fin fuera uno leg\u00edtimo de almacenar datos que se mantengan confidenciales o para prop\u00f3sitos definidos de administraci\u00f3n interna de justicia criminal.[85]<\/sup><\/a> Lo que se cuestiona Medina Fuentes desde el 1992 es el mantenimiento de una lista o registro que circula \u201cpara prop\u00f3sitos de gestionar empleos y otras actividades aun luego del afectado por la anotaci\u00f3n haber cumplido el castigo de la pena principal y haber transcurrido el t\u00e9rmino de c\u00e1rcel o de reclusi\u00f3n dispuesto para los delitos en especie\u201d.[86]<\/sup><\/a> Para \u00e9l y otro grupo de autores, los antecedentes penales constituyen un castigo ilegal adicional, accesorio o prolongado de la pena judicial.[87]<\/sup><\/a> Los autores tambi\u00e9n sostienen que las disposiciones y aplicaci\u00f3n de la Ley de certificados de antecedentes penales<\/em> infringi\u00f3 los derechos constitucionales protegidos por el debido proceso de ley, la prohibici\u00f3n de leyes de proscripci\u00f3n (Bill of Attainder<\/em>),[88]<\/sup><\/a> castigos crueles e inusitados, discrimen por condici\u00f3n social, derecho a la rehabilitaci\u00f3n, a la b\u00fasqueda de empleo, trabajo digno y vida productiva, igual protecci\u00f3n de las leyes, ataques abusivos a la honra y reputaci\u00f3n de las personas, derecho a la intimidad y privaci\u00f3n de libertad y movimiento y otros bajo la Carta de Derechos.[89]<\/sup><\/a> Describen tambi\u00e9n que la clasificaci\u00f3n de exconvicto que produce la Ley de certificados de antecedentes penales<\/em> es un \u201cdiscrimen hostil y opresivo contra las personas que ya han cumplido sentencia y que, habiendo pagado su deuda con la sociedad, son estigmatizados mediante un documento p\u00fablico de f\u00e1cil acceso y de gran diseminaci\u00f3n\u201d.[90]<\/sup><\/a> Los autores a\u00f1aden que la mencionada Ley no evita un problema social, \u201c[m]\u00e1s bien, lo crea al imponer un gravamen ileg\u00edtimo sobre los ex convictos que ya han extinguido su pena, toda vez que les dificulta en unos casos o les aniquila en otros su probabilidad de rehabilitaci\u00f3n\u201d.[91]<\/sup><\/a> En el escrito de Medina Fuentes se destaca, finalmente, que la Ley de certificados de antecedentes penales<\/em> \u201cno protege ning\u00fan inter\u00e9s apremiante del Estado ni posee ninguna finalidad rehabilitadora\u201d.[92]<\/sup><\/a> Por el contrario, se\u00f1alan, que el Estado cre\u00f3 en estas personas un nuevo \u201cpeso y la estridencia de un inmenso grillete que les acompa\u00f1a en todos los pasos que ejecutan para tratar de competir en igualdad de condiciones con los dem\u00e1s ciudadanos de nuestra sociedad\u201d.[93]<\/sup><\/a><\/p>\n

Al observar la Exposici\u00f3n de Motivos de la Ley N\u00fam. 254 de 27 de julio de 1974, el fin inicial que se persegu\u00eda con los certificados de antecedentes penales era que los patronos conocieran si una persona prospecta o empleada hab\u00eda sido declarada culpable por alg\u00fan delito. Sin embargo, la Ley N\u00fam. 314-2004 \u2013que enmend\u00f3 la Ley de certificados de antecedentes penales<\/em>\u2013 destac\u00f3 en su Exposici\u00f3n de Motivos el valor constitucional de la rehabilitaci\u00f3n moral y social de la persona, y puntualiz\u00f3 que la Asamblea Legislativa elimin\u00f3 las denuncias del certificado de antecedentes penales y ampli\u00f3 los procedimientos para la eliminaci\u00f3n de antecedentes penales para evitar la reincidencia y promover la integraci\u00f3n a la comunidad.[94]<\/a> Asimismo, la Ley N\u00fam. 174-2011 \u2013que tambi\u00e9n enmend\u00f3 la Ley de certificados de antecedentes penales<\/em>\u2013 a\u00f1adi\u00f3 un certificado de rehabilitaci\u00f3n y de capacitaci\u00f3n para avanzar la efectividad de la rehabilitaci\u00f3n, a la vez que sostiene la importancia de este tipo de certificados porque los patronos pueden ser responsables vicariamente por los actos culposos o negligentes de sus empleados.[95]<\/a> En resumen, Ley N\u00fam. 174-2011 puntualiz\u00f3 \u201cel inter\u00e9s apremiante del Estado de proveer seguridad p\u00fablica\u201d.[96]<\/a><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 A. El derecho al olvido<\/em><\/p>\n

Padilla Norat\u00a0y Soto Rol\u00f3n explican que \u201c[e]n Puerto Rico existe una especie de \u2018derecho al olvido\u2019 en la legislaci\u00f3n penal . . .\u201d.[97]<\/sup><\/a> Nos acercamos a ese derecho \u201ccon la posibilidad de eliminar los antecedentes penales al cumplir ciertos requisitos\u201d.[98]<\/sup><\/a> Recuerdan los autores que la Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico \u201ccontiene un mandato claro que . . . faculta [al Estado a]\u2018reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus prop\u00f3sitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitaci\u00f3n moral y social\u201d.[99]<\/sup><\/a> Dicho \u201cpoder de reglamentaci\u00f3n se ha convertido en una especie de carimbo moderno que malogra el fin rehabilitador que deben encarnar las leyes penales\u201d.[100]<\/sup><\/a> \u201cEse carimbo [del que hablan es simb\u00f3licamente]el [C]ertificado de [A]ntecedentes [P]enales [en Puerto Rico]\u201d.[101]<\/sup><\/a> Los autores proponen que se enmiende \u201cel sistema para que el Estado no expida un [C]ertificado de [A]ntecedentes [P]enales y tenga esa informaci\u00f3n de forma segura en una base de datos\u201d.[102]<\/sup><\/a> De esa forma, entienden Padilla Norat\u00a0y Soto Rol\u00f3n que:<\/p>\n

[E]l patrono podr\u00eda enviar la informaci\u00f3n a un sistema de datos del Estado, y si la persona ha sido convicta por un delito que afecte sustancialmente su desenvolvimiento en la industria . . . el sistema le notifique al patrono . . . que la persona no es apta para ese empleo espec\u00edfico.[103]<\/sup><\/a><\/p>\n

En este ritmo de negociaciones, no podemos olvidar que el valor de la rehabilitaci\u00f3n moral y social est\u00e1 establecido en la secci\u00f3n 19 del art\u00edculo VI de la Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado.[104]<\/sup><\/a> La Constituci\u00f3n sostiene \u201creglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus prop\u00f3sitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitaci\u00f3n moral y social\u201d.[105]<\/sup><\/a> Sostiene el profesor Luis Zambrana Gonz\u00e1lez que, \u201caunque evidentemente . . . el mandato constitucional se ata a la suficiencia fiscal, . . . [su valor]obliga al Estado a regular normativamente nuestro sistema penitenciario con el fin \u00faltimo de propender a la rehabilitaci\u00f3n moral y social de la persona penada\u201d.[106]<\/sup><\/a> \u201cEl mandato constitucional de rehabilitaci\u00f3n social y moral se activa \u00a0[y sigue vigente]en nuestro ordenamiento tan pronto una persona es sentenciada penalmente\u201d.[107]<\/a> \u201cA partir de este momento el Estado, espec\u00edficamente a trav\u00e9s del [Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n de Puerto Rico], tiene la responsabilidad de configurar un plan institucional individualizado de rehabilitaci\u00f3n para cada persona confinada\u201d.[108]<\/sup><\/a><\/p>\n

\u00a0 \u00a0 B. El efecto de los certificados<\/em><\/p>\n

Como vemos, la rehabilitaci\u00f3n moral y social es un valor constitucional, pero eso no ha impedido que se establezcan los llamados Certificados de Antecedentes Penales. \u00bfCu\u00e1l es el efecto de estos certificados? Empecemos por decir que \u201cparece ser que el mero hecho de no tener un certificado negativo de antecedentes penales podr\u00eda ser causa suficiente para negarle la oferta de empleo a una persona.\u201d[109]<\/sup><\/a> En definitiva, medidas como el Proyecto del Senado 144 y el Proyecto del Senado 147 alivianar\u00edan la absurda carga que se les ha impuesto a esas personas que ya cumplieron sus sentencias, y siguen sin tener acceso a empleo.[110]<\/a> \u201cEste tipo de legislaci\u00f3n es un medio eficaz para rehabilitarlos y reintegrarlos a la comunidad como miembros productivos\u201d.[111]<\/sup><\/a><\/p>\n

No es secreto que las personas que han cumplido sentencias enfrentan barreras, tanto formales como informales, para encontrar un empleo estable.[112]<\/sup><\/a> Algunas de estas barreras, explica Dallan Flake, \u201cquiz\u00e1 puedan superarse mejor mediante mecanismos no legales, como los programas vocacionales\u201d.[113]<\/sup><\/a> \u201cOtras barreras, como los prejuicios de los patronos . . . exigen una intervenci\u00f3n legal\u201d,[114]<\/sup><\/a> ya que esto puede aumentar las probabilidades de que una persona vuelva a reincidir delictivamente. Digamos que la posibilidad de empezar de cero seguir\u00e1 siendo un sue\u00f1o hasta que la legislatura tome acci\u00f3n. Asimismo, la extensi\u00f3n de la informaci\u00f3n y la facilidad de acceso a ella virtualmente elimina la posibilidad de que una persona que ha cometido un delito pueda mudarse a una comunidad y rehacer su vida, sin que sus antecedentes penales sean conocidos por todos.[115]<\/sup><\/a><\/p>\n

Quiz\u00e1s ser\u00eda bueno ilustrar esta necesidad recordando c\u00f3mo es una entrevista de trabajo. Digamos que en primer plano preguntan por la experiencia durante los \u00faltimos cinco a\u00f1os, \u00bfPor qu\u00e9 sumar a ese proceso estigmatizante una capa m\u00e1s para obligar a la reinserci\u00f3n? Despu\u00e9s de todo, \u201c[l]os principios constitucionales de la igualdad y la dignidad humana exigen que protejamos los derechos fundamentales de todas<\/em> las personas, independientemente de su procedencia, nacionalidad, sexo, raza, g\u00e9nero, religi\u00f3n y condici\u00f3n social\u201d.[116]<\/sup><\/a> Esta \u201cencomienda cobrar a\u00fan m\u00e1s importancia cuando . . . [un tribunal (o una legislatura) se enfrente]a discr\u00edmenes rampantes e injustificados en contra de personas marginadas, oprimidas y vulnerables\u201d.[117]<\/sup><\/a> \u201cLas personas exconvictas no son la excepci\u00f3n\u201d.[118]<\/sup><\/a><\/p>\n

Como expres\u00f3 la jueza presidenta Oronoz Rodr\u00edguez en su disidencia en Garib Baza\u00edn v. Hospital Espa\u00f1ol Auxilio Mutuo de Puerto Rico<\/em>: \u201cUna convicci\u00f3n penal no reduce la dignidad de la persona convicta ni justifica que se discrimine en su contra por raz\u00f3n del estigma asociado a la convicci\u00f3n.\u201d[119]<\/sup><\/a><\/p>\n

IV. Retos por el populismo de penas altas<\/strong><\/p>\n

La pena de prisi\u00f3n se encuentra ante el expansionismo punitivo.[120]<\/sup><\/a> El profesor Luis Zambrana Gonz\u00e1lez explica que \u201c[c]ada vez m\u00e1s tenemos trabajos, testimonios y reflexiones sobre c\u00f3mo el poder punitivo de Estados Unidos ha sido instrumentalizado para fines ex\u00f3genos al castigo retributivo de una persona por la realizaci\u00f3n de un hecho socialmente reprochable\u201d.[121]<\/sup><\/a> Nos enfrentamos a una \u201cmenor corresponsabilidad social\u201d[122]<\/a> sobre lo que le sucede o hace el otro <\/em>y exacerba una urgencia para el castigo.[123]<\/sup><\/a> Esta urgencia, explica el profesor Zambrana Gonz\u00e1lez, \u201crequiere formas diferentes y expresivas de punir que se extralimitan de los contornos leg\u00edtimos de la dogm\u00e1tica jur\u00eddico penal, como son los registros de ofensores sexuales y otras formas abiertamente estigmatizantes de castigo\u201d.[124]<\/sup><\/a><\/p>\n

El profesor Zambrana destaca que \u201cel populismo punitivo ha colonizado las normas penales \u2014y penitenciarias\u2014 . . . [para servir a]un sistema econ\u00f3mico-pol\u00edtico anclado en la producci\u00f3n y perpetuaci\u00f3n de la desigualdad socioecon\u00f3mica\u201d.[125]<\/sup><\/a> Zambrana Gonz\u00e1lez sostiene que \u201c[l]a expansi\u00f3n [y sobreutilizaci\u00f3n]del Derecho Penal, o del poder punitivo del Estado, ha copado nuestros ordenamientos con el resultado . . .de castigar de forma m\u00e1xima a sectores . . . [in]\u00fatiles para el capitalismo financiero o tard\u00edo en la que nos desarrollamos\u201d.[126]<\/sup><\/a><\/p>\n

Al punitivismo se le puede responder con la aprobaci\u00f3n de las medidas para reducir los requisitos o hacer autom\u00e1tica la remoci\u00f3n de antecedentes penales. Hemos mencionado en varias ocasiones que la legislatura tiene la mesa llena. No son medidas revolucionarias en el camino en contra de las pol\u00edticas de castigo, pero abren camino para que una condena no se extienda a la vida luego de su cumplimiento. Al optar por este camino, la legislatura empezar\u00eda a encaminar el desarrollo de la jurisprudencia terap\u00e9utica.<\/p>\n

V. \u00bfY c\u00f3mo podemos hacer de la eliminaci\u00f3n de los antecedentes un proceso de <\/strong>jurisprudencia terap\u00e9utica?<\/strong><\/p>\n

En los \u00faltimos a\u00f1os se ha ido reconociendo que el derecho puede tener efectos terap\u00e9uticos y antiterap\u00e9uticos,[127]<\/a> por lo que se ha ido mirando con mejores ojos la inclusi\u00f3n de otras materias y\/0 consideraciones externas cuando se habla de condenas:<\/p>\n

La rehabilitaci\u00f3n a trav\u00e9s de la justicia terap\u00e9utica se lleva a cabo de manera interdisciplinaria. Es decir, esta corriente filos\u00f3fica busca lograr la reinserci\u00f3n social de la persona participante del programa mediante la creaci\u00f3n de un plan que integre varias disciplinas, como lo son las ciencias del comportamiento, las ciencias sociales, la filosof\u00eda, entre otras.[128]<\/sup><\/a><\/p>\n

Utilizar la jurisprudencia terap\u00e9utica puede ser \u201cuna forma innovadora para defender la promesa constitucional contenida en el Art\u00edculo VI, Secci\u00f3n 19 de la Constituci\u00f3n de Puerto Rico\u201d.[129]<\/sup><\/a><\/p>\n

\u201cLa jurisprudencia terap\u00e9utica es un enfoque que invita a los actores jur\u00eddicos a mirar m\u00e1s all\u00e1 de la ley para determinar qu\u00e9 mejorar\u00eda el bienestar de las personas . . .\u201d.[130]<\/sup><\/a> El proceso de cancelaci\u00f3n de antecedentes penales es clave para reparar la relaci\u00f3n con el Estado, que se pudo haber maltrecho tras la acci\u00f3n antijur\u00eddica. \u201cLa jurisprudencia terap\u00e9utica se centra en el aspecto tradicionalmente infravalorado del impacto de la ley en la vida emocional y el bienestar psicol\u00f3gico\u201d.[131]<\/sup><\/a> La jurisprudencia terap\u00e9utica lo que busca es “humanizar el derecho focalizando en el lado humano, emocional y psicol\u00f3gico del derecho y los procesos legales, para as\u00ed promover el bienestar de las personas a las que afecta”.[132]<\/sup><\/a><\/p>\n

Cuando observamos lo que significar\u00eda ponerles fin a los antecedentes penales, proyectamos solo cosas positivas para el sector en cuesti\u00f3n. Reformar el sistema de antecedentes penales evitar\u00eda la reincidencia, al ofrecer un espacio de comienzo limpio. Adem\u00e1s, se har\u00edan m\u00e1s accesibles los servicios a recursos que requieren un certificado de antecedentes y la legislatura se posicionar\u00eda en pro de la justicia terap\u00e9utica.<\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Necesitamos retomar la discusi\u00f3n sobre la rehabilitaci\u00f3n social y moral de la persona como un asunto de derecho, a pesar de que la Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establezca el caveat<\/em> de \u201clos recursos disponibles\u201d.[133]<\/sup><\/a> Las universidades pueden establecer mil programas para personas privadas de libertad, pero es necesario que el Estado ofrezca una oportunidad real de empezar de cero. La pregunta que debemos hacerle a nuestros oficiales electos es si avalar\u00e1n mediante legislaci\u00f3n el derecho al olvido. Las medidas indican que hay disposici\u00f3n. El ritmo que tiene la atenci\u00f3n de estas medidas demuestra que no hay urgencia. Quiz\u00e1s puede ser una precauci\u00f3n de la legislatura. Pueden pensar que env\u00edan un mensaje de impunidad, cuando no es cierto.<\/p>\n

Hay que tener en cuenta que la eliminaci\u00f3n de los antecedentes penales no siempre significa la exoneraci\u00f3n.[134]<\/sup><\/a> Una condena penal marca la vida de cualquier persona y su familia.[135]<\/sup><\/a> Es muy dif\u00edcil superar los efectos estigmatizantes de tener o haber tenido antecedentes penales.[136]<\/sup><\/a> Cualquier registro de condenas penales puede tener un efecto permanente en el futuro de un individuo, espec\u00edficamente en lo que respecta a sus derechos civiles, al buscar una oportunidad de trabajo, al solicitar una licencia profesional o al buscar ayuda y documentaci\u00f3n gubernamental para la vivienda.[137]<\/sup><\/a> Al menos, cuando se eliminan los antecedentes penales, no hay pruebas de que el delito se haya cometido, lo que puede ayudar a la persona exonerada a reincorporarse m\u00e1s f\u00e1cilmente a la sociedad.[138]<\/sup><\/a><\/p>\n

Tener antecedentes penales tiene consecuencias de gran alcance. Al volver a la comunidad, las personas que salen de la prisi\u00f3n suelen ser estigmatizadas y aisladas.[139]<\/sup><\/a> En definitiva, las consecuencias de una condena penal contin\u00faan despu\u00e9s de los t\u00e9rminos de la pena.[140]<\/sup><\/a> Incluso para una persona que cumple perfectamente todos los t\u00e9rminos de una sentencia, a menudo queda un estigma.[141]<\/sup><\/a> No es justo que ese estigma se extienda a las oportunidades de empleo, educaci\u00f3n, vivienda y de empezar de cero.[142]<\/sup><\/a><\/p>\n

El fin de los antecedentes penales es posible. El derecho est\u00e1 a nuestro favor.<\/p>\n

<\/a>* La autora es estudiante nocturna en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Cofund\u00f3 el Pro bono de Pol\u00edtica P\u00fablica y Derecho sobre Cannabis.<\/p>\n

[1] Buena Fe, La Culpa (2013), https:\/\/open.spotify.com\/track\/4Tu1vIBfa6hSVGtMIKpT2j.<\/p>\n

[2]<\/a> Luis A. Zambrana Gonz\u00e1lez,\u00a0La rehabilitaci\u00f3n de la persona convicta como derecho humano: Su tensi\u00f3n con el ordenamiento penitenciario de Puerto Rico<\/em>, 87\u00a0REV.\u00a0JUR. UPR 1117, 1124-25 (2018).<\/p>\n

[3]<\/a> Jos\u00e9 Nicol\u00e1s Medina Fuentes et al., La inconstitucionalidad de la legislaci\u00f3n de antecedentes penales de Puerto Rico<\/em>, 61 REV. JUR. UPR 115, 116 (1992).<\/p>\n

[4]<\/a> Ley para autorizar a la Polic\u00eda de Puerto Rico la expedici\u00f3n de certificados de antecedentes penales, Ley N\u00fam. 254 de 27 de julio de 1974, 34 LPRA \u00a7\u00a7 1725-1725e (2016).<\/p>\n

[5]<\/a> Id<\/em>. \u00a7 1725.<\/p>\n

[6]<\/a> Id<\/em>. \u00a7 1725a.<\/p>\n

[7]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[8]<\/a> Id<\/em>. \u00a7 1725a-1.<\/p>\n

[9]<\/a> Id<\/em>. \u00a7 1725a-2.<\/p>\n

[10]<\/a> Id<\/em>. \u00a7 1725a-1. (\u00e9nfasis suplido).<\/p>\n

[11]<\/a> \u00a0Id<\/em>. \u00a7 1725a-2.<\/p>\n

[12]<\/a> Medina Fuentes et al., supra<\/em> nota 3, en la p\u00e1g. 121.<\/p>\n

[13]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[14]<\/a> Exposici\u00f3n de motivos, Ley para autorizar a la Polic\u00eda de Puerto Rico la expedici\u00f3n de certificados de antecedentes penales, Ley N\u00fam. 254 de 27 de julio de 1974.<\/p>\n

[15]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[16]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[17]<\/a> V\u00e9ase<\/em> 34 LPRA \u00a7\u00a7 1725a-1-1725a-2 (para conocer los pasos que debe seguir una persona convicta por un delito menos grave o grave para la eliminaci\u00f3n de la convicci\u00f3n del certificado de antecedentes penales en Puerto Rico por delitos locales).<\/p>\n

[18]<\/a> P. del S. 125 de 13 de enero de 2021, 1ra Ses. Ord., 19na Asam.<\/p>\n

[19]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[20]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[21]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[22]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[23]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[24]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[25]<\/a> P. del S. 144 de 26 de enero de 2021, 1ra Ses. Ord., 19na Asam.<\/p>\n

[26]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[27]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[28]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[29]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[30]<\/a> Sustitutivo del Senado a los P. del S. 144 y P. del S. 147, Com. de Derechos Humanos y Asuntos Laborales y la Com. de Seguridad P\u00fablica y Asuntos del Veterano, 3ra. Ses. Ord., 19na. Asam. Leg.<\/p>\n

[31]<\/a> Para m\u00e1s detalles sobre el tracto legislativo de la medida, v\u00e9ase el Proceso Legislativo del P. del S. 144 de 26 de enero de 2021, 1ra Ses. Ord., 19na Asam.<\/p>\n

[32]<\/a> Sociedad para Asistencia Legal, P. del S. 144 de 26 de enero de 2021, Com. de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 1ra Ses. Ord., 19na Asam. Leg., 10 de mayo de 2021, en las p\u00e1gs. 3-4.<\/p>\n

[33]<\/a> Garib Baza\u00edn v. Hospital Espa\u00f1ol Auxilio Mutuo de Puerto Rico, 204 DPR 601 (2020).<\/p>\n

[34]<\/a> P. del S. 147 de 26 de enero de 2021, 1ra Ses. Ord., 19na Asam.<\/p>\n

[35]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[36]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[37]<\/a> Sociedad para Asistencia Legal, P. del S. 144 de 26 de enero de 2021, Com. de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, 1ra Ses. Ord., 19na Asam. Leg., 10 de mayo de 2021, en la p\u00e1g. 8.<\/p>\n

[38]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[39]<\/a> Sustitutivo del Senado a los P. del S. 144 y P. del S. 147, Com. de Derechos Humanos y Asuntos Laborales y la Com. de Seguridad P\u00fablica y Asuntos del Veterano, 3ra. Ses. Ord., 19na. Asam. Leg.<\/p>\n

[40]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[41]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[42]<\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 1<\/p>\n

[43]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[44]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[45]<\/a> P. del S. 725 de 18 de enero de 2022, 3ra Ses. Ord., 19na Asam.<\/p>\n

[46]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[47]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[48]<\/a> Id<\/em>. en las p\u00e1gs. 3-4.<\/p>\n

[49]<\/a> P. del S. 1000 de 30 de agosto de 2022, 4ta Ses. Ord., 19na Asam.<\/p>\n

[50]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[51]<\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 14.<\/p>\n

[52]<\/a> P. del C. 209 de 7 de enero de 2021, 1ra Ses. Ord., 19na Asam.<\/p>\n

[53]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[54]<\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 2.<\/p>\n

[55]<\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 3.<\/p>\n

[56]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[57]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[58]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[59]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[60]<\/a> P. de la C. 517 de 10 de febrero de 2021, 1ra Ses. Ord., 19na Asam.<\/p>\n

[61]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[62]<\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 2.<\/p>\n

[63]<\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 3.<\/p>\n

[64]<\/a> P. del C. 1150 de 20 de enero de 2022, 3ra Ses. Ord., 19na Asam.<\/p>\n

[65]<\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 3.<\/p>\n

[66]<\/a> P. del C. 1465 de 1 de septiembre de 2022, 4ta Ses. Ord., 19na Asam.<\/p>\n

[67]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[68]<\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 8.<\/p>\n

[69]<\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 11.<\/p>\n

[70]<\/a> P. del C. 1465 de 1 de septiembre de 2022, 4ta Ses. Ord., 19na Asam.<\/p>\n

[71]<\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 1.<\/p>\n

[72]<\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 2.<\/p>\n

[73]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[74]<\/a> R. del C. 844 de 7 de octubre de 2022, 4ta Ses. Ord., 19na Asam.<\/p>\n

[75]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[76]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[77]<\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 2.<\/p>\n

[78]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[79]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[80]<\/a> Para un estado de situaci\u00f3n sobre la guerra contra las drogas, v\u00e9ase MADELINE ROM\u00c1N, ESTADOS DE VIOLENCIA EN PUERTO RICO 192 (2021).<\/p>\n

[81]<\/a> V\u00e9ase<\/em> P. del S. 372 de 8 de marzo de 2017, 1ra Ses. Ord., 18va Asam.; P. del S. 1212 de 8 de octubre de 2014, 4ta Ses. Ord., 17ta Asam.; P. del S. 1730 de 26 de agosto de 2010, 4ta Ses. Ord., 16ta Asam.<\/p>\n

[82]<\/a> V\u00e9ase <\/em>P. del S. 144 de 26 de enero de 2021, 1ra Ses. Ord., 19na Asam.; P. del S. 147 de 26 de enero de 2021, 1ra Ses. Ord., 19na Asam.; Sustitutivo del Senado a los P. del S. 144 y P. del S. 147, Com. de Derechos Humanos y Asuntos Laborales y la Com. de Seguridad P\u00fablica y Asuntos del Veterano, 3ra. Ses. Ord., 19na. Asam. Leg. V\u00e9ase<\/em> tambi\u00e9n Garib Baza\u00edn v. Hospital Espa\u00f1ol Auxilio Mutuo de Puerto Rico, 204 DPR 601 (2020) (para una discusi\u00f3n sobre medidas legislativas que se han presentado en otros cuatrienios sobre la condici\u00f3n social de la persona convicta).<\/p>\n

[83]<\/a> Medina Fuentes et al., supra<\/em> nota 3, en la p\u00e1g. 115.<\/p>\n

[84]<\/a> V\u00e9ase<\/em> Jatneil Padilla Norat\u00a0&\u00a0Luis G. Soto Rol\u00f3n,\u00a0\u00bfDerecho al Olvido en Puerto Rico?<\/em>, 51\u00a0REV.\u00a0JUR.\u00a0UIPR 461, 494 (2016) (donde se discute y analiza el derecho al olvido en Europa, Estados Unidos y Puerto Rico).<\/p>\n

[85]<\/a> Medina Fuentes et al., supra<\/em> nota 3, en la p\u00e1g. 116.<\/p>\n

[86]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[87]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[88]<\/a> Un “Bill of Attainder<\/em>” es una ley que impone un castigo a una persona o grupo de personas espec\u00edfico sin un juicio judicial. El t\u00e9rmino tiene sus ra\u00edces en el derecho ingl\u00e9s anterior a la fundaci\u00f3n de Estados Unidos. V\u00e9ase Constitution Annotated, ArtI.S9.C3.1 Historical Background on Bills of Attainder, https:\/\/constitution.congress.gov\/browse\/essay\/artI-S9-C3-1\/ALDE_00013186\/, para una discusi\u00f3n sobre el “Bill of Attainder<\/em>“.<\/p>\n

[89]<\/a> Medina Fuentes et al., supra<\/em> nota 3, en la p\u00e1g. 116.<\/p>\n

[90]<\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 140.<\/p>\n

[91]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[92]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[93]<\/a> Id<\/em>. en las p\u00e1gs. 140-41.<\/p>\n

[94]<\/a> Exposici\u00f3n de motivos, Enmiendas Ley que autoriza a la Polic\u00eda de Puerto Rico a expedir certificados de antecedentes penales, Ley N\u00fam. 314-2004, 2004 LPR 314.<\/p>\n

[95]<\/a> Exposici\u00f3n de motivos, Enmiendas Ley que autoriza a la Polic\u00eda de Puerto Rico a expedir certificados de antecedentes penales, Ley N\u00fam. 174-2011, 2011 LPR 174.<\/p>\n

[96]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[97]<\/a> Padilla Norat\u00a0&\u00a0Soto Rol\u00f3n,\u00a0supra<\/em> nota 83, en la p\u00e1g. 494.<\/p>\n

[98]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[99]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[100]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[101]<\/a> Id. <\/em><\/p>\n

[102]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[103]<\/a> Id. <\/em>en las p\u00e1gs. 494-95.<\/p>\n

[104]<\/a> CONST. PR art. VI, \u00a7 19.<\/p>\n

[105]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[106]<\/a> Zambrana Gonz\u00e1lez,\u00a0supra<\/em> nota 2, en la p\u00e1g. 1135.<\/p>\n

[107]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 1137.<\/p>\n

[108]<\/a> Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 1137-38.<\/p>\n

[109]<\/a> Eduardo J. Rivera Juanatey,\u00a0Discrimen por antecedentes penales: hacia una reconsideraci\u00f3n del discrimen por condici\u00f3n social<\/em>, 41\u00a0REV.\u00a0JUR.\u00a0UIPR\u00a0585, 605 (2007).<\/p>\n

[110]<\/a> P. del S. 144 de 26 de enero de 2021, 1ra Ses. Ord., 19na Asam; P. del S. 147 de 26 de enero de 2021, 1ra Ses. Ord., 19na Asam.<\/p>\n

[111]<\/a> Rivera Juanatey, supra<\/em> nota 108.<\/p>\n

[112]<\/a> Dallan F. Flake,\u00a0When Any Sentence Is a Life Sentence: Employment Discrimination Against Ex-Offenders<\/em>, 93 Wash.\u00a0U.\u00a0L.\u00a0REV. 45, 55 (2015).<\/p>\n

[113]<\/a> Id. <\/em>(traducci\u00f3n suplida).<\/p>\n

[114]<\/a> Id. <\/em>(traducci\u00f3n suplida).<\/p>\n

[115]<\/a> Janice Ram\u00edrez V\u00e9lez,\u00a0El registro de personas convictas por delitos sexuales y abusos contra menores: \u00bfseguridad o castigo?<\/em>, 42\u00a0REV.\u00a0JUR.\u00a0UIPR 337, 362 (2008).<\/p>\n

[116]<\/a> Garib Baza\u00edn v. Hospital Espa\u00f1ol Auxilio Mutuo de Puerto Rico, 204 DPR 601, 645 (2020) (Estrella Mart\u00ednez, opini\u00f3n disidente).<\/p>\n

[117]<\/a> Id. <\/em>en las p\u00e1gs. 645-46 (Estrella Mart\u00ednez, opini\u00f3n disidente).<\/p>\n

[118]<\/a> Id. <\/em>(Estrella Mart\u00ednez, opini\u00f3n disidente).<\/p>\n

[119]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 640 (Oronoz Rodr\u00edguez, opini\u00f3n disidente).<\/p>\n

[120]<\/a> LORENZO MORILLAS CUEVA, LA PENA DE PRISI\u00d3N ENTRE EL EXPANSIONISMO Y EL REDUCCIONISMO PUNITIVO (2016).<\/p>\n

[121]<\/a> Luis A. Zambrana Gonz\u00e1lez, Punitivismo como negocio: un terrible presagio<\/em>, 80 GRADOS (9 de diciembre de 2016), https:\/\/www.80grados.net\/punitivismo-como-negocio-un-terrible-presagio\/.<\/p>\n

[122]<\/a> Zambrana Gonz\u00e1lez,\u00a0supra <\/em>nota 2, en la p\u00e1g. 1124.<\/p>\n

[123]<\/a> Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 1124-25.<\/p>\n

[124]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 1125.<\/p>\n

[125]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 1176.<\/p>\n

[126]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[127]<\/a> David B. Wexler, Mental Health Law and the Seeds of Therapeutic Jurisprudence<\/em> (Arizona Legal Studies, Discussion Paper No. 18-05, 2018).<\/p>\n

[128]<\/a> Jessica Vel\u00e1zquez Sotomayor,\u00a0Justicia terap\u00e9utica: la ruta para hacer valer la promesa constitucional de rehabilitaci\u00f3n criminal en Puerto Rico<\/em>, 54\u00a0REV.\u00a0JUR.\u00a0UIPR 261, 277 (2019).<\/p>\n

[129]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 283.<\/p>\n

[130]<\/a> David B. Wexler, A Pro Forma Expungement Proceeding: A Lost Therapeutic Opportunity?<\/em> (Arizona Legal Studies, Discussion Paper No. 17-22, 2017) (traducci\u00f3n suplida).<\/p>\n

[131]<\/a> David B. Wexler & Michael S. King, Promoting Societal and Juridical Receptivity to Rehabilitation: The Role of Therapeutic Jurisprudence<\/em> (Arizona Legal Studies, Discussion Paper No. 10-46, 2011) (traducci\u00f3n suplida).<\/p>\n

[132]<\/a> ESTHER PILLADO GONZ\u00c1LEZ, HACIA UN PROCESO PENAL MAS REPARADOR Y RESOCIALIZADOR: AVANCES DESDE LA JUSTICIA TERAP\u00c9UTICA 15 (2019).<\/p>\n

[133]<\/a> CONST. PR art. VI, \u00a7 19.<\/p>\n

[134]<\/a> Amy Shlosberg et al., Expungement and Post-exoneration Offending<\/em>, 104 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY 353, 354 (2014).<\/p>\n

[135]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 388.<\/p>\n

[136]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[137]<\/a> Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 382-83.<\/p>\n

[138]<\/a> Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 364, 388.<\/p>\n

[139]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 388.<\/p>\n

[140]<\/a> Jason G. Mitchell, The rewards of expungement<\/em>, 44 Wyoming Law. 4, 23 (2021).<\/p>\n

[141]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[142]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Art\u00edculo Por: Perla del Mar Rodr\u00edguez* Hu\u00e9rfana culpa, vuela sin due\u00f1os. Donde se pose, nunca crecer\u00e1n los sue\u00f1os.[1] Introducci\u00f3n La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene ante su consideraci\u00f3n \u2014hasta el momento\u2014 10 proyectos (y uno que se retir\u00f3) para limitar el alcance de los certificados de antecedentes penales. La pregunta que proponemos contestar con<\/p>\n

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