{"id":3816,"date":"2023-04-27T08:00:46","date_gmt":"2023-04-27T08:00:46","guid":{"rendered":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/?p=3816"},"modified":"2023-04-27T12:24:58","modified_gmt":"2023-04-27T12:24:58","slug":"dos-siglos-un-mismo-crimen-humanitario-la-ocupacion-estadounidense-de-puerto-rico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/2023\/04\/27\/dos-siglos-un-mismo-crimen-humanitario-la-ocupacion-estadounidense-de-puerto-rico\/","title":{"rendered":"Art\u00edculo: Dos siglos, un mismo crimen humanitario: la ocupaci\u00f3n estadounidense de Puerto Rico"},"content":{"rendered":"
\"\"<\/h5>\n
Art\u00edculo<\/h5>\n
Por: Ricardo Torres Febre*<\/strong><\/h5>\n

“Yo digo que de la colonizaci\u00f3n a la civilizaci\u00f3n, la distancia es infinita,<\/p>\n

que de todas las expediciones coloniales acumuladas,<\/p>\n

de todos los estatutos coloniales elaborados,<\/p>\n

de todas las circulares ministeriales expedidas,<\/p>\n

no se podr\u00eda rescatar un solo valor humano”.[1]<\/sup><\/a><\/p>\n

Aim\u00e9 C\u00e9saire<\/p>\n

Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Invasi\u00f3n, sometimiento, explotaci\u00f3n, dominaci\u00f3n, imperio, control, ocupaci\u00f3n, poder.<\/em><\/p>\n

Para comenzar este escrito, me hab\u00eda propuesto definir de manera concisa el t\u00e9rmino colonialismo<\/em>. No obstante, ha sido imposible definir este concepto cuya implicaci\u00f3n, en mi opini\u00f3n, no cabe dentro del lenguaje. Creo, sin embargo, que esta compilaci\u00f3n de las palabras que m\u00e1s se repitieron durante mi b\u00fasqueda son puntuales para describir la relaci\u00f3n actual entre Puerto Rico y Estados Unidos de Am\u00e9rica (en adelante, \u201cEE. UU.\u201d).<\/p>\n

El nombre de esta relaci\u00f3n ha sufrido transformaciones: colonia, territorio no incorporado, Estado Libre Asociado. Lo \u00fanico constante ha sido que la relaci\u00f3n entre Puerto Rico y EE. UU. se ha basado en subordinaci\u00f3n. Desde sus inicios, de car\u00e1cter dominante militar, hasta el silencioso desplazamiento de nativos, el legado colonial de los EE. UU. puede verse en la esterilizaci\u00f3n forzada de mujeres o la persecuci\u00f3n del independentismo. Tambi\u00e9n, este mal se ha distinguido a trav\u00e9s del tiempo en el mecanismo de la deuda p\u00fablica como m\u00e9todo de estrangulaci\u00f3n econ\u00f3mica y la privaci\u00f3n continua de derechos pol\u00edticos plenos.<\/p>\n

En el 1953, la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (en adelante, \u201cONU\u201d) decret\u00f3 en su Resoluci\u00f3n 748 que la condici\u00f3n colonial de Puerto Rico ces\u00f3 y declar\u00f3 que Puerto Rico adquiri\u00f3 un grado de soberan\u00eda suficiente como para considerarse autogobernado.[2]<\/sup><\/a> No obstante, las recientes decisiones del Tribunal Supremo de EE. UU. (en adelante, \u201cTSEU\u201d), United States v. Vaello Madero<\/em> y United States v. S\u00e1nchez Valle<\/em>,[3]<\/a> as\u00ed como la imposici\u00f3n del Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act<\/em> (en adelante, \u201cP.R.O.M.E.S.A.\u201d), desmienten esta falacia.[4]<\/a><\/p>\n

La relaci\u00f3n colonial entre Puerto Rico y EE. UU. subsiste. Se estar\u00e1 observando esta relaci\u00f3n desde un punto de vista internacional, destap\u00e1ndola como una violaci\u00f3n a los derechos de libre autodeterminaci\u00f3n, adem\u00e1s de ser una relaci\u00f3n donde EE. UU. incumple su deber de eliminar la discriminaci\u00f3n racial y cuyos estragos, resultado de violaciones consideradas cr\u00edmenes contra la humanidad, persisten hoy d\u00eda. Es por esto que argumentar\u00e9 no solo por el fin de esta relaci\u00f3n colonial, sino por la total indemnizaci\u00f3n de EE. UU. en concepto de los da\u00f1os coloniales que a\u00fan persisten y son palpables en el pa\u00eds, ante el mundo y en la consciencia del puertorrique\u00f1o.<\/p>\n

I. El caso de Puerto Rico: una colonia de facto<\/em>, aunque no de jure<\/em><\/strong><\/p>\n

\u00a0 \u00a0A. Marco pol\u00edtico de la relaci\u00f3n EE. UU. \u2013 Puerto Rico<\/em><\/p>\n

La relaci\u00f3n pol\u00edtica y colonial entre Puerto Rico y EE. UU. comenz\u00f3 en el 1898 con la firma del Tratado de Par\u00eds que dio fin a la Guerra Hispanoamericana y estableci\u00f3 la cesi\u00f3n de Puerto Rico a EE. UU. por parte de Espa\u00f1a.[5]<\/sup><\/a> El resultado de esta cesi\u00f3n, en lo que concierne a los ciudadanos de la Isla, fue un retroceso marcado en sus derechos. En el 1897, en la Isla prevalec\u00eda la Carta Auton\u00f3mica, la cual permit\u00eda la formaci\u00f3n de un gobierno aut\u00f3nomo, conformando as\u00ed uno de los documentos de autogobierno m\u00e1s avanzados de todas las colonias europeas.[6]<\/sup><\/a> No obstante, el Tratado de Par\u00eds disip\u00f3 este autogobierno y reserv\u00f3 para el Congreso estadounidense, de manera exclusiva, la facultad de determinar todos los derechos pol\u00edticos y civiles de los habitantes en la Isla mediante la Cl\u00e1usula Territorial de la Constituci\u00f3n de EE. UU.[7]<\/sup><\/a><\/p>\n

El Congreso ha ejercido esa facultad en varias ocasiones, siendo las m\u00e1s significativas la creaci\u00f3n de la Ley Foraker<\/em>,[8]<\/sup><\/a> la Ley Jone<\/em>s<\/em>,[9]<\/sup><\/a> la Ley 600<\/em>,[10]<\/sup><\/a> y P.R.O.M.E.S.A.[11]<\/sup><\/a> Previo al ejercicio de las facultades otorgadas por su Constituci\u00f3n, EE. UU. impuso en Puerto Rico un gobierno militar.[12]<\/sup><\/a> Con la Ley Foraker<\/em> se instituy\u00f3 la ciudadan\u00eda puertorrique\u00f1a y se permiti\u00f3 la creaci\u00f3n de un gobierno civil, aunque los poderes se manten\u00edan totalmente subordinados al Congreso, que reten\u00eda la facultad de anular cualquier legislaci\u00f3n de estimarse in<\/em>conveniente<\/em>.[13]<\/sup><\/a><\/p>\n

La Ley Jones<\/em>, aprobada menos de veinte a\u00f1os despu\u00e9s, confiri\u00f3 la ciudadan\u00eda estadounidense a todos los ciudadanos de Puerto Rico, permiti\u00e9ndoles la ciudadan\u00eda puertorrique\u00f1a junto a la estadounidense.[14]<\/sup><\/a> Esta ciudadan\u00eda estadounidense, no obstante, no habilit\u00f3 a los boricuas a \u201cparticipar plenamente en los procesos pol\u00edticos de EE. UU.\u201d.[15]<\/sup><\/a> Es menester entender que, en el contexto del Derecho Internacional, la ciudadan\u00eda estadounidense es incompatible con la ciudadan\u00eda de una soberan\u00eda distinta a los EE. UU.; la ciudadan\u00eda territorial,\u00a0 que design\u00f3 a los puertorrique\u00f1os como elegibles para la conscripci\u00f3n al ej\u00e9rcito de EE. UU. pero no para ejercer el derecho al voto ni para obtener representaci\u00f3n pol\u00edtica en la rama legislativa, puede existir dentro de la ciudadan\u00eda americana pero no puede repudiarla, y est\u00e1 limitada por la ley org\u00e1nica que la cre\u00f3.[16]<\/sup><\/a> Por tanto, la imposici\u00f3n de la ciudadan\u00eda estadounidense no afect\u00f3 en nada la condici\u00f3n territorial de Puerto Rico ante el Derecho Internacional o los derechos sustantivos de sus habitantes, pues la autoridad congresional en virtud de la Cl\u00e1usula Territorial permanec\u00edan vigentes.[17]<\/sup><\/a><\/p>\n

En el 1950, la Ley 600<\/em> provey\u00f3 a Puerto Rico el veh\u00edculo para la creaci\u00f3n de una Constituci\u00f3n propia, una carta de derechos y un gobierno republicano.[18]<\/sup><\/a> Puerto Rico pareci\u00f3 adquirir mayor soberan\u00eda; no obstante, los art\u00edculos 3 y 4 de esta Ley derrotaron su prop\u00f3sito. El Art\u00edculo 3 establece que la Constituci\u00f3n aprobada en Puerto Rico luego deb\u00eda ser acogida por el Presidente y el Congreso de EE. UU., y solo luego de ello, podr\u00eda entrar en vigor.[19]<\/sup><\/a> Mientras tanto, el Art\u00edculo 4 mantuvo en vigor la Ley Jones<\/em>, exceptuando algunos art\u00edculos derogados, por lo que el Congreso continu\u00f3 reservando para s\u00ed control sobre asuntos medulares para la soberan\u00eda de una naci\u00f3n como la moneda, la defensa, los servicios de correo, entre otros.[20]<\/sup><\/a><\/p>\n

Finalmente, en el 2016 se aprob\u00f3 P.R.O.M.E.S.A. para proveer a Puerto Rico un mecanismo similar a la quiebra federal, en aras de lograr la reestructuraci\u00f3n de la deuda p\u00fablica que estrangula al pa\u00eds.[21]<\/sup><\/a> Esta Ley tiene como base la Cl\u00e1usula Territorial de la Constituci\u00f3n de EE. UU., que tanto el Ejecutivo como el Congreso invocaron, reafirmando as\u00ed que la soberan\u00eda de Puerto Rico le pertenece al Congreso. Por lo tanto,\u00a0 lo presentado ante la ONU en la Resoluci\u00f3n 748 fue falso.[22]<\/sup><\/a> La Ley entrega a la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal,[23]<\/a> un ente cuyo fin es lograr la responsabilidad fiscal mediante certificaci\u00f3n de los planes fiscales y la readquisici\u00f3n de acceso a los mercados, lo que bajo el imperio espa\u00f1ol se llamaban poderes omn\u00edmodos o Direct Rule<\/em> bajo el imperio brit\u00e1nico.[24]<\/a> La Ley faculta a la Junta, compuesta por siete miembros nombrados por el Presidente de EE.UU., a: obtener informaci\u00f3n oficial de cualquier entidad federal o territorial, ejercer poder de citaci\u00f3n (subpoena<\/em>), ejecutar prohibici\u00f3n de huelgas de empleados p\u00fablicos, y tomar decisiones, con efecto retroactivo, que incidan sobre acuerdos financieros del gobierno territorial; sus certificaciones de los planes fiscales no ser\u00e1n revisables por tribunal alguno.[25]<\/a> La Ley adem\u00e1s convierte en delito el que un empleado de gobierno se reh\u00fase a cooperar con la Junta o le provea informaci\u00f3n falsa, e incluso provee a sus miembros inmunidad absoluta por sus decisiones.[26]<\/a> Esta Ley regres\u00f3 a Puerto Rico directamente al Siglo XVI, si es que alguna vez sali\u00f3 de \u00e9l.[27]<\/sup><\/a> En esencia, P.R.O.M.E.S.A. afirma la antidemocracia como Derecho Constitucional en EE. UU.<\/p>\n

\u00a0 \u00a0B. Marco legal de la relaci\u00f3n EE. UU. \u2013 Puerto Rico<\/em><\/p>\n

\u00bfPor qu\u00e9 hacer tanto hincapi\u00e9 en la condici\u00f3n de los puertorrique\u00f1os como ciudadanos y en la extensi\u00f3n del autogobierno que pol\u00edticamente se le ha permitido a Puerto Rico? Entendemos necesario este contexto para plantear que esta ciudadan\u00eda de segunda clase y las medidas de autogobierno a medias no cambiaron la relaci\u00f3n imperio-colonia entre Puerto Rico y EE. UU., sino que la dotaron con una apariencia<\/em> de legalidad y consentimiento.[28]<\/a> Mediante sus pronunciamientos en distintos casos, el TSEU ha validado esta relaci\u00f3n, y los tratos discriminatorios que necesariamente conlleva. Por esto, nos parece relevante estudiarlos brevemente.<\/p>\n

i. Los Casos Insulares: el marco legal como validaci\u00f3n de la colonia<\/p>\n

Estudiosos decoloniales como Kwame Nkrumah y Frantz Fanon argumentaban, entre otras cosas, que una aseveraci\u00f3n de que un grupo de gente es incapaz de autogobernarse es un instrumento para el imperialismo y no una afirmaci\u00f3n sobre la capacidad personal o colectiva.[29]<\/sup><\/a> No obstante, fue precisamente este tipo de aseveraci\u00f3n que sirvi\u00f3 de base para los primeros pronunciamientos jur\u00eddicos sobre la relaci\u00f3n Puerto Rico-EE.UU. Estos pronunciamientos jur\u00eddicos no fueron inofensivos en sus repercusiones, pues tuvieron el efecto directo de restarle derechos a los habitantes de Puerto Rico por raz\u00f3n de su lugar de residencia. Esto entra\u00f1a los peligros del trato discriminatorio por raza u origen, hoy d\u00eda prohibido por las constituciones y pronunciamientos de derechos humanos en el mundo.[30]<\/sup><\/a> En Balzac v. Porto Rico<\/em>,[31]<\/a> uno de los casos insulares m\u00e1s importantes para establecer jurisprudencialmente nuestro estatus colonial, el TSEU afirm\u00f3 que Puerto Rico se constitu\u00eda de \u201ccompact and ancient communities<\/em>\u201d,[32]<\/a> que a\u00fan no hab\u00edan desarrollado el \u201cimpartial attitude [that]jurors must assume<\/em>\u201d,[33]<\/a> requerido por los ciudadanos de un sistema jur\u00eddico anglosaj\u00f3n.[34]<\/sup><\/a> Usando de base esta aseveraci\u00f3n sobre la incapacidad de los puertorrique\u00f1os para autogobernarse, el TSEU rechaz\u00f3 la aplicaci\u00f3n del derecho constitucional al juicio por jurado en Puerto Rico.[35]<\/sup><\/a>
\nEn Downes v. Bidwell<\/em>,[36]<\/a> uno de los primeros casos insulares, el juez Brown hizo un pronunciamiento similar sobre c\u00f3mo la alegada incapacidad del autogobierno de los puertorrique\u00f1os como consecuencia de su raza<\/em> no era detrimental a su propia comunidad, sino a las ambiciones imperiales de EE. UU.:<\/p>\n

Un paso falso en estos momentos podr\u00eda ser fatal al desarrollo de lo que el Presidente del TSEU, Marshall, se sirvi\u00f3 llamar el Imperio Americano. La propia decisi\u00f3n en algunos casos, la gravitaci\u00f3n natural de los cuerpos peque\u00f1os hacia los grandes en otros, los resultados de una guerra afortunada todav\u00eda en otros, pueden producir condiciones que hagan conveniente la anexi\u00f3n de posesiones distantes. Si estas posesiones est\u00e1n habitadas por razas extra\u00f1as, distintas de nosotros en religi\u00f3n, en costumbres, en leyes, en m\u00e9todos de tributaci\u00f3n, y en procesos mentales, la administraci\u00f3n del gobierno y la justicia, con arreglo a los principios anglosajones, puede ser imposible por alg\u00fan tiempo<\/em>; e inmediatamente surge la cuesti\u00f3n de si no debieran hacerse, por alg\u00fan tiempo, grandes concesiones, para que, al fin y al cabo, pudi\u00e9ramos llevar a la pr\u00e1ctica nuestras teor\u00edas y hacer extensivas a ellas las bendiciones de un gobierno libre, de acuerdo con la Constituci\u00f3n.[37]<\/sup><\/a><\/p>\n

El lenguaje escogido no es accidental. El pronunciamiento expl\u00edcito sobre c\u00f3mo lo extra\u00f1o<\/em> de la raza puertorrique\u00f1a en cuanto a sus procesos mentales<\/em> evitaba que se produjeran condiciones convenientes <\/em>para la anexi\u00f3n dice mucho m\u00e1s de lo que se ve a simple vista. El uso de estas palabras particulares tiene el efecto de enmarcar al puertorrique\u00f1o como una otredad que, por su naturaleza, no merece las bendiciones<\/em> de un gobierno libre<\/em>. Tambi\u00e9n, resalta las concesiones que no debieran hacerse (cuya definici\u00f3n est\u00e1 convenientemente omitida) en servicio del desarrollo del imperio.[38]<\/sup><\/a> No cabe duda que estos pronunciamientos responden a la autoconcepci\u00f3n de los estadounidenses como una raza blanca y superior y al racismo sistem\u00e1tico centenario mediante el cual pretenden excluir a los estadounidenses no blancos de tener plena participaci\u00f3n en la econom\u00eda, pol\u00edtica y sociedad en general.[39]<\/sup><\/a> A tono con el comentario del juez Brown, varios estudiosos han dicho que el estatus de territorio nunca fue dise\u00f1ado para ser perpetuo; pues el mismo Juez estableci\u00f3 que \u201cpuede ser imposible por alg\u00fan tiempo<\/em>\u201d.[40]<\/sup><\/a> Incluso, el juez White escribi\u00f3 una opini\u00f3n concurrente en la que estableci\u00f3 que si un territorio es encontrado incapaz de ser incorporado, debe cesar su ocupaci\u00f3n.[41]<\/sup><\/a> No obstante, un siglo despu\u00e9s, Puerto Rico contin\u00faa en el limbo del Estado Libre Asociado descrito como un \u201cvelero sin velas\u201d,[42]<\/sup><\/a> a la merced de un Congreso que no toma acci\u00f3n alguna para determinar su estatus.<\/p>\n

Vale la pena notar el disenso del juez Harlan en Downes v. Bidwell<\/em>, en el que critica a la mayor\u00eda \u201c<\/em>por implantar dentro de nuestras instituciones republicanas un sistema colonial tal como existe bajo los gobiernos mon\u00e1rquicos\u201d.<\/em>[43]<\/sup><\/a> Desde este punto, los jueces del TSEU que no suscribieron la opini\u00f3n mayoritaria, abiertamente reconocieron que el sistema legal que imperaba en Puerto Rico era colonial, rest\u00e1ndole fuerza a la opini\u00f3n mayoritaria que intentaba hacer distinci\u00f3n entre colonia y territorio no incorporado<\/em>.[44]<\/sup><\/a><\/p>\n

ii. United States v.<\/em> S\u00e1nchez Valle<\/em> y la cuesti\u00f3n de la soberan\u00eda \u00faltima<\/p>\n

Entre los Casos Insulares y United States v.<\/em> S\u00e1nchez Valle<\/em> hubo desarrollos sustanciales en la nomenclatura usada para describir la relaci\u00f3n entre Puerto Rico y EE. UU. Con la Ley 600<\/em> y la creaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la relaci\u00f3n comenz\u00f3 a describirse como libre asociaci\u00f3n, bajo la cual se estableci\u00f3 que Puerto Rico pod\u00eda organizar su propio gobierno. No obstante, este Gobierno local quedaba totalmente subordinado al Congreso por v\u00eda de la Cl\u00e1usula Territorial, siendo cuestionable el grado de autogobierno conferido (y fue cuestionado en la ONU, como veremos en la secci\u00f3n IC).[45]<\/sup><\/a><\/p>\n

Sin embargo, al decidirse S\u00e1nchez Valle<\/em>, cualquier ilusi\u00f3n de autogobierno que Puerto Rico cre\u00eda haber obtenido, se devel\u00f3 como falsa. En una opini\u00f3n seis a dos, el TSEU decidi\u00f3 que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y EE. UU. no son entidades soberanas separadas porque la \u00faltima fuente del poder de enjuiciamiento en Puerto Rico es el Gobierno federal.[46]<\/sup><\/a> En palabras sencillas, la capacidad de autogobierno de Puerto Rico se deriva de la delegaci\u00f3n de poderes que hizo el Congreso por la Cl\u00e1usula Territorial, lo cual est\u00e1 en total contradicci\u00f3n con la Secci\u00f3n 1 del Art\u00edculo I de la Constituci\u00f3n de Puerto Rico.[47]<\/sup><\/a><\/p>\n

iii. United States v.<\/em> Vaello Madero<\/em>: la admisi\u00f3n (afirmaci\u00f3n) de los fundamentos racistas de los Casos\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Insulares<\/p>\n

United States v.<\/em> Vaello Madero<\/em> fue una secuela de lo decidido en United States v.<\/em> S\u00e1nchez Valle<\/em>. Se reafirm\u00f3 el derecho del Congreso a formular pol\u00edticas con trato discriminatorio hacia Puerto Rico, bas\u00e1ndose en el marco legal que hab\u00eda creado los Casos Insulares.[48]<\/sup><\/a> Sin embargo, de este caso debemos resaltar las opiniones concurrentes y disidentes, pues son reveladores del verdadero valor jur\u00eddico de las bases que decidieron los casos insulares.<\/p>\n

En su opini\u00f3n concurrente, el juez Gorsuch establece claramente que los Casos Insulares no encuentran fundamento alguno en la Constituci\u00f3n y que estos descansan sobre \u201cracial stereotypes<\/em>\u201d,[49]<\/a> a\u00f1adiendo que estos casos \u201cdeserve no place in our law<\/em>\u201d.[50]<\/sup><\/a> Mientras tanto, en su disenso, la jueza Sotomayor expres\u00f3 que no hay base racional para el trato discriminatorio hacia los puertorrique\u00f1os.[51]<\/sup><\/a> Adem\u00e1s, ejemplific\u00f3 uno de los puntos de este escrito, expresando la falta de recursos legales y pol\u00edticos que tienen los puertorrique\u00f1os para rectificar las desigualdades creadas por el Congreso, estableciendo que \u201c[b]ecause residents of Puerto Rico do not have voting representation in Congress, they cannot rely on their elected representatives to remedy the punishing disparities suffered by citizen residents of Puerto Rico under Congress\u2019 unequal treatment<\/em>\u201d.[52]<\/a><\/p>\n

Si estos casos se decidieron basados en ideolog\u00edas racistas y han servido de marco para el trato jur\u00eddico-pol\u00edtico que EE. UU. ha dado a Puerto Rico, entonces la l\u00f3gica simple nos conduce a deducir que todo el trato jur\u00eddico-pol\u00edtico de Puerto Rico es racista. Los cimientos sobre los cuales se basa el mito del territorio no incorporado, y las deficiencias pol\u00edticas reales que lo crea son resultados del racismo que perme\u00f3 las instituciones y se valid\u00f3 como ley. Aunque a nivel nacional este trato haya recibido el aval de los aparatos legales, a nivel internacional no es tan sencillo \u2014al menos no deber\u00eda serlo.<\/p>\n

\u00a0 \u00a0C. ONU: la autodeterminaci\u00f3n viciada de Puerto Rico<\/em><\/p>\n

En el 1953, en base a la Ley 600<\/em>, EE. UU. declar\u00f3 y la ONU acept\u00f3 que Puerto Rico adquiri\u00f3 un grado suficiente de soberan\u00eda como para dejar de considerarse un territorio sin gobierno propio.[53]<\/a> No obstante, los actos posteriores de EE. UU. \u2014como la aprobaci\u00f3n de P.R.O.M.E.S.A. y la decisi\u00f3n en United States v. <\/em>S\u00e1nchez Valle<\/em>\u2014 han desmentido esta pretensi\u00f3n. Puerto Rico continu\u00f3 siendo una colonia en la pr\u00e1ctica, con estatus de autogobierno y Constituci\u00f3n propia, pero sin poder de sufragio en las elecciones federales y totalmente subordinado a los EE. UU. en asuntos esenciales como defensa, moneda y aduanas.[54]<\/sup><\/a> Adem\u00e1s, Puerto Rico carece de la capacidad de recurrir a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (en adelante, \u201cFMI\u201d) y de participar en acuerdos multilaterales de desarrollo con otros pa\u00edses, limitando severamente su potencial de crecimiento econ\u00f3mico.[55]<\/sup><\/a><\/p>\n

Incluso, cuando se aprob\u00f3 la Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Congreso de EE. UU. exigi\u00f3 dos cambios fundamentales antes de aprobarla: (1) la eliminaci\u00f3n de la Secci\u00f3n 20 de la Carta de Derechos garantizando derechos sociales y econ\u00f3micos reconocidos por la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos y (2) la redacci\u00f3n de la Secci\u00f3n 8 del Art\u00edculo VI, que eleva el pago de la deuda p\u00fablica a los bonistas de Wall Street<\/em> a un rango constitucional.[56]<\/sup><\/a> Esto es importante pues los Estados que votaron en contra de la Resoluci\u00f3n 748, argumentaron que esa exigencia del Congreso dej\u00f3 manifiesto que nunca hubo el grado de soberan\u00eda que EE. UU. pretend\u00eda alegar.[57]<\/sup><\/a> Adem\u00e1s, el Refer\u00e9ndum de 1952 para aprobar la Constituci\u00f3n solo daba la opci\u00f3n entre el nuevo arreglo pol\u00edtico o el status quo<\/em>, dejando fuera la independencia y lacerando el derecho a la plena autodeterminaci\u00f3n.[58]<\/sup><\/a><\/p>\n

II. Colonialismo: Crimen contra la humanidad ante el derecho internacional<\/strong><\/p>\n

Durante este periodo de colonizaci\u00f3n de Puerto Rico, EE. UU. no solo fue culpable de viciar la autodeterminaci\u00f3n del pa\u00eds, sino que tambi\u00e9n cometi\u00f3 violaciones de derechos humanos y cr\u00edmenes contra la humanidad durante la ocupaci\u00f3n de Puerto Rico. Esto, analizando el Rome Statute of the International Criminal Court<\/em> (en adelante, \u201cR.S.I.C.C.\u201d),[59]<\/a> el International Covenant on Civil and Political Rights<\/em> (en adelante, \u201cI.C.C.P.R.\u201d),[60]<\/a> el International Convention for the Elimination on All Forms of Racial Discrimination<\/em> (en adelante, \u201cC.E.R.D.\u201d),[61]<\/a> distintas resoluciones de la ONU, y el derecho perentorio internacional que ha cimentado los cr\u00edmenes contra la humanidad como normas ius cogens<\/em>. Es decir, que dichos cr\u00edmenes no admiten derogaci\u00f3n en su contra, no hay prescripci\u00f3n para los mismos, y no pueden ser indultados.[62]<\/sup><\/a> Las normas perentorias o ius cogens<\/em> crean obligaciones erga omnes<\/em> para todos los Estados, lo que significa que crean derechos oponibles a cualquier Estado que las violente, sin necesariamente haber consentido mediante tratado formal.[63]<\/sup><\/a><\/p>\n

Hasta recientemente, los reclamos de los pa\u00edses excolonias para recibir indemnizaci\u00f3n por los imperios ten\u00edan poca, si alguna, amplificaci\u00f3n internacional. El Caribbean Reparations Commission<\/em> ha sido uno de los proponentes m\u00e1s vocales desde el 2013, cuando comenz\u00f3 a hacer un llamado a los pa\u00edses con colonias en el Caribe a indemnizarlas, adjudicando sus precarias posiciones econ\u00f3micas como consecuencia directa del colonialismo.[64]<\/sup><\/a> Este reclamo ha adquirido fuerza\u00a0 por su pertinencia ante la debilidad econ\u00f3mica de estas naciones caribe\u00f1as y por la urgencia que existe en contar con las herramientas para combatir las amenazas del cambio clim\u00e1tico, el COVID-19, entre otras.[65]<\/sup><\/a><\/p>\n

\u00a0 \u00a0A. Da\u00f1os coloniales en Puerto Rico<\/em><\/p>\n

Los estragos del colonialismo en Puerto Rico pueden verse de varias maneras. El conjunto de actos violentos individuales y la continuaci\u00f3n de la subordinaci\u00f3n como un solo acto ininterrumpido tiene un efecto f\u00edsico y psicol\u00f3gico sobre un pueblo. A medida que el coloniaje contin\u00faa desenfrenado, los sujetos sufren consecuencias como la expropiaci\u00f3n de tierra, migraci\u00f3n forzada y represi\u00f3n de derechos pol\u00edticos.[66]<\/sup><\/a> El sujeto colonial es destinado a trabajar sin fin para el beneficio de la metr\u00f3poli, ser consumidor de lo que produce su due\u00f1o, estar sujeto a las instituciones y culturas ajenas, y la disminuci\u00f3n y eventual desaparici\u00f3n de su propia demograf\u00eda.[67]<\/sup><\/a> Veamos como los actos de EE. UU. han producido da\u00f1os a Puerto Rico en dos vertientes: particularizados e individuales, y continuados e ininterrumpidos.<\/p>\n

i. Estragos de actos individuales<\/p>\n

a. Esterilizaci\u00f3n Forzada<\/p>\n

La Ley N\u00fam. 136 de 15 de mayo de 1937, aprobada por el exgobernador Blanton Winship, legaliz\u00f3 el proceso de esterilizaci\u00f3n para responder a un alegado \u201cexceso de poblaci\u00f3n\u201d.[68]<\/sup><\/a> Este exceso de poblaci\u00f3n, sin embargo, era resultado de las pol\u00edticas de expropiaci\u00f3n de tierras pertenecientes a los agricultores para satisfacer los intereses estadounidenses de producci\u00f3n azucarera.[69]<\/sup><\/a> Para el 1925, el setenta por ciento de la poblaci\u00f3n de puertorrique\u00f1os no pose\u00eda tierras, mientras que solo un dos por ciento de la poblaci\u00f3n era due\u00f1a del ochenta por ciento del terreno.[70]<\/sup><\/a><\/p>\n

Este escenario cre\u00f3 la tormenta perfecta para la esterilizaci\u00f3n masiva de las mujeres pobres en las \u00e1reas rurales; comenzaron a aparecer las cl\u00ednicas de control de natalidad, establecidas por el Puerto Rican Relief Administration <\/em>del presidente Franklin Roosevelt.[71]<\/sup><\/a> Cabe se\u00f1alar que a la mayor\u00eda de las mujeres que sometieron a esta operaci\u00f3n no se les explic\u00f3 su car\u00e1cter permanente.[72]<\/sup><\/a> A muchas de las mujeres que acud\u00edan a estas cl\u00ednicas se les negaba la asistencia si hab\u00edan tenido m\u00e1s de dos hijos, a menos que consintieran a la operaci\u00f3n de esterilizaci\u00f3n.[73]<\/sup><\/a> Para el 1953, el diecisiete por ciento de las mujeres puertorrique\u00f1as fueron esterilizadas.[74]<\/sup><\/a> Para los setenta, se sum\u00f3 a este porcentaje otras 24,000 mujeres en solo dos a\u00f1os, producto de esterilizaci\u00f3n forzada, alcanzando un treinta y siete por ciento de mujeres esterilizadas.[75]<\/sup><\/a> En la d\u00e9cada de los ochenta Puerto Rico era el pa\u00eds con m\u00e1s incidencias de esterilizaci\u00f3n en el mundo.[76]<\/sup><\/a><\/p>\n

En los 1950, las mujeres puertorrique\u00f1as pobres fueron sometidas a experimentos con p\u00edldoras anticonceptivas a\u00fan no aprobadas y se les daba una dosis de progesterona que doblaba lo que usualmente se receta hoy d\u00eda.[77]<\/sup><\/a> Cuando las mujeres alegaban sentir efectos secundarios, con frecuencia eran ignoradas por los doctores, quienes las culpaban por carecer de la sofisticaci\u00f3n intelectual necesaria para seguir instrucciones sobre el medicamento.[78]<\/sup><\/a> Al menos una quinta parte de estas mujeres sufrieron efectos secundarios severos, desde infertilidad hasta c\u00e1ncer.[79]<\/sup><\/a> Grandes cantidades de mujeres fallecieron debido a condiciones como tuberculosis pulmonar o colapsos cardiacos.[80]<\/sup><\/a> Adem\u00e1s, es importante se\u00f1alar que la demograf\u00eda mayormente afectada fueron las mujeres empobrecidas y afrodescendientes.[81]<\/sup><\/a><\/p>\n

Estos actos constituyen violaciones a las prohibiciones de Derecho Internacional contra experimentos sobre la poblaci\u00f3n, esterilizaci\u00f3n forzada y la imposici\u00f3n dirigida de medidas de control de natalidad.[82]<\/sup><\/a> Estas prohibiciones est\u00e1n codificadas en el Art\u00edculo 7g del R.S.I.C.C.<\/p>\n

No obstante, las puertorrique\u00f1as vulnerables no fueron el \u00fanico objeto de explotaci\u00f3n en la Isla. El medioambiente, especialmente en las grandes controversias sobre Vieques, fue otro reprochable\u2014 y extenso\u2014 evento<\/p>\n

b. Da\u00f1os al ambiente y sus consecuencias para la salud p\u00fablica<\/p>\n

Los da\u00f1os al ambiente del municipio de Vieques comenzaron en el 1940, cuando la Marina de los EE. UU. expropi\u00f3 dos terceras partes de la Isla, desplazando a 3,000 habitantes.[83]<\/sup><\/a> Esta expropiaci\u00f3n fue posible por virtud de la Ley p\u00fablica 247,[84]<\/a> que otorgaba a la Marina la posesi\u00f3n de dichas tierras.[85]<\/sup><\/a> Estos terrenos fueron utilizados para ejercicios militares de varios tipos, redundando en la propagaci\u00f3n de carcin\u00f3genos y otras sustancias t\u00f3xicas en el ambiente.[86]<\/a><\/p>\n

Para la d\u00e9cada de los noventa, \u201cla prevalencia de c\u00e1ncer pulmonar en las personas de m\u00e1s de [cincuenta]a\u00f1os era mayor en 280% (en mujeres) y 200% (en hombres) en Vieques que en el resto del pa\u00eds\u201d.[87]<\/sup><\/a> Esto se correlaciona con las altas exposiciones de las municiones en el per\u00edodo de 1977-1984 (periodo de mayor actividad militar en la Isla Nena).[88]<\/sup><\/a> Desde que ces\u00f3 la actividad militar en Vieques, la tasa de incidencia de c\u00e1ncer se ha nivelado con el resto de la Isla, enfatizando la correlaci\u00f3n entre la actividad militar y la incidencia de c\u00e1ncer.[89]<\/a> Sobre el panorama ambiental en Vieques, un estudio de la revista Global Security: Health, Science and<\/em> Policy<\/em> recopil\u00f3 experiencias y observaciones en la Isla posterior a la ocupaci\u00f3n, entre las cuales se destacan: municiones sin detonar, extensiones de terreno quemadas por bombas, altos niveles de metales pesados, sustancias t\u00f3xicas por doquier y equipo militar abandonado sin ser adecuadamente desmantelado.[90]<\/sup><\/a><\/p>\n

Estos da\u00f1os ambientales, los cuales son causa directa del alza en incidencia de c\u00e1ncer y en la tasa de mortalidad de Vieques, est\u00e1n directamente atribuidos a los ejercicios militares de EE. UU. en la Isla, constituyendo una violaci\u00f3n al Art\u00edculo 8b del R.S.I.C.C., que proh\u00edbe los ejercicios militares que conlleven da\u00f1os duraderos al ambiente y p\u00e9rdidas incidentales de vida civil, en claro exceso del beneficio militar que produzca.[91]<\/sup><\/a><\/p>\n

c. Persecuci\u00f3n del independentismo<\/p>\n

La campa\u00f1a de represi\u00f3n contra el independentismo coordinada desde los EE. UU. fue despiadada. Desde el 1927, el Secretario de Guerra de EE. UU. estaba vigilando las actividades del l\u00edder independentista Pedro Albizu Campos por estar promoviendo discursos antiamericanos en sus visitas a pa\u00edses como Hait\u00ed y Rep\u00fablica Dominicana.[92]<\/a> Luego, cuando los nacionalistas El\u00edas Beauchamp e Hiram Rosado fueron asesinados en el cuartel de la polic\u00eda de Puerto Rico, Albizu pronunci\u00f3 una eleg\u00eda en su honor denunciando la represi\u00f3n del nacionalismo; esta fue parte de la prueba usada por la Fiscal\u00eda estadounidense para llevar cargos en su contra (y contra otros nacionalistas) por conspiraci\u00f3n para derrocar el gobierno estadounidense por medio de la fuerza.[93]<\/a> En 1937, un a\u00f1o luego del gran jurado federal que acus\u00f3 a los nacionalistas, el gobernador Winship (designado por el Presidente de EE. UU.) y sus fuerzas armadas arremetieron contra una manifestaci\u00f3n nacionalista en Ponce por considerarla contraria a la ley, dejando atr\u00e1s una veintena de muertos en los que se conoci\u00f3 como la Masacre de Ponce.[94]<\/a> Luego, en 1948 se aprob\u00f3 la Ley de la mordaza<\/em>,[95]<\/a> que se concibi\u00f3 para \u201caplastar la libertad de palabra, acto y conciencia y as\u00ed socavar la disidencia contra el r\u00e9gimen imperial\u201d[96]<\/a>. Esta ley cre\u00f3 la base para volver a encarcelar a Albizu por otros 54 a\u00f1os luego de la insurrecci\u00f3n de 1950.[97]<\/a> El golpe mortal a lo que restaba del sentir independentista lo propici\u00f3 el evento del Cerro Maravilla. El asesinato de los j\u00f3venes Arnaldo Dar\u00edo Rosado y Carlos Soto Arriv\u00ed en 1978 fue develado como una ejecuci\u00f3n por parte de la Polic\u00eda, quienes prepararon una emboscada para los j\u00f3venes; adem\u00e1s, la investigaci\u00f3n subsiguiente del Senado encontr\u00f3 culpables de negligencia al FBI y al Departamento de Justicia Federal por fallar en atender diligentemente el caso.[98]<\/a><\/p>\n

La campa\u00f1a centenaria en contra del independentismo constituye actos prohibidos por los instrumentos de derechos humanos. El Art\u00edculo 7e y el Art\u00edculo 7h del R.S.I.C.C. proh\u00edben la depravaci\u00f3n de libertad en violaci\u00f3n al Derecho Internacional (como la detenci\u00f3n ilegal de Albizu Campos) y la persecuci\u00f3n contra cualquier colectividad pol\u00edtica, respectivamente.[99]<\/a> El Art\u00edculo 1(1) del I.C.C.P.R. est\u00e1 en contradicci\u00f3n con las acciones de EE. UU. que fueron expresamente dirigidas en contra del movimiento de independencia. Este art\u00edculo consagra el derecho a la libre autodeterminaci\u00f3n, la cual incluye el estatus pol\u00edtico.[100]<\/a> El Art\u00edculo 19 del I.C.C.P.R. garantiza el derecho a la libre opini\u00f3n sin interferencia ajena y a la diseminaci\u00f3n de dichos ideales.[101]<\/a> Es m\u00e1s que evidente que las acciones concertadas de vigilancia, persecuci\u00f3n y violencia contra los sectores independentistas en Puerto Rico por parte de EE. UU. se han llevado a cabo en burda violaci\u00f3n de los preceptos de Derecho Internacional.<\/p>\n

ii. El coloniaje como un solo acto ininterrumpido<\/p>\n

a. La deuda p\u00fablica como l\u00edmite a la soberan\u00eda<\/p>\n

La situaci\u00f3n socioecon\u00f3mica abismal que atraviesa Puerto Rico ha llevado el pa\u00eds a la insolvencia.[102]<\/a> La misma ha sido resultado, en su mayor\u00eda, de interminables gobernantes aportando al d\u00e9ficit mediante propuestas econ\u00f3micas (sufragadas mediante la emisi\u00f3n de deuda p\u00fablica) dise\u00f1adas para atraer capital extranjero sin asegurar que el mismo permanezca en la Isla.[103]<\/a>\u00a0 Puerto Rico no cuenta con los mecanismos para reestructurar su propia deuda de manera aut\u00f3noma, pero se encuentra obligado a pagarla sin importar c\u00f3mo dicha incapacidad de pago afecte a la poblaci\u00f3n.[104]<\/a> Esta es una consecuencia directa de los cambios exigidos por el Congreso antes de la aprobaci\u00f3n de nuestra Constituci\u00f3n. Al elevar a rango constitucional el deber de pago de la deuda p\u00fablica y eliminar aquellas provisiones sobre derechos sociales, el Congreso cement\u00f3 la utilidad de Puerto Rico como fuente neta de ingreso a cambio de sacrificar la seguridad social del pa\u00eds.<\/p>\n

Uno de los m\u00e9todos indiscutibles utilizados por la metr\u00f3poli para lograr el debilitamiento de la seguridad social de Puerto Rico es la privatizaci\u00f3n de servicios esenciales en beneficio de entes comerciales del imperio.[105]<\/a> La privatizaci\u00f3n es un veh\u00edculo para limitar la autodeterminaci\u00f3n a medida que limita la autogesti\u00f3n que empodera a las comunidades. Entonces, \u00bfc\u00f3mo se va a construir un pa\u00eds para el propio pueblo si nada del pa\u00eds le pertenece? En el caso de Puerto Rico, la aceleraci\u00f3n de los procesos de privatizaci\u00f3n responde a su problema inicial de falta de soberan\u00eda: el pago de la deuda p\u00fablica se ha priorizado a tal nivel que se paga con el desmantelamiento de los servicios p\u00fablicos.[106]<\/a> Los defensores de la privatizaci\u00f3n arguyen que la misma redunda en una disminuci\u00f3n de n\u00f3mina para el Estado, lo cual conlleva ahorros para subsanar la deuda p\u00fablica.[107]<\/a> No obstante, esto conlleva lo opuesto para el pueblo debido a que ahora se paga m\u00e1s dinero por un servicio de peor rendimiento, dado a que el compromiso de la empresa privada es la ganancia y no la provisi\u00f3n de servicios esenciales.[108]<\/a><\/p>\n

Se ha desarticulado el sistema de salud, el sistema de la telef\u00f3nica, el sistema de energ\u00eda el\u00e9ctrica y el sistema de carreteras, mientras cada servicio ha aumentado de precio y disminuido en calidad.[109]<\/a> Se ha achicado la cantidad de empleados gubernamentales, las pensiones y otras redes sociales.[110]<\/a> El desempleo alcanz\u00f3 niveles r\u00e9cord mientras la participaci\u00f3n en la fuerza laboral alcanz\u00f3 su punto m\u00e1s bajo en a\u00f1os.[111]<\/a> El alza de salario m\u00ednimo reci\u00e9n se aprob\u00f3 a una cantidad que contin\u00faa siendo insuficiente.[112]<\/a> Estos factores de econom\u00eda disfuncional, falta de red de seguridad social, calidad de vida reducida y servicios esenciales quebrados, son las razones m\u00e1s citadas por los boricuas en la di\u00e1spora al responder la pregunta: \u00bfpor qu\u00e9 emigrar?[113]<\/a><\/p>\n

La obligaci\u00f3n de pagar una deuda externa no auditada, a costa de la desmantelaci\u00f3n de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de una sociedad moderna es un acto constitutivo de violaci\u00f3n al Art\u00edculo 6c del R.S.I.C.C., el cual proh\u00edbe la imposici\u00f3n de condiciones de vida a un grupo de tal manera que provoquen la destrucci\u00f3n parcial o total del mismo.[114]<\/a> Priorizar el pago de la deuda ha conducido a alzas de precios, reducciones de salarios y pensiones, cierres de escuelas, fuga de profesionales y mano de obra, que vuelven insostenible la vida en la Isla para el puertorrique\u00f1o promedio.[115]<\/a><\/p>\n

La continuada imposici\u00f3n de pol\u00edticas de austeridad es una decisi\u00f3n adrede; es el gobierno federal quien, con su inacci\u00f3n, ha permitido la continuidad de la Ley Jones que limita las importaciones y contribuye a que Puerto Rico tenga la canasta b\u00e1sica alimentaria m\u00e1s cara de todo Latinoam\u00e9rica, exacerbando la inseguridad alimentaria.[116]<\/a> Es el gobierno federal quien, tras la imposici\u00f3n de LUMA Energy, ha causado que Puerto Rico pague el precio m\u00e1s alto de luz y sea la jurisdicci\u00f3n con mayor frecuencia de apagones.[117]<\/a> Es el gobierno federal quien, al derogar la Reforma Laboral a trav\u00e9s de la Junta, le niega derechos laborales plenos a los ciudadanos.[118]<\/a> Es el gobierno federal quien, con sus exigencias de alza de precio al cr\u00e9dito de la UPR, ha limitado el acceso a la \u00fanica instituci\u00f3n de educaci\u00f3n superior p\u00fablica en la isla, consecuentemente limitando las oportunidades laborales y de movilidad social de la poblaci\u00f3n pobre.[119]<\/a> Es el gobierno federal quien, invocando la obligaci\u00f3n de la deuda p\u00fablica, administra su colonia con desd\u00e9n a sus habitantes, y disminuye la calidad de vida (alimentos, salud, educaci\u00f3n, empleo, energ\u00eda) a tal nivel que produce las condiciones para el desplazamiento de la poblaci\u00f3n local, todo en violaci\u00f3n al Art\u00edculo 7d del R.S.I.C.C., el cual proh\u00edbe el desplazamiento forzoso de nativos mediante actos coercitivos.[120]<\/a><\/p>\n

b. Expropiaci\u00f3n de tierras y determinaciones unilaterales de uso de terreno<\/p>\n

La expropiaci\u00f3n del terreno en Vieques fue solo un ejemplo de c\u00f3mo la expropiaci\u00f3n unilateral de tierra afect\u00f3 adversamente a los habitantes de la Isla. Lo cierto es que las ambiciones militares de EE. UU. han conducido a la expropiaci\u00f3n de varias parcelas de terreno en la Isla para el levantamiento de bases militares (por ejemplo: Roosevelt Roads, Fort Buchanan <\/em>y Ramey Air Force Base<\/em>).[121]<\/a> Estas parcelas de terreno, al ser expropiadas, impiden su uso y disfrute por los puertorrique\u00f1os.<\/p>\n

Como bien es sabido, el uso de la tierra es una actividad econ\u00f3mica que rinde frutos palpables. Para concretar el argumento, expongo un ejemplo. Se ha estimado que los 746.16 acres que componen el Fort Buchanan <\/em>tienen un valor aproximado de $560 millones.[122]<\/a> Si se calcula el tiempo durante el cual ha sido expropiado solamente este terreno, y sin tener en cuenta factores como la inflaci\u00f3n, la suma adeudada por los EE. UU. ser\u00eda de aproximadamente $55.4 billones.[123]<\/a><\/p>\n

El Art. 1(2) del I.C.C.P.R. nuevamente entabla el derecho al gozo y disfrute de las riquezas naturales de una poblaci\u00f3n, lo cual se le ha privado a Puerto Rico mediante la continua ocupaci\u00f3n de terrenos con inmenso valor econ\u00f3mico.[124]<\/a><\/p>\n

c. Privaci\u00f3n de derechos pol\u00edticos plenos<\/p>\n

Como bien argument\u00f3 la jueza Sotomayor en United States v. <\/em>Vaello Madero<\/em>, los puertorrique\u00f1os han sido privados de su capacidad de participar plenamente en los procesos pol\u00edticos del ente donde reside su soberan\u00eda.[125]<\/a> El hecho de que los puertorrique\u00f1os no puedan participar en las elecciones presidenciales de EE. UU., la imposici\u00f3n de una Junta de Control Fiscal y los poderes plenarios de la Cl\u00e1usula Territorial, impiden que Puerto Rico disfrute de un poder pol\u00edtico pleno. Esto, a su vez, imposibilita el uso de v\u00edas democr\u00e1ticas tradicionales para efectuar cambios sociales duraderos.[126]<\/a><\/p>\n

El Art\u00edculo 25 del I.C.C.P.R. proh\u00edbe que un Estado coh\u00edba a sus ciudadanos de participar plenamente en los procesos pol\u00edticos, pues todo ciudadano tiene una garant\u00eda de expresar su voluntad libremente mediante el sufragio universal, ya sea mediante su propia persona o mediante un representante electo.[127]<\/a> Debido a que el Comisionado Residente en Puerto Rico no tiene voto, la existencia de ese puesto no subsana este d\u00e9ficit pol\u00edtico que viola el Derecho Internacional.[128]<\/a><\/p>\n

III. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Reparations<\/em>: \u00bfposible soluci\u00f3n?<\/strong><\/p>\n

\u00a0 \u00a0A. La naturaleza de la indemnizaci\u00f3n: un plan hacia adelante<\/em><\/p>\n

i. Indemnizaci\u00f3n: \u00bfpor qu\u00e9?<\/p>\n

Las acciones antes rese\u00f1adas, seg\u00fan el Derecho Internacional perentorio, dan lugar a que Puerto Rico, como estado violentado, reciba indemnizaci\u00f3n total que revierta el estado de cosas a como era previo a la intervenci\u00f3n del pa\u00eds agresor.[129]<\/a><\/p>\n

Reparations, as that term is used here, are a general remedy implemented through a judicial or legislative allocation of public resources (general tax and other government revenues) to create programs that will allow a previously marginalized group to acquire full economic, political, and social citizenship within the national polity, by repairing the harm(s) caused by the normative (dominant) legal\/political culture.<\/em>[130]<\/strong><\/em><\/a><\/p>\n

La indemnizaci\u00f3n es una transferencia de recursos para reparar un da\u00f1o causado. Aplicada al contexto colonial, propongo que la misma conlleva varios elementos: (1) la existencia de una relaci\u00f3n de dominaci\u00f3n\/subordinaci\u00f3n, establecida mediante ocupaci\u00f3n, dominaci\u00f3n militar, o imposici\u00f3n; (2) el establecimiento de pol\u00edticas sociales y jur\u00eddicas incompatibles con el Derecho Internacional, que legitimen la relaci\u00f3n de dominaci\u00f3n; (3) actos por parte del Estado agresor que, en violaci\u00f3n con el Derecho Internacional, produzcan por designio un da\u00f1o econ\u00f3mico a causa de la relaci\u00f3n desigual, y (4) la persistencia de dicho da\u00f1o, demostrada en el actual desempoderamiento de la parte afectada. En las palabras del profesor Malavet, la indemnizaci\u00f3n es relevante para subsanar los da\u00f1os coloniales en Puerto Rico por lo siguiente:<\/p>\n

The basis of the claim for reparations is not need, but entitlement. Need is not irrelevant, but it is by no means central to the claim. Reparations as a norm seek to redress government-sanctioned persecution and oppression of a group. In the case of Puerto Ricans, the colonization of the island, and the legal definition of Puerto Rican citizenship as second-class, mark the most obvious elements of oppression. The social construction of the Puerto Ricans as being inassimilable because they belong to a single, inferior, non-white race is both the basis for identifying the victimized group, and the harm caused to them by the United States<\/em>.[131]<\/a><\/p>\n

La indemnizaci\u00f3n por colonizaci\u00f3n propone la nivelaci\u00f3n de la capacidad econ\u00f3mica de una poblaci\u00f3n o sector marginado mediante una devoluci\u00f3n proporcional de la riqueza que ha generado para el imperio.[132]<\/a> En Puerto Rico, vemos los cuatro elementos que considero necesarios para un reclamo de indemnizaci\u00f3n bajo el Derecho Internacional. Ha quedado establecido en la secci\u00f3n I de este escrito que la relaci\u00f3n entre Puerto Rico y EE. UU. es puramente colonial, sin que el cambio de nomenclatura haya disminuido o transformado esta din\u00e1mica de subordinaci\u00f3n. Tambi\u00e9n ha quedado establecido que las pol\u00edticas y el derecho creado por EE. UU. (con bases racistas) para regular dicha relaci\u00f3n responden a una necesidad de mantener la relaci\u00f3n colonial, mientras la legitima ante el Derecho Internacional.<\/p>\n

ii. Indemnizaci\u00f3n: \u00bfC\u00f3mo?<\/p>\n

Los precedentes de la Corte Internacional de Justicia establecen la indemnizaci\u00f3n monetaria como el m\u00e9todo preferido para estos casos. De ce\u00f1irnos exclusivamente a reparaciones monetarias, se ha estimado que la cantidad adeudada por EE. UU. a Puerto Rico ser\u00eda de aproximadamente seis trillones de d\u00f3lares.[133]<\/a> No obstante, la indemnizaci\u00f3n monetaria es solo un m\u00e9todo de indemnizaci\u00f3n. El profesor Malavet, en su estudio sobre la aplicabilidad de la teor\u00eda de indemnizaci\u00f3n a Puerto Rico, sugiere una indemnizaci\u00f3n m\u00e1s integral:<\/p>\n

Economic reparations would be designed to undo the damages caused by this colonial exploitation. But reparations are not simply economic, they can also be political and psychological. Puerto Rico is entitled to a construction of its sovereignty and the reconstruction of the citizenship of Puerto Ricans through constitutional legal reform. Accordingly, the types of reparations that would be relevant in the Puerto Rico-U.S. colonial context are, at least: (1) the construction of sovereignty; (2) the return of property and monetary compensation for the occupation; (3) information disclosure; and (4) apology.[134]<\/a><\/p>\n

Reconocemos la poca probabilidad de que Puerto Rico sea indemnizado por EE. UU.\u00a0 por el uso de su tierra y capital humano. No obstante, debe ser prioridad encontrar una v\u00eda alterna y viable para la indemnizaci\u00f3n. La condonaci\u00f3n de la deuda p\u00fablica es un buen inicio; pero una soluci\u00f3n m\u00e1s completa yace en los Special Drawing Rights (<\/em>por sus siglas, \u201cS.D.R.s.\u201d) del FMI. Franczak & O T\u00e1\u00edw\u00f2 nos explican que los \u201c[S.D.R.s.] son esencialmente cupones del FMI distribuidos a bancos centrales o tesoros nacionales alrededor del mundo, que pueden ser retenidos o intercambiados por efectivo con otros pa\u00edses\u201d.[135]<\/a> Por bien que la transferencia de S.D.R.s. pueda ofrecer a Puerto Rico un aliento econ\u00f3mico, lo cierto es que incluso resulta insuficiente. Otras sugerencias que planteo de cara a la indemnizaci\u00f3n son: (1) la construcci\u00f3n de soberan\u00eda; (2) devoluci\u00f3n de propiedad; (3) desglose de informaci\u00f3n clasificada sobre operaciones en Puerto Rico, y (4) disculpas formales. Estas actuaciones podr\u00edan representar un gran logro, no solo para la capacidad de Puerto Rico en t\u00e9rminos econ\u00f3micos, sino para su standing<\/em> pol\u00edtico ante el mundo. Adem\u00e1s, podr\u00eda ayudar a desmentir el mito del puertorrique\u00f1o inculto o inferior por naturaleza, que no puede existir sin ser administrado por un imperio.<\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

El colonialismo, visto tanto como una secuencia de eventos individuales, como un mismo acto ininterrumpido de disrupci\u00f3n a la soberan\u00eda de una naci\u00f3n, debe ser considerado un crimen contra la humanidad bajo el derecho internacional vigente. Esta conclusi\u00f3n no es novel. En la Sesi\u00f3n 51 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 5 de octubre de 2022, se discuti\u00f3, entre otras cosas, la resoluci\u00f3n titulada From rhetoric to reality: a global call for concrete action against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance<\/em>.[136]<\/a> Esta Resoluci\u00f3n de la ONU expone que la trata de esclavos y el colonialismo<\/em> son violaciones graves de Derecho Internacional que requieren que los Estados indemnicen a sus excolonias de manera proporcional al da\u00f1o causado. La misma hace un llamado a desmantelar las estructuras sociales que perpet\u00faan la injusticia con ra\u00edz colonial.[137]<\/a> Por esta raz\u00f3n, no es sorpresa que los Estados cuyo prestigio internacional y superioridad econ\u00f3mica es derivada de la explotaci\u00f3n colonial (EE. UU., Francia, Reino Unido, Holanda) hayan votado en contra de la misma.[138]<\/a> No obstante, como hemos mencionado, las normas ius cogens<\/em> son perentorias, aun cuando el Estado no haya prestado su consentimiento. Por ende, argumentamos que el reclamo de las reparaciones por los da\u00f1os coloniales sigue siendo v\u00e1lido y debe ser atendido con urgencia de cara a las d\u00e9cadas entrantes, donde se pronostica un aumento en desastres naturales, una escasez de comida y agua, y un alza de precios por los efectos de distintos conflictos internacionales en la cadena global de suministros.[139]<\/a><\/p>\n

Las decisiones recientes del TSEU reafirman el estatus colonial de Puerto Rico. En cumplimiento con el C.E.R.D., urge que los EE. UU. revoquen los Casos Insulares y toda su progenie, pues su vigencia perpet\u00faa la existencia de un r\u00e9gimen de discriminaci\u00f3n racial en directa oposici\u00f3n a sus obligaciones internacionales. El hecho de que haya sido el \u00e1nimo de discrimen racial, reconocido por los propios jueces del TSEU, lo que haya sentado las bases para la relaci\u00f3n moderna entre EE.UU. y Puerto Rico, significa que esta fue constituida en violaci\u00f3n al derecho internacional perentorio, y que todo acto avalado por esta autoridad viciada constituye una violaci\u00f3n a las obligaciones internacionales de EE. UU. Por todo lo cual, argumento que Puerto Rico tiene derecho a recibir indemnizaci\u00f3n por los cr\u00edmenes continuados perpetrados por EE. UU. en la isla.<\/p>\n

Cual sea el m\u00e9todo para la indemnizaci\u00f3n, lo cierto es que Puerto Rico no se podr\u00e1 liberar del yugo colonial hasta que obtenga su soberan\u00eda plena, las herramientas econ\u00f3micas para ejercerla y el apoyo pol\u00edtico del resto del mundo para integrarse a una econom\u00eda globalizada, donde le espera un potencial crecimiento ilimitado.<\/p>\n

<\/a>* Estudiante de segundo a\u00f1o de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y redactor para el Volumen 92 de la Revista Jur\u00eddica de la Universidad de Puerto Rico. Posee un B.A. en Literatura y Estudios Pre-Jur\u00eddicos.<\/p>\n

1 AIM\u00c9 C\u00c9SAIRE, DISCURSO SOBRE EL COLONIALISMO 15 (2006).<\/p>\n

[2]<\/a> G.A. Res. 748(VIII), en la p\u00e1g. 25 (27 de noviembre de 1953).<\/p>\n

[3]<\/a> United States v. Vaello Madero, 142 S. Ct. 1539 (2022); Puerto Rico v. S\u00e1nchez Valle, 579 U.S. 59 (2016).<\/p>\n

[4]<\/a> Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, 48 U.S.C. \u00a7\u00a7 2101-2241 (2016).<\/p>\n

[5]<\/a> Tratado de paz entre los Estados Unidos de Am\u00e9rica y el Reino de Espa\u00f1a, art. II, 10 de diciembre de 1898, 30 Stat. 1754.<\/p>\n

[6]<\/a> Carta Auton\u00f3mica de 1897, 1 LPRA \u00a71 (2016).<\/p>\n

[7]<\/a> CONST. EE.UU. art. IV, \u00a73; Carlos E. Ramos Gonz\u00e1lez, La perversa y maleable cl\u00e1usula territorial otra vez ante el supremo federal<\/em>, ACADEMIAJURISPRUDENCIAPR (2 de junio de 2020), https:\/\/www.academiajurisprudenciapr.org\/la-perversa-y-maleable-clausula-territorial\/.<\/p>\n

[8]<\/a> Foraker Act, Pub. L., No. 56-191, 31 Stat. 77 (1900).<\/p>\n

[9]<\/a> Jones-Shafroth Act, Pub. L. No. 64-368, 39 Stat. 951 (1917).<\/p>\n

[10]<\/a> Puerto Rican Federal Relations Act, Pub. L. No. 81-600, 64 Stat. 319 (1950).<\/p>\n

[11]<\/a> Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, 48 U.S.C. \u00a7\u00a72101-2241 (2016).<\/p>\n

[12]<\/a> Military Government in Puerto Rico<\/em>, LIBRARY OF CONGRESS (22 de junio de 2011), https:\/\/www.loc.gov\/rr\/hispanic\/1898\/milgovt.html.<\/p>\n

[13]<\/a> 31 Stat. 77. (\u00e9nfasis suplido).<\/p>\n

[14]<\/a> 39 Stat. 951.<\/p>\n

[15]<\/a> Pedro Malavet, Reparations Theory and Postcolonial Puerto Rico: Some Preliminary Thoughts<\/em>, 13 BERKELEY LA RAZA L. J., 387. 388, 390 (2002).<\/p>\n

[16]<\/a> PEDRO CAP\u00d3 RODR\u00cdGUEZ, ASPECTOS JURIDICOS DE LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO 56 (1920).<\/p>\n

[17]<\/a> Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 55-56.<\/p>\n

[18]<\/a> Puerto Rican Federal Relations Act, Pub. L. No. 81-600, 64 Stat. 319 (1950).<\/p>\n

[19]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[20]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[21]<\/a> Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, 48 U.S.C. \u00a7\u00a72101-2241 (2016).<\/p>\n

[22]<\/a> Wilma Rever\u00f3n, La crisis fiscal como impedimento al ejercicio de libre determinaci\u00f3n e independencia en los territorios que a\u00fan no han alcanzado su independencia<\/em>, Seminario Regional del Pac\u00edfico del Comit\u00e9 Especial de Descolonizaci\u00f3n de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (1 de junio de 2016), https:\/\/wilmaestherreveron.wordpress.com\/2016\/06\/01\/ponencia-de-lcda-wilma-e-reveron-collazo-ante-el-seminario-regional-del-pacifico-del-comite-especial-de-descolonizacion-de-la-organizacion-de-las-naciones-unidas-managua-nicaragua-31-de-mayo-2-de\/.<\/p>\n

[23]<\/a> Diccionario de la Deuda<\/em>, ESPACIOS ABIERTOS, https:\/\/espaciosabiertos.org\/diccionario\/junta-de-control-fiscal\/<\/a> (\u00faltima vista 15 de abril de 2023) (donde se discute que coloquialmente se refiere a la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal como Junta de Control<\/em> Fiscal debido a que define m\u00e1s precisamente su injerencia en la soberan\u00eda fiscal de Puerto Rico).<\/p>\n

[24]<\/a> Rever\u00f3n, supra, <\/em>nota 22.<\/em><\/p>\n

[25]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[26]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[27]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[28]<\/a> CAP\u00d3 RODR\u00cdGUEZ, supra<\/em>, nota 16, en la p\u00e1g. 6.<\/p>\n

[29]<\/a> David Boucher, Reclaiming History and the Failure of Decolonization<\/em>, 46 International Journal of Social Economics 1, 4-6 (2019).<\/p>\n

[30]<\/a> OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER OF THE UNITED NATIONS, FIGHTING RACISM AND DISCRIMINATION: THE DURBAN DECLARATION AND PROGRAMME OF ACTION 20 (2021).<\/p>\n

[31]<\/a> Balzac v. Porto Rico 258 U.S. 298 (1922).<\/p>\n

[32]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 310.<\/p>\n

[33]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[34]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[35]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[36]<\/a> Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244 (1901).<\/p>\n

[37]<\/a> Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 286-87 (traducci\u00f3n suplida) (\u00e9nfasis suplido).<\/p>\n

[38]<\/a> V\u00e9ase<\/em> Fitisemanu v United States, 1 F.4th<\/sup> 862 (10th<\/sup> Cir.2021): (\u201c\u2018These [insular]cases \u201cfacilitated the imperial ambitions of the turn of the century America while retaining a veneer of commitment to constitutional self-government.\u2019 \u201d).<\/p>\n

[39]<\/a> Me refiero a los puertorrique\u00f1os como estadounidenses, no por creencia propia ni por su asimilaci\u00f3n sociocultural, sino por su condici\u00f3n de ciudadanos estadounidenses. JOE R. FEAGIN ET AL., WHITE RACISM 9 (1995).<\/p>\n

[40]<\/a> Downes<\/em>, en la p\u00e1g. 287 (traducci\u00f3n suplida) (\u00e9nfasis suplido).<\/p>\n

[41]<\/a> Id.<\/em> en las p\u00e1gs. 311-12 (White, opini\u00f3n concurrente).<\/p>\n

[42]<\/a> Roberto A. Fern\u00e1ndez, \u00bfQu\u00e9 es el Estado Libre Asociado?<\/em>, 80GRADOS, 3 de abril de 2021, https:\/\/www.80grados.net\/que-es-el-estado-libre-asociado\/.<\/p>\n

[43]<\/a> Downes<\/em>, en la p\u00e1g. 380 (Harlan, opini\u00f3n disidente) (traducci\u00f3n suplida) (\u00e9nfasis suplido).<\/p>\n

[44]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 312 (White, opini\u00f3n concurrente) (donde se discute que territorio no-incorporado<\/em> es un t\u00e9rmino utilizado para designar aquellos territorios que, al momento de su adquisici\u00f3n, no se vislumbraba su eventual incorporaci\u00f3n a la uni\u00f3n).<\/p>\n

[45]<\/a> V\u00e9ase<\/em> Americana v. Kaplus, 368 F.2d 431 (3er Cir. 1966); Detr\u00e9s v. Lions Building, 234 F.2d 596 (7mo Cir. 1956) (donde se decide que la Constituci\u00f3n del ELA de 1952 no tuvo el efecto de excluir a Puerto Rico del poder plenario del Congreso bajo la Cl\u00e1usula Territorial).<\/p>\n

[46]<\/a> Puerto Rico v. S\u00e1nchez Valle, 136 S. Ct. 1863, 579 U.S. 59, 62 (2016).<\/p>\n

[47]<\/a> CONST. PR. art. I \u00a7 1 (donde se establece que el poder pol\u00edtico de Puerto Rico \u201cemana del pueblo\u201d y \u201cse ejercer\u00e1 con arreglo a su voluntad\u201d).<\/p>\n

[48]<\/a> United States v. Vaello Madero, 142 S. Ct. 1539 (2022).<\/p>\n

[49]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 1552 (Gorsuch, opini\u00f3n concurrente).<\/p>\n

[50]<\/a> Id.<\/em> (Gorsuch, opini\u00f3n concurrente).<\/p>\n

[51]<\/a> Id.<\/em> (Sotomayor, opini\u00f3n disidente).<\/p>\n

[52]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g 1562.<\/p>\n

[53]<\/a> G.A. Res. 748 (VIII), Cesaci\u00f3n del env\u00edo de la informaci\u00f3n transmitida en virtud del inciso e del Art\u00edculo 73 de la Carta, relativa a Puerto Rico (Nov. 27, 1953).<\/p>\n

[54]<\/a> Puerto Rican Federal Relations Act, Pub. L. No. 81-600, 64 Stat. 319 (1950).<\/p>\n

[55]<\/a> Wilma Rever\u00f3n, Impacto del COVID-19 en los esfuerzos de desarrollo hacia la autodeterminaci\u00f3n, Seminario Regional del Pac\u00edfico del Comit\u00e9 de Descolonizaci\u00f3n de la ONU (11-13 de mayo de 2022), https:\/\/www.un.org\/dppa\/decolonization\/sites\/www.un.org.dppa.decolonization\/files\/2022_6_dp_wilma_reveron_collazo_prs_2022_dp.4.pdf<\/p>\n

[56]<\/a> Wilma Rever\u00f3n, Enfoques de pol\u00edtica pr\u00e1ctica que deben aplicarse por la ONU en el proceso de descolonizaci\u00f3n bajo el derecho internacional vigente: una mirada al caso de Puerto Rico, Seminario Regional del Pac\u00edfico del Comit\u00e9 de Descolonizaci\u00f3n de la ONU (21-23 de mayo de 2014), https:\/\/www.un.org\/dppa\/decolonization\/sites\/www.un.org.dppa.decolonization\/files\/2014_6_dp_wilma_esther_reveron-collazo.pdf.<\/p>\n

[57]<\/a> Hector Lamboy, \u00bfDej\u00f3 Puerto Rico de ser colonia de los Estados Unidos con la aprobaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 748 (VIII) de las Naciones Unidas?<\/em> 9 CEIBA 114 119, 124 (1985).<\/p>\n

[58]<\/a> Lectura 20, La creaci\u00f3n del Estado Libre Asociado, 1946-195<\/em>2, Historia de Puerto Rico, en la p\u00e1g. 5. (\u00faltima visita 18 de abril de 2023) https:\/\/repasopcmasumet.files.wordpress.com\/2008\/12\/hpr_ela1.pdf.<\/p>\n

[59]<\/a> UN General Assembly,\u00a0Rome Statute of the International Criminal Court, (last amended 2010), 17 July 1998, ISBN No. 92-9227-227-6.<\/p>\n

[60]<\/a> International Covenant on Civil and Political Rights, 16 de diciembre de 1966, 999 U.N.T.S. 171.<\/p>\n

[61]<\/a> UN General Assembly. International Convention for the Elimination on All Forms of Racial Discrimination, 21 de diciembre de 1965, 660 U.N.T.S. 195.<\/p>\n

[62]<\/a> Anees Ahmed & Merryn Quayle, Can genocide, crimes against humanity and war crimes be pardoned or amnestied?<\/em>, 79 Amicus Curiae 15 (2009); Carlos Zelada, Ius Cogens y Derechos Humanos: Luces y Sombras para una adecuada delimitaci\u00f3n de conceptos<\/em>, 17 AGENDA INTERNACIONAL 129, 147-48, 151 (2002).<\/p>\n

[63]<\/a> Zelada, supra <\/em>nota 62, en la p\u00e1g. 129.<\/p>\n

[64]<\/a> CARICOM, Ten Point Plan for Reparatory Justice<\/em>, \u00a0https:\/\/caricom.org\/caricom-ten-point-plan-for-reparatory-justice\/<\/u> (\u00faltima visita 25 de abril de 2023).<\/p>\n

[65]<\/a> Small Island States<\/em>, BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, https:\/\/www.iadb.org\/es\/ove\/cambio-climatico-en-los-pequenos-estados-insulares-del-caribe (\u00faltima visita 10 de abril de 2023).<\/p>\n

[66]<\/a> Tori Saneda & Michelle Field, Legado del Colonialismo<\/em>, LIBRETEXTS https:\/\/espanol.libretexts.org\/Ciencias_Sociales\/Ciencias_Sociales\/Antropologia\/Antropolog%C3%ADa_Cultural\/Libro%3A_Antropolog%C3%ADa_Cultural_(Saneda)\/03%3A_Globalizaci\u00f3n%2C_Modernizaci\u00f3n_y_Desarrollo\/3.03%3A_Legado_del_colonialismo (\u00faltima visita 25 de abril de 2023).<\/p>\n

[67]<\/a> Roberto Fern\u00e1ndez, \u00bfQu\u00e9 es el Estado Libre Asociado?,<\/em> 80 GRADOS+, 3 de abril de 2021, https:\/\/www.80grados.net\/que-es-el-estado-libre-asociado\/.<\/p>\n

[68]<\/a> Mar Mel\u00e9ndez Navarro, Los derechos reproductivos en Puerto Rico: una lucha incesante<\/em>, PULSO ESTUDIANTIL, 26 de marzo de 2021, https:\/\/pulsoestudiantil.com\/los-derechos-reproductivos-en-puerto-rico-una-lucha-incesante\/.<\/p>\n

[69]<\/a> Nancy Ordover, Puerto Rico<\/em>, EUGENICS ARCHIVE, 24 de febrero de 2014, https:\/\/eugenicsarchive.ca\/discover\/tree\/530ba18176f0db569b00001b.<\/p>\n

[70]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[71]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[72]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[73]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[74]<\/a> Mel\u00e9ndez Navarro, supra<\/em> nota 68.<\/p>\n

[75]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[76]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[77]<\/a> Ordover, supra<\/em> nota 69.<\/p>\n

[78]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[79]<\/a> Mel\u00e9ndez Navarro, supra<\/em> nota 68.<\/p>\n

[80]<\/a> Ordover, supra<\/em> nota 69.<\/p>\n

[81]<\/a> Mel\u00e9ndez Navarro, supra<\/em> nota 68.<\/p>\n

[82]<\/a> UN General Assembly,\u00a0Rome Statute of the International Criminal Court, arts. 6-7, (last amended 2010), 17 July 1998, ISBN No. 92-9227-227-6.<\/p>\n

[83]<\/a> Cronolog\u00eda de la lucha del pueblo puertorrique\u00f1o contra la presencia de la Marina norteamericana en Vieques: 1940-2000<\/em>, PUERTO RICO EN BREVE, https:\/\/www.preb.com\/apuntes5\/vieqcron.htm (\u00faltima visita 25 de abril de 2023).<\/p>\n

[84]<\/a> First Supplemental National Defense Appropriation Act, Pub. L. No. 77-247, 55 Stat. 669 (1941).<\/p>\n

[85]<\/a> Lirio Fern\u00e1ndez & Jorge Fern\u00e1ndez Porto, El impacto ambiental de las actividades de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en la isla-municipio de Vieques<\/em>, 2001 EX\u00c9GESIS 38 (2001).<\/u><\/p>\n

[86]<\/a> Id.<\/em>, en la p\u00e1g. 42.<\/p>\n

[87]<\/a> Hans Sanderson, et al., Civilian Exposure to Munitions-Specific Carcinogens and Resulting Cancer Risks for Civilians on the Puerto Rican Island of Vieques following Military Exercises from 1947 to 1998,<\/em> 2 GLOBAL SECURITY: HEALTH, SCIENCE AND POLICY 40, 54 (2017).<\/p>\n

[88]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[89]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[90]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[91]<\/a> UN General Assembly,\u00a0Rome Statute of the International Criminal Court, art. 8, (last amended 2010), 17 July 1998, ISBN No. 92-9227-227-6.<\/p>\n

[92]<\/a> Harry Rodr\u00edguez Reyes, Los procesos judiciales incoados contra Pedro Albizu Campos, en La naci\u00f3n puertorrique\u00f1a: ensayos en torno a Pedro Albizu Campos<\/em>, Editorial UPR 215, 215-19 (1993)<\/p>\n

[93]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n

[94]<\/a> Sonia Carbonell Ojeda, La Masacre de Ponce (Parte I),<\/em> CEIBA 107 (1985).<\/p>\n

[95]<\/a> Ley 53 del 10 de junio de 1948, 1948 LPR 171-72.<\/p>\n

[96]<\/a> P. del S. 673 de 29 de octubre de 2021, 2da Ses. Ord., 19na Asam.<\/p>\n

[97]<\/a> Claridad, La ley de la mordaza<\/em>, LIGA DE PATRIOTAS, 18 de diciembre de 2019, https:\/\/ligadepatriotas.org\/articulos\/la-ley-de-la-mordaza.html.<\/p>\n

[98]<\/a> Se cumplen 44 a\u00f1os de los asesinatos del Cerro Maravilla<\/em>, EL VOCERO 25 de julio de 2022, , https:\/\/www.elvocero.com\/actualidad\/otros\/se-cumplen-los-44-a-os-de-los-asesinatos-de-cerro-maravilla\/article_60f438c8-0c3b-11ed-af54-57514982bfb7.html.<\/p>\n

[99]<\/a> Rome Statute of the International Criminal Court, art. 7, 17 de julio de 1998, 2187 U.N.T.S 3.<\/p>\n

[100]<\/a> International Covenant on Civil and Political Rights, art. 1, 16 de diciembre de 1966, 999 U.N.T.S. 171.<\/p>\n

[101]<\/a> Id<\/em>. art. 19.<\/p>\n

[102]<\/a> Michael Corkery & Mary Williams Walsh,\u00a0Puerto Rico\u2019s Governor Says Island\u2019s Debts Are \u2018Not Payable\u2019<\/em>, N.Y. TIMES, 28 de junio de 2015, https:\/\/www.nytimes.com\/2015\/06\/29\/business\/dealbook\/puerto-ricos-governor-says-islands-debts-are-not-payable.html.<\/p>\n

[103]<\/a> Jennifer Wolff, Debtors\u2019 Island: How Puerto Rico Became a Hedge Fund Playground<\/em>, 25 NEW LABOR FORUM 48, 49 (2016).<\/p>\n

[104]<\/a> V\u00e9ase<\/em> Juan Pablo Bohoslavsky, Puerto Rico\u2019s debt crisis: UN expert warns human rights cannot be side-lined<\/em>, OHCHR, 9 de enero de 2017, https:\/\/www.ohchr.org\/en\/statements\/2016\/12\/puerto-ricos-debt-crisis-un-expert-warns-human-rights-cannot-be-side-lined-juan (para una discusi\u00f3n de c\u00f3mo se ve afectada la poblaci\u00f3n por el pago de la deuda).<\/p>\n

[105]<\/a> C\u00e9sar P\u00e9rez Lizasuain, \u201cLa autogesti\u00f3n es una manera de autodeterminaci\u00f3n\u201d. Entrevista a Arturo Massol-Dey\u00e1<\/em>, CATEGOR\u00cdA CINCO, https:\/\/categoria5.org\/la-autogestion-es-una-manera-de-autodeterminacion-entrevista-a-arturo-massol-deya\/. (\u00faltima visita 25 de abril de 2023).<\/p>\n

[106]<\/a> IACHR WRAPS UP ITS 157TH<\/sup> SESSION, 13 (2016).<\/p>\n

[107]<\/a> Mario Cancel Sep\u00falveda, Reflexiones: Puerto Rico desde 1990 al presente XXI<\/em>, PUERTO RICO ENTRE SIGLOS: HISTORIOGRAFIA Y CULTURA, 13 de julio de 2016, https:\/\/puertoricoentresiglos.wordpress.com\/tag\/deuda-publica-2\/.<\/p>\n

[108]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[109]<\/a> Jos\u00e9 P\u00e9rez Ramos et al., \u00bfC\u00f3mo es el colonialismo un determinante socioestructural de la salud en Puerto Rico?,<\/em> 24 AMA Journal of Ethics 305 (2022)<\/a>; Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico, La historia de las telecomunicaciones en Puerto Rico<\/em>, NET, https:\/\/jrtpr.pr.gov\/historia\/ (\u00faltima visita 25 de abril de 2023); Instituto de Econom\u00eda Energ\u00e9tica y An\u00e1lisis Financiero,Estudio revela planes de privatizaci\u00f3n de la AEE implican aumento en tarifa para consumidores, IEEFA, https:\/\/cb.pr\/estudio-revela-planes-de-privatizacion-de-la-aee-implican-aumento-en-tarifa-para-consumidores\/?print=print (\u00faltima visita 25 de abril de 2023); Candida Cotto, \u00bfIr de paseo en Puerto Rico?,<\/em> CLARIDAD, 18 de octubre de 2022 https:\/\/claridadpuertorico.com\/ir-de-paseo-en-puerto-rico\/.<\/p>\n

[110]<\/a> Rever\u00f3n, supra<\/em>, nota 22.<\/p>\n

[111]<\/a> Miriam N. Garc\u00eda Vel\u00e1zquez, Resumen econ\u00f3mico de Puerto Rico: Informe econ\u00f3mico mensual de la Junta de Planificaci\u00f3n<\/em>, en las p\u00e1gs. 1-2 (0ctubre 2022) JUNTA DE PLANIFICACI\u00d3N, https:\/\/estadisticas.pr\/files\/inventario\/resumen_economico\/2022-12-07\/JP-ResumenEcon-2022-10-02.pdf.<\/p>\n

[112]<\/a> Ley de Salario M\u00ednimo en Puerto Rico, Ley N\u00fam. 41-2021, 29 LPRA \u00a7\u00a7 261-265 (2017 & Supl. 2022).<\/p>\n

[113]<\/a> JUSTICIA AMBIENTAL, DESIGUALDAD Y POBREZA EN PUERTO RICO 223-24 (2017).<\/p>\n

[114]<\/a> Rome Statute of the International Criminal Court, art. 6, 17 de julio de 1998, 2187 U.N.T.S 3.<\/p>\n

[115]<\/a> IACHR WRAPS UP ITS 157TH<\/sup> SESSION, 13 (2016) https:\/\/www.oas.org\/es\/cidh\/prensa\/docs\/Report-157.pdf.<\/p>\n

[116]<\/a> Matt Pearce, \u00bfQu\u00e9 es la Ley Jones y por qu\u00e9 Puerto Rico quiere que desaparezca?<\/em>, INSTITUTO DE LIBERTAD ECON\u00d3MICA, 5 de agosto de 2022, https:\/\/institutodelibertadeconomica.org\/que-es-la-ley-jones-y-por-que-puerto-rico-quiere-que-desaparezca\/; El pa\u00eds se encamina a m\u00e1s pobreza e insuficiencia alimentaria seg\u00fan la senadora Elizabeth Rosa V\u00e9lez<\/em>, METRO, 14 de marzo de 2022, https:\/\/www.metro.pr\/noticias\/2022\/03\/14\/el-pais-se-encamina-a-mas-pobreza-e-insuficiencia-alimentaria-segun-la-senadora-elizabeth-rosa-velez\/; R. del S 295 13 de agosto de 2021, 2da Ses. Ord., 19na Asam.<\/p>\n

[117]<\/a> Ronald \u00c1vila Claudio, Luma Energy, la \u201csoluci\u00f3n\u201d privada de Puerto Rico para su crisis energ\u00e9tica que no logra frenar los apagones<\/em>, BBC MUNDO, 18 de octubre de 2022, https:\/\/www.bbc.com\/mundo\/noticias-america-latina-63056007.<\/p>\n

[118]<\/a> Opinion and Order Denying Defendant\u2019s Motion for Judgment on the Pleading and Granting In Part The Financial Management and Oversight Board for Puerto Rico\u2019s Motion For Summary Judgment Pursuant to Bankruptcy Rule 7056, Financial Oversight and Management Board v. Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, No. 17 BK 3283-LTS , (March 3, 2023).<\/p>\n

[119]<\/a> Yaritza Rivera Clemente, Reclaman m\u00e1s fondos para la UPR<\/em>, EL VOCERO, 2 de febrero de 2023, https:\/\/www.elvocero.com\/educacion\/universidades\/reclaman-m-s-fondos-para-la-upr\/article_3e8acdda-a293-11ed-8844-d357b59ff7eb.html<\/p>\n

[120]<\/a> Rome Statute of the International Criminal Court, art. 7, 17 de julio de 1998, 2187 U.N.T.S 3.<\/p>\n

[121]<\/a> Javier A. Hern\u00e1ndez, Puerto Rico\u2019s Right to Colonial Reparations<\/em>, MANO, 17 de octubre de 2022, https:\/\/manomagazine.com\/puertoricocolonialreparations\/.<\/p>\n

[122]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[123]<\/a> Id. <\/em><\/p>\n

[124]<\/a> International Covenant on Civil and Political Rights, art. 1, 16 de diciembre de 1966, 999 U.N.T.S. 171.<\/p>\n

[125]<\/a> United States v. Vaello-Madero, 142 S. Ct. 1539, 1562 (2022) (Sotomayor, opini\u00f3n disidente).<\/p>\n

[126]<\/a> Malavet, supra<\/em>, nota 15, en la p\u00e1g. 390.<\/p>\n

[127]<\/a> International Covenant on Civil and Political Rights., art. 25, 16 de diciembre de 1966, 999 U.N.T.S. 171.<\/p>\n

[128]<\/a> Puerto Rican Federal Relations Act, Pub. L. No. 81-600, 64 Stat. 319 (1950).<\/p>\n

[129]<\/a> International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, <\/em>en la p\u00e1g. 91, U.N. Doc. A\/56\/10 (Oct. 24, 2001) (\u201cThe responsible State is under an obligation to make full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act\u201d<\/em>).<\/p>\n

[130]<\/a> Malavet, supra<\/em>, nota 15, en la p\u00e1g. 404.<\/p>\n

[131]<\/a> Id. <\/em>en las p\u00e1gs. 404-05.<\/p>\n

[132]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[133]<\/a> Hern\u00e1ndez, supra<\/em>, nota 121.<\/p>\n

[134]<\/a> Malavet, supra<\/em>, nota 15, en la p\u00e1g. 412.<\/p>\n

[135]<\/a> Michael Franczak & Ol\u00faf\u1eb9\u0301mi O T\u00e1\u00edw\u00f2, Here\u2019s how to repay developing nations for colonialism \u2013 and fight the climate crisis<\/em>, THE GUARDIAN (14 de enero de 2022), https:\/\/www.theguardian.com\/commentisfree\/2022\/jan\/14\/heres-how-to-repay-developing-nations-for-colonialism-and-fight-the-climate-crisis (traducci\u00f3n suplida).<\/p>\n

[136]<\/a> G.A. Res. A\/HRC\/51\/L.28\/REV.1 (5 de octubre de 2022).<\/p>\n

[137]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[138]<\/a> A\/HRC\/51\/L.28\/Rev.1 Vote Item 9 \u2013 44th Meeting, UN WEB TV (7 de octubre de 2022), https:\/\/media.un.org\/en\/asset\/k1u\/k1umbr5x6x.<\/p>\n

[139]<\/a> J. Antonio Esp\u00ed & Luis de la Torre Palacios, Posibles efectos de la guerra Rusia-Ucrania en el mercado de las materias primas: los recursos minerales<\/em>, REAL INSTITUTO EL CANO (6 de julio de 2022), https:\/\/www.realinstitutoelcano.org\/analisis\/posibles-efectos-de-la-guerra-rusia-ucrania-en-el-mercado-de-las-materias-primas-los-recursos-minerales\/; \u00bfCu\u00e1les son las principales consecuencias de la guerra? El caso de Ucrania<\/em>, ACCI\u00d3N CONTRA EL HAMBRE, https:\/\/www.accioncontraelhambre.org\/es\/principales-consecuencias-guerra-ucrania (\u00faltima visita 10 de abril de 2023).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Art\u00edculo Por: Ricardo Torres Febre* “Yo digo que de la colonizaci\u00f3n a la civilizaci\u00f3n, la distancia es infinita, que de todas las expediciones coloniales acumuladas, de todos los estatutos coloniales elaborados, de todas las circulares ministeriales expedidas, no se podr\u00eda rescatar un solo valor humano”.[1] Aim\u00e9 C\u00e9saire Introducci\u00f3n Invasi\u00f3n, sometimiento, explotaci\u00f3n, dominaci\u00f3n, imperio, control, ocupaci\u00f3n,<\/p>\n

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