![\"\"](\"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2023\/09\/tempImageYLepOC-300x300.jpg\")
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Art\u00edculo\u00a0<\/strong><\/p>\n Por: Ricardo J. Torres Febre*<\/strong><\/p>\n Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n Catorce minutos.<\/em><\/p>\n Durante catorce minutos, los oficiales encargados de responder a la crisis de salud mental de Tony Timpa lo tuvieron esposado, en el suelo, mientras uno de estos se arrodillaba sobre Timpa.[1]<\/sup> Todo esto a pesar de que el propio Timpa fue quien llam\u00f3 al 911, con la esperanza de que le ayudaran a manejar el episodio de psicosis que sent\u00eda avecin\u00e1ndose. Durante catorce minutos, los oficiales de la seguridad p\u00fablica ignoraron las s\u00faplicas de Timpa, quien ped\u00eda que lo soltaran; que lo estaban matando. Por catorce minutos, los oficiales de la unidad especializada en intervenci\u00f3n de crisis se arrodillaron sobre Timpa, y se mofaron de \u00e9l hasta que, a\u00fan con las piernas y brazos amarrados, se desmay\u00f3 y eventualmente falleci\u00f3. El Tribunal de Instancia de Dallas declar\u00f3 que los polic\u00edas pod\u00edan escudarse tras la defensa de inmunidad cualificada, por lo que desestim\u00f3 la demanda incoada por los familiares de Timpa.[2] Aunque el Quinto Circuito revoc\u00f3 esta determinaci\u00f3n, estableciendo que Dillard no puede invocar la inmunidad cualificada, actualmente se est\u00e1 viendo el juicio en el tribunal de distrito, dejando incierto el destino de estos polic\u00edas quienes, a pesar de la apelaci\u00f3n que presentaron los familiares, contin\u00faan trabajando, uno de ellos incluso felizmente retirado.[3] Timpa, mientras tanto, fue asesinado por quienes, supuestamente, son los guardianes de la seguridad p\u00fablica.<\/p>\n La inmunidad cualificada o condicionada (en ingl\u00e9s, qualified immunity<\/em>) es una doctrina judicial que escuda a los oficiales gubernamentales que ejercen funciones discrecionales de responsabilidad (liability<\/em>) en casos que involucren violaciones a derechos constitucionales;[4] no es meramente una defensa procesal, sino que es \u00a0una defensa que impide al caso llegar a juicio.[5]<\/sup> Especifica que los oficiales de gobierno (y de particular inter\u00e9s para este escrito, los polic\u00edas) son inmunes de ser hallados civilmente responsables por violaciones constitucionales, a menos que hayan infringido derechos \u201cclaramente establecidos\u201d.[6]<\/sup> No obstante, esta doctrina ha sido objeto de mucha controversia, tanto en el Tribunal Supremo de Estados Unidos,[7]<\/sup> como en la esfera p\u00fablica,[8]<\/sup> por su aplicaci\u00f3n en casos pol\u00e9micos de uso excesivo de fuerza por parte de la polic\u00eda, particularmente tras las protestas masivas en contra del cuerpo policiaco que se dieron en EE. UU. a ra\u00edz del asesinato de George Floyd.[9]<\/sup> Una doctrina de inmunidad para oficiales estatales ante posibles violaciones de derechos constitucionales debe ser cuestionada con la mayor rigurosidad, dado a que estos \u00faltimos componen el fundamento para el aparato estatal moderno. Solamente en las situaciones m\u00e1s apremiantes deber\u00edan los derechos constitucionales ceder ante actos discrecionales de los agentes estatales; por lo contrario, se precariza el standing<\/em> de los derechos constitucionales como los preceptos legales de mayor jerarqu\u00eda en nuestra democracia.<\/p>\n La aplicaci\u00f3n de esta doctrina a las actuaciones de la polic\u00eda merece especial atenci\u00f3n, particularmente por lo aterrador que resulta el hecho de que, para algunos jueces, estrangular y mofarse de una persona que atraviesa por una crisis de salud mental hasta asesinarla no es una violaci\u00f3n de un derecho constitucional\u2014siempre y cuando el ofensor vista un uniforme de la polic\u00eda. Lo aterrador, sin embargo, no resulta inexplicable: al considerar el historial de la polic\u00eda como cuerpo institucional en EE. UU., hay una conexi\u00f3n lineal entre su surgimiento como un cuerpo cuyo fin era la defensa de la propiedad, en una \u00e9poca donde el Derecho consideraba a las personas negras como propiedad, y sus actuaciones letalmente racistas hoy d\u00eda. Igualmente, para entender el g\u00e9nesis legal de la doctrina de inmunidad cualificada, debemos entender el estatuto que crea la mayor\u00eda de las causas de acci\u00f3n en las cuales se invoca\u2014Section 1983\u2014<\/em>y los prop\u00f3sitos de la misma como veh\u00edculo de redenci\u00f3n de los derechos constitucionales de las personas exesclavizadas. Dicho esto, pretendo explorar c\u00f3mo se aplica la doctrina de inmunidad cualificada en casos que involucran a la polic\u00eda, y c\u00f3mo esta aplicaci\u00f3n es o no c\u00f3nsona con los fines de la doctrina. Adem\u00e1s, pretendo indagar en c\u00f3mo el uso de esta doctrina perpet\u00faa las pr\u00e1cticas opresivas de sus entes predecesores.<\/p>\n Para entender el origen de esta doctrina y su relaci\u00f3n con la polic\u00eda, es necesario revisar una porci\u00f3n importante de la historia de los Estados Unidos de Am\u00e9rica (EE. UU.). Es decir, entender tanto el avance en los derechos de igualdad de la naci\u00f3n, como el desarrollo del cuerpo de la polic\u00eda y sus prop\u00f3sitos a trav\u00e9s de los a\u00f1os.<\/p>\n Luego del periodo de la Reconstrucci\u00f3n que sigui\u00f3 la Guerra Civil en los Estados Unidos de Am\u00e9rica, el Congreso Federal, entre 1870-71, promulg\u00f3 una serie de actas llamadas los Enforcement Acts<\/em>,[10] con el fin de robustecer los derechos constitucionales de los afroamericanos en EE. UU., quienes a\u00fan enfrentaban discrimen racista y burdo, a pesar de la ratificaci\u00f3n de las Enmiendas XIII, XIV y XV.[11]<\/sup> En la tercera de estas actas, llamada coloquialmente el Ku Klux Klan Act<\/em>,<\/em>[12]<\/sup> se dispuso lo que se conoce hoy, con sus respectivas enmiendas, como Section 1983<\/em>:<\/p>\n Every person who under color of any statute, ordinance, regulation, custom, or usage, of any State or Territory or the District of Columbia, subjects, or causes to be subjected, any citizen of the United States or other person within the jurisdiction thereof to the deprivation of any rights, privileges, or immunities secured by the Constitution and laws, shall be liable to the party injured in an action at law, suit in equity, or other proper proceeding for redress . . . .[13]<\/sup><\/p>\n<\/blockquote>\n En palabras sencillas, el Congreso redact\u00f3 un estatuto que crea una acci\u00f3n civil para aquellas personas cuyos derechos constitucionales fueron violentados por actores estatales. Esta norma luego se extendi\u00f3 en 1971 a oficiales federales tras el caso de Bivens,<\/em> disponi\u00e9ndose que, aun cuando falte una disposici\u00f3n expresa en la ley que provea un remedio por una violaci\u00f3n constitucional, un ciudadano no queda desprovisto de remedios, pues el Tribunal puede concederlos.[14]<\/sup> Bivens<\/em> complementa la meta de Section 1983<\/em>, que era proveer un veh\u00edculo efectivo a los ciudadanos para hacer valer sus derechos constitucionales y ser indemnizados cuando estos les sean violados, en vez de recurrir al remedio tradicional del injunction,<\/em> que resulta insuficiente por su efecto prospectivo, particularmente en casos donde se lacera un derecho constitucional.<\/p>\n A pesar de los avances en el \u00e1mbito legal, en el periodo entre la promulgaci\u00f3n del Ku Klux Klan Act<\/em> de 1871 y la creaci\u00f3n del Civil Rights Act<\/em> en 1964, que prohibi\u00f3 la segregaci\u00f3n y el discrimen en el empleo a base de las categor\u00edas sospechosas, las violaciones de derechos constitucionales de los afroamericanos eran cotidianas.[15]<\/sup> La promulgaci\u00f3n de las leyes conocidas como Jim Crow Laws<\/em> evidencian que el trato racista era la orden del d\u00eda; y estas leyes eran ejecutadas por la misma polic\u00eda.[16]<\/strong><\/sup><\/em><\/p>\n Philip Reichel, jurista y profesor em\u00e9rito de la Universidad de Carolina del Norte, ha escrito sobre el desarrollo de la polic\u00eda en la naci\u00f3n estadounidense. Seg\u00fan su teor\u00eda, existen tres etapas para el desarrollo de un cuerpo policiaco: 1) informal policing<\/em>, 2) transitional policing,<\/em> y 3) modern policing<\/em>.[17] Apunta a que el aparato policiaco moderno evolucion\u00f3 de un sistema informal. En su estudio sobre el desarrollo de los mecanismos informales de control social, el te\u00f3rico Lundman menciona que un componente esencial que influye la formaci\u00f3n de estos mecanismos es la necesidad de controlar \u201cclases peligrosas\u201d.[18] Esto lo podemos ver en un acta de Virginia de 1705, la cual permit\u00eda a cualquier persona<\/em> asesinar o \u201cdestruir\u201d a un esclavo escapado sin necesidad de probar que hab\u00eda sido acusado de dicho acto.[19] En este caso, la resistencia de los esclavos a su condici\u00f3n presentaba un peligro que deb\u00eda ser mitigado mediante la militarizaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda y luego el despliegue de patrullas de esclavos.[20]<\/p>\n El cuerpo de la polic\u00eda en EE. UU., particularmente en el sur, tiene su origen en estas patrullas de esclavos.[21]<\/sup> Estas se encargaban, con el aval del gobierno, de aplastar la disidencia entre personas esclavizadas, as\u00ed como devolver a quienes se escapaban de sus amos.[22]<\/sup> Este aval institucional est\u00e1 demostrado por distintas actas promulgadas entre 1700 y 1740 cuyo fin era darles facultad a las patrullas de esclavos para ejercer fuerza en defensa de la instituci\u00f3n de la esclavitud. Por ejemplo, en 1704 se promulg\u00f3 un acta en Carolina del Sur para permitir a las patrullas castigar a esclavos que se encontraran en cualquier lugar fuera de las plantaciones de sus amos.[23] En 1721, se promulg\u00f3 otra acta que empoderaba a las patrullas a dispersar grupos de personas negras que estuvieran reunidas, as\u00ed como a confiscar cualquier arma en su posesi\u00f3n.[24] Interesantemente, en 1740, se promulg\u00f3 un acta que establec\u00eda que no se requerir\u00e1n patrullas en condados donde vivan m\u00e1s personas blancas que negras, cementando que el prop\u00f3sito de la polic\u00eda era mantener el orden en las poblaciones negras<\/em>.[25] Adem\u00e1s, estas patrullas estaban empoderadas para entrar al hogar de cualquier persona sospechada de albergar esclavos.[26] Este aval institucional se cement\u00f3 tambi\u00e9n en el \u00e1mbito legal, a medida que los Justices of the Peace<\/em> adquirieron el poder para nombrar patrullas y administrar juramentos.[27] En fin, el ente precursor a la polic\u00eda, desde su origen, estaba facultado a violar lo que hoy conocemos como derechos de Primera, Segunda, Cuarta, y Octava Enmienda, entre otras acciones hoy inconstitucionales.<\/p>\n Luego de la Guerra Civil y la Reconstrucci\u00f3n, las patrullas de esclavos se transformaron en grupos paramilitares cuyo fin era asegurar el cumplimiento de los Black Codes,<\/em> y con ello la subordinaci\u00f3n de personas esclavizadas reci\u00e9n libertas mediante la restricci\u00f3n de su acceso al empleo, al sufragio y a la libertad general.[28]<\/sup> La ratificaci\u00f3n de la Enmienda XIV en 1868, que supon\u00eda garantizar la igualdad de protecci\u00f3n de las leyes, no fue muy efectiva en prevenir estos tratos racistas.[29] Dado a que esta enmienda aplicaba solo a nivel federal, en cuesti\u00f3n de a\u00f1os las leyes Jim Crow<\/em>hab\u00edan tomado su lugar para legalizar la segregaci\u00f3n a nivel estatal.[30]<\/sup> De igual modo, hab\u00edan evolucionado estos grupos paramilitares en los primeros departamentos policiacos locales, cuyos fines inclu\u00edan monitorear el comportamiento de los esclavos reci\u00e9n libertos en las plantaciones de terratenientes blancos.[31]<\/sup> Las personas negras que desafiaban a la polic\u00eda durante la \u00e9poca de Jim Crow<\/em> eran a menudo v\u00edctimas de brutalidad policiaca.[32]<\/sup> Adem\u00e1s, cabe se\u00f1alar que grandes cantidades de exsoldados de la Confederaci\u00f3n se hab\u00edan movido a trabajar en la polic\u00eda o en otras \u00e1reas del sistema de justicia, as\u00ed continuando la opresi\u00f3n de los afroamericanos por otras v\u00edas.[33]<\/sup> Dado este panorama, es entendible que Section 1983<\/em> haya sido utilizada escasamente durante este tiempo para vindicar los derechos constitucionales de las personas negras.<\/p>\n Definir la polic\u00eda como un cuerpo de respuesta al crimen es impreciso: desde el surgimiento de la polic\u00eda moderna, y en particular durante la \u00e9poca previa al Civil Rights Act<\/em>, cr\u00edmenes de todo tipo eran perpetuados contra personas negras, particularmente en forma de mob violence<\/em> por j\u00f3venes blancos dirigidos a personas negras e inmigrantes.[34]<\/sup> Pero el fin de la polic\u00eda nunca fue perseguir estos cr\u00edmenes, sino que buscaba calmar el desorden y evitar alteraciones a la paz; y lo que constituye el orden y la paz depende completamente de qui\u00e9n lo define.<\/p>\n Con el fin de la era Jim Crow<\/em> y la llegada del Civil Rights Act<\/em> en 1964, se observ\u00f3 un cambio en los objetivos de la polic\u00eda. Ahora eran los manifestantes de derechos civiles en todas las esquinas del pa\u00eds, y no solo aquellos en el sur, las nuevas v\u00edctimas de la brutalidad policiaca.[35]<\/sup> El Dr. Victor Kappeler se\u00f1ala que el rol de la polic\u00eda se transform\u00f3 a uno de responder ante personas que atentaran contra el orden sociopol\u00edtico y econ\u00f3mico de Estados Unidos, hist\u00f3ricamente favorecedor a las personas blancas.[36]<\/sup> \u00bfEs correcto entonces decir que, en EE. UU., quienes siempre han definido lo que constituye desorden, y por ende lo que ser\u00e1 objeto de la represi\u00f3n policiaca, son las personas blancas?<\/p>\n La doctrina de la inmunidad cualificada,[37] seg\u00fan aplicada a los polic\u00edas, nace en el 1967, tres a\u00f1os despu\u00e9s del Civil Rights Act<\/em>, en el caso de Pierson v. Ray.[38]<\/strong><\/sup><\/em> Este caso decidi\u00f3 por primera vez que la defensa de buena fe y causa probable est\u00e1 disponible para oficiales de la polic\u00eda cuando se trae una acci\u00f3n en su contra bajo Section 1983<\/em>.[39]<\/sup> El Tribunal Supremo de EE. UU. (en adelante, \u201cTSEU\u201d) razon\u00f3 que no se deber\u00eda obligar a un polic\u00eda a escoger entre enfrentar cargos por negligencia en el cumplimiento del deber al negarse a hacer un arresto basado solo en causa probable, o enfrentar responsabilidad civil por efectuar un arresto que luego resulte inconstitucional.[40]<\/sup> Razonaba adem\u00e1s que, invocando el inter\u00e9s p\u00fablico, era preferible permitir al oficial actuar de manera independiente y sin miedo de repercusiones cuando se encontrara ante una situaci\u00f3n donde no hubiera un derecho \u201cclaramente establecido\u201d.[41]<\/sup> Este an\u00e1lisis, aunque inicialmente invocado en el contexto de las actuaciones de un juez, luego fue aplicado al contexto de la polic\u00eda en el caso discutido a continuaci\u00f3n.<\/p>\n En Harlow v. Fitzgerald<\/em>,[42] el TSEU desarroll\u00f3 el test<\/em> para la aplicaci\u00f3n de la inmunidad cualificada, el cual tiene dos partes: 1) si los hechos establecidos por el demandante establecen una violaci\u00f3n de un derecho constitucional, 2) si el derecho constitucional era uno \u201cclaramente establecido\u201d que una persona (luego \u201coficial\u201d) razonable debi\u00f3 haber conocido.[43]<\/sup> De fallar alguna de las dos partes, el oficial es inmune de ser llevado a juicio. Para decidir si un derecho est\u00e1 claramente establecido, el Tribunal deber\u00e1 considerar si los contornos del derecho est\u00e1n suficientemente claros tal que todo oficial razonable hubiera entendido que sus acciones violar\u00edan dicho derecho. Al hacer este an\u00e1lisis, el Tribunal debe establecer que no es debatible que existe precedente estableciendo la ilegalidad de la conducta en cuesti\u00f3n.[44] No obstante, y como expondremos a continuaci\u00f3n, la interpretaci\u00f3n judicial reciente del est\u00e1ndar de \u201cclaramente establecido\u201d lo ha vuelto uno dificultoso de satisfacer.<\/p>\n Pearson v. Callahan <\/em>marc\u00f3 el \u00faltimo hito en la formaci\u00f3n de la doctrina actual de inmunidad cualificada.[45] Revocando a Saucier v. Katz,<\/em>[46] el cual estableci\u00f3 que el test<\/em> de Harlow<\/em> deb\u00eda ejercerse en un orden particular, Pearson<\/em> permiti\u00f3 que el test<\/em> se hiciera en cualquier orden, permitiendo que se resolviera primero la cuesti\u00f3n de si un derecho estaba claramente establecido sin entrar en la cuesti\u00f3n de si hubo una violaci\u00f3n constitucional.[47] El TSEU razon\u00f3 que podr\u00eda resultar en un gasto sustancial de recursos judiciales el resolver primero si hubo una violaci\u00f3n constitucional, si luego el demandante no prevalece en la segunda parte del test<\/em>.[48] A\u00f1adi\u00f3 que, aunque el prop\u00f3sito de la primera parte del test<\/em> es desarrollar el precedente constitucional, con frecuencia las opiniones que siguen a Saucier<\/em> no contribuyen significativamente al cuerpo de precedente.[49]<\/p>\n Al instante, resaltan dos peligros que debemos tener en mente previo a revisar la utilidad de la doctrina: primero, el Tribunal ahora se centra en argumentos de econom\u00eda judicial para relegar a un segundo plazo la consideraci\u00f3n de si hubo una violaci\u00f3n constitucional o no, lo cual se aparta bruscamente de la pol\u00edtica p\u00fablica del Congreso al aprobar Section 1983<\/em>, la cual buscaba precisamente ofrecer un veh\u00edculo adecuado para la redenci\u00f3n de los derechos constitucionales. Segundo, el test<\/em> de Harlow<\/em> requiere que el demandante utilice el precedente existente para derrotar la invocaci\u00f3n de la doctrina de inmunidad cualificada; no obstante, el Tribunal sustancialmente impide la creaci\u00f3n de precedentes que establezcan qu\u00e9 se considera un derecho \u201cclaramente establecido\u201d al permitir a los tribunales resolver planteamientos de inmunidad cualificada sin calificar plenamente las acciones en cuesti\u00f3n como inconstitucionales por haber ejercido el test<\/em> de manera invertida a como lo propuso Harlow <\/em>y Saucier.<\/em><\/p>\n Con frecuencia, el Tribunal Supremo ha citado en casos subsiguientes una parte importante de Harlow<\/em>, la cual establec\u00eda que: \u201c[i]<\/em>f the law at that time was not clearly established, an official could not reasonably be expected to anticipate subsequent legal developments, nor could he fairly be said to \u2018know\u2019 that the law forbade conduct not previously identified as unlawful<\/em>.\u201d[50]<\/sup> Ahora bien, de manera ret\u00f3rica cuestiono: \u00bfqu\u00e9 ocurre con la tan sonada doctrina penal de \u201cignorancia de la ley no exime su cumplimiento\u201d? \u00bfAcaso se justifica eximir a la polic\u00eda de un mandato que impone a la ciudadan\u00eda diligencia al momento de conocer su sistema penal? \u00bfNo deber\u00edamos abogar\u2014como m\u00ednimo\u2014por una polic\u00eda versada en los preceptos legales que son llamados a hacer valer?<\/p>\n En Frasier v. Evans<\/em>, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el D\u00e9cimo Circuito tuvo ante s\u00ed una demanda bajo Section 1983.<\/em> En este caso, Frasier grab\u00f3 a unos oficiales de la polic\u00eda mientras estos arrestaban y golpeaban a una sospechosa de delito.[51] Frasier se fue y los oficiales lo persiguieron, exigiendo que entregara su tableta con el video.[52] Inicialmente se neg\u00f3, pero luego de que cinco oficiales lo rodearan y lo presionaran, este le ense\u00f1o su tableta al oficial Evans y este se la quit\u00f3 r\u00e1pidamente de las manos, busc\u00f3 el video, y lo borr\u00f3.[53] Frasier demand\u00f3 bajo Section 1983<\/em> por violaciones a sus derechos bajo la Primera y Cuarta Enmienda.[54] La Corte de Apelaciones revirti\u00f3 la decisi\u00f3n del Tribunal de Instancia, que era favorable a Frasier, y dictamin\u00f3 que la inmunidad cualificada cobijaba a los oficiales, mediante un razonamiento casi ininteligible.[55]<\/sup><\/p>\n La Corte de Apelaciones determin\u00f3 que, aunque los oficiales reciben adiestramiento sobre los derechos de las personas, la \u00fanica fuente v\u00e1lida de conocimiento de derechos \u201cclaramente establecidos\u201d es la jurisprudencia; por ende, al cuestionar si el oficial conoc\u00eda si el derecho estaba \u201cclaramente establecido\u201d, su adiestramiento sobre los derechos de las personas era inconsecuente.[56] El Tribunal contin\u00faa explicando que el componente subjetivo de la inmunidad cualificada poco importa; no es relevante si el oficial cre\u00eda o incluso sab\u00eda en un sentido general que su conducta era inconstitucional. Lo central del an\u00e1lisis es si el oficial, como cuesti\u00f3n de derecho, pod\u00eda tener una creencia razonable de que su conducta era legal basado en la jurisprudencia claramente establecida que rige dicha conducta. El Tribunal expres\u00f3 que el conocimiento adquirido por los adiestramientos de la polic\u00eda imparte conocimiento subjetivo, por lo que estos adiestramientos son irrelevantes al momento de aplicar el test <\/em>de Harlow<\/em>.[57]<\/p>\n \u00bfD\u00f3nde nos deja esto? Si la \u00fanica fuente para identificar si un derecho es o no uno \u201cclaramente establecido\u201d es la jurisprudencia, si los adiestramientos policiacos son insuficientes para cumplir con el est\u00e1ndar judicial de que los oficiales conozcan los contornos claros de la ley, si no se le exige a la polic\u00eda mantener un conocimiento actualizado de la jurisprudencia vigente, \u00bfno se vuelve el est\u00e1ndar de \u201cclaramente establecido\u201d uno imposible de probar?<\/p>\n En Jamison v. McClendon,[58]<\/strong><\/sup><\/em> un caso ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Mississippi, el oficial McClendon detuvo a Jamison\u2014un soldado negro de Arizona\u2014a pesar de este no haber cometido ninguna infracci\u00f3n de tr\u00e1fico. El oficial insisti\u00f3 en hacer un registro de su veh\u00edculo, aunque Jamison se opuso de manera vehemente.[59] Como el oficial no lo dejaba ir, Jamison accedi\u00f3 bajo coacci\u00f3n y el oficial, junto a un K-9, destroz\u00f3 el carro de Jamison por m\u00e1s de dos horas.[60] Jamison demand\u00f3 bajo Section 1983<\/em> por violaciones a sus derechos constitucionales de Cuarta y Decimocuarta Enmienda, pues hab\u00eda sido un registro ilegal y fue una detenci\u00f3n motivada por racismo.[61] El Tribunal de Distrito declar\u00f3 que a McClendon le amparaba la inmunidad cualificada debido a que Jamison no demostr\u00f3 que el oficial actu\u00f3 de manera objetivamente irrazonable.[62] El juez Reeves, con renuencia, fall\u00f3 a favor de McClendon y la doctrina de inmunidad cualificada, no sin antes criticarla:<\/p>\n The Constitution says everyone is entitled to equal protection of the law \u2013 even at the hands of law enforcement. Over the decades, however, judges have invented a legal doctrine to protect law enforcement officers from having to face any consequences for wrongdoing. The doctrine is called \u2018qualified immunity.\u2019 In real life it operates like absolute immunity.[63]<\/sup>\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n III. \u00bfSe queda o se va? Prospecci\u00f3n de la inmunidad cualificada <\/strong><\/p>\n La doctrina de la inmunidad cualificada ha sido criticada por el est\u00e1ndar de prueba inflexible que exige. Cr\u00edticos de la doctrina han se\u00f1alado su circularidad: el est\u00e1ndar exige que, para demostrar que un derecho est\u00e1 claramente establecido, el demandante debe encontrar un precedente similar a sus circunstancias.[64]<\/sup> No obstante, si la doctrina precluye que el caso tan siquiera llegue a juicio, \u00bfc\u00f3mo espera el Tribunal desarrollar un cuerpo de precedente sustancial para cumplir su propio est\u00e1ndar? Por ejemplo, en Plumhoff v. Rickard<\/em>,[65] el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableci\u00f3 que unos oficiales de la polic\u00eda no usaron fuerza excesiva en violaci\u00f3n de la Cuarta Enmienda al disparar y matar al conductor de un veh\u00edculo que hu\u00eda.[66]<\/sup> El Tribunal concedi\u00f3 que, a\u00fan si los polic\u00edas utilizaron fuerza letal, ten\u00edan derecho a cobijarse bajo la inmunidad cualificada, pues no era una ley \u201cclaramente establecida\u201d que el disparar a un conductor en esas circunstancias<\/em> equival\u00eda a uso excesivo de fuerza.[67]<\/sup> La dificultad para probar que un derecho est\u00e1 \u201cclaramente establecido\u201d al momento de vindicar sus derechos constitucionales es, en efecto, aunque no en teor\u00eda, una erosi\u00f3n de dichos derechos. Incluso, cuando se considera el hecho de que los tribunales est\u00e1n favoreciendo m\u00e1s frecuentemente a la polic\u00eda en casos relacionados a uso excesivo de fuerza,[68]<\/sup> y que prevalecer en este planteamiento precluye que las violaciones constitucionales lleguen a juicio, podr\u00eda ser razonable pensar que se est\u00e1 interfiriendo adem\u00e1s con el mandato de acceso a la justicia que es la base de nuestro sistema legal.<\/p>\n Ahora bien, \u00bfcu\u00e1l es el problema a mayor escala que representa el continuo uso de la doctrina de inmunidad cualificada para escudar a los polic\u00edas de responsabilidad civil? Recordemos primero que la aplicaci\u00f3n desmedida de esta doctrina, en efecto, neutraliza la mayor\u00eda de las demandas hechas a base de Section 1983,<\/em> la cual fue expl\u00edcitamente creada para asegurar la igual protecci\u00f3n de los derechos constitucionales. Segundo, como se rese\u00f1\u00f3 en la secci\u00f3n I(b) del presente escrito, en EE. UU. la polic\u00eda es un cuerpo cuyos or\u00edgenes remontan al racismo perverso de la esclavitud. Si bien es cierto que la polic\u00eda se burocratiz\u00f3 y se posicion\u00f3 como parte \u00edntegra del sistema de justicia, tambi\u00e9n es cierto que sus pr\u00e1cticas han surgido de siglos de comportamiento antidemocr\u00e1tico e inconstitucional. La historia nos ense\u00f1a claramente que las din\u00e1micas de esclavizaci\u00f3n, segregaci\u00f3n y represi\u00f3n son el fundamento del sistema policiaco moderno; nos ense\u00f1a que la raz\u00f3n de ser del cuerpo policiaco nunca fue el bienestar comunitario, sino la continuidad de un sistema opresivo. En la medida que la inmunidad cualificada aparenta ser un aval para las actuaciones inconstitucionales de los polic\u00edas, podr\u00eda calificarse esta como heredera del visto bueno gubernamental que recib\u00edan las patrullas de esclavos para cazar y devolver personas esclavizadas, o que recib\u00eda la polic\u00eda de Jim Crow<\/em> para burlar los nacientes derechos constitucionales de los negros en EE. UU.<\/p>\n Entonces, cuando el TSEU dice que la inmunidad cualificada es necesaria para escudar a los oficiales p\u00fablicos de \u201cinterferencia indebida con el ejercicio de sus deberes como resultado de alegaciones infundadas\u201d,[69]<\/sup> debemos ser extremadamente cuidadosos y cuestionarnos: \u00bfQu\u00e9 deberes son esos que el Tribunal alega no deben ser interferidos? \u00bfQu\u00e9 peso debe tener una alegaci\u00f3n\u2014infundada o no\u2014de una violaci\u00f3n por la polic\u00eda a los derechos constitucionales en una sociedad justa?<\/p>\n Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n La extrema violencia que est\u00e1 atravesando Estados Unidos a manos de una polic\u00eda cada vez m\u00e1s militarizada contribuye tanto a la erosi\u00f3n de derechos como a la desestabilizaci\u00f3n de la convivencia p\u00fablica. A medida que otras personas blancas ven que no hay consecuencias por el asesinato de personas negras a mano de la polic\u00eda, se prolifera el envalentonamiento de estas poblaciones a tomarse la justicia en sus propias manos\u2014 como ocurri\u00f3 recientemente con Jordan Neely en el tren de Nueva York, hombre negro y sin hogar que fue brutalmente asesinado por un exsoldado blanco en un episodio tenebrosamente similar a los linchamientos de la \u00e9poca Jim Crow<\/em>.[70] La doctrina de inmunidad cualificada, en la medida que provee impunidad a actuaciones similares por parte de la polic\u00eda contra personas negras, hace creer a los ciudadanos blancos que en efecto las vidas negras se valoran menos en el sistema judicial, por lo cual sus actuaciones de \u201cvigilantism<\/em>\u201d ser\u00e1n recibidas positivamente. En t\u00e9rminos sencillos, un sistema judicial confiable no puede permitir la impunidad de actos racistas por parte de su polic\u00eda sin esperar que la ciudadan\u00eda comience a replicar su l\u00f3gica. Los derechos constitucionales no son abstractos, pero mientras el sistema judicial les provea tan laxa protecci\u00f3n, dejan de cumplir sus prop\u00f3sitos.<\/p>\n A prop\u00f3sito del derecho constitucional, menciono que, cuando el Congreso federal aprueba una ley que incide sobre los derechos fundamentales, la misma es sujeta al escrutinio estricto.[71]<\/sup> Es decir, para que dicha ley sea constitucional, debe tener claramente identificado un inter\u00e9s apremiante de la m\u00e1s alta jerarqu\u00eda, y dicha ley debe estar necesariamente relacionada con el inter\u00e9s que persigue\u2014no puede haber alternativa menos onerosa para alcanzar dicho inter\u00e9s.[72]<\/sup> Seg\u00fan lo rese\u00f1ado, si la doctrina de inmunidad cualificada hubiera sido promulgada por el Congreso federal, seguramente ser\u00eda retada en los tribunales por incidir en las libertades constitucionales al permitir violaciones de la Primera, Cuarta y Decimocuarta enmienda, seg\u00fan rese\u00f1amos en la parte II. \u00bfPodr\u00eda esta ley hipot\u00e9tica, con texto similar a la doctrina de inmunidad cualificada, sobrevivir el escrutinio estricto? \u00bfExiste un inter\u00e9s claramente identificado y de la m\u00e1xima jerarqu\u00eda que justifique esta doctrina? El TSEU, con toda probabilidad, contestar\u00eda que s\u00ed, que el inter\u00e9s estatal de asegurar el cumplimiento cabal de los deberes de la polic\u00eda es uno de m\u00e1xima jerarqu\u00eda. Dejando a un lado mi interrogante previa de cu\u00e1les deberes son esos, o asumiendo que el deber citado ser\u00eda la \u201cseguridad\u201d de los ciudadanos, pasemos a la segunda ala del examen. \u00bfNo existe alternativa menos onerosa para lograrlo? Si, como yo, encuentras dificultad contestando que \u201cno\u201d a esa segunda pregunta, dado a que, por ejemplo, existen ya varias alternativas m\u00e1s exitosas ejercidas en algunos estados de EE. UU.,[73]<\/sup> debe ser evidente que la doctrina de inmunidad cualificada es una regla de dudosa legitimidad constitucional, incapaz de ser escrutada con la misma rigurosidad que aplicar\u00eda a leyes que incidieran de manera similar en los derechos constitucionales.<\/p>\n\n
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