![\"\"](\"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2025\/03\/In-Rev-Autor-Cuerpo-Editorial-300x300.png\")
<\/p>\n<\/p>\n
Emile Pacheco Silva*<\/p>\n
\n\u00a0\u201cA medida que ha evolucionado la defensa de inmunidad condicionada, [e]sta ofrece una amplia\u00a0 protecci\u00f3n a todos, excepto a los claramente incompetentes o aquellos que violan la ley a sabiendas\u201d.[1]<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n
Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n
El presente escrito propone la abolici\u00f3n de la doctrina de la inmunidad condicionada en Puerto Rico. Para ello, rese\u00f1a y analiza el trato que le ha dado el Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante, \u201cTSPR\u201d) a la figura, contemplando adem\u00e1s las ventajas y desventajas de su presencia en nuestro ordenamiento. Tras realizar dicho an\u00e1lisis, concluimos que, aunque la doctrina jurisprudencial tiene como fin prevenir que funcionarios p\u00fablicos sean disuadidos de actuar para evitar potenciales repercusiones legales y salvaguardar la eficiencia gubernamental, en la pr\u00e1ctica, tiene el efecto de limitar el acceso a la justicia de aquellos cuyos derechos son vulnerados, y erosionar la confianza p\u00fablica en las instituciones gubernamentales.<\/p>\n
Puesto que nuestro foro de \u00faltima instancia ha acogido la doctrina seg\u00fan definida y delimitada en el \u00e1mbito federal, se parte de dicha casu\u00edstica para introducir la doctrina. La inmunidad condicionada balancea dos intereses importantes: (1) imponer responsabilidad civil a los funcionarios p\u00fablicos que ejercen el poder de manera irresponsable y (2) proteger a dichos funcionarios cuando desempe\u00f1an sus gestiones de manera razonable.[2]<\/a> La doctrina \u201cprotege a funcionarios gubernamentales de responsabilidad civil en la medida en que su conducta no viole derechos estatutarios o constitucionales claramente establecidos que una persona razonable habr\u00eda conocido\u2019\u201d.[3]<\/a> A esos efectos, claramente establecido<\/em> quiere decir que, al momento en que ocurri\u00f3 la conducta, cualquier funcionario razonable hubiese entendido que lo que hac\u00eda era ilegal.[4]<\/a> Dicho de otra forma, aunque no se requiere un caso f\u00e1cticamente igual,[5]<\/a> la norma positiva tiene que claramente prohibir la conducta del funcionario en las circunstancias particulares ante \u00e9l.[6]<\/a> En suma, para que la doctrina no aplique, un demandante debe probar que \u201c(1) el funcionario viol\u00f3 un derecho estatutario o constitucional y (2) dicho derecho estaba claramente establecido al momento en que ocurri\u00f3 la conducta cuestionada\u201d.[7]<\/a><\/p>\n
I. La inmunidad condicionada en los tribunales de Puerto Rico<\/strong><\/p>\n
Puesto que la inmunidad condicionada es criatura jurisprudencial federal, los estados pueden eliminar o limitar la defensa en casos en que se infringen derechos garantizados por legislaci\u00f3n estatal.[8]<\/a> Sin embargo, el TSPR ha acogido la doctrina tal cual fue creada por la Corte Suprema de los Estados Unidos (en adelante, \u201cSCOTUS\u201d).[9]<\/a><\/p>\n
A. Tribunal Supremo de Puerto Rico<\/em><\/p>\n
En Acevedo v. Srio. Servicios Sociales<\/em>, el TSPR hizo su primera menci\u00f3n del t\u00e9rmino inmunidad condicionada.[10]<\/a> En este caso, beneficiarios del Programa de Asistencia Econ\u00f3mica del Departamento de Servicios Sociales de Puerto Rico demandaron, en su car\u00e1cter personal, a ciertos funcionarios del poder ejecutivo por presuntamente, so color de autoridad estatal, privarlos de derechos constitucionales al suspender la ayuda econ\u00f3mica que recib\u00edan.[11]<\/a> En cuanto a la inmunidad aplicable a funcionarios de la Rama Ejecutiva, el TSPR expres\u00f3 que se trata de una condicionada.[12]<\/a> A\u00f1adi\u00f3 que un funcionario responde cuando no act\u00faa de buena fe o cuando, aun mediando buena fe, actu\u00f3 irresponsablemente o debi\u00f3 haber sabido que su conducta era ilegal.[13]<\/a> A esos efectos, \u201c[p]or buena fe se entiende normalmente la ausencia de malicia\u201d.[14]<\/a> Por \u00faltimo, la opini\u00f3n aclara que \u201c[l]a inmunidad condicionada constituye una defensa afirmativa\u201d,[15]<\/a> por lo que \u201c[l]a carga de la prueba recae en los demandados\u201d.[16]<\/a> Es importante destacar que, aunque el m\u00e1ximo foro judicial de Puerto Rico abord\u00f3 la figura de inmunidad condicionada por primera vez en este caso, no la adopt\u00f3 ni la utiliz\u00f3 para resolver de manera final, sino que, habiendo discutido la figura, devolvi\u00f3 el caso al Tribunal de Primera Instancia.[17]<\/a><\/p>\n
En De Paz Lisk v. Aponte Roque<\/em>, un caso en el que se le neg\u00f3 el certificado de maestra a una persona por no ser ciudadana estadounidense, los demandados le solicitaron al TSPR que adoptara el concepto de inmunidad condicionada.[18]<\/sup><\/a> Sin embargo, por los demandados no tener discreci\u00f3n alguna para extender el certificado de maestro solicitado, el TSPR expres\u00f3 que este no era el caso apropiado para hacerlo.[19]<\/sup><\/a><\/p>\n
Dos a\u00f1os despu\u00e9s, el TSPR tuvo ante su consideraci\u00f3n el caso de Romero Arroyo v. E.L.A<\/em>.[20]<\/sup><\/a> El Tribunal de Primera Instancia encontr\u00f3 causa para arresto contra el matrimonio Romero Mart\u00ednez por secuestro y una infracci\u00f3n a la Ley del Registro General Demogr\u00e1fico de Puerto Rico<\/em>.[21]<\/sup><\/a> Los imputados fueron arrestados en Nueva Jersey y extraditados a Puerto Rico, donde fueron encarcelados.[22]<\/sup><\/a> Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia determin\u00f3 la inexistencia de causa probable para juicio en cuanto al delito de secuestro.[23]<\/sup><\/a> En cuanto a la violaci\u00f3n a la Ley del Registro General Demogr\u00e1fico de Puerto Rico<\/em>, se le encontr\u00f3 causa para juicio a Romero.[24]<\/sup><\/a> El acusado fue posteriormente exonerado de dicho cargo.[25]<\/sup><\/a> M\u00e1s adelante, el matrimonio inici\u00f3 una acci\u00f3n civil por detenci\u00f3n ilegal contra, entre otras personas, el Secretario de Justicia, en su car\u00e1cter personal.[26]<\/sup><\/a> En respuesta, el TSPR determin\u00f3 que al secretario lo cobijaba, como a los miembros de la judicatura, una inmunidad condicionada.[27]<\/sup><\/a> Aclar\u00f3 tambi\u00e9n que dicha inmunidad es separada y distinta a la inmunidad del soberano.[28]<\/sup><\/a> El mismo a\u00f1o, el foro de \u00faltima instancia precis\u00f3 que la \u201cinmunidad condicionada no cubre actuaciones dolosas, fraudulentas, maliciosas o delictivas\u201d.[29]<\/sup><\/a><\/p>\n
B. Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico<\/em><\/p>\n
Si bien es cierto que hace mucho el TSPR no ha emitido una opini\u00f3n en la que la doctrina de la inmunidad condicionada sea central, nuestro foro apelativo intermedio no ha dejado de tener tales casos ante su consideraci\u00f3n.[30]<\/sup><\/a> El caso Madera Gonz\u00e1lez v. Mercado Borrero<\/em> lo pone de manifiesto.[31]<\/sup><\/a> En dicho caso, una persona privada de su libertad inici\u00f3 una acci\u00f3n civil contra un oficial correccional y el Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n de Puerto Rico.[32]<\/sup><\/a> Aleg\u00f3 que el oficial hab\u00eda emprendido un patr\u00f3n de persecuci\u00f3n en su contra. Plante\u00f3 que, entre otros incidentes, el oficial se rehus\u00f3 a sacarlo de su m\u00f3dulo para trabajar; junto a otros oficiales, lo rode\u00f3 y le habl\u00f3 de manera hostil e intimidante, caus\u00e1ndole p\u00e1nico; y se rehus\u00f3 a darle informaci\u00f3n sobre su n\u00famero de placa.[33]<\/sup><\/a> Aleg\u00f3 tambi\u00e9n que, tras ese \u00faltimo incidente, oficiales con macanas y gas lo encerraron en una celda sin motivo alguno, donde permaneci\u00f3 varios d\u00edas sin atenci\u00f3n ni oportunidad de ba\u00f1arse.[34]<\/sup><\/a> El Tribunal de Apelaciones desestim\u00f3 la demanda en cuanto al oficial, en su car\u00e1cter personal, en virtud de la doctrina de inmunidad condicionada.[35]<\/sup><\/a> Parte del razonamiento del Tribunal fue el hecho de que el oficial ten\u00eda entre sus funciones oficiales la de mantener el orden y velar por la seguridad dentro de la instituci\u00f3n.[36]<\/sup><\/a> Este pleito ilustra los problemas fundamentales de la inmunidad condicionada. A pesar de la alegada conducta abusiva, cruel e inhumana por parte de un empleado del Estado, se utiliz\u00f3 la defensa para desestimar la demanda en cuanto a dicho funcionario. El an\u00e1lisis se limit\u00f3 a si las acciones del funcionario estaban dentro sus funciones oficiales, ignorando la naturaleza y gravedad de sus actos. La doctrina de inmunidad condicionada sirvi\u00f3 para, como en muchos otros casos, condonar un patr\u00f3n de conducta violatorio de los derechos y la dignidad del perjudicado.<\/p>\n
II. Protecci\u00f3n o impunidad<\/strong><\/p>\n
Habiendo rese\u00f1ado algunos casos estatales sobre el particular, examinemos los argumentos a favor y en contra de la doctrina.<\/p>\n
La protecci\u00f3n de los funcionarios gubernamentales y la eficiencia operacional del gobierno, dos asuntos interrelacionados, figuran entre los argumentos principales a favor de la doctrina de inmunidad condicionada.[37]<\/a> Los proponentes de la doctrina plantean que su abolici\u00f3n implicar\u00eda que los funcionarios gubernamentales act\u00faen con timidez, evitando conductas que supongan cierto grado de riesgo por miedo a enfrentar acciones civiles.[38]<\/a> A\u00f1aden que, con toda probabilidad, el saldo de dicho acercamiento ser\u00eda asumido por el p\u00fablico.[39]<\/a> Dicho de otro modo, argumentan que la inmunidad propicia que funcionarios p\u00fablicos asuman riesgos por el bien mayor, pues existe una relaci\u00f3n directamente proporcional entre la protecci\u00f3n brindada al funcionario p\u00fablico y la probabilidad de que este asuma riesgos inherentes a su gesti\u00f3n. Este fen\u00f3meno es f\u00e1cilmente apreciable en entornos de alto riesgo, como el del oficial de polic\u00eda que intenta evitar que la conducta de una persona cause un resultado nocivo en la integridad f\u00edsica de un tercero o el del param\u00e9dico que atiende a una persona afectada por un accidente de tr\u00e1nsito. Adem\u00e1s, se ha planteado que eliminar la doctrina implicar\u00eda un aumento sustancial en el n\u00famero de acciones civiles en contra de empleados p\u00fablicos,[40]<\/a> lo que tendr\u00eda el efecto de evitar que el gobierno opere de manera eficiente, o incluso de paralizarlo. En s\u00edntesis, adem\u00e1s de que eliminar la doctrina podr\u00eda resultar en m\u00e1s demandas en los tribunales, se ha dicho que proteger a los funcionarios p\u00fablicos de responsabilidad civil, de manera condicionada, les permitir\u00eda tomar m\u00e1s riesgos para velar por el bien mayor, lo que, en suma, tendr\u00eda un efecto positivo en el p\u00fablico.<\/p>\n
Ambos argumentos parten de premisas cuestionables y llegan a conclusiones que no parecen estar respaldadas por evidencia emp\u00edrica. Si bien es cierto que algunos funcionarios p\u00fablicos realizan gestiones de alto riesgo, lo mismo es cierto de los empleados del sector privado. No existe diferencia, en t\u00e9rminos de riesgo, entre la gesti\u00f3n de un m\u00e9dico que trabaja para un empleador privado y el que es empleado del Estado. Entonces, \u00bfpor qu\u00e9 ha de gozar el segundo de una protecci\u00f3n que no cobija al primero? En cuanto a la idea de que eliminar la inmunidad tendr\u00eda el efecto de paralizar la operaci\u00f3n gubernamental, esta carece de m\u00e9ritos. Enfrentar mayor responsabilidad civil podr\u00eda provocar que las entidades gubernamentales destinen m\u00e1s recursos al entrenamiento y supervisi\u00f3n de sus empleados, lo que podr\u00eda redundar en un mejor desempe\u00f1o, menos violaciones de derechos y, por consiguiente, en menos pleitos. Adem\u00e1s, hasta el momento no se ha presentado evidencia que tienda a indicar que la eliminaci\u00f3n de la defensa en un estado haya causado un aumento significativo en el n\u00famero de acciones instadas contra empleados gubernamentales. Por ejemplo, Montana fue el primer estado en abolir la doctrina,[41]<\/a> y desde entonces, las demandas contra funcionarios p\u00fablicos solo han aumentado marginalmente.[42]<\/a> En 2020, Colorado elimin\u00f3 la defensa por la v\u00eda estatutaria,[43]<\/a> como lo hicieron Nuevo M\u00e9xico en 2021 y Nevada en 2022,[44]<\/a> sin que se haya presentado evidencia de un aumento significativo de demandas en esos estados.[45]<\/a><\/p>\n
Habiendo atendido los planteamiento de quienes favorecen la presencia de la inmunidad condicionada en los ordenamientos estatales, veamos los argumentos a favor de su eliminaci\u00f3n. Estos se resumen en que (1) la doctrina escuda a los funcionarios p\u00fablicos de responsabilidad civil a menos que exista un caso anterior casi id\u00e9ntico en t\u00e9rminos f\u00e1cticos, pues el est\u00e1ndar de claramente establecido<\/em> es muy dif\u00edcil de alcanzar;[46]<\/a> (2) podr\u00eda propiciar una cultura de impunidad y conducta temeraria por parte de los funcionarios p\u00fablicos;[47]<\/a> (3) limita el acceso a la justicia, dejando a personas a las que se les violan derechos estatutarios y constitucionales sin un remedio en derecho,[48]<\/a> y (4) erosiona la confianza del p\u00fablico en las instituciones.[49]<\/a><\/p>\n
El est\u00e1ndar de claramente establecido<\/em> es esencial a todo reto a la inmunidad condicionada, pues es requisito sine qua non<\/em> para rebatir la defensa.[50]<\/a> Como antes expuesto, no es necesario utilizar jurisprudencia f\u00e1cticamente id\u00e9ntica, mas debe ser sumamente similar, pues tiene que \u201cclaramente prohibir la conducta del [funcionario]en las circunstancias particulares ante \u00e9l\u201d.[51]<\/a> Naturalmente, si no hay un caso que establece claramente el derecho, el tribunal no lo hace valer, lo que resulta en un c\u00edrculo vicioso que perjudica tanto al demandante del caso ante la consideraci\u00f3n del Tribunal como a potenciales demandantes.<\/p>\n
El c\u00edrculo vicioso al que hac\u00eda referencia tiene un efecto palpable: la impunidad de los funcionarios que violan derechos, constitucionales o estatutarios, que no han sido identificados como claramente establecidos<\/em> por el tribunal. Dicha impunidad, a su vez, podr\u00eda propiciar la conducta temeraria de los empleados gubernamentales, pues asumir el riesgo de violar derechos no tiene consecuencias. No debe sorprender, entonces, que el p\u00fablico pierda la confianza en las instituciones, y es que \u201c[l]a doctrina fomenta la idea de que los funcionarios p\u00fablicos est\u00e1n por encima de la ley\u201d.[52]<\/a><\/p>\n
As\u00ed pues, una lista de desventajas o limitaciones de la doctrina de inmunidad condicionada incluir\u00eda, aunque no se limitar\u00eda: (1) que depende de la existencia de un caso con hechos muy similares; (2) el umbral de claramente establecido es muy dif\u00edcil de alcanzar; (3) tiende a propiciar la impunidad y temeridad de los funcionarios gubernamentales; (4) limita el acceso a la justicia, y (5) erosiona la confianza del p\u00fablico en las instituciones.<\/p>\n
Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n
Pese a tener como objetivo proteger a los funcionarios p\u00fablicos de demandas civiles, permiti\u00e9ndoles desempe\u00f1ar sus funciones sin miedo a incurrir en responsabilidad civil, la doctrina de inmunidad condicionada tiene serias deficiencias y limitaciones. El requisito de que un derecho est\u00e9 claramente establecido crea un umbral demasiado alto, lo que tiene como resultado la impunidad de los empleados p\u00fablicos. Esta inmunidad no solo le limita el acceso a la justicia a los ciudadanos cuyos derechos constitucionales y estatutarios son violados, sino que tambi\u00e9n tiene el efecto de erosionar la confianza del p\u00fablico en las instituciones. Tras realizar un an\u00e1lisis minucioso de las ventajas y desventajas de la presencia de la doctrina en nuestra jurisdicci\u00f3n, es forzoso concluir que, aunque tiene objetivos nobles, como preservar la eficiencia en la gesti\u00f3n p\u00fablica, el efecto neto de la defensa de inmunidad condicionada es negativo. En ese sentido, este escrito propone la eliminaci\u00f3n de la doctrina. Dicha abolici\u00f3n no necesariamente supondr\u00eda una afronta a la eficiencia gubernamental, sino que, por fomentar la capacitaci\u00f3n y supervisi\u00f3n de los funcionarios p\u00fablicos, podr\u00eda incluso resultar en mayor eficiencia.<\/p>\n
<\/a>*El autor es estudiante de tercer a\u00f1o de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y Jefe de Redactores del s\u00e9ptimo volumen de InRev. Posee un bachillerato en Ciencias Naturales con concentraci\u00f3n en Biolog\u00eda.<\/p>\n
[1]<\/a> Malley v. Briggs, 475 U.S. 335, 341 (1986) (traducci\u00f3n suplida).<\/p>\n
[2]<\/a> Pearson v. Callahan, 555 U.S. 223, 231 (2009).<\/p>\n
[3]<\/a> Id.<\/em> (citando a<\/em> Harlow v. Fitzgerald, 457 U.S. 800, 818 (1982)) (traducci\u00f3n suplida).<\/p>\n
[4]<\/a> District of Columbia v. Wesby, 583 U.S. 48, 63 (2018) (citando a<\/em> Ashcroft v. al-Kidd, 563 U.S. 731, 741 (2011)).<\/p>\n
[5]<\/a> Mullenix v. Luna, 577 U.S. 7, 12 (2015) (citando a<\/em> Ashcroft v. al-Kidd, 563 U.S. 731, 741 (2011)).<\/p>\n
[6]<\/a> District of Columbia<\/em>, 583 U.S en la p\u00e1g. 63.<\/p>\n
[7]<\/a> Ashcroft v. al-Kidd, 563 U.S. 731, 735 (2011) (citando a<\/em> Harlow v. Fitzgerald, 457 U.S. 800, 818 (1982)) (traducci\u00f3n suplida).<\/p>\n
[8]<\/a> V\u00e9ase<\/em> Mack v. Williams, 522 P.3d 434, 450 (2022).<\/p>\n
[9]<\/a> V\u00e9ase<\/em> Romero Arroyo v. E.L.A., 127 DPR 724, 740 (1991); Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, 112 DPR 256, 262 (1982).<\/p>\n
[10]<\/a> Acevedo<\/em>, 112 DPR en la p\u00e1g. 258.<\/p>\n
[11]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n
[12]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 262 (citando a<\/em> Scheuer v. Rhodes, 416 U.S. 232 (1974)).<\/p>\n
[13]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n
[14]<\/a> Id. <\/em>(citando a<\/em> Procunier v. Navarette, 434 U.S. 555, 562, 565 (1978); Wood v. Strickland, 420 U.S. 308, 321-22 (1975)) (traducci\u00f3n suplida).<\/p>\n
[15]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 263.<\/p>\n
[16]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n
[17]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n
[18]<\/a> De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 DPR 472, 494-95 (1989).<\/p>\n
[19]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 495.<\/p>\n
[20]<\/a> V\u00e9ase <\/em>Romero Arroyo v. E.L.A., 127 DPR 724 (1991).<\/p>\n
[21]<\/a> Id. <\/em>en las p\u00e1gs. 729-30.<\/p>\n
[22]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 730.<\/p>\n
[23]<\/a> Id. <\/em>en las p\u00e1gs. 730-31.<\/p>\n
[24]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 731.<\/p>\n
[25]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n
[26]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n
[27]<\/a> Id. <\/em>en las p\u00e1gs. 742-43.<\/p>\n
[28]<\/a> Id. <\/em>en las p\u00e1gs. 745-47.<\/p>\n
[29]<\/a> In re Colton Fontan, 128 DPR 1, 8 (1991) (citando a <\/em>Romero Arroyo v. E.L.A., 127 DPR 724, 743 (1991)).<\/p>\n
[30]<\/a> V\u00e9anse <\/em>Madera Gonz\u00e1lez v. Mercado Borrero, KLCE202301326 (26 de febrero de 2024); Medina Morales v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, KLCE202000673 (3 de febrero de 2021); Collazo P\u00e9rez v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, KLCE201900662 (17 de febrero de 2019); Villanueva Cardona v. Autoridad de los Puerto Rico, KLAN201500516 (10 de junio de 2015).<\/p>\n
[31]<\/a> Madera Gonz\u00e1lez v. Mercado Borrero, KLCE202301326 (26 de febrero de 2024).<\/p>\n
[32]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 1.<\/p>\n
[33]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 2.<\/p>\n
[34]<\/a> Id. <\/em><\/p>\n
[35]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 5.<\/p>\n
[36]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n
[37]<\/a> V\u00e9ase <\/em>Lawrence Rosenthal. Defending Qualified Immunity<\/em>, 72 S.C. L. REV. 547 (2020).<\/p>\n
[38]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 586.<\/p>\n
[39]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 587.<\/p>\n
[40]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 604.<\/p>\n
[41]<\/a> V\u00e9ase <\/em>Dorwart v. Caraway, 58 P.3d 128 (Mont. 2002).<\/p>\n
[42]<\/a> Expanding Pathways to Accountability: State Legislative Options to Remove the Barrier of Qualified Immunity<\/em>, NATIONAL POLICE ACCOUNTABILITY PROJECT, https:\/\/www.nlg-npap.org\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Qualified-Immunity-White-Paper-Final.pdf (\u00faltima visita 19 de marzo de 2025).<\/p>\n
[43]<\/a> Nick Sibilla, Colorado Passes Landmark Law Against Qualified Immunity, Creates New Way to Protect Civil Rights<\/em>, FORBES (21 de junio de 2020), https:\/\/www.forbes.com\/sites\/nicksibilla\/2020\/06\/21\/colorado-passes-landmark-law-against-qualified-immunity-creates-new-way-to-protect-civil-rights\/.<\/p>\n
[44]<\/a> Nick Sibilla, New Mexico Bans Qualified Immunity For All Government Workers Including Police<\/em>, FORBES (7 de abril de 2021), https:\/\/www.forbes.com\/sites\/nicksibilla\/2021\/04\/07\/new-mexico-prohibits-qualified-immunity-for-all-government-workers-including-police\/; v\u00e9ase adem\u00e1s <\/em>Mack v. Williams, 522 P.3d 434 (Nev. 2022).<\/p>\n
[45]<\/a> Andrew Qin, Statistical Report on Colorado\u2019s Qualified Immunity Reform and Crime Rates<\/em>, NATIONAL POLICE ACCOUNTABILITY PROJECT, https:\/\/www.nlg-npap.org\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Colorado-Crime-Report-Qualified-Immunity.pdf (\u00faltima visita 11 de marzo de 2025).<\/p>\n
[46]<\/a> Nicholas McGill Hudnell, Disqualifying Qualified Immunity<\/em>, 70 CLEV. ST. L. REV. ET CETERA 1, 12 (2021).<\/p>\n
[47]<\/a> Id. <\/em>en las p\u00e1gs. 15-16.<\/p>\n
[48]<\/a> Alicia Maule & Kely Young, What You Need to Know About Qualified immunity and How It Shields Those Responsible for Wrongful Convictions<\/em>, INNOCENCE PROJECT, https:\/\/innocenceproject.org\/what-you-need-to-know-about-qualified-immunity-and-how-it-shields-those-responsible-for-wrongful-convictions\/ (\u00faltima visita 11 de marzo de 2025).<\/p>\n
[49]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n
[50]<\/a> Pearson v. Callahan, 555 U.S. 223, 231 (2009) (citando a <\/em>Harlow v. Fitzgerald, 457 U.S. 800, 818 (1982)).<\/p>\n