Alberto L\u00f3pez Merl\u00e1n<\/p>\n
Indudablemente, la violencia dom\u00e9stica est\u00e1 rampante en Puerto Rico. Esto ha provocado una respuesta por parte de las tres ramas del Gobierno de Puerto Rico: el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo ha declarado estados de emergencia; el Poder Legislativo ha enmendado la Ley N\u00fam. 54 de 15 de agosto de 1989, Ley para la Prevenci\u00f3n e Intervenci\u00f3n con la Violencia Dom\u00e9stica<\/em> (en adelante \u201cLey N\u00fam. 54\u201d),[1]<\/a> para que sea m\u00e1s restrictiva, y el Poder Judicial ha propuesto un protocolo intergubernamental para manejar las situaciones de violencia dom\u00e9stica.[2]<\/sup><\/a> Este protocolo, aunque loable por su prop\u00f3sito, representa un riesgo sustancial para el derecho a estar libre bajo fianza, derecho que tienen todas las personas acusadas de delito.<\/p>\n El Protocolo intergubernamental para coordinar la respuesta, orientaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n para la atenci\u00f3n de personas sobrevivientes de violencia de g\u00e9nero en situaciones de violencia dom\u00e9stica<\/em> (en adelante, \u201cProtocolo\u201d) fue propuesto por el Poder Judicial y firmado por varios departamentos gubernamentales.[3]<\/sup><\/a> Como su nombre revela, este acuerdo entre agencias dicta c\u00f3mo los departamentos involucrados deben atender los casos de violencia dom\u00e9stica.[4]<\/sup><\/a> Para prop\u00f3sitos de este art\u00edculo, nos enfocaremos en dos entes: el Poder Judicial y el Programa de Servicios con Antelaci\u00f3n al Juicio (en adelante, \u201cPSAJ\u201d). El PSAJ se encarga de preparar un informe social con relaci\u00f3n a la persona imputada de delito y hace recomendaciones al tribunal en cuanto a las condiciones que hay que imponer para que esta persona quede libre bajo fianza.5]<\/sup><\/a><\/p>\n Cuando a una persona se le imputa incurrir en un delito tipificado en la Ley N\u00fam. 54, el tribunal debe imponer, como condici\u00f3n para salir bajo fianza, la supervisi\u00f3n electr\u00f3nica (grillete) y la prohibici\u00f3n de salir de su hogar (lockdown<\/em>).[6]<\/sup><\/a> En adici\u00f3n, el Protocolo establece que el PSAJ debe tomar en consideraci\u00f3n si la residencia de la persona imputada se encuentra a treinta minutos o m\u00e1s, por la noche, de la residencia de la alegada v\u00edctima.[7]<\/sup><\/a> El PSAJ ha interpretado que, si la residencia no cumple con el est\u00e1ndar discutido, no recomienda que la persona imputada salga libre bajo fianza.[8]<\/sup><\/a> Es decir, la persona imputada tendr\u00eda que pernoctar en la c\u00e1rcel durante el proceso penal.<\/p>\n Las v\u00edctimas tambi\u00e9n pueden seleccionar zonas de exclusi\u00f3n, por ejemplo, el trabajo de la persona imputada de delito o alguna residencia familiar.[9]<\/sup><\/a> Por ello, a una persona imputada se le puede prohibir trabajar en un sitio, mientras est\u00e1 bajo fianza, si no cumple con el requisito de los treinta minutos.[10]<\/sup><\/a> Los tribunales han acogido esta interpretaci\u00f3n y no permiten que las personas imputadas salgan bajo fianza si no cuentan con una residencia que cualifique.[11]<\/sup><\/a><\/p>\n En Puerto Rico, todas las personas imputadas de delito son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.[12]<\/sup><\/a> Igualmente, tienen derecho a salir libres bajo fianza en lo que el proceso penal culmina.[13]<\/sup><\/a> Ahora bien, el Gobierno les puede imponer condiciones razonables a las personas imputadas de delito, con el prop\u00f3sito de que se provean suficientes garant\u00edas de comparecencia al proceso penal. En otras palabras, el Gobierno puede fijar una cuant\u00eda de fianza o condiciones que garanticen la comparecencia de la persona imputada de delito.[14]<\/sup><\/a> De lo contrario, existe un riesgo de que la persona evada la justicia. Empero, las condiciones deben ser razonables.<\/p>\n El requisito de los treinta minutos enfrenta serias dudas en cuanto a su razonabilidad. Primeramente, la manera de medir la distancia es preocupante. El Protocolo establece que la distancia se mide en minutos, en vez de millas o kil\u00f3metros.[15]<\/sup><\/a> Este problema se agrava, porque se tiene que calcular los minutos por la noche, cuando hay menos tr\u00e1fico. Dado el tama\u00f1o geogr\u00e1fico de Puerto Rico, una distancia de treinta minutos o m\u00e1s te permite transitar varios municipios. Por lo tanto, es casi imposible que una persona imputada de delito pueda cumplir con este requisito. Adem\u00e1s, el Protocolo no define lo que significa por la noche<\/em>. \u00bfQuiere decir a las 11:59 p. m. cuando hay menos tr\u00e1nsito? o \u00bfse refiere a las 7:00 p. m., donde a\u00fan hay tr\u00e1fico en algunos de los expresos del pa\u00eds? El efecto neto que esto tiene es que, en los casos de Ley N\u00fam. 54, el derecho a estar bajo fianza no es un derecho, sino un privilegio.<\/p>\n Algunas personas sostienen que esta medida es necesaria por la alta incidencia de violencia dom\u00e9stica que est\u00e1 ocurriendo en el pa\u00eds. Ciertamente, el Gobierno tiene un inter\u00e9s apremiante en erradicar la violencia dom\u00e9stica y hacerles justicia a las v\u00edctimas de estos delitos. Sin embargo, se puede se\u00f1alar que existen otras medidas menos onerosas como los grilletes, \u00f3rdenes de protecci\u00f3n y restricciones domiciliarias para garantizar la seguridad de las v\u00edctimas y asegurar la comparecencia de las personas imputadas en los procesos. No es menos cierto que estas medidas no son infalibles. Pero se tienen que sopesar con la presunci\u00f3n de inocencia y el derecho constitucional que tiene una persona a estar libre bajo fianza en lo que se ventila su caso. El Protocolo, aunque bien intencionado, crea ciertos desaf\u00edos en cuanto a su constitucionalidad, toda vez que, pr\u00e1cticamente, desaparece el derecho a estar libre bajo fianza cuando se trata de delitos al amparo de la Ley N\u00fam. 54.<\/p>\n [1]<\/a> Ley para la Prevenci\u00f3n e Intervenci\u00f3n con la Violencia Dom\u00e9stica, Ley N\u00fam. 54 de 15 de agosto de 1989, 8 LPRA \u00a7\u00a7 601-664 (2022 & Supl. 2024).<\/p>\n [2]<\/a> Orden Ejecutiva N\u00fam. 2021-013, Declarando un estado de emergencia ante el aumento de casos de violencia de g\u00e9nero en Puerto Rico, <\/em>(25 de enero de 2021), https:\/\/docs.pr.gov\/files\/Estado\/OrdenesEjecutivas\/2021\/OE-2021-013.pdf.; Refuerzos a la ley para incluir amenazas contra mascotas como violencia dom\u00e9stica, <\/em>MICROJURIS (17 de abril de 2025), https:\/\/aldia.microjuris.com\/2025\/04\/17\/refuerzos-a-la-ley-para-incluir-amenazas-contra-mascotas-como-violencia-domestica\/ (\u00faltima visita 25 de septiembre de 2025); Comunicado de prensa, Poder Judicial de Puerto Rico, Presentan protocolo intergubernamental contra la violencia de g\u00e9nero <\/em>(23 de junio de 2022), https:\/\/poderjudicial.pr\/presentan-protocolo-intergubernamental-contra-la-violencia-de-genero\/.<\/p>\n [3]<\/a> Poder Judicial de Puerto Rico, supra <\/em>nota 2.<\/p>\n [4]<\/a> PODER JUDICIAL ET AL., PROTOCOLO INTERGUBERNAMENTAL PARA COORDINAR LA RESPUESTA, ORIENTACI\u00d3N E INTERCAMBIO DE INFORMACI\u00d3N PARA LA ATENCI\u00d3N DE PERSONAS SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA DE G\u00c9NERO EN SITUACIONES DE VIOLENCIA DOM\u00c9STICA 17 (3 de junio 2022).<\/p>\n [5]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n [6]<\/a> 8 LPRA \u00a7 637; R.P. CRIM. 218, 34 LPRA Ap. II, R. 218 (2016); Pueblo v. Rivera Pomales, KLCE202401143, 2024 WL 5182007, en la p\u00e1g. *1 (13 de noviembre de 2024).<\/p>\n [7]<\/a> PODER JUDICIAL ET AL., supra<\/em> nota 4.<\/p>\n [8]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n [9]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n [10]<\/a> Rivera Pomales<\/em>, KLCE202401143, 2024 WL 5182007, en las p\u00e1gs. *1, 9.<\/p>\n [11]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. *5.<\/p>\n [12]<\/a> R.P. CRIM. 110, 34 LPRA Ap. II, R. 110 (2016).<\/p>\n [13]<\/a> CONST. PR art. II, \u00a7 11.<\/p>\n [14]<\/a> V\u00e9ase<\/em> 34 LPRA Ap. II, R. 218 (2016).<\/p>\n