Alondra Belaval Seda*<\/p>\n
La c\u00e1rcel de hoy cumple muy mal los tres prop\u00f3sitos que se le adjudicaron en el siglo 18. No es disuasivo, ni rehabilita, y el castigo que administra es cruel e inhumano. Lejos de resolver los problemas sociales, los ha complicado . . . . La c\u00e1rcel no es la soluci\u00f3n. Es el problema.[1]<\/sup><\/a><\/p>\n Fernando Pic\u00f3<\/strong><\/p>\n Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n Una ofensiva propuesta legislativa que incide directamente en el dise\u00f1o penal puertorrique\u00f1o ha marcado el comienzo de este cuatrienio pol\u00edtico. Tanto en la C\u00e1mara de Representantes como en el Senado se han presentado una serie de proyectos que buscan crear delitos, ampliar penas y limitar protecciones, entre otros asuntos. La reciente discusi\u00f3n del Proyecto del Senado 38 sobre la Ley N\u00fam. 88 de 9 de julio de 1986, Ley de Menores de Puerto Rico,<\/em>[2]<\/sup><\/a> ha dejado al descubierto la direcci\u00f3n en la que se dirige esta Asamblea Legislativa respecto a las leyes penales, aumentando el castigo con la esperanza de que dicha estrategia disminuya la comisi\u00f3n de delitos.[3]<\/sup><\/a><\/p>\n En l\u00ednea con este tono, se present\u00f3 el Proyecto del Senado 530 (en adelante, \u201cP. del S. 530\u201d), aprobado en el Senado el 29 de septiembre de 2025.[4]<\/sup><\/a> Este busca enmendar el inciso (b) del art\u00edculo 73 del C\u00f3digo Penal de Puerto Rico<\/em> de 2012<\/em> (en adelante, \u201cC\u00f3digo Penal\u201d),[5]<\/sup><\/a> para imponer una sentencia fija de treinta a\u00f1os a la pena aplicable en casos de reincidencia agravada. Ante el panorama presentado, esta propuesta legislativa no puede interpretarse como un episodio aislado, sino m\u00e1s bien como la expresi\u00f3n de una visi\u00f3n penal que sobrepone la severidad del castigo por encima del mandato constitucional a la rehabilitaci\u00f3n y eventual reinserci\u00f3n social.[6]<\/sup><\/a> Este escrito analiza el P. del S. 530 en tres ejes: (1) su g\u00e9nesis y tr\u00e1mite legislativo; (2) el debate en el hemiciclo, y (3) su encaje en la tradici\u00f3n punitiva comparada, especialmente bajo el paradigma three strikes, you\u2019re out.<\/em><\/p>\n El P. del S. 530, radicado el 10 de abril de 2025, es de la autor\u00eda del senador Wilmer Reyes Berr\u00edos del Distrito de Guayama, y de los coautores Brenda P\u00e9rez Soto del Distrito de Arecibo y Jeison Rosa Ramos del Distrito de Aguadilla; todos senadores de la delegaci\u00f3n del Partido Nuevo Progresista. Actualmente, el C\u00f3digo Penal dispone que en los casos catalogados como reincidencia agravada<\/em>, el tribunal podr\u00e1<\/em> aumentar hasta un 50% la pena fija.[7]<\/sup><\/a> El P. del S. 530 transformar\u00eda ese esquema discrecional en la obligaci\u00f3n autom\u00e1tica de imponer treinta a\u00f1os a la pena legal en dichos casos. En la exposici\u00f3n de motivos, el proyecto invoca como fines garantizar la seguridad<\/em>, la protecci\u00f3n de la vida<\/em> y enviar un mensaje de firmeza contra la impunidad implementando el esquema de three strikes, you\u2019re out.<\/em>[8]<\/sup><\/a> No obstante, esa justificaci\u00f3n se basa m\u00e1s en convicciones pol\u00edticas que en estudios emp\u00edricos y acad\u00e9micos.<\/p>\n I. Three strikes, you\u2019re out, <\/em>su objetivo versus su efecto<\/strong><\/p>\n Para evaluar el alcance del P. del S. 530 es esencial situarlo en di\u00e1logo con la codificaci\u00f3n vigente que regula las reincidencias. El C\u00f3digo Penal distingue entre reincidencia simple, agravada y habitual, imponiendo aumentos proporcionales de hasta 25% en la simple, hasta 50% en la agravada y una pena m\u00e1xima de hasta noventa y nueve a\u00f1os en casos de reincidencia habitual, especialmente en delitos graves.[9]<\/sup><\/a> El art\u00edculo 74 fija reglas para computar las condenas que pueden considerarse, excluyendo delitos cometidos antes de cumplir los dieciocho a\u00f1os de edad, as\u00ed como aquellos cuyo cumplimiento ocurri\u00f3 hace m\u00e1s de diez a\u00f1os y ciertos hechos bajo leyes especializadas o jurisdicciones externas.[10]<\/sup><\/a> El P. del S. 530 incide directamente en ese dise\u00f1o al imponer una pena fija de treinta a\u00f1os sin margen discrecional judicial ni valoraci\u00f3n individualizada de circunstancias, desplazando de esta forma la l\u00f3gica proporcional y sustituy\u00e9ndola por una f\u00f3rmula r\u00edgida de imposici\u00f3n de penas.[11]<\/sup><\/a><\/p>\n Este desplazamiento cobra particular relevancia cuando se articula desde el paradigma de three strikes, you\u2019re out<\/em>, cuyo origen y efectos merecen un an\u00e1lisis para extraer lecciones cr\u00edticas de esta pol\u00edtica. Dicho modelo se consolid\u00f3 en Estados Unidos para la d\u00e9cada de 1990, en un contexto de temor social ante la criminalidad, en donde exist\u00eda gran presi\u00f3n p\u00fablica para recibir respuestas contundentes de parte del Estado.[12]<\/sup><\/a> En ese sentido, California fue el laboratorio emblem\u00e1tico con la Proposici\u00f3n 184 de 1994, la cual estableci\u00f3 que un tercer delito grave, de cualquier naturaleza, podr\u00eda implicar una condena de hasta veinticinco a\u00f1os o incluso cadena perpetua autom\u00e1tica.[13]<\/sup><\/a> Ese modelo fue r\u00e1pidamente replicado por m\u00faltiples estados e incluso fue integrado a la legislaci\u00f3n federal.[14]<\/sup><\/a> El prop\u00f3sito de dicha legislaci\u00f3n era doble: incapacitar a delincuentes reincidentes y disuadirlos mediante sanciones extremas. Sin embargo, luego de d\u00e9cadas de su implementaci\u00f3n, queda claro que los resultados pr\u00e1cticos no estuvieron a la altura de las expectativas pol\u00edticas.[15]<\/sup><\/a><\/p>\n Desde su implementaci\u00f3n, las leyes three strikes<\/em> mostraron tener efectos colaterales importantes: (1) un alza considerable en las poblaciones de personas privadas de su libertad; (2) congesti\u00f3n judicial; (3) elevaci\u00f3n dram\u00e1tica de costos correccionales, y (4) una aplicaci\u00f3n desigual de las leyes entre condados e instituciones del Estado.[16]<\/sup><\/a> Los datos emp\u00edricos han arrojado hallazgos que han resultado en debates importantes e incluso en conclusiones neutrales o negativas respecto a la reducci\u00f3n de la comisi\u00f3n de los delitos que estas leyes pretend\u00edan disminuir.[17]<\/sup><\/a> Si bien se observ\u00f3 una disminuci\u00f3n en el crimen, varios estudios sostienen que esta se debi\u00f3 mayormente a cambios demogr\u00e1ficos, reformas de pol\u00edticas policiacas y otras reformas paralelas m\u00e1s que a la ley three strikes<\/em> en s\u00ed misma.[18]<\/sup><\/a><\/p>\n Desde la perspectiva social, la pol\u00edtica de three strikes <\/em>profundiz\u00f3 la criminalizaci\u00f3n de comunidades marginadas, promoviendo la exclusi\u00f3n intergeneracional y una presi\u00f3n institucional insostenible en los sistemas correccionales.[19]<\/sup><\/a> En respuesta a los altos costos sobre el aparato judicial y los cuestionamientos referente a los efectos sociales de los estatutos, hoy d\u00eda cr\u00edticos abogan por una reforma o modificaci\u00f3n de las leyes three strikes<\/em> en diferentes estados, insistiendo en la introducci\u00f3n de requisitos m\u00e1s estrictos para que un delito sea considerado tercer strike<\/em> o la habilitaci\u00f3n de procedimientos de revisi\u00f3n.[20]<\/a><\/sup><\/p>\n II. P. del S. 530 ante el Senado<\/strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n El tracto legislativo del P. del S. 530 es sencillo y f\u00e1cil de seguir. Luego de su radicaci\u00f3n el 10 de abril de 2025, el proyecto fue referido a la Comisi\u00f3n de lo Jur\u00eddico (en adelante, \u201cla Comisi\u00f3n\u201d), presidida por el senador \u00c1ngel Toledo L\u00f3pez del Partido Nuevo Progresista. Esta rindi\u00f3 dos informes positivos: el primero, del 14 de agosto de 2025, que solo cont\u00f3 con una ponencia del Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (en adelante, \u201cCorrecci\u00f3n\u201d).[21]<\/sup><\/a> Este informe incorpor\u00f3 una enmienda sugerida por Correcci\u00f3n, para que los treinta a\u00f1os adicionales se cumplieran de forma natural<\/em>, sin posibilidad de acogerse a bonificaciones bajo la Ley N\u00fam. 87-2020.[22]<\/sup><\/a><\/p>\n Concluye la Comisi\u00f3n en el primer informe que \u201cla aprobaci\u00f3n del P. del S. 530 es indispensable<\/em> para garantizar que los individuos que persisten en la comisi\u00f3n de delitos graves enfrenten consecuencias proporcionales y efectivas<\/em> . . . \u201d.[23]<\/sup><\/a> Mientras que el segundo informe positivo emitido por la Comisi\u00f3n el 9 de septiembre de 2025 elimin\u00f3 esa disposici\u00f3n y reafirm\u00f3 el car\u00e1cter \u201cproporciona[l]y efectiv[o]\u201d de la medida.[24]<\/sup><\/a> Durante este proceso, la Comisi\u00f3n no convoc\u00f3 vistas p\u00fablicas ni invit\u00f3 formalmente a entidades jur\u00eddicas o sociales especializadas a ofrecer ponencias y emiti\u00f3 ambos informes con la \u00fanica comparecencia de Correcci\u00f3n.<\/p>\n As\u00ed, el 29 de septiembre de 2025, el Senado aprob\u00f3 el P. del S. 530 con diecinueve votos a favor y nueve en contra, sin regresar el proyecto a Comisi\u00f3n, a pesar de una moci\u00f3n para ese fin presentada por el senador de la delegaci\u00f3n del Partido Independentista Puertorrique\u00f1o (en adelante, \u201cPIP\u201d), Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Costa.[25]<\/sup><\/a><\/p>\n El debate en el pleno expuso las l\u00edneas de fractura que atraviesan las discusiones de la pol\u00edtica penal en el pa\u00eds. El senador \u00c1ngel Toledo L\u00f3pez asumi\u00f3 su voto a favor en defensa del proyecto, aludiendo al profesor David Wexler y afirmando que existen delincuentes incorregibles que deben ser apartados de la sociedad.[26]<\/sup><\/a> Desde esa perspectiva, el castigo prolongado opera no solo como medida de prevenci\u00f3n general, sino como reafirmaci\u00f3n simb\u00f3lica del poder punitivo del Estado.<\/p>\n En oposici\u00f3n, la senadora del PIP Mar\u00eda de Lourdes Santiago Negr\u00f3n aludi\u00f3 en su turno a la falta de base cient\u00edfica de la propuesta.[27]<\/sup><\/a> Cuestion\u00f3 que la pena severa sea tratada como sustituto de pol\u00edticas sociales y denunci\u00f3 que estas medidas siempre recaen con mayor dureza sobre las poblaciones empobrecidas.[28]<\/sup><\/a> Por su parte, el senador independiente Eliezer Molina P\u00e9rez objet\u00f3 la carencia de sustento t\u00e9cnico y defini\u00f3 la medida como un gesto cosm\u00e9tico frente a un problema estructuralmente complejo.[29]<\/sup><\/a> Mientras que en su turno durante la discusi\u00f3n de la medida, el senador Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Costa, present\u00f3 una moci\u00f3n para devolver el proyecto a la Comisi\u00f3n con miras a solicitar ponencias adicionales de organizaciones jur\u00eddicas y entidades que trabajan con la poblaci\u00f3n correccional.[30]<\/sup><\/a> El Senado intent\u00f3 derrotar la moci\u00f3n a viva voz, pero se solicit\u00f3 la divisi\u00f3n del cuerpo.[31]<\/sup><\/a> Aun as\u00ed, la moci\u00f3n no prosper\u00f3.[32]<\/sup><\/a><\/p>\n El senador del Partido Popular Democr\u00e1tico Luis Javier Hern\u00e1ndez Ortiz reconoci\u00f3 que la seguridad p\u00fablica es un inter\u00e9s leg\u00edtimo, pero alert\u00f3 que resultar\u00eda inutil una reforma penal aislada, sin el apoyo de recursos sociales e institucionales.[33]<\/sup><\/a> Incluso, el autor de la medida sinti\u00f3 la necesidad de asumir un turno para defender la misma. Argument\u00f3 que la implementaci\u00f3n de los estatutos ha probado ser exitosa en la jurisdicci\u00f3n de California, adem\u00e1s adujo que el voto de cada senador iba a exponer d\u00f3nde estaba cada cual posicionado: con la gente honesta del pa\u00eds o a favor de esos que delinquen.[34]<\/sup><\/a> El senador \u00c1ngel Toledo L\u00f3pez, por su parte, asumi\u00f3 un turno de rectificaci\u00f3n para cuestionar a los legisladores que levantaron bandera roja sobre la falta de an\u00e1lisis fiscal de la medida. El senador preguntaba: \u00bfCu\u00e1nto cuesta la vida de una persona muerta?<\/em>[35]<\/sup><\/a>De ese modo, el debate cristaliz\u00f3 una pregunta recurrente ante esta problem\u00e1tica: Ley punitiva, \u00bfs\u00edmbolo o instrumento efectivo?<\/p>\n III. An\u00e1lisis textual del P. del S. 530<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong>La exposici\u00f3n de motivos de la medida deja claro que esta persigue garantizar la seguridad, la protecci\u00f3n de la vida y el bienestar de la ciudadan\u00eda que se ve amenazada mayormente por la reincidencia delictiva.[36]<\/sup><\/a> Entiende el legislador que exponer a ofensores habituales a penas cada vez m\u00e1s exageradas garantizar\u00e1 la incapacitaci\u00f3n de estos y tendr\u00e1 el efecto de disuadir al posible ofensor.[37]<\/sup><\/a><\/p>\n El argumento de consecuencias proporcionales<\/em> y la constitucionalidad del proyecto estuvo basado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos (en adelante, \u201cCorte Suprema\u201d), puntualmente en Ewing v. California<\/em>.[38]<\/sup><\/a> Sin embargo, es importante notar que en este caso la decisi\u00f3n del Corte Suprema fue una cinco a cuatro, con una marcada opini\u00f3n disidente liderada por el juez Stevens, a la que se unieron los jueces Souter, Ginsburg y Breyer. Veamos.<\/p>\n En Ewing v. California<\/em>, la Corte Suprema sostuvo que una sentencia de veinticinco a\u00f1os a cadena perpetua por el hurto de tres palos de golf no violaba la prohibici\u00f3n constitucional de castigos crueles e inusuales, pues el Estado ten\u00eda un inter\u00e9s leg\u00edtimo en incapacitar a reincidentes persistentes.[39]<\/sup><\/a> En la opini\u00f3n disidente se advirti\u00f3 que la sentencia impuesta era \u201cmanifiestamente desproporcionada\u201d en comparaci\u00f3n con la magnitud del delito cometido.[40]<\/a> Adem\u00e1s, se enfatiz\u00f3 que validar dicho castigo dejaba sin efecto pr\u00e1ctico alguno la garant\u00eda constitucional contra castigos excesivos.[41]<\/sup><\/a> Esto, ya que el tribunal acept\u00f3 una pena excesivamente severa, es decir, veinticinco a\u00f1os a cadena perpetua por un hurto menor, reduciendo as\u00ed el alcance efectivo de dicha protecci\u00f3n constitucional. Si una pena de veinticinco a\u00f1os a cadena perpetua por un hurto menor no constituye un castigo cruel e inusual, \u00bfqu\u00e9 castigo lo ser\u00e1? El resultado fue la p\u00e9rdida de la fuerza sustantiva de esta protecci\u00f3n.<\/p>\n Si bien la protecci\u00f3n constitucional existe en papel, en Ewing<\/em>, la Corte Suprema elev\u00f3 el umbral para que un castigo constituyera uno cruel e inusual. El juez Stevens subray\u00f3 que el delito de Ewing fue un hurto no violento y que la ley de three strikes<\/em> hab\u00eda transformado una falta relativamente menor en una condena equivalente a prisi\u00f3n perpetua, lo que socavaba el principio fundamental de justicia proporcional que subyace la Octava Enmienda.[42]<\/sup><\/a> Por su parte, el juez Breyer, en su opini\u00f3n disidente, resalt\u00f3 que la sentencia impuesta y validada para Ewing era m\u00e1s severa que la que recibir\u00eda una persona condenada por homicidio en muchos estados, y que, por esto, resultaba arbitraria y carente de relaci\u00f3n racional con los fines de la pena.[43]<\/sup><\/a> Aporta el juez Breyer que, en este caso, California deb\u00eda establecer un criterio espec\u00edfico para el tipo de conducta que fuese a detonar una sentencia basada en three strikes<\/em>, dado que parte de los objetivos del estatuto parec\u00edan ser separar cr\u00edmenes m\u00e1s graves de cr\u00edmenes menos graves. Sin embargo, el estatuto no era claro para estos efectos y hab\u00eda resultado en la imposici\u00f3n de la pena contra Ewing.[44]<\/sup><\/a><\/p>\n Se presenta entonces una posible vulnerabilidad constitucional en estos estatutos, particularmente frente a la regla de proporcionalidad bajo la Octava Enmienda de la Constituci\u00f3n de Estados Unidos.[45]<\/sup><\/a> Como discutimos anteriormente, en Ewing v. California<\/em>, la Corte Suprema rechaz\u00f3 que una condena de veinticinco a\u00f1os a cadena perpetua para un tercer delito constituyese un castigo cruel e inusual, sosteniendo que no representaba un castigo desproporcionado frente al historial del acusado y la gravedad social de la reincidencia.[46]<\/sup><\/a> De esta forma, otorg\u00f3 un amplio margen de deferencia legislativa asumiendo que el Estado puede adoptar sentencias amplias de pol\u00edtica punitiva, y que esa tarea le pertenece a las legislaturas. Ahora bien, esa doctrina no autoriza penas manifiestamente excesivas y permite que casos particulares sean objeto de impugnaciones si el desbalance entre delito y castigo resulta intolerable, es decir, desproporcionado. Levanta preocupaci\u00f3n entonces que el P. del S. 530, que priva al juez de toda discreci\u00f3n y fija una pena severa de manera autom\u00e1tica, pudiese enfrentar desaf\u00edos de proporcionalidad si la pena resultante excede los est\u00e1ndares razonables en un caso particular.[47]<\/sup><\/a><\/p>\n Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n Del an\u00e1lisis llevado a cabo emergen lecciones pertinentes para Puerto Rico. Primero, las leyes three strikes<\/em> no han demostrado una eficacia robusta y sostenible por s\u00ed solas; su \u00e9xito aparente muchas veces ha sido atribuible a otros factores sist\u00e9micos. Segundo, la aplicaci\u00f3n r\u00edgida sin ponderaci\u00f3n individual conlleva riesgos de arbitrariedad y disparidad, particularmente en sociedades con desigualdades econ\u00f3micas marcadas. Tercero, los costos institucionales y presupuestarios derivados de sanciones extensas terminan sustituyendo la inversi\u00f3n en prevenci\u00f3n, educaci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n. Cuarto, aunque la doctrina constitucional permite m\u00e1rgenes amplios, no exime a las legislaciones futuras de exposici\u00f3n a impugnaciones cuando el castigo autom\u00e1tico se excede en desproporci\u00f3n manifiesta. Estas advertencias son particularmente pertinentes en el contexto puertorrique\u00f1o, donde los recursos correccionales y el acceso a justicia ya enfrentan limitaciones estructurales.<\/p>\n El P. del S. 530 representa, entonces, una versi\u00f3n criolla de la ideolog\u00eda three strikes, you\u2019re out<\/em>: sustituye la razonabilidad penal por la amenaza del castigo m\u00e1ximo sin consideraci\u00f3n al contexto del individuo ni del delito concreto. Su aprobaci\u00f3n sin vistas p\u00fablicas, sin participaci\u00f3n de expertos y juristas y mediante un debate legislativo apresurado, revela una decisi\u00f3n pol\u00edtica m\u00e1s simb\u00f3lica que t\u00e9cnica. Al despojar de discreci\u00f3n judicial y fijar un suplemento draconiano de treinta a\u00f1os, el proyecto compromete los principios de proporcionalidad y justicia individual, pilares esenciales del estado de derecho, as\u00ed como el llamado constitucional a la rehabilitaci\u00f3n y reinserci\u00f3n social. M\u00e1s a\u00fan, su misma l\u00f3gica contradice los resultados que establecen claramente que el endurecimiento autom\u00e1tico de penas resulta insuficiente para atender las ra\u00edces del delito y que la disuasi\u00f3n no opera con la simplicidad que la ret\u00f3rica punitiva propone.<\/p>\n Las ra\u00edces de los cr\u00edmenes m\u00e1s serios son conocidas y aceptadas por la comunidad acad\u00e9mica y los profesionales que atienden dichas situaciones. No dudo de la motivaci\u00f3n genuina de algunas legisladoras de proteger la convivencia social, reducir la violencia y facilitar la reinserci\u00f3n humana, pero en este caso evidentemente nos encaminamos en la direcci\u00f3n incorrecta. Por eso, la respuesta punitiva solo nos acerca a un marco ideol\u00f3gico que busca castigar con el efecto del abandono a las comunidades empobrecidas del pa\u00eds en el proceso.<\/p>\n Ciertamente, Puerto Rico requiere menos leyes punitivas y m\u00e1s pol\u00edticas integrales. Merece la pena que los legisladores miren proyectos como la gesta de educaci\u00f3n en las c\u00e1rceles que comenz\u00f3 el profesor Fernando Pic\u00f3 y que hoy d\u00eda contin\u00faa bajo la tutela de la profesora Edna Ben\u00edtez Laborde y un grupo diverso de acad\u00e9micas. El \u00e9xito de este ha sido rese\u00f1ado en distintas ocasiones y ha permitido a personas privadas de su libertad continuar con sus estudios e incluso encaminarse a grados de maestr\u00eda, posibilidad que no les era pensable en la libre comunidad.[48]<\/sup><\/a> Es prioritario y urgente dirigir recursos y atenci\u00f3n hacia proyectos hol\u00edsticos que puedan verdaderamente lograr el objetivo. La educaci\u00f3n, el acceso a la salud mental y la ayuda a las personas con problemas de consumo de sustancias, entre otras, son iniciativas en las que se debe enfocar la atenci\u00f3n a esta problem\u00e1tica. De lo contrario, seguiremos inventando castigos cada vez m\u00e1s severos para un problema que demanda soluciones integrales y humanas.<\/p>\n <\/a>* Estudiante\u00a0de\u00a0tercer a\u00f1o en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente es miembro Volumen 95 de la Revista Jur\u00eddica de la Universida de Puerto Rico en calidad de redactora de In Rev<\/em>. Interesada en el Derecho Penal y la organizaci\u00f3n pol\u00edtica; orienta su trabajo hacia el estudio de la justicia y las transformaciones sociales.<\/p>\n [1]<\/a> FERNANDO PIC\u00d3, EL D\u00cdA MENOS PENSADO: HISTORIA DE LOS PRESIDIARIOS EN PUERTO RICO (1973-1993) 192 (1994).<\/p>\n [2]<\/a> Ley de Menores de Puerto Rico, Ley N\u00fam. 88 de 9 de julio de 1986, 34 LPRA \u00a7\u00a7 2201-2238 (2016 & Supl. 2024).<\/p>\n [3]<\/a> P. del S. 38 de 2 de enero de 2025, 1ra Ses. Ord., 20ma Asam. Leg. (habi\u00e9ndose aprobado en el Senado sin celebraci\u00f3n de vista p\u00fablica).<\/p>\n [4]<\/a> P. del S. 530 de 10 de abril de 2025, 1ra Ses. Ord., 20ma Asam. Leg.<\/p>\n [5]<\/a> C\u00d3D. PEN. PR, 33 LPRA \u00a7\u00a7 5001-5416 (2021 & Supl. 2024).<\/p>\n [6]<\/a> CONST. PR art. VI, \u00a7 19.<\/p>\n [7]<\/a> 33 LPRA \u00a7 5106 (2021 & Supl. 2024).<\/p>\n [8]<\/a> P. del S. 530 de 10 de abril de 2025, en la p\u00e1g. 1.<\/p>\n [9]<\/a> 33 LPRA \u00a7 5106 (2021 & Supl. 2024).<\/p>\n [10]<\/a> Id<\/em>. \u00a7 5107.<\/p>\n [11]<\/a> P. del S. 530 de 10 de abril de 2025, en la p\u00e1g. 2.<\/p>\n [12]<\/a> The New York Times, 3 Strikes and You’re Out: After 20 Years, Is the Law Working?<\/em>, YOUTUBE (2 de diciembre de 2013, en 00:26), https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=k_hTTiT0ATA.<\/p>\n [13]<\/a> California Proposition 184, Three Strikes Sentencing Initiative<\/em> (1994)<\/em>, BALLOTPEDIA, https:\/\/ballotpedia.org\/California_Proposition_184,_Three_Strikes_Sentencing_Initiative_(1994) (\u00faltima visita 15 de octubre de 2025).<\/p>\n [14]<\/a> David Schultz, No Joy in Mudville Tonight: The Impact of Three Strikes Laws on State and Federal Corrections Policy, Resources, and Crime Control<\/em>, 9 CORNELL J.L. & PUB. POL’Y 557, 568 (2000).<\/p>\n [15]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 583.<\/p>\n [16]<\/a> The Three Strikes and You\u2019re Out Law<\/em>, LEGISLATIVE ANALYST\u2019S OFFICE (22 de febrero de 1995), https:\/\/lao.ca.gov\/analysis_1995\/3strikes.html.<\/p>\n [17]<\/a> PETER W. GREENWOOD ET AL., THREE STRIKES REVISITED: AN EARLY ASSESSMENT OF IMPLEMENTATION AND EFFECTS (1998).<\/p>\n [18]<\/a> Id. <\/em>fig. 3.3.<\/p>\n [19]<\/a> Jessica Jin & Francesca Hidalgo-Wohlleben, Three strikes analysis: demographic characteristics of strike offenders<\/em>, ROSE INSTITUTE OF STATE AND LOCAL GOVERNMENT (16 de abril de 2016), https:\/\/roseinstitute.org\/wp-content\/uploads\/2016\/07\/Three-Strikes-Racial-and-Ethnic-Analysis.pdf (trat\u00e1ndose de un an\u00e1lisis sobre la desproporci\u00f3n racial en la poblaci\u00f3n strike<\/em>).<\/p>\n [20]<\/a> V\u00e9ase <\/em>Breaking Down California\u2019s Three Strikes Law: What You Need to Know<\/em>, BROWNSTEIN LAW GROUP, P.C. (14 de febrero de 2025), https:\/\/www.brownsteinlawgroup.com\/blog\/breaking-down-californias-three-strikes-law-what-you-need-to-know\/.V\u00e9ase tambi\u00e9n<\/em> BRIAN BROWN & GREG JOLIVETTE, A PRIMER: THREE STRIKES\u2014THE IMPACT AFTER MORE THAN A DECADE (2005); JOHN CLARK ET AL., \u201cTHREE STRIKES AND YOU\u2019RE OUT\u201d: A REVIEW OF STATE LEGISLATION 11 (1997); Melissa Lee & Beth Colgan, Washington\u2019s Three Strikes Law: Public Safety and Cost Implications of Life Without Parole<\/em>, COLUMBIA LEGAL SERVICES, https:\/\/columbialegal.org\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/CLS-Report_Washingtons-Three-Strikes-Law.pdf<\/a> (\u00faltima visita 22 de octubre de 2025).<\/p>\n [21]<\/a> Informe positivo, P. del S. 530, Com. de lo Jur\u00eddico: Senado, 14 de agosto de 2025, 2da Ses. Ord., 20ma Asam. Leg., en la p\u00e1g. 4.<\/p>\n [22]<\/a> Id.<\/em>; Ley para enmendar el art\u00edculo 11 del Plan de Reorganizaci\u00f3n 2-2011, Ley N\u00fam. 87-2020, 3 LPRA, Ap. XVIII, \u00a7 11 (2011 & Supl. 2024).<\/p>\n [23]<\/a> Informe positivo, P. del S. 530, en la p\u00e1g. 5 (\u00e9nfasis suplido).<\/p>\n [24]<\/a> Segundo informe positivo, P. del S. 530, Com. de lo Jur\u00eddico: Senado, 9 de septiembre de 2025, 2da Ses. Ord., 20ma Asam. Leg., en la p\u00e1g. 5.<\/p>\n [25]<\/a> P. del S. 530 de 10 de abril de 2025, Senado de Puerto Rico, Votaci\u00f3n N\u00fam. 1 de 29 de septiembre de 2025 (19-9-0-0).<\/p>\n [26]<\/a> DIARIO DE SESIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO 7983, 2da Ses. Ord., 20ma Asam. Leg. (2025).<\/p>\n [27]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 7981.<\/p>\n [28]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n [29]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 7982.<\/p>\n [30]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 7986.<\/p>\n [31]<\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 7987.<\/p>\n [32]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n