Giancarlo Rivera Cabrera*<\/p>\n
Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n La Responsabilidad Civil Extracontractual, tambi\u00e9n conocida como da\u00f1os y perjuicios, es una rama del Derecho Civil que tiene como prop\u00f3sito indemnizar a la parte demandante por los da\u00f1os ocasionados por la parte demandada. Los da\u00f1os indemnizables abarcan desde los que f\u00edsicamente sufri\u00f3 la parte demandante hasta los da\u00f1os sufridos en su psique a consecuencia de la negligencia o culpa de la parte demandada. Al momento de un tribunal otorgar indemnizaciones, puede otorgarlas por lucro cesante, muerte ilegal, angustias mentales y por m\u00faltiples otras causales.<\/p>\n En el caso particular de Puerto Rico, hist\u00f3ricamente no se hab\u00edan concedido partidas en concepto de da\u00f1os punitivos por ser considerados, seg\u00fan el Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante, \u201cTSPR\u201d), incompatibles con nuestro ordenamiento jur\u00eddico. En contraste, en los Estados Unidos, tanto en los foros estatales como federales, la concesi\u00f3n de da\u00f1os punitivos es una parte integral de los casos de da\u00f1os y perjuicios. Es decir, son una parte esencial de las reclamaciones por responsabilidad civil extracontractual.<\/p>\n Durante d\u00e9cadas, fue imposible solicitar a un tribunal de Puerto Rico la concesi\u00f3n de da\u00f1os punitivos; sin embargo, con la entrada en vigor del C\u00f3digo Civil de 2020 (en adelante, \u201cC\u00f3digo Civil\u201d), esa anterior imposibilidad fue sobrevenida.[1]<\/sup><\/a> Dado que ahora es posible solicitar da\u00f1os punitivos en los tribunales puertorrique\u00f1os, y que deben solicitarse cuando procedan, es necesario estudiar la figura, su desarrollo en diferentes foros y comprender cu\u00e1ndo procede su concesi\u00f3n seg\u00fan el C\u00f3digo Civil.<\/p>\n I. Tribunal Supremo de Puerto Rico<\/strong><\/p>\n El deseo del letrado puertorrique\u00f1o de que se otorguen da\u00f1os punitivos en reclamaciones por responsabilidad civil extracontractual no es nada nuevo. En contraste, previo a los cambios que trajo consigo el C\u00f3digo Civil, se hab\u00eda tratado, sin \u00e9xito, de que el TSPR los avalara y permitiera que se concedieran. Si el C\u00f3digo no hubiera t\u00e1citamente revocado las decisiones anteriores del TSPR que prohib\u00edan la concesi\u00f3n de da\u00f1os punitivos, la prohibici\u00f3n posiblemente se hubiera sostenido ad infinitum<\/em>.<\/p>\n Es meritorio se\u00f1alar lo indicado por el TSPR en Cintr\u00f3n Adorno v. G\u00f3mez,<\/em>[2]<\/sup><\/a> y Guardiola \u00c1lvarez v. Depto. de la Familia<\/em>.[3]<\/sup><\/a> En Cintr\u00f3n Adorno<\/em>, los demandantes estaban solicitando una partida en concepto de la p\u00e9rdida de la capacidad para disfrutar y gozar de una vida futura.[4]<\/a> Esto a consecuencia de que los demandantes eran la c\u00f3nyuge y los hijos de un individuo que hab\u00eda fallecido a consecuencia de una alegada impericia m\u00e9dica.[5]<\/a> El TSPR, luego de detallar las partidas que pueden ser otorgadas en nuestro ordenamiento jur\u00eddico, indic\u00f3 que los familiares de una persona que falleci\u00f3 a consecuencia de un acto negligente s\u00ed son indemnizados por los da\u00f1os sufridos. Ahora bien, el TSPR precis\u00f3 que no se pod\u00eda equiparar la muerte criminal con la negligente. Por tal raz\u00f3n, no proced\u00eda la imposici\u00f3n de da\u00f1os punitivos.[6]<\/a><\/p>\n El juez asociado Negr\u00f3n Garc\u00eda expuso:<\/p>\n [A]ceptamos que existen prestigiosos civilistas que\u00a0apoyan el resarcimiento de la p\u00e9rdida de la vida como un bien particular e indemnizable. Consiste en el da\u00f1o causado al acortarle la vida, en adelantar el fin inevitable que, seg\u00fan los tratadistas, no se pierde con la muerte y se transmite a los herederos. Esta causa se identifica como el da\u00f1o causado a la v\u00edctima por el mero hecho de morir: un da\u00f1o objetivo.<\/p>\n En su abono, se postula, adem\u00e1s, que lo contrario significar\u00eda que a un malhechor le conviene matar, en vez de lastimar. El argumento no es persuasivo.\u00a0Primero, no es lo mismo una muerte negligente accidental, que un asesinato u homicidio en el contexto penal.\u00a0Segundo, la indemnizaci\u00f3n como remedio no se pierde\u00a0per se<\/em>. La muerte de la v\u00edctima es indemnizada en much\u00edsimos otros aspectos. La desaparici\u00f3n de un ser querido aumenta el sufrimiento de sus familiares, en fin, son los que se van a beneficiar de la compensaci\u00f3n. Como posible factor disuasivo, prevalece la sanci\u00f3n estatal penal, que sirve de m\u00e1ximo detente social. Equiparar la muerte causada criminalmente con una accidental, es sostener que la indemnizaci\u00f3n debe emplearse\u00a0como factor punitivo vengador, lo cual es contrario a nuestra filosof\u00eda civilista.[7]<\/sup><\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n Como se puede apreciar, el TSPR sostuvo que otorgar una partida que, para todos los efectos, fuese en concepto de da\u00f1os punitivos es incompatible con nuestro ordenamiento jur\u00eddico.<\/p>\n Posteriormente, en Guardiola \u00c1lvarez<\/em>, cuya controversia versaba, en parte, sobre los l\u00edmites de indemnizaci\u00f3n consagrados en la Ley de reclamaciones y demandas contra el Estado<\/em>,[8]<\/sup><\/a> el TSPR tuvo la oportunidad de abundar nuevamente sobre la procedencia de da\u00f1os punitivos en nuestra jurisdicci\u00f3n, prestando especial atenci\u00f3n a las circunstancias limitadas en las que son permisibles. Sobre este particular, resolvi\u00f3 que:<\/p>\n [N]uestro ordenamiento, como principio general, rechaza la imposici\u00f3n de\u00a0da\u00f1os punitivos.\u00a0\u00a0Adem\u00e1s, seg\u00fan expusimos previamente, al aprobar la Ley N\u00fam. 104\u00a0el legislador se preocup\u00f3 por establecer, espec\u00edficamente, que en el contexto de reclamaciones contra el Estado las sentencias no incluir\u00edan la imposici\u00f3n de este tipo da\u00f1os.<\/p>\n Aunque la norma imperante rechaza que se otorguen\u00a0da\u00f1os punitivos, como excepci\u00f3n, se ha reconocido que procede su imposici\u00f3n cuando as\u00ed se establece por medio de un estatuto especial.<\/p>\n . . .<\/p>\n De igual forma, la Asamblea Legislativa ha adoptado legislaci\u00f3n especial en la cual, por v\u00eda de excepci\u00f3n, ha extendido la responsabilidad civil del Estado al pago de\u00a0da\u00f1os punitivos.<\/p>\n . . .<\/p>\n Ciertamente, la Asamblea Legislativa ostenta la facultad de variar los contornos de responsabilidad del Estado establecidos en la Ley N\u00fam. 104 y extender sus l\u00edmites mediante legislaci\u00f3n especial; inclusive en lo referente a la\u00a0imposici\u00f3n de\u00a0da\u00f1os punitivos.[9]<\/sup><\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n El TSPR sostuvo que la norma general es la improcedencia de los da\u00f1os punitivos. Ahora bien, reconoci\u00f3 que la Asamblea Legislativa (en adelante, \u201cAsamblea\u201d) ostenta la facultad de permitir su concesi\u00f3n, inclusive en reclamaciones contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico,[10]<\/a> reclamaciones que, por disposiciones constitucionales, est\u00e1n cobijadas por la inmunidad soberana.[11]<\/sup><\/a><\/p>\n La jurisprudencia, previo a la entrada en vigor del C\u00f3digo Civil de 2020,[12]<\/a> reconoc\u00eda que la Asamblea ostentaba la facultad de permitir la concesi\u00f3n de da\u00f1os punitivos. Este hecho es indicativo de que el obst\u00e1culo que exist\u00eda anteriormente no era tan solo las decisiones del TSPR, sino que la Asamblea no hab\u00eda dispuesto estatutariamente que era permisible otorgar una partida por concepto de da\u00f1os punitivos en reclamaciones de da\u00f1os y perjuicios tradicionales. Por ende, la noci\u00f3n de que el TSPR hab\u00eda impuesto una prohibici\u00f3n absoluta a la concesi\u00f3n de da\u00f1os punitivos en casos de responsabilidad civil extracontractual no se sostiene a la luz de las propias decisiones del TSPR.<\/p>\n I.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>C\u00f3digo Civil de 2020<\/strong><\/p>\n El C\u00f3digo Civil de 2020 trajo consigo considerables cambios al ordenamiento jur\u00eddico puertorrique\u00f1o. Algunas disposiciones permanecieron virtualmente inalteradas, tal como se puede apreciar en el art\u00edculo 1536, que dispone que \u201c[l]a persona que por culpa o negligencia causa da\u00f1o a otra, viene obligada a repararlo\u201d.[13]<\/sup><\/a> Por el contrario, un cambio significativo se observa en el art\u00edculo 1538,[14]<\/sup><\/a> relativo a la forma y monto del resarcimiento en casos de da\u00f1os y perjuicios, el cual establece que:<\/p>\n La reparaci\u00f3n de los da\u00f1os se efect\u00faa en dinero, mediante la reintegraci\u00f3n espec\u00edfica o una combinaci\u00f3n de los remedios anteriores, a elecci\u00f3n del perjudicado, siempre y cuando no haya una duplicaci\u00f3n del resarcimiento.<\/p>\n No obstante, cuando el acto u omisi\u00f3n constituye delito, se realiza de forma dolosa o con grave menosprecio a la vida, la seguridad y la propiedad ajena, el juzgador puede imponer una indemnizaci\u00f3n adicional que no sea superior al monto del da\u00f1o causado<\/em>.[15]<\/sup><\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n El \u00faltimo p\u00e1rrafo del art\u00edculo permite, inequ\u00edvocamente, el otorgamiento de una partida en concepto de da\u00f1o punitivo, claro est\u00e1, cuando se cumplan ciertos criterios y siempre que no constituya una indemnizaci\u00f3n superior al monto total otorgado, conforme a las partidas tradicionales permitidas en casos de responsabilidad civil extracontractual. Por ejemplo, de concederse $50,000 en da\u00f1os, el tribunal puede conceder un m\u00e1ximo de $50,000 en concepto de da\u00f1os punitivos. Esto conllevar\u00eda una indemnizaci\u00f3n con una suma total posible de $100,000.<\/p>\n Las limitaciones impuestas por el art\u00edculo 1538 son de m\u00e1s f\u00e1cil entendimiento y comprensi\u00f3n si se toma en consideraci\u00f3n lo que menciona la Exposici\u00f3n de Motivos del C\u00f3digo respecto al cambio que sufri\u00f3 la Responsabilidad Civil Extracontractual al autorizarse poder imponer da\u00f1os punitivos, la cual dispone lo siguiente:<\/p>\n La responsabilidad civil extracontractual experimenta unos cambios importantes. Se incorpora el concepto de da\u00f1os punitivos. A manera excepcional y sujeto a la discreci\u00f3n judicial, se autoriza que en una acci\u00f3n para exigir responsabilidad extracontractual el tribunal condene al demandado a pagar en adici\u00f3n al da\u00f1o compensatorio, una suma de dinero en concepto de castigo, si la actuaci\u00f3n del demandado constituye delito, implica dolo o se realiza con grave menosprecio a la vida, la seguridad y la propiedad ajena. En tales casos de excepci\u00f3n, el da\u00f1o punitivo no debe exceder el monto de la indemnizaci\u00f3n compensatoria.[16]<\/sup><\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n Como se puede apreciar del extracto, la Asamblea permiti\u00f3 la imposici\u00f3n de da\u00f1os punitivos para poder castigar conducta reprochable. Ahora bien, al momento de delimitar las circunstancias en donde procede su imposici\u00f3n no provey\u00f3 explicaci\u00f3n alguna. Por lo que es prudente y necesario determinar con mayor precisi\u00f3n y entender cu\u00e1ndo se cumplen las circunstancias contempladas en el art\u00edculo 1538 que permiten al tribunal imponer da\u00f1os punitivos.<\/p>\n II.\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Criterios<\/strong><\/p>\n El art\u00edculo 1538 dispone cu\u00e1les actuaciones por la parte demandada permiten la imposici\u00f3n de da\u00f1os punitivos.[17]<\/a> Con relaci\u00f3n a que la conducta desplegada constituya delito, esto es relativamente f\u00e1cil de comprobar. En s\u00ed, ser\u00eda confirmar si la actuaci\u00f3n de la parte demandada cumple con los criterios y elementos de alg\u00fan delito, independientemente de que exista una acusaci\u00f3n. Otro elemento f\u00e1cil de comprobar es si proceden los da\u00f1os punitivos cuando la parte demandada ha incurrido en dolo, particularmente dolo grave.[18]<\/a> Esto a consecuencia de que el C\u00f3digo y la jurisprudencia proveen definiciones detalladas de qu\u00e9 constituye actuar de forma dolosa. Conforme al art\u00edculo 292 del C\u00f3digo Civil, el \u201c[d]olo grave es la acci\u00f3n u omisi\u00f3n intencional por la cual una parte o un tercero inducen a otra a otorgar un negocio jur\u00eddico que de otra manera no hubiera realizado\u201d.[19]<\/sup><\/a> Ahora bien, la definici\u00f3n provista por el C\u00f3digo Civil est\u00e1 m\u00e1s dirigida hacia las relaciones contractuales.[20]<\/sup><\/a> Para comprender qu\u00e9 constituye dolo grave en la Responsabilidad Civil Extracontractual es necesario hacer referencia a c\u00f3mo el TSPR ha definido la figura. En P\u00e9rez Rosa v. Morales Rosado, <\/em>el Tribunal expres\u00f3:<\/p>\n [E]l dolo implica todo un complejo de malas artes, contrario a la honestidad e id\u00f3neo para sorprender la buena fe ajena, generalmente para beneficio propio, en que viene a reunirse el estado de \u00e1nimo de aquel que no s\u00f3lo ha querido el acto, sino que, adem\u00e1s, ha previsto y querido las consecuencias antijur\u00eddicas provenientes de \u00e9l . . . Es la voluntad consciente de producir un acto injusto.[21]<\/sup><\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n La definici\u00f3n del TSPR aclara que el dolo consiste en actuar de mala fe y de desear que acontezca un acto injusto. Por ende, proceder\u00eda arg\u00fcir que se cumpli\u00f3 con el criterio de dolo para la imposici\u00f3n de da\u00f1os punitivos cuando de la prueba surja que la parte demandada indujo a la parte demandante a llevar a cabo un acto sabiendo que iba a perjudicarla y con el fin de beneficiarse indebidamente.<\/p>\n La condici\u00f3n m\u00e1s compleja para delimitar es cuando la actuaci\u00f3n de la parte demandada constituye grave menosprecio a la vida, la seguridad y\/o a la propiedad ajena. Un grave menosprecio puede ser categorizado como total indiferencia al bienestar ajeno. En s\u00ed, una falta de cuidado total por la parte demandada. Por ende, se puede aducir que grave menosprecio es equiparable al despliegue de negligencia crasa por la parte demandada. De este ser el caso, es meritorio se\u00f1alar lo que indic\u00f3 el TSPR en El\u00edas Vega v. Chenet,<\/em>[22]<\/sup><\/a> sobre qu\u00e9 constituye negligencia crasa, mencionado: \u201c[E]ste Tribunal ha definido el concepto de negligencia crasa como la falta completa de cuidado, o ejercicio de un grado tan peque\u00f1o de diligencia que justifique la creencia de que hay una completa indiferencia respecto del inter\u00e9s y bienestar de los dem\u00e1s\u201d.[23]<\/sup><\/a><\/p>\n Tomando en consideraci\u00f3n lo indicado por el TSPR, no es descabellado concluir que el grave menosprecio mencionado en el art\u00edculo 1538 es equiparable a la negligencia crasa. Siendo as\u00ed, existe otra fuente jur\u00eddica que puede asistir en dilucidar qu\u00e9 constituye grave menosprecio: el C\u00f3digo Penal.[24]<\/sup><\/a><\/p>\n El C\u00f3digo Penal, en su art\u00edculo 22, desglosa los elementos subjetivos del delito. Conforme a este art\u00edculo se considera que una persona actu\u00f3 con temeridad cuando \u201cest\u00e1 consciente de que su conducta genera un riesgo sustancial e injustificado de que se produzca el resultado lesivo o circunstancia prohibida por ley\u201d.[25]<\/sup><\/a> En virtud de la definici\u00f3n provista, se puede colegir que actuar con grave menosprecio tambi\u00e9n es equiparable a actuar temerariamente en el \u00e1mbito penal. Por ende, para determinar si la conducta de la parte demandada constituy\u00f3 grave menosprecio, se puede hacer referencia a la jurisprudencia que dispone lo que constituye negligencia crasa y\/o temeridad.<\/p>\n III.\u00a0 <\/strong>Federal<\/strong><\/p>\n La Judicatura Federal, en contraste con el Poder Judicial de Puerto Rico, ha tenido amplia oportunidad de definir las razones detr\u00e1s de los da\u00f1os punitivos y de explicar qu\u00e9 rol cumplen dentro del marco jur\u00eddico civil, teniendo en consideraci\u00f3n que el castigo est\u00e1 tradicionalmente delimitado al \u00e1mbito penal. La Corte Suprema de los Estados Unidos (en adelante, \u201cSCOTUS\u201d, por sus siglas en ingl\u00e9s), en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n, se ha expresado sobre el rol de los da\u00f1os punitivos en reclamos civiles.<\/p>\n En BMW of N.Am. v. Gore,<\/em> SCOTUS indic\u00f3 que \u201c[p]unitive damages\u00a0may properly be imposed to further a State’s legitimate interests in punishing unlawful conduct and deterring its repetition\u201d.[26]<\/sup><\/a> Posteriormente, en State Farm Mut. Auto. Ins. Co. v. Campbell,<\/em> se se\u00f1al\u00f3 el hecho de que, comparado con los da\u00f1os compensatorios, \u201cpunitive damages serve a broader function; they are aimed at deterrence and retribution\u201d.[27]<\/sup><\/a> De estas expresiones por parte de SCOTUS, es patentemente claro que, aparte de servir como una indemnizaci\u00f3n adicional a la parte demandante, los da\u00f1os punitivos buscan castigar conducta reprochable.<\/p>\n El S\u00e9ptimo Circuito, en Beard v. Wexford Health Sources, Inc.,<\/em> provey\u00f3 una explicaci\u00f3n un poco m\u00e1s expansiva, detallando que \u201c[p]unitive damages punish blameworthy behavior and deter defendants from committing future bad acts\u2013the more reprehensible a defendant\u2019s conduct and the more easily a defendant can conceal violations, the higher the punitive damages\u201d.[28]<\/sup><\/a> Es preciso recordar, que en el foro federal los casos civiles se pueden dilucidar ante un Jurado.[29]<\/a> Hecho que conlleva que las cantidades concedidas en concepto de da\u00f1os punitivos puedan ser sumamente altas. Tambi\u00e9n se debe tomar en consideraci\u00f3n el hecho de que en Puerto Rico se incorpor\u00f3 una limitaci\u00f3n a la cantidad que puede ser concedida.[30]<\/a><\/p>\n De los pronunciamientos por las cortes federales se puede colegir que los da\u00f1os punitivos buscan castigar actos reprochables o hasta delictivos incurridos por la parte demandada. El castigo\u2014los da\u00f1os punitivos\u2014 busca disuadir la comisi\u00f3n de actos que sean incompatibles con la pol\u00edtica e inter\u00e9s leg\u00edtimo del Estado. Es en vista de ello que los estados, incluyendo Puerto Rico, cuentan con gran deferencia para determinar c\u00f3mo y cu\u00e1ndo proceden los da\u00f1os punitivos.[31]<\/sup><\/a> No cabe duda de que, aparte de indemnizar, los da\u00f1os punitivos buscan penalizar conducta que el ordenamiento jur\u00eddico de un estado se niega a avalar.<\/p>\n Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n La posibilidad de que se otorguen da\u00f1os punitivos en Puerto Rico definitivamente es algo novedoso, pero esa novedad no debe ser impedimento para que se soliciten. Sin duda, el lenguaje del art\u00edculo 1538 genera incertidumbre tanto sobre cu\u00e1ndo procede la imposici\u00f3n de da\u00f1os punitivos como sobre las circunstancias en que el tribunal est\u00e1 facultado para considerarla. Inclusive, con estas limitaciones existen circunstancias en las que es aparente que se pueden solicitar da\u00f1os punitivos. Situaciones tales como cuando la parte demandada, por los mismos hechos, fue acusado o encontrado culpable por homicidio,[32]<\/sup><\/a> lesi\u00f3n o incendio negligentes.[33]<\/sup><\/a><\/p>\n Aparte del hecho de que el da\u00f1o punitivo sirve para castigar actuaciones que un Estado, y por ende la ciudadan\u00eda, encuentran reprochables y desean disuadir su pr\u00e1ctica, los da\u00f1os punitivos sirven para indemnizar a la v\u00edctima de un acto torticero. Ello cobra especial importancia al considerar las sumas relativamente bajas que suelen otorgarse en Puerto Rico, en comparaci\u00f3n con otros foros.[34]<\/sup><\/a> Los da\u00f1os punitivos, por tanto, son otra v\u00eda disponible a la parte demandante para tratar de conseguir una indemnizaci\u00f3n m\u00e1s completa. Sin duda alguna, los da\u00f1os punitivos tienen un rol dual: disuadir a malhechores y proveer un resarcimiento m\u00e1s abarcador.<\/p>\n <\/a>* Estudiante de tercer a\u00f1o de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Cuenta con un Bachillerato en Arte con concentraci\u00f3n en Historia de Europa de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de R\u00edo Piedras. Para el a\u00f1o acad\u00e9mico 2025-2026 preside el Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho y el Federal Bar Association Law School Student Chapter of the University of Puerto Rico.<\/p>\n [1]<\/a> C\u00d3D. CIV. PR art. 1538, 31 LPRA \u00a7 10803 (2015 & Supl. 2024).<\/p>\n [2]<\/a> Cintr\u00f3n Adorno v. G\u00f3mez, 147 DPR 576 (1999).<\/p>\n [3]<\/a> Guardiola \u00c1lvarez v. Depto. de la Familia, 175 DPR 668 (2009).<\/p>\n [4]<\/a> Cintr\u00f3n, <\/em>147 DPR en las p\u00e1gs. 580-81.<\/p>\n [5]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 580.<\/p>\n [6]<\/a> Id. <\/em>en las p\u00e1gs. 602-03.<\/p>\n [7]<\/a> Id. <\/em>en las p\u00e1gs. 591-92 (citas omitidas).<\/p>\n [8]<\/a> Ley de reclamaciones y demandas contra el Estado, Ley N\u00fam. 104 de 29 de junio de 1955, 32 LPRA \u00a7\u00a7 3077-3092 (2017 & Supl. 2024).<\/p>\n [9]<\/a> Guardiola \u00c1lvarez v. Depto. de la Familia, 175 DPR 668, 681-83 (2009) (citas omitidas).<\/p>\n [10]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n [11]<\/a> V\u00e9ase<\/em> CONST. EE. UU. enm. XI.<\/p>\n [12]<\/a> C\u00d3D. CIV. PR art. 1538, 31 LPRA \u00a7 10803 (2015 & Supl. 2024).<\/p>\n [13]<\/a> Id.<\/em> \u00a7 10801.<\/p>\n [14]<\/a> Id.<\/em> \u00a7 10803.<\/p>\n [15]<\/a> Id.<\/em> (\u00e9nfasis suplido).<\/p>\n [16]<\/a> Exposici\u00f3n de motivos, C\u00f3digo Civil de Puerto Rico, Ley N\u00fam. 55-2020, 2020 LPR 55.<\/p>\n [17]<\/a> 31 LPRA \u00a7 10803 (2015 & Supl. 2024).<\/p>\n [18]<\/a> Id<\/em>.<\/p>\n [19]<\/a> Id<\/em>. \u00a7 6211.<\/p>\n [20]<\/a> Id<\/em>. \u00a7\u00a7 6211-6213.<\/p>\n [21]<\/a> P\u00e9rez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 229 (2007) (citando a<\/em> Col\u00f3n v. Promo Motor Imports, 144 DPR 659 (1997)).<\/p>\n [22]<\/a> El\u00edas Vega v. Chenet, 147 DPR 507, 521 (1999).<\/p>\n [23]<\/a> Id<\/em>. en la p\u00e1g. 21.<\/p>\n [24]<\/a> C\u00d3D. PEN. PR, 33 LPRA \u00a7\u00a7 5001-5416 (2021 & Supl. 2024).<\/p>\n [25]<\/a> Id.<\/em> \u00a7 5035.<\/p>\n [26]<\/a> BMW of N.Am. v. Gore, 517 U.S. 559, 568 (1996).<\/p>\n [27]<\/a> State Farm Mut. Auto. Ins. Co. v. Campbell, 538 U.S. 408, 416 (2003).<\/p>\n [28]<\/a> Beard v. Wexford Health Sources, Inc.<\/em>, 900 F.3d 951, 953 (7th Cir. 2018).<\/p>\n [29]<\/a> CONST. EE. UU. enm. VII.<\/p>\n [30]<\/a> C\u00d3D. CIV. PR art. 1538, 31 LPRA \u00a7 10803 (2015 & Supl. 2024).<\/p>\n [31]<\/a> V\u00e9ase <\/em>Ariel O. Caro P\u00e9rez, An\u00e1lisis comparativo de los da\u00f1os punitivos adoptados en el C\u00f3digo Civil de 2020<\/em>, 57 REV. JUR. UIPR 461, 477-82 (2022).<\/p>\n [32]<\/a> C\u00d3D. PEN. PR art. 96, 33 LPRA \u00a7 5145 (2021).<\/p>\n\n
\n
\n
\n
\n