Fernando Flores Umpierre*<\/p>\n
Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n Como es sabido, Puerto Rico se encuentra en un estado de crisis, dado que la isla sostuvo una carga de deuda de m\u00e1s de setenta y dos mil millones de d\u00f3lares.[1]<\/sup><\/a> A ello se suma que ha tenido que sufrir los embates de desastres naturales, que dejaron al descubierto el discrimen en las ayudas federales dirigidas a atenderlos.[2]<\/sup><\/a>\u00a0 Mientras a su vez, permanece vulnerable a intereses corporativos y a la explotaci\u00f3n financiera. Como respuesta a la crisis de deuda, en 2016, el Congreso de los Estados Unidos (en adelante, \u201cCongreso\u201d) aprob\u00f3 la Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act<\/em> (en adelante, \u201cPROMESA\u201d).[3]<\/sup><\/a> El objetivo declarado de PROMESA era ayudar a Puerto Rico a lograr responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital mediante un sistema de supervisi\u00f3n financiera que proporcionara protecciones contra la quiebra.[4]<\/sup><\/a> Para cumplir con esta meta, la ley cre\u00f3 una Junta de Supervisi\u00f3n y Administraci\u00f3n Financiera (en adelante, \u201cJunta\u201d) compuesta por siete miembros; una entidad dentro del gobierno territorial de Puerto Rico, cuya estructura, obligaciones y autoridad para aprobar y hacer cumplir las pol\u00edticas fiscales de la isla quedaban dentro del \u00e1mbito de la gobernanza local.[5]<\/sup><\/a> PROMESA tambi\u00e9n facult\u00f3 a la Junta para representar a Puerto Rico en los casos de reestructuraci\u00f3n de deuda bajo el T\u00edtulo III.[6]<\/sup><\/a><\/p>\n El 31 de agosto de 2016, el presidente Obama seleccion\u00f3 a los siete miembros de la Junta. Seguidamente, esta entidad estableci\u00f3 oficinas en Puerto Rico y en Nueva York, y pronto present\u00f3 peticiones de quiebra en nombre del Estado Libre Asociado y, eventualmente, de cinco entidades del Estado Libre Asociado.[7]<\/sup><\/a>\u00a0 Posteriormente, el Juez Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos (en adelante, \u201cCorte Suprema\u201d) seleccion\u00f3 una jueza federal del Distrito Sur de Nueva York para desempe\u00f1arse como jueza de quiebras en el caso de Puerto Rico.[8]<\/sup><\/a> En el \u00ednterin de la quiebra de Puerto Rico, se le pregunt\u00f3 a la Corte Suprema sobre la naturaleza de la Junta. Es decir, sobre su calidad estatal o federal.<\/p>\n En Financial Oversight & Management Board for Puerto Rico v. Aurelius Inv., LLC, <\/em>la pregunta por resolver fue si los miembros de la Junta tienen poderes y deberes primordialmente locales.[9]<\/sup><\/a> La Corte Suprema observ\u00f3 que PROMESA dispone que la Junta es una entidad dentro del gobierno territorial y que no se considerar\u00e1 un departamento, agencia, establecimiento o instrumentalidad del Gobierno Federal.[10]<\/sup><\/a> De conformidad con el an\u00e1lisis de la Corte Suprema, el Gobierno de Puerto Rico es quien paga los gastos de la Junta, incluyendo los salarios de sus empleados (los miembros sirven sin remuneraci\u00f3n).[11]<\/sup><\/a> La Junta posee poderes investigativos, puede celebrar vistas y emitir citaciones sujetas a los l\u00edmites de Puerto Rico sobre jurisdicci\u00f3n personal y ejecutables conforme a las leyes de Puerto Rico, y puede hacer cumplir esas citaciones \u00fanicamente en los tribunales de Puerto Rico.[12]<\/sup><\/a>\u00a0 A la luz de estos poderes, y otros m\u00e1s, la Corte Suprema concluy\u00f3 que la Junta no es un organismo federal.<\/p>\n Ahora bien, las medidas de austeridad impuestas como respuesta a la crisis de deuda han suscitado importantes preguntas jur\u00eddicas y pol\u00edticas acerca de la soluci\u00f3n apropiada para aliviar la aflicci\u00f3n de la isla.[13]<\/sup><\/a> Despu\u00e9s de Aurelius<\/em>, la Corte Suprema atendi\u00f3 el caso de Financial Oversight & Management Board for Puerto Rico v. Centro de Periodismo Investigativo, Inc<\/em>.[14]<\/sup><\/a>\u00a0 En ese caso, la Corte Suprema sostuvo que el Congreso no hab\u00eda abrogado claramente la inmunidad soberana de la Junta creada por PROMESA.[15]<\/sup><\/a>\u00a0 Con este pre\u00e1mbulo, exploremos la Ley de transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica <\/em>(en adelante, \u201cLey de transparencia<\/em>\u201d) y el caso de Miya Water Projects Netherlands B.V. v. Fin. Oversight & Management Board for Puerto Rico<\/em>.[16]<\/a><\/sup><\/p>\n I. Ley de transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica<\/strong><\/p>\n La Ley de transparencia<\/em> dispone que se aplica a \u201cla Rama Legislativa, Rama Judicial y Rama Ejecutiva, incluyendo en esta a todas las entidades gubernamentales, corporaciones p\u00fablicas y los municipios\u201d as\u00ed como a \u201cterceros custodios de informaci\u00f3n o documentos p\u00fablicos\u201d.[17]<\/sup><\/a> Esta legislaci\u00f3n parte de una pol\u00edtica p\u00fablica a favor de la transparencia gubernamental que establece ocho pilares:<\/p>\n 1) La informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que produce el gobierno se presume p\u00fablica y accesible a todas las personas por igual.<\/p>\n 2) La informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que produce el gobierno en sus estudios, transacciones y en el ejercicio de la autoridad p\u00fablica, de manera directa o delegada, son patrimonio y memoria del pueblo de Puerto Rico.<\/p>\n 3) El derecho constitucional de acceso a la informaci\u00f3n requiere la transparencia gubernamental.<\/p>\n 4) Toda informaci\u00f3n o documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Gobierno, aunque se encuentre bajo la custodia de un tercero, se presume p\u00fablico y debe estar accesible al Pueblo y la prensa.<\/p>\n 5) El derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica es un pilar constitucional y un derecho humano fundamental.<\/p>\n 6) El acceso a la documentaci\u00f3n e informaci\u00f3n p\u00fablica tiene que ser \u00e1gil, econ\u00f3mico y expedito.<\/p>\n 7) Toda persona tiene derecho a obtener la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n p\u00fablica, sujeto a las normas y excepciones aplicables.<\/p>\n 8) El Gobierno de Puerto Rico establece en la presente Ley una pol\u00edtica de apertura a la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n, que incluya la disponibilidad de la tecnolog\u00eda y de los avances necesarios para hacer valer el derecho de los solicitantes a acceder a la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n p\u00fablica de forma oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles, inalterados e \u00edntegros.[18]<\/sup><\/a><\/p>\n Esto concuerda con la declaraci\u00f3n en la exposici\u00f3n de motivos, ya que esta legislaci\u00f3n se promulg\u00f3 con el fin principal de \u201cfomentar una cultura inequ\u00edvoca de apertura sobre las gestiones del Gobierno, establecer pol\u00edtica proactiva sobre la rendici\u00f3n de cuentas a la ciudadan\u00eda, desalentar los actos de corrupci\u00f3n o anti\u00e9ticos, promover la participaci\u00f3n ciudadana\u201d, entre otros.[19]<\/sup><\/a> Este estatuto tiene la intenci\u00f3n de promover el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y, con este fin, el art\u00edculo 3 dispone expresamente que los documentos p\u00fablicos se presumen accesibles para todas las personas por igual.[20]<\/sup><\/a> Por otro lado, el art\u00edculo 6 de la Ley N\u00fam. 141-2019 dispone que \u201c[c]ualquier persona podr\u00e1 solicitar informaci\u00f3n p\u00fablica mediante solicitud escrita o por v\u00eda electr\u00f3nica, sin necesidad de acreditar alg\u00fan inter\u00e9s particular o jur\u00eddico\u201d. [21]<\/sup><\/a> Adem\u00e1s, el art\u00edculo 13 de la precitada ley dispone que esta debe de interpretarse \u201cen la forma m\u00e1s liberal y beneficiosa para la persona solicitante de la informaci\u00f3n p\u00fablica\u201d.[22]<\/a><\/sup><\/p>\n II. Miya Water Projects v. FOMB<\/strong><\/p>\n Como pudimos apreciar, la Ley de transparencia <\/em>crea un derecho a demandar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico para acceder a documentos y r\u00e9cords p\u00fablicos.[23]<\/sup><\/a> En este caso, Miya Water present\u00f3 una reclamaci\u00f3n amparada en dicha ley contra la Junta.[24]<\/sup><\/a> Veamos el trasfondo f\u00e1ctico.<\/p>\n En mayo de 2022, Miya Water invoc\u00f3 la Ley de transparencia<\/em> y solicit\u00f3 a la Junta los documentos relacionados con la cancelaci\u00f3n del proyecto de infraestructura de agua en el que la empresa hab\u00eda licitado.[25]<\/sup><\/a> La Junta sostuvo que la referida ley no le era de aplicaci\u00f3n y se neg\u00f3 a facilitar los documentos.[26]<\/sup><\/a><\/p>\n As\u00ed las cosas, Miya Water present\u00f3 una demanda contra la Junta ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, bas\u00e1ndose tanto en la acci\u00f3n creada por de la Ley de transparencia<\/em> como en la disposici\u00f3n jurisdiccional de PROMESA.[27]<\/sup><\/a> En ella, formul\u00f3 una \u00fanica reclamaci\u00f3n en la que alegaba que la Junta hab\u00eda violado la Ley de transparencia <\/em>al negarse a divulgar los documentos y solicitaba al Tribunal que ordenara su producci\u00f3n.[28]<\/sup><\/a> La Junta present\u00f3 una moci\u00f3n para que se desestimar\u00e1 la demanda argumentando que Miya Water no expuso una demanda v\u00e1lida y por falta de jurisdicci\u00f3n sobre la materia, toda vez que ninguna disposici\u00f3n de la Ley de transparencia<\/em> renuncia a su inmunidad soberana.[29]<\/sup><\/a>Por su parte, el Tribunal de Distrito consider\u00f3 que la Junta estaba protegida por la inmunidad de la Und\u00e9cima Enmienda y concedi\u00f3 la moci\u00f3n de desestimaci\u00f3n.[30]<\/sup><\/a><\/p>\n Primero, citando un precedente vinculante, el Tribunal explic\u00f3 que Puerto Rico goza de inmunidad bajo la Und\u00e9cima Enmienda, aunque sea un territorio y no un estado.[31]<\/sup><\/a> Segundo, concluy\u00f3 que la Junta comparte la inmunidad del Estado Libre Asociado como una \u201cinstrumentalidad del Estado\u201d.[32]<\/sup><\/a> El escrutinio para evaluar si una entidad es una instrumentalidad del Estado<\/em> consiste en determinar:<\/p>\n [S]i el estado ha indicado, expresamente mediante estatuto o impl\u00edcitamente mediante la estructura de la entidad, que esta comparte la inmunidad soberana del estado. Si no existe una indicaci\u00f3n expresa, el tribunal debe considerar los indicadores estructurales de la intenci\u00f3n del estado. Si estos apuntan en direcciones diferentes, el tribunal debe proceder a una segunda etapa y considerar si el tesoro del estado estar\u00eda en riesgo ante una sentencia adversa.[33]<\/sup><\/a><\/p>\n El Tribunal de Distrito razon\u00f3 que la intenci\u00f3n <\/em>de Puerto Rico respecto a la inmunidad de la Junta era ambigua, dado que fue el Congreso, no el Estado Libre Asociado, quien cre\u00f3 la Junta.[34]<\/sup><\/a> Sin embargo, observ\u00f3 que, seg\u00fan el escrutinio, cuando existe ambig\u00fcedad sobre si una entidad es una instrumentalidad del Estado, el enfoque primario es el riesgo al tesoro estatal.[35]<\/sup><\/a> Destac\u00f3 que, en el caso de la Junta, el Estado Libre Asociado financia completamente las operaciones de la Junta y paga las sentencias en su contra.[36]<\/sup><\/a> Debido a que el \u00edmpetu de la Und\u00e9cima Enmienda fue prevenir sentencias federales que deban pagarse del tesoro estatal, el Tribunal concluy\u00f3 que la Junta debe tratarse como una instrumentalidad del Estado Libre Asociado.[37]<\/sup><\/a><\/p>\n El Tribunal tambi\u00e9n sostuvo que el Estado Libre Asociado no renunci\u00f3 a la inmunidad de la Junta mediante la Ley de transparencia<\/em>.[38]<\/sup><\/a> Concluy\u00f3 que la mencionada legislaci\u00f3n no cumpl\u00eda con los estrictos requisitos necesarios para una renuncia v\u00e1lida bajo el derecho federal. Como resultado, el Tribunal determin\u00f3 que carec\u00eda de jurisdicci\u00f3n para atender el caso de Miya Water y desestim\u00f3 la demanda;[39]<\/sup><\/a> decisi\u00f3n que Miya Water impugn\u00f3 mediante apelaci\u00f3n.<\/p>\n En su apelaci\u00f3n, Miya Water adujo que el Tribunal de Distrito s\u00ed contaba con jurisdicci\u00f3n,[40]<\/sup><\/a> pero dicho foro hab\u00eda concluido lo contrario por dos razones fundamentales: primero, porque la inmunidad de Puerto Rico se extiende a la Junta y, segundo, porque Puerto Rico no renunci\u00f3 a esa inmunidad mediante la Ley de transparencia<\/em>.[41]<\/sup><\/a> El Primer Circuito coincidi\u00f3 con el Tribunal de Distrito porque la Und\u00e9cima Enmienda de la Constituci\u00f3n de los Estados Unidos dispone que: \u201cThe Judicial power of the United States shall not be construed to extend to any suit in law or equity, commenced or prosecuted against one of the United States by Citizens of another State, or by Citizens or Subjects of any Foreign State.\u201d[42]<\/sup><\/a><\/p>\n Seg\u00fan explic\u00f3 el Tribunal, esta disposici\u00f3n se ha interpretado como un \u201c\u2018impedimento para que un estado sea demandado en un tribunal federal por sus propios ciudadanos, ciudadanos de otros estados o ciudadanos de naciones extranjeras\u2019\u201d.[43]<\/sup><\/a> As\u00ed, el Primer Circuito concluy\u00f3 que Puerto Rico goza de inmunidad bajo la Und\u00e9cima Enmienda; que la Junta es una instrumentalidad<\/em> de Puerto Rico; y que el Congreso no abrog\u00f3 dicha inmunidad mediante PROMESA.[44]<\/sup><\/a> La cuesti\u00f3n jur\u00eddica se centraba en si deb\u00eda aplicarse un marco jur\u00eddico distinto a la prueba de la instrumentalidad del Estado<\/em> para determinar si la inmunidad se extiende a la Junta y si la Und\u00e9cima Enmienda aplica a Puerto Rico.<\/p>\n Miya Water, por su parte, argument\u00f3 que dicha inmunidad no se extiende a la Junta, pero concedi\u00f3 que la Junta es una instrumentalidad de Puerto Rico. Para el Primer Circuito esa concesi\u00f3n fue suficiente para concluir que la Junta tiene inmunidad. Ahora bien, la segunda pregunta gira en torno a la renuncia de la inmunidad. En ese sentido, una renuncia debe ser absolutamente clara.[45]<\/sup><\/a><\/p>\n Ante esta segunda cuesti\u00f3n, Miya Water plante\u00f3 que la Ley de transparencia <\/em>contiene una renuncia expresa; no obstante, el Primer Circuito rechaz\u00f3 ese argumento al concluir que la Ley de transparencia <\/em>solo autoriza demandas en el Tribunal de Primera Instancia. Esa renuncia en foros estatales no equivale a renunciar a la inmunidad en el foro federal.[46]<\/sup><\/a> El Primer Circuito reconoci\u00f3 que \u201cla interacci\u00f3n entre la Ley de transparencia<\/em>, PROMESA y la Und\u00e9cima Enmienda podr\u00eda dejar a Miya Water sin foro para hacer valer esa ley contra la Junta\u201d.[47]<\/sup><\/a> No obstante, confirm\u00f3 al Tribunal de Distrito que desestim\u00f3 la reclamaci\u00f3n de Miya Water por falta de jurisdicci\u00f3n.[48]<\/sup><\/a><\/p>\n Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n La decisi\u00f3n del Primer Circuito en Miya Water <\/em>es alarmante. Aparentemente, el Tribunal aplica de manera habitual la Und\u00e9cima Enmienda y la prueba de la instrumentalidad del Estado<\/em>. Sin embargo, esto refuerza un esquema claramente colonial. Estamos ante una entidad creada por el Congreso que se impone sobre Puerto Rico y tiene el poder de veto sobre decisiones de su gobierno electo. Adem\u00e1s, se escuda en la inmunidad soberana estatal<\/em> para evitar su deber fundamental de rendir cuentas y proporcionar informaci\u00f3n al pueblo que enfrenta las consecuencias de sus decisiones.<\/p>\n El resultado de la ense\u00f1anza es muy contradictorio. En Aurelius<\/em>, la Corte Suprema subraya que la Junta no es un organismo federal, sino parte del \u201cgobierno territorial\u201d de Puerto Rico.[49]<\/sup><\/a> En CPI<\/em>, y ahora en Miya Water<\/em>, esta caracterizaci\u00f3n se vuelve complicada. La Junta no es federal en cuanto a los controles constitucionales sobre nombramientos y rendici\u00f3n de cuentas y es lo bastante estatal<\/em> para usar la inmunidad de la Und\u00e9cima Enmienda y detener la aplicaci\u00f3n de una ley puertorrique\u00f1a que reconoce el acceso a la informaci\u00f3n como un \u201cpilar constitucional\u201d y un \u201cderecho humano fundamental\u201d.[50]<\/sup><\/a>\u00a0 Es la combinaci\u00f3n ideal del colonialismo. Lo que fue creado en Washington se presenta como parte del Estado Libre Asociado cuando necesita protegerse y como un organismo \u2018externo\u2019 cuando quiere evitar controles locales.<\/p>\n El Primer Circuito acepta este enfoque sin problemas. Se refiere a un caso anterior para decir que Puerto Rico \u201ces tratado como un estado\u201d en relaci\u00f3n con la Und\u00e9cima Enmienda y, bas\u00e1ndose en la propia afirmaci\u00f3n de Miya Water de que la Junta es una instrumentalidad del Estado Libre Asociado, termina su an\u00e1lisis.[51]<\/sup><\/a> El Tribunal reconoce claramente la consecuencia m\u00e1s grave: que la combinaci\u00f3n de PROMESA, la Ley de transparencia <\/em>y la Und\u00e9cima Enmienda puede dejar al reclamante sin ning\u00fan lugar para afirmar su derecho a acceder a informaci\u00f3n. Sin embargo, se dice que no puede actuar. Ese no hay foro<\/em> no es solo un problema legal, es una muestra de la situaci\u00f3n colonial de Puerto Rico, donde la estructura federal de PROMESA hace que, en la pr\u00e1ctica, se anule una decisi\u00f3n de autogobierno democr\u00e1tico enfocada en una transparencia total del poder.<\/p>\n La Ley de transparencia <\/em>establece claramente una pol\u00edtica de apertura total.[52]<\/sup><\/a> Toda la informaci\u00f3n p\u00fablica se considera accesible; el derecho de acceso es constitucional y se reconoce como un derecho humano; cualquier persona puede pedir informaci\u00f3n sin necesidad de un inter\u00e9s legal, y cualquier duda sobre la interpretaci\u00f3n debe resolverse a favor de quien solicita la informaci\u00f3n.[53]<\/sup><\/a> En este contexto normativo fuerte, la respuesta del Primer Circuito es que, aunque Puerto Rico quer\u00eda que la transparencia fuera total, esa intenci\u00f3n se ve limitada por la protecci\u00f3n de inmunidad que tiene la entidad creada por el Congreso.[54]<\/sup><\/a> La Junta disfruta de ventajas de una soberan\u00eda prestada<\/em>. Es decir, de inmunidad estatal sin tener que enfrentar toda la responsabilidad pol\u00edtica de un estado ni el control democr\u00e1tico del pueblo que forma parte de su gobierno territorial.<\/p>\n Ese es el verdadero problema que la decisi\u00f3n del Primer Circuito ni menciona ni aborda. La doctrina de inmunidad soberana, que se ha tra\u00eddo directamente del contexto entre estados de la Und\u00e9cima Enmienda, se pone por encima de la definici\u00f3n constitucional de Puerto Rico sobre transparencia. Esto beneficia a una entidad que existe debido a la crisis de deuda que, en gran parte, fue causada por a\u00f1os de pol\u00edticas econ\u00f3micas y fiscales impuestas desde fuera de la isla. Lo que Miya Water<\/em> revela no es solo un detalle t\u00e9cnico del proceso; es la estructura de una relaci\u00f3n colonial donde el derecho a la informaci\u00f3n \u23afque la ley local dice que es un pilar constitucional<\/em>\u23af se convierte en algo que no se puede alcanzar, especialmente cuando se intenta usarlo contra el m\u00e1ximo poder fiscal del gobierno federal.<\/p>\n En resumen, la decisi\u00f3n del Primer Circuito no solo respalda la inmunidad de la Junta, sino que tambi\u00e9n confirma que, bajo el sistema creado por PROMESA, la Junta est\u00e1 por encima del Gobierno de Puerto Rico, protegida por la inmunidad estatal, pero sin la responsabilidad que deber\u00eda tener cualquier poder p\u00fablico. Esa desigualdad, poder sin responsabilidad y falta de claridad frente a un pueblo que recibe promesas de transparencia son la se\u00f1al jur\u00eddica de la situaci\u00f3n colonial de Puerto Rico que este caso muestra de manera inquietante.<\/p>\n <\/a>* J.D. Egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (2026). Posee un Bachillerato en Artes en Justicia Criminal e Investigaci\u00f3n del Recinto de Bayam\u00f3n de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (2019). El presente escrito fue redactado mientras cursaba sus estudios en derecho y se desempe\u00f1aba como redactor para In Rev<\/em> del Volumen XCV de la Revista Jur\u00eddica de la Universidad de Puerto Rico.<\/p>\n [1]<\/sup><\/a> Lorae Stojanovic & David Wessel, Puerto Rico\u2019s Bankruptcy: Where Do Things Stand Today?<\/em>, BROOKINGS (17 de agosto de 2022), https:\/\/www.brookings.edu\/blog\/up-front\/2022\/08\/17\/puerto-ricos-bankruptcy-where-do-things-stand-today; Natasha Lycia Ora Bannan, Puerto Rico\u2019s Odious Debt: The Economic Crisis of Colonialism<\/em>, 19 CUNY L. REV. 287, 287 (2016), https:\/\/academicworks.cuny.edu\/cgi\/viewcontent.cgi?article=1404&context=clr<\/a>.<\/p>\n [2]<\/sup><\/a> Fernando Tormos-Aponte et al., Puerto Rico\u2019s Electricity Problems Go Beyond Maria and Fiona<\/em>, THE WASHINGTON POST (28 de septiembre de 2022), https:\/\/www.washingtonpost.com\/politics\/2022\/09\/28\/puerto-ricos-electricity-problems-go-beyond-mara-fiona; ED MORALES, FANTASY ISLAND: COLONIALISM, EXPLOITATION, AND THE BETRAYAL OF PUERTO RICO 3 (2019) (\u201cThe Trump administration\u2019s sluggish and neglectful deployment of FEMA and military assistance . . . laid bare the racist colonialism with which the United States has often administered Puerto Rico . . .\u201d.).<\/p>\n [3]<\/sup><\/a> Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA), 48 U.S.C. \u00a7\u00a7 2101-2241 (2018).<\/p>\n [4]<\/sup><\/a> Id. <\/em>\u00a7 2121 (a).<\/p>\n [5]<\/sup><\/a> Id. <\/em>\u00a7\u00a7 2121 (c)(1), 2121 (e)(1A), 2141-2144.<\/p>\n [6]<\/sup><\/a> Id. <\/em>\u00a7 2175.<\/p>\n [7]<\/sup><\/a> Petici\u00f3n bajo el T\u00edtulo III de PROMESA<\/em>, In re<\/em> Financial Oversight & Mgmt. Bd. for P.R., N\u00fam. 17-BK-3283 (D.P.R., radicado 3 de mayo de 2017) (Entrada n\u00fam. 1). V\u00e9ase tambi\u00e9n Orden conforme a la Secci\u00f3n 304(g) de PROMESA, dirigiendo la administraci\u00f3n conjunta de los casos bajo el T\u00edtulo III,<\/em> In re<\/em> Financial Oversight & Management Board for P.R., N\u00fam. 17-BK-3283 (D.P.R., 9 de octubre de 2019) (Entrada n\u00fam. 8829) (consolidando las peticiones presentadas en nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Corporaci\u00f3n del Fondo de Inter\u00e9s Apremiante de Puerto Rico (COFINA), la Autoridad de Carreteras y Transportaci\u00f3n de Puerto Rico, el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica de Puerto Rico y la Autoridad de Edificios P\u00fablicos de Puerto Rico).<\/p>\n [8]<\/sup><\/a> Designaci\u00f3n de la Jueza de Distrito que presidir\u00e1 el caso bajo el T\u00edtulo 48 \u00a7 2168 del C\u00f3digo de los Estados Unidos<\/em>, In re<\/em> Financial Oversight & Management Board for P.R., N\u00fam. 17-BK-3283 (D.P.R., 5 de mayo de 2017) (Entrada n\u00fam. 4).<\/p>\n [9]<\/sup><\/a> Financial Oversight & Management Board for Puerto Rico v. Aurelius Inv., LLC, 590 U.S. 448 (2020).<\/p>\n [10]<\/sup><\/a> Id.<\/em> en la p\u00e1g. 465.<\/p>\n [11]<\/sup><\/a> Id.<\/em><\/p>\n [12]<\/sup><\/a> Id.<\/em><\/p>\n [13]<\/sup><\/a> V\u00e9ase<\/em> Jorge Ruiz,\u00a0An Unfulfilled Promise: Colonialism, Austerity, and the Puerto Rican Debt Crisis<\/em>,\u00a0HARVARD POLITICAL REVIEW\u00a0(14 de junio de 2022),\u00a0https:\/\/harvardpolitics.com\/unfulfilled-promise-2; Christina D. Ponsa-Kraus,\u00a0Political Wine in a Judicial Bottle: Justice Sotomayor\u2019s Surprising Concurrence in\u00a0Aurelius<\/em>, 130\u00a0YALE L.J.F.\u00a0101 (2020).<\/p>\n [14]<\/sup><\/a> Financial Oversight & Management Board for Puerto Rico v. Centro de Periodismo Investigativo, Inc., 598 U.S. 339 (2023).<\/p>\n [15]<\/sup><\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 351.<\/p>\n [16]<\/sup><\/a> Miya Water Projects Netherlands B.V. v. Financial Oversight & Management Board for Puerto Rico, 138 F.4th 49, 51 (1st Cir. 2025); Ley de transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, Ley N\u00fam. 141-2019, 3 LPRA \u00a7\u00a7 9911-9943 (2011 & Supl. 2024).<\/p>\n [17]<\/sup><\/a> 3 LPRA \u00a7 9912 (2011 & Supl. 2024).<\/p>\n