{"id":902,"date":"2017-06-21T13:51:51","date_gmt":"2017-06-21T13:51:51","guid":{"rendered":"http:\/\/revistajuridica.uprrp.edu\/inrev\/?p=902"},"modified":"2017-06-21T13:51:51","modified_gmt":"2017-06-21T13:51:51","slug":"soberania-y-deuda-una-nota-sobre-el-discurso-de-joseph-e-stiglitz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/derecho.uprrp.edu\/inrev\/2017\/06\/21\/soberania-y-deuda-una-nota-sobre-el-discurso-de-joseph-e-stiglitz\/","title":{"rendered":"Soberan\u00eda y deuda: Una nota sobre el discurso de Joseph E. Stiglitz"},"content":{"rendered":"

\t\t\t\tPor: Jos\u00e9 J. Col\u00f3n Garc\u00eda*<\/em><\/strong><\/p>\n

En su discurso dictado en el Centro de Bellas Artes el pasado 6 de abril de 2017, el profesor de la Universidad de Columbia y Premio Nobel en Econom\u00eda Joseph E. Stiglitz augur\u00f3 un panorama sombr\u00edo para la econom\u00eda puertorrique\u00f1a.[1]<\/a> Adem\u00e1s de criticar duramente el plan fiscal presentado por el Gobierno y aprobado por la Junta de Control y Supervisi\u00f3n Fiscal, el reconocido economista invit\u00f3 p\u00fablicamente a repensar la relaci\u00f3n entre Puerto Rico y Estados Unidos. En sus palabras, los political halfway houses<\/em>, como Puerto Rico, carecen de las herramientas institucionales necesarias para atender los retos que presenta una crisis fiscal.[2]<\/a> Esto, sumado a su reiterada afirmaci\u00f3n de que Puerto Rico es realmente un pa\u00eds<\/em>, pudo haber creado la impresi\u00f3n de que Puerto Rico tendr\u00eda m\u00e1s y mejores alternativas para atajar tal crisis si, por ejemplo, participara de un proceso de reestructuraci\u00f3n de deuda como pa\u00eds independiente. \u00bfSe justifica esta inferencia?<\/p>\n

Esta nota arguye que, si bien un Puerto Rico soberano contar\u00eda con herramientas legales que actualmente no posee para reestructurar su deuda, los desarrollos recientes en el campo de deuda soberana litigiosa y la aprensi\u00f3n de la comunidad internacional a formular normas vinculantes al respecto limitan seriamente la efectividad de dichas herramientas. En particular, las tendencias aludidas han dificultado gravemente lo que el economista catalog\u00f3 como el objetivo a corto plazo m\u00e1s importante para el gobierno de Puerto Rico: la obtenci\u00f3n de financiamiento interino. Por ende, arg\u00fcimos que una reestructuraci\u00f3n pro deudor<\/em> como la que Stiglitz parece promover choca de formas importantes con el marco legal dentro del cual t\u00edpicamente se desenvuelve la reestructuraci\u00f3n de deuda soberana.<\/p>\n

Los mecanismos legales de reestructuraci\u00f3n que tendr\u00eda a su disposici\u00f3n un pa\u00eds soberano por raz\u00f3n de su soberan\u00eda<\/em> var\u00edan dependiendo del tipo de deuda en cuesti\u00f3n. En relaci\u00f3n a deuda emitida al amparo de sus leyes internas, por ejemplo, un deudor soberano goza de facultades amplias para modificar sus t\u00e9rminos mediante legislaci\u00f3n.[3]<\/a> Tal curso de acci\u00f3n, sin embargo, no est\u00e1 disponible para una deuda regida por la ley de otra jurisdicci\u00f3n soberana. En nuestro caso, esta diferencia es importante, ya que la deuda p\u00fablica regida por leyes locales asciende a 95 por ciento de la deuda p\u00fablica total, mientras solo cinco por ciento es regida por la ley del estado de Nueva York.[4]<\/a> Por eso, de Puerto Rico haber sido un pa\u00eds soberano al momento en que emiti\u00f3 su deuda, su legislatura tendr\u00eda el poder para modificar los t\u00e9rminos de bonos regidos por ley local y \u2013en teor\u00eda\u2013 obligar a estos bonistas a aceptar bonos nuevos.<\/p>\n

Este poder, sin embargo, no debe interpretarse como una carte blanche<\/em>. En la pr\u00e1ctica, los deudores soberanos se abstienen de adoptar medidas punitivas contra bonistas locales, pues desean evitar consecuencias adversas para su propia econom\u00eda. Imputarle p\u00e9rdidas sustanciales a un grupo de acreedores que generalmente incluye bancos locales, fondos de pensi\u00f3n y residentes del pa\u00eds deudor, por ejemplo, podr\u00eda conllevar que miles de personas pierdan sus ahorros o que instituciones financieras locales fracasen.[5]<\/a> Por tanto, al dise\u00f1ar mecanismos para reestructurar la deuda emitida al amparo de leyes internas, los deudores soberanos t\u00edpicamente negocian los t\u00e9rminos con los bonistas concernidos con miras a lograr que la mayor cantidad posible de estos los acepte voluntariamente.[6]<\/a><\/p>\n

Por su parte, los t\u00e9rminos de aquellos bonos regidos por la ley del estado de Nueva York no admitir\u00edan cambios legislados por un Puerto Rico soberano. Por el contrario, de Puerto Rico incumplir con los t\u00e9rminos de estos bonos, sus tenedores estar\u00edan legitimados para llevar una acci\u00f3n de incumplimiento contractual y cobro de dinero en su contra ante un Tribunal de Distrito del estado de Nueva York.[7]<\/a> Dado que los tribunales de esta jurisdicci\u00f3n han contribuido m\u00e1s que cualquier otro foro nacional a desmantelar las defensas tradicionalmente levantadas por pa\u00edses soberanos en pleitos de esta \u00edndole (inmunidad soberana,[8]<\/a> doctrina de actos de estado,[9]<\/a> international comity<\/em>,[10]<\/a> champerty<\/em>,[11]<\/a> entre otras), no cabe duda de que ninguna de estas doctrinas impedir\u00eda que recayera una sentencia en contra de un Puerto Rico soberano como resultado de tal acci\u00f3n.<\/p>\n

Lo realmente preocupante, sin embargo, no es la acumulaci\u00f3n de sentencias favorables en manos de bonistas demandantes,[12]<\/a> sino el alcance de los remedios concedidos por los tribunales federales para forzar su cumplimiento. NML Capital, Ltd. v. Argentina<\/em>, una decisi\u00f3n reciente del Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circuito, ejemplifica este peligro.[13]<\/a><\/p>\n

En este caso, el fondo de inversi\u00f3n demandante logr\u00f3 que el tribunal apelativo confirmara su interpretaci\u00f3n de la cl\u00e1usula pari passu<\/em>, la cual ya hab\u00eda sido acogido en instancia por el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York.[14]<\/a> Este tipo de cl\u00e1usula ha sido un elemento est\u00e1ndar en instrumentos de deuda soberana; tradicionalmente, su funci\u00f3n era obligar al deudor soberano a tratar con igualdad de rango<\/em> a toda reclamaci\u00f3n que surgiese en virtud de un mismo instrumento de deuda.[15]<\/a> Sin embargo, tanto el tribunal de distrito como el apelativo resolvieron que esta cl\u00e1usula le da derecho al acreedor demandante no solo a exigir igualdad de rango<\/em> frente a otros tenedores del mismo instrumento, sino a exigir igualdad en la obtenci\u00f3n de pagos<\/em> ocurridos en virtud de dicho instrumento.[16]<\/a> Por tanto, estos tribunales decidieron permitir que los acreedores demandantes embargaran una parte de los pagos hechos a otros acreedores a ra\u00edz de su participaci\u00f3n en el proceso de reestructuraci\u00f3n.[17]<\/a> Dicha interpretaci\u00f3n fue validada por el Tribunal Supremo federal.[18]<\/a><\/p>\n

La historia, sin embargo, no acaba ah\u00ed. Para dise\u00f1ar un remedio, el Tribunal de Distrito tom\u00f3 en cuenta las medidas dr\u00e1sticas que Argentina hab\u00eda adoptado para evitar tener que realizar pagos a acreedores demandantes que no participaron en el proceso de reestructuraci\u00f3n.[19]<\/a> En respuesta, el tribunal emiti\u00f3 un injunction<\/em> obligando al gobierno argentino a cumplir con su sentencia so pena de desacato.[20]<\/a> Teniendo en mente las dificultades pr\u00e1cticas de encontrar a un pa\u00eds en desacato<\/em>, el tribunal especific\u00f3 en su orden que cualquier tercero que facilitara pagos a los bonistas con deuda reestructurada (intermediarios en sistemas de pago internacional, asesores legales, entre otros) tambi\u00e9n estar\u00eda sujeto a estas sanciones.[21]<\/a> Aunque inicialmente expres\u00f3 dudas en cuanto a su aplicaci\u00f3n a terceros intermediarios,[22]<\/a> el Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circuito eventualmente confirm\u00f3 una versi\u00f3n enmendada de la orden de injunction<\/em>.[23]<\/a><\/p>\n

El alcance del remedio concedido caus\u00f3 revuelo entre la comunidad de pa\u00edses soberanos, lo cual desemboc\u00f3 en la aprobaci\u00f3n en el 2015 de una Resoluci\u00f3n al respecto en la Asamblea General de las Naciones Unidas.[24]<\/a> Esta Resoluci\u00f3n representa un intento por parte de la comunidad internacional de equilibrar los derechos de los acreedores y deudores soberanos. A pesar de admitir que ninguna clase de acreedor puede ser excluido ex ante<\/em> de una negociaci\u00f3n, una concesi\u00f3n a pa\u00edses pro acreedores,[25]<\/a> esta Resoluci\u00f3n proh\u00edbe que \u201cgrupos no representativos de acreedores\u201d descarrilen el proceso de reestructuraci\u00f3n cuando la mayor\u00eda de los acreedores ya ha negociado un acuerdo con el deudor soberano.[26]<\/a> Esta disposici\u00f3n responde a que 75 por ciento de los demandantes en acciones de cobro contra deudores soberanos no son acreedores cualquiera, sino fondos de inversi\u00f3n que se dedican a comprar deuda soberana a descuento para luego reclamar judicialmente el pago \u00edntegro de la acreencia y generar ganancias.[27]<\/a><\/p>\n

No obstante, esta Resoluci\u00f3n no crea una instituci\u00f3n capaz de obligar jur\u00eddicamente a tribunales nacionales, por lo cual los acreedores no tienen por qu\u00e9 abandonar su estrategia actual, ni tampoco provee mecanismos que garanticen acceso al financiamiento interino que la incidencia de este litigio dificulta. Esto no deber\u00eda ser una sorpresa, dado que la log\u00edstica de efectuar pagos prioritarios a prestamistas que provean dinero nuevo es un tema que no se presta para generalidades, sino uno que requiere dise\u00f1ar marcos procesales altamente t\u00e9cnicos.[28]<\/a> Por otro lado, en a\u00f1os recientes el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha retra\u00eddo de su funci\u00f3n tradicional de prestamista de \u00faltimo recurso para deudores soberanos, de esta manera aumentando la influencia desmedida de los tribunales nacionales, en particular los estadounidenses, en la adjudicaci\u00f3n de estos asuntos.[29]<\/a><\/p>\n

\n

*El autor es estudiante de segundo a\u00f1o de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y Editor de Contenido de la Revista Jur\u00eddica de la Universidad de Puerto Rico.<\/em><\/p>\n

[1]<\/a> Centro para la Nueva Econom\u00eda, Debt, Austerity and Growth: There Is Another Way<\/em>, YouTube (6 de abril de 2017), https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=_1vcWhyJ9uQ<\/a>.<\/p>\n

[2]<\/a> Ricardo Cort\u00e9s Chico, Stiglitz describe el plan fiscal como draconiano<\/em>, El Nuevo D\u00eda, 6 de abril de 2017, http:\/\/www.elnuevodia.com\/negocios\/economia\/nota\/stiglitzdescribeelplanfiscalcomodraconiano-2308337\/<\/a><\/p>\n

[3]<\/a> Jeromin Zettlemyer et al., The Greek Debt Restructuring: An Autopsy<\/em>, 28 Econ. Pol\u2019y 515, 517, 525 (2013). Una versi\u00f3n anterior de este art\u00edculo est\u00e1 disponible en el siguiente enlace: http:\/\/scholarship.law.duke.edu\/cgi\/viewcontent.cgi?article=5343&context=faculty_scholarship<\/a><\/p>\n

[4]<\/a> Stephen Kim Park & Tim R. Samples, Puerto Rico\u2019s Debt Dilemma and Pathways Towards Sovereign Solvency<\/em>, 54 Am. Bus. L.J. 9, 21 (2017).<\/p>\n

[5]<\/a> Anna Gelpern, Sovereign Debt Crisis: Creditor\u2019s Rights v. Development<\/em>, 97 Am. Soc’y Int\u2019l L. Proc. 221, 222 (2003).<\/p>\n

[6]<\/a> El ejemplo m\u00e1s reciente de este tipo de legislaci\u00f3n es el Greek Bondholder\u2019s Act<\/em> del 2012. V\u00e9ase<\/em> Zettlemeyer et al., supra<\/em> nota 3, en la p\u00e1g. 525.<\/p>\n

[7]<\/a> Para ello, es necesario que del instrumento de deuda surja claramente que el deudor soberano acept\u00f3 ser demandado en la jurisdicci\u00f3n donde se emiti\u00f3 el instrumento (waiver<\/em> clause<\/em>) y conforme a sus leyes (governing law clause<\/em>). Ambas cl\u00e1usulas se incluyen rutinariamente en instrumentos de deuda soberana desde los 1970s y 1980s. Sovereign Bankruptcy Working Group, Johannesburg Report<\/em>, International Law Association 13 (2016). s<\/p>\n

[8]<\/a> Republic of Argentina v. Weltover, Inc.,<\/em> 504 U.S. 607 (1992).<\/p>\n

[9]<\/a> Allied Bank International v. Banco Credito Agricola, 757 F.2d 516, 521\u2013522 (2d Cir. 1985).<\/p>\n

[10]<\/a> Id. <\/em>en la p\u00e1g. 522.<\/p>\n

[11]<\/a> Elliott Assocs., L.P. v. Banco de la Nacion<\/em>, 194 F.3d 363 (2d Cir. 1999); CIBC Bank and Trust Co. Ltd. v. Banco Cent. do Brasil<\/em>, 886 F.Supp 1105 (1995).<\/p>\n

[12]<\/a> Un obst\u00e1culo legal com\u00fan para un bonista demandante es lograr identificar activos del estado-deudor sobre los cuales el tribunal que emiti\u00f3 la sentencia tenga jurisdicci\u00f3n y contra los cuales pudiese emitir \u00f3rdenes de embargo. Jill E. Fisch & Caroline M. Gentile, Vultures or Vanguards? The Role of Litigation in Sovereign Debt Restructuring<\/em>, 53 Emory L.J. 1043, 1086 (2004). Un Puerto Rico soberano, al igual que la mayor\u00eda de los pa\u00edses independientes, presentar\u00eda este problema, ya que sus activos m\u00e1s valiosos se encuentran dentro de sus l\u00edmites territoriales. Por ende, de ser independiente pol\u00edticamente, dichos activos estar\u00edan en una jurisdicci\u00f3n soberana aparte<\/em> de la jurisdicci\u00f3n de otros tribunales nacionales y por ende fuera del alcance de los acreedores que all\u00ed demanden. Por otro lado, aquellos activos de deudores soberanos que t\u00edpicamente s\u00ed est\u00e1n localizados en jurisdicciones extranjeras, como embajadas o cuentas del banco central, est\u00e1n exentas de embargo en Estados Unidos bajo el Foreign Sovereign Immunities Act <\/em>del 1974. 28 U.S.C. \u00a7 1604 (2012). V\u00e9ase <\/em>Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, G.A. Res. 59\/38, U.N. GAOR, 59th Sess., U.N. Doc. A\/59\/508 (Dec. 2, 2004).<\/p>\n

[13]<\/a> NML Capital, Ltd. v. Republic of Argentina, 727 F.3d 230 (2d Cir. 2013); NML Capital, Ltd. v. Republic of Argentina, 699 F.3d 246 (2d Cir. 2012).<\/p>\n

[14]<\/a> NML Capital, Ltd.<\/em>, 699 F.3d en la p\u00e1g. 250.<\/p>\n

[15]<\/a> Georges Affaki, Revisiting the Paru Passu Clause<\/em>, en <\/em>Sovereign Debt Management, 42 (Rosa M. Lastra & Lee Buccheit eds., 2014).<\/p>\n

[16]<\/a> Id. <\/em>El primer foro judicial en validar esta interpretaci\u00f3n fue un tribunal comercial belga. En su sentencia, orden\u00f3 el embargo de pagos hechos a acreedores que participaron del proceso de reestructuraci\u00f3n, pues entendi\u00f3 que dichos pagos fueron hechos en perjuicio de los derechos contractuales de los acreedores que rehusaron participar de la reestructuraci\u00f3n. Fisch & Gentile, supra<\/em> nota 12, en la p\u00e1g. 1086.<\/p>\n

[17]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[18]<\/a> NML Capital, Ltd. v. Republic of Argentina, 699 F.3d 246 (2d Cir. 2012), cert. denied<\/em>, 134 S. Ct. 2819 (2014).<\/p>\n

[19]<\/a> En el 2005, la Legislatura argentina aprob\u00f3 legislaci\u00f3n prohibiendo que el gobierno efectuara pagos a bonistas que no aceptaron bonos nuevos como parte del proceso de reestructuraci\u00f3n; as\u00ed, intentaron evitar que sus acreedores demandantes interfirieran en la consecuci\u00f3n de pagos a tenedores de deuda reestructurada. Ley N\u00fam. 26017 (Ley Cerrojo), 9 de febrero de 2005, 30590 B.O. 1, arts. 2\u20134; v\u00e9ase adem\u00e1s<\/em> Brett M. Neve, NML Capital, Ltd. v. Republic of Argentina: An Alternative to the Inadequate Remedies under the Foreign Sovereign Immunities Act<\/em>, 39 N.C. J. Int\u2019l L. & Com. Reg. 631, 635 (2014).<\/p>\n

[20]<\/a> El desacato es una sanci\u00f3n punitiva expedida para forzar el cumplimiento de remedios en equidad y generalmente implica el encarcelamiento o la imposici\u00f3n de multas contra la persona o entidad que incumpli\u00f3 con un mandato judicial. W. Mark Weidemaier & Ryan McCarl, Creditors\u2019 Remedies<\/em>, en Sovereign Debt Management 110 (Rosa M. Lastra & Lee Buccheit eds., 2014).<\/p>\n

[21]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[22]<\/a> NML Capital, Ltd. v. Republic of Argentina, 699 F.3d 246, 264\u201365 (2d Cir. 2012).<\/p>\n

[23]<\/a> NML Capital, Ltd. v. Republic of Argentina, 727 F.3d 230, 240\u201341 (2d Cir. 2013).<\/p>\n

[24]<\/a> Basic Principles on Sovereign Debt Restructuring Processes, G.A. Res 69\/319, U.N. GAOR, 69th Session, U.N. Doc. A\/69\/l.84 (Sept. 10, 2015). Una versi\u00f3n oficial de esta Resoluci\u00f3n seg\u00fan fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas est\u00e1 disponible en el siguiente enlace: http:\/\/unctad.org\/meetings\/en\/SessionalDocuments\/a69L84_en.pdf<\/a><\/p>\n

[25]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[26]<\/a> Id.<\/em><\/p>\n

[27]<\/a> Julian Schumacher et al., Sovereign Defaults in Court<\/em>, Soc. Sci. Research Network 11 (2014), http:\/\/papers.ssrn.com\/sol3\/papers.cfm?abstract_id=2189997<\/a>.<\/p>\n

[28]<\/a> V\u00e9ase<\/em> Steven L. Schwarcz, Sovereign Debt Restructuring Options: An Analytical Comparison<\/em>, 2 Harv. Bus. L. Rev. 95, 108\u2013109 (2012).<\/p>\n

[29]<\/a> Adam Lerrick, International Lender of Last Resort<\/em>, en <\/em>Sovereign Debt Management 222 (Rosa M. Lastra & Lee Buccheit eds., 2014).\t\t<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por: Jos\u00e9 J. Col\u00f3n Garc\u00eda* En su discurso dictado en el Centro de Bellas Artes el pasado 6 de abril de 2017, el profesor de la Universidad de Columbia y Premio Nobel en Econom\u00eda Joseph E. Stiglitz augur\u00f3 un panorama sombr\u00edo para la econom\u00eda puertorrique\u00f1a.[1] Adem\u00e1s de criticar duramente el plan fiscal presentado por el<\/p>\n

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