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Pornovenganza: Legislación incipiente en Puerto Rico y Estados Unidos

NOTA Por: Carlos V. Villegas*  Introducción El desarrollo de la tecnología ha tenido resultados muy útiles para nuestra sociedad, pero a su vez ha traído consecuencias negativas. Una de estas ha sido el incremento de prácticas que a menudo violentan la privacidad del individuo. La pornovenganza es un claro ejemplo de esto último. Esta práctica

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Eliezer Santana Báez v. Administración de Corrección (Departamento de Corrección y Rehabilitación): Dos visiones diametralmente opuestas sobre el acceso a los tribunales por parte de personas confinadas

NOTA* Por: Luis A. Zambrana González** El 12 de mayo de 2014, nuestro Tribunal Supremo certificó mediante sentencia el caso Eliezer Santana Báez v. Administración de Corrección,[1] en el cual decidió, utilizando el mecanismo expedito de la regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo,[2] revocar una sentencia del Tribunal de Apelaciones que le ordenó al

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La relación contributiva entre Puerto Rico y los Estados Unidos: Panorama problemático para la industria manufacturera

NOTA Por: Oscar J. Bezares Lamboy* Introducción Por más de ochenta años, el gobierno federal ha otorgado diversos incentivos contributivos a las empresas estadounidenses que operan en Puerto Rico con el fin de estimular la industrialización de la Isla.[1] Compañías azucareras, manufactureras de textiles y electrónicos, petroquímicas, farmacéuticas, entre otras, se han lucrado de la

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FEMA: origen y contornos jurídicos

NOTA Por: Oscar J. Bezares Lamboy* Introducción El huracán María ha desatado un torrente de críticas al Federal Emergency Management Agency (FEMA). Sin entrar a dilucidar a priori la veracidad o mendacidad de tales imputaciones, es importante señalar que, cada vez que ocurre un desastre natural de estas proporciones, diversos sectores han cuestionado seriamente la efectividad de esta agencia.

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P.R.O.M.E.S.A.: Una derogación del Gobierno de Puerto Rico

NOTA Por: Grecia Díaz Sánchez* El 30 de junio de 2016 se convirtió en ley el Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (en adelante, “P.R.O.M.E.S.A.”).[1] Esta Ley estableció una Junta de Control Fiscal, compuesta por siete miembros nombrados por el Presidente de los Estados Unidos, quienes se encargarán de la ejecución de las