Base para la participación: Educación y acceso a la información
Por Daniel Limés Rodríguez
Como preámbulo al proceso electoral que se avecina, el pasado jueves 29 de septiembre se celebró la tertulia Base para la participación: Educación y acceso a la información. Esta fue la primera de una serie de tres tertulias organizadas por la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico sobre Democracia, Constitucionalismo y Derecho con el fin de fomentar la discusión profunda y el debate concienzudo de algunos de los temas que se elaboraron en el Número 4 del Volumen 85. En este primer encuentro, los puntos de partida fueron los artículos Bases y modelos para una educación democrática en Puerto Rico de José B. Márquez Reyes y Orlando G. Velázquez Pérez y Acceso a la información, transparencia y participación política de Carlos F. Ramos Hernández. Ya que los autores del primer artículo no pudieron asistir, contamos, en su lugar, con la participación de nuestro colega Juan G. Álvarez Valentín. Además de Juan y Carlos, la tertulia también contó con la participación del distinguido profesor Efrén Rivera Ramos. No obstante, quizás la más importante de las participaciones fue la del público, que incluía a estudiantes de todos niveles y a profesores de nuestra Escuela y de otras escuelas de derecho. Las cartas estaban echadas. Sería una discusión dinámica, inclusiva y provechosa.
A modo de introducción, Juan y Carlos nos brindaron un breve recorrido sobre los planteamientos principales de los artículos. Por un lado, Juan nos mencionó que, aunque no toda educación se imparte dentro de las escuelas, hoy más que nunca hace falta un currículo cívico que vaya más allá de la muletilla de la educación como una cura universal de todo mal social (“lo que hace falta es más educación”). Esta educación cívica, promovida por tres sugerencias puntuales en el artículo, es una condición sine qua non para ejercer el poder democrático de cada ciudadano. Por otro lado, Carlos elaboró sobre la entrelazada relación entre derechos humanos, información y democracia. Para ello, tomó como ejemplo países que han sobrepasado férreas dictaduras y ahora son considerados cúspide del acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. En pos de mejorar nuestro estado actual de desinformación, Carlos mencionó algunas de las premisas importantes incluidas en el proyecto de ley impulsado por el Centro de Periodismo Investigativo: (1) la clara definición de qué es información pública; (2) el estándar judicial requerido para dicha determinación, y (3) la participación activa de la ciudadanía exigiendo dicha información.
El profesor Rivera Ramos, retomando lo discutido por Juan y Carlos, reiteró que existen condiciones mínimas para la existencia de la democracia y que el valor democrático va más allá del aspecto procesal de contar votos; acarrea también un aspecto sustancial de ciertos derechos fundamentales que ni siquiera una mayoría podría violar. La información es constitutiva de la democracia, aclaró el profesor, pero sin una educación que enseñe sus múltiples usos, y un esquema que ofrezca puntos de entrada para captarla, el sistema quedará corto. El profesor también elogió el trabajo de los autores en sus respectivos análisis y el afán por incorporar perspectivas de un derecho internacional comparado.
El público comenzó puntualizando algunas preocupaciones en torno a una sobresaturación de información que distingue nuestra contemporaneidad, acompañada de una superficialidad de 140 caracteres y memes con visos de autoridad científica. Por otro lado, es precisamente esa imposibilidad administrativa, la de acaparar toda la información, todo documento, todo comentario, la que hace un pleno acceso a la información impracticable. Este exceso de información podría, también, tener el efecto contrario de aislar al ciudadano, al verse inundado de datos de múltiples y confusas fuentes. Continuó la discusión, lo importante sería poder cambiar la cultura de secretividad que permea en los procesos gubernamentales aplicando una transparencia activa, donde el gobierno voluntariamente ofrece toda la información disponible y que, efectivamente, eliminaría la transparencia pasiva que depende de la gestión del ciudadano. De hecho, uno de los mayores problemas que se mencionó fue que el gobierno no documenta su gestión pública y, ante pedidos ciudadanos, suelen contestar en la negativa por falta de documentación disponible. Tomando como ejemplo el caso de los doctores y su requerimiento de documentar toda interacción con cualquier paciente, y el de los abogados y su manejo de casos, se sugirió que es posible establecer una meticulosidad semejante en el ámbito de la gestión pública.
Además, quedó claramente denunciada la excusa de que “el pueblo se confundirá”, no solo por sus connotaciones denigrantes, sino además por el hecho de que hay una cantidad significativa de personas y foros dispuestos a analizar y sintetizar la información que se haga disponible. Un niño de quinto grado quizás no podrá entenderla, pero algún economista o periodista podrá, y luego retransmitirla a los demás. Esta discusión desencadenó en una fuerte crítica a los medios de comunicación masivos que responden a intereses del mercado más que a los intereses de la ciudadanía, pero también se señalaron las iniciativas de Espacios Abiertos, Agenda Ciudadana y el Centro de Periodismo Investigativo como opciones viables y dignas de apoyo. Se enfatizó, también, la superficialidad del educacionismo, el atribuirle a la educación formal un valor insensato como único medio para la transformación social, y se exigió, más allá de la creación de tecnócratas, una cepa de ciudadanos activos. La democracia va mucho más allá del voto, pero el voto en elecciones generales es de lo poco que se enseña en la escuela.
El profesor Rivera Ramos concluyó haciéndonos la siguiente pregunta: ¿qué parecería hacer falta para mayor conciencia política y participación ciudadana en el contexto actual de Puerto Rico? De acuerdo a los artículos y a la discusión que suscitaron, coincidimos en que es menester complejizar la idea de participación política más allá del voto, más allá de la instrucción formal de las escuelas. Sin embargo, concluimos que esto no conlleva desvirtuar el valor incomparable del voto directo y la educación escolar. Por lo contrario, se deberían de fomentar y desarrollar iniciativas que fortalezcan estos pilares de la democracia y, de esta manera, que asuman el rol de catalíticos para una transformación social que sea capaz de sobrepasar la apatía ciudadana que suele acompañar la política contemporánea. El conocimiento, producto de las herramientas interpretativas disponibles para atender la información distribuida, no debe de conceptualizarse de manera monolítica. La democracia, inherentemente, requiere la multiplicidad de voces, plagadas de polisemias. Es en esos desencuentros donde se podrá afianzar un sistema político verdaderamente representativo.
