Hace poco más de dos meses nos dirigimos al Cuerpo Editorial de esta Publicación como parte de la Ceremonia de Investidura del Volumen LXXXVII, celebrada en el Aula Magna de la Escuela de Derecho de la UPR. La ocasión no solo sirvió para investir a los nuevos integrantes, sino para compartir el quehacer de la Revista en el Puerto Rico de hoy. Esa noche advertimos que nuestro camino como Revista no sería uno fácil, pero sí uno que valdría la pena. Igualmente, caracterizamos nuestra gestión editorial como un acto de fe que considera la escritura como capaz de hacer una diferencia. En aquel momento jamás imaginamos que, tan solo cinco días después, nuestra Isla sería impactada por el desastre natural más devastador de su historia moderna. El paso del huracán María trastocaría la fibra de todo un País de manera extraordinaria. Hoy, los miembros de la Junta Editora intentamos replantearnos la óptica y el interés que en un principio nos motivó a formar parte de este importantísimo proyecto, la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico.
Como Junta Editora, reconocemos que el País enfrenta un escenario sin precedentes. La gran mayoría del pueblo puertorriqueño se encuentra sumergido en una realidad precaria y angustiosa. A una crisis fiscal basada en una deuda de $72,000 millones de dólares debemos sumarle el reto que supone aliviar una crisis humanitaria que por su cuenta provocó pérdidas de $90,000 millones de dólares. Como si fuera poco, las altas tasas de emigración a Estados Unidos luego de María continúan achicando la base contributiva del gobierno de Puerto Rico precisamente en un momento en que urge destinar más fondos públicos hacia los esfuerzos de rescate y reconstrucción. Por lo anterior, entendemos que el panorama actual exige una gesta proactiva de parte de todos los sectores de la ciudadanía, sin importar desde dónde nos desempeñemos. La Revista no es la excepción.
Tras el paso del Huracán, la Revista colaboró junto a diversas organizaciones sin fines de lucro para brindar ayuda a comunidades afectadas. Igualmente, la Junta Editora rediseñó el calendario de actividades pautado para el año académico; reconfiguró el proceso editorial para el acomodo de los autores e integrantes y, sobre todo, repensó la razón de ser del Volumen. Inevitablemente, las reuniones se convirtieron en largas discusiones sobre las maneras de adaptarnos a la crisis. Por tanto, desembocamos en procesos deliberativos donde las palabras desastre, emergencia, estado, gobierno, revitalización, reconstrucción, ley, orden y autogestión fueron el pan de cada día; todo ello, en aras de reinsertarnos a nuestra labor como algo más que un espacio de estudio y discusión jurídica. Así, como Revista, hemos reconocido nuestro deber de asumir este gran reto y la obligación de estar presentes al momento de contemplar la reconstrucción de nuestra sociedad; ello, aun dentro de las limitaciones inherentes a nuestra función como publicación académica-profesional.
Por lo anterior, los miembros de la Junta Editora deseamos recalcar nuestra perpetua intención de responder a las consideraciones jurídicas más apremiantes del diario vivir, así como nuestro compromiso por viabilizar foros de erudición que identifiquen problemas y propuestas pertinentes a la realidad puertorriqueña. Tenemos como imperativo tematizar nuestro Plan de Trabajo de manera que evaluemos preocupaciones tales como: la legislación promulgada a raíz de María; la creación de fuentes alternas de liquidez para nuestro gobierno; la relación entre el gobierno federal y Puerto Rico; el campo del Derecho y los Desastres; la autogestión, y la justicia ambiental, entre otros. A modo de ejemplo, el nuevo Plan de Trabajo cuenta con eventos tales como un Simposio titulado Derecho y Desastre: Puerto Rico ante la crisis fiscal y humanitaria, un certamen de redacción jurídica dedicado al estado de Derecho a la luz de PROMESA y María, y un debate jurídico basado en los estados de emergencia.
De esta manera, la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico se solidariza con su País y, sobre todo, se hace partícipe de un proceso de reconstrucción que también exige que estudiemos, pensemos, fiscalicemos y cuestionemos el estado de Derecho según se desarrolla. Esperamos que todo lo propuesto anteriormente sea de provecho para los diferentes sectores de nuestra sociedad y agradecemos infinitamente a quienes nos han ayudado a desarrollar esta encomienda; que ello sea para promover una discusión capaz de esclarecer las razones y responsabilidades de lo jurídico ante la presente crisis.
Junta Editora
Volumen 87
