Cita: Juan J. Hernández López de Victoria, Obligaciones y Contratos, 87 Rev. Jur. UPR 575 (2018).
El profesor Juan J. Hernández López de Victoria analiza los pronunciamientos sobre Obligaciones y Contratos emitidos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017. A pesar de que la mayoría de estas decisiones reafirmaron los precedentes existentes, el Profesor expone con claridad los elementos que pesaron en el ánimo del Tribunal y cuestiona los fundamentos de ciertas conclusiones legales. Las decisiones reseñadas abarcan temas tan variados como: (1) la Ley Núm. 75 de Contratos de Distribución de 1964 y el injunction que su artículo 3-A misma permite; (2) las cláusulas de no competencia en el contexto de miembros (que son, a su vez, empleados) de una corporación de servicios profesionales; (3) la ilegalidad o validez de la causa en un contrato de compraventa de un vehículo de motor con gravamen de venta condicional; (4) las alegaciones necesarias en un reclamo de engaño o fraude en la validez de la cláusula de selección de foro, y (5) la exigencia de que sea expreso un contrato de mandato en el contexto de bienes propiedad de la sociedad legal de gananciales.
Professor Juan J. Hernández López de Victoria analyzes Supreme Court of Puerto Rico decisions on Contracts Law issued between July 1, 2016 and June 30, 2017. Even though most of these decisions reaffirmed existing precedents, the Professor focuses on presenting clearly the elements that influenced the Court’s reasoning and questions whether certain of their legal conclusions were sound. The decisions discussed cover topics as varied as: (1) Law No. 75 of Distribution Agreements of 1964 and the injunction that its article 3-A allows; (2) non-compete clauses in the context of members (that are also employees) of a professional services corporation; (3) the illegality or validity of consideration in a contract for the sale of a motor vehicle with a conditional sale lien; (4) the allegations required in a claim of deception or fraud when attacking the validity of a forum selection clause, and (5) the requirement that an agency contract be expressed in the context of property owned by the conjugal partnership.