En este artículo, la decana de la Escuela de Derecho Vivian I. Neptune Rivera, y su asistente de cátedra, la estudiante de tercer año Angelic Rivera Ramos, analizan las decisiones emitidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre Derecho Probatorio, entre julio de 2017 y el 30 de junio de 2018. En particular: (1) Bhatia Gautier v. Rosselló Nevares (sobre el derecho a la información y el privilegio ejecutivo); (2) Casasnovas Balado v. UBS Financial Inc. (sobre el privilegio abogado-cliente); (3) Pueblo v. Sanders Cordero (sobre el estándar para determinar si el Tribunal de Primera Instancia abusó de su discreción); (4) Pueblo v. López Colón, y (5) Carpenter v. United States (estos últimos versan sobre la obtención de evidencia electrónica).
En Bhatia Gautier v. Rosselló Nevares, las autoras desarrollan un estudio del derecho a la información y sus delimitaciones para los casos en que el Estado reclame el carácter confidencial de la información en controversia. En este caso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico impone nuevos requisitos para poder acceder a la inspección en cámara del borrador de un proyecto de ingresos del Poder Ejecutivo. Así también, se hace un análisis al respecto de si este tipo de documentos pueden ser considerados documentos públicos, a los cuales cualquier ciudadano podría tener acceso abrigado en su derecho de acceso a la información.
En Casasnovas Balado v. UBS Financial Inc., las autoras hacen un estudio del privilegio abogado-cliente y cómo este debe ser interpretado de manera restrictiva. No obstante, el análisis de este privilegio deberá ser medido a base de consideraciones de política pública, que pueden generar excepciones al mismo.
En torno a Pueblo v. Sanders Cordero, se analiza lo resuelto por nuestro Máximo Foro con respecto al abuso de discreción del Tribunal de Primera Instancia al no evaluar el contenido de unos vídeos en controversia antes de emitir una orden para que estos se entregaran a la otra parte en el descubrimiento de prueba.
Por último, Pueblo v. López Colón y Carpenter v. United States versan sobre la obtención de evidencia electrónica. Después de hacer el estudio pertinente de las opiniones de ambos tribunales, las autoras concluyen que la jurisprudencia sobre registros ilegales a objetos tangibles que se encuentran en una residencia no puede ser aplicada de la misma manera a los documentos almacenados en las nuevas tecnologías, ya que estos además de generar una expectativa de intimidad, la misma debería ser más alta, al tener información posiblemente más privada y confidencial.
Cita: Vivian I. Neptune Rivera & Angelic Rivera Ramos, Derecho Probatorio, 88 Rev. Jur. UPR 172 (2019).