Conversatorio sobre nuestro Patrimonio Colectivo, los derechos morales y patrimonio cultural.
Lourdes Cortés, Editora Asociada
Ante la carencia de un inventario de nuestro patrimonio cultural y natural la Junta Editora del Volumen 89 de la Revista Jurídica celebró el 10 de octubre de 2019 el conversatorio Patrimonio Cultural: Lo que perdemos. En el mismo se brindó un espacio de conversación ante un tema que si bien es medular en nuestra actualidad pocos foros se dedican a exponerlo.
Durante la conversación los panelistas Carlo André Oliveras Rodríguez, Maritza Torres Martínez, Hiram Meléndez Juarbe, María Soledad Gaztambide, Luis E. Rodríguez y el moderador Héctor Feliciano conversaron sobre las dificultades y oportunidades que presenta nuestro patrimonio. La conversación se llevó desde una perspectiva multidisciplinaria enfocada en el patrimonio histórico-colectivo, los derechos morales y patrimonio cultural.
Derechos morales
En el ámbito de los derechos morales Meléndez Juarbe conversó sobre el régimen estatutario Federal, Ley de Derechos de Autor, el cual establece amplias protecciones para los autores. En especial enfatizó que las premisas del Sistema Federal de copyright son premisas económicas.
“Según el Sistema de copyright federal tradicional el autor y autora es imaginada como sujeto que opera en el mercado, el mercado es el alfa y omega de lo que hace, tanto así que la justificación de copyright es una protección a los autores, de forma que le incentive a este y a que esa obra pueda salir al mercado y venderse.”
El profesor, cofundador del Proyecto Creative Commons Puerto Rico, manifestó su preocupación por los derechos morales de autor en Puerto Rico, los cuales catalogó como una barrera para las personas que interactúan con la obra. Meléndez Juarbe estableció que hay elementos intangibles que son parte de nuestra cultura a los cuales las personas deberían tener acceso y capacidad real de manipularlos para expresarse con ellos, por consecuencia esto potenciaría el que las personas interactúen con su cultura.
Jessa Vivas Capó, asesora programática del Instituto de Cultura Puertorriqueña y directora interina del programa de industrias creativas, por su parte expuso como la reapropiación en el ámbito musical hace que la población y el tejido social cultural se mantenga vivo. Puntualizó que en cierta medida la apropiación cultural de la música hace que se mantenga latente ese conocimiento que transmite la letra mediante el lenguaje común que permite crear y llegar a lugares donde otros medios no pueden llegar. Por otra parte, argumentó que en el Instituto de Cultura Puertorriqueña la labor ha experimentado una gran dificultad económica luego que la Junta de Control Fiscal eliminó el presupuesto de Cultura Puertorriqueño.
Patrimonio cultural y colectivo
En una conversación sobre nuestro Patrimonio es vital hablar sobre el Mapa de Calificación de Puerto Rico propuesto por la Junta de Planificación. En esta área María Soledad Gaztambide, coordinadora de la Política Pública Ambiental y Relaciones Gubernamentales de Para La Naturaleza, conversó sobre el Mapa y los cuestionamientos que éste presenta.
“La gente se concentra en el mapa y éste ha sido el que ha creado una preocupación en la ciudadanía, pero realmente el problema medular es anterior y tiene que ver con el reglamento conjunto de permisos que ya está aprobado y que esa aprobación cambió las calificaciones de lo que antes eran unos distritos convirtiéndolos en otros.”
Gaztambide explicó que hubo un proceso de crear un plan de lo que se quería lograr por medio de los códigos de zonificación, la problemática surgió al unir esos distritos. Esto ocurre con los distritos residenciales turísticos en los cuales se establecieron gradientes de intensidad de uso y al unirlos se vieron afectados.
“Normalmente en un distrito residencial turístico tienes gradientes de residencial de uso, al decir que solamente hay un distrito para residencial turístico estás permitiendo más actividad que en cualquier otro.”
Un ejemplo de esta problemática brindado por Gaztambide fue la Reserva Marina Tres Palmas que tenía una zona residencial con un interés turístico bajo, pero con el reglamento conjunto tiene un distrito que permite mucha más intensidad en un lugar frente a una reserva natural marina, pudiendo tener esta actividad unos impactos nocivos contra los arrecifes y la biodiversidad existente.
Por otra parte, arguye que el problema de la conversación ambiental es de visión ya que todavía se continúa pensando que el desarrollo económico se va a dar por medios tradicionalistas que valoran cuánta electricidad estamos gastando y cuantos permisos se otorgan. Añade que esta visión de desarrollo económico denota suspicacia pues pudiera estar atada a fondos de recuperación, “opportunities zones”, Ley 20 y 22 sobre atraer inversión externa.
Carlo André Oliveras Rodríguez, creador del proyecto Barrioization, comentó sobre la importancia de preguntarnos, ¿para quién o para quienes? y ¿qué nos mueve a que se cree este proceso tan atropellado para las comunidades en Puerto Rico? Añadió que esto le hace pensar a quien se le está cediendo esta nueva parte del patrimonio ambiental y cultural de Puerto Rico.
En el ámbito del derecho ambiental Luis E. Rodríguez, catedrático de la Escuela de Derecho y quien ha servido en puestos gubernamentales como secretario del Departamento de Recursos Naturales, añadió que hay leyes para proteger el medio ambiente en Puerto Rico, pero no hay voluntad para hacerlas cumplir por parte de ninguna de las tres ramas.
“En el campo medioambiental los grandes héroes han sido los grupos comunitarios que han ocupado el espacio, se han responsabilizado del manejo de los recursos naturales y de hacer cumplir al gobierno con estrategias legales.”
En el área del patrimonio cultural Maritza Torres Martínez, profesora, historiógrafa y arqueóloga con énfasis en asuntos legales de protección de patrimonio histórico y conservación, comentó que también en Puerto Rico y Estados Unidos existen varias leyes que tienen como finalidad proteger el patrimonio cultural. Torres propone que para que se pongan en vigor esas protecciones, se debe exigir que el Estado las haga cumplir.
Los y las panelistas arguyeron como factores que impiden la conservación de nuestro patrimonio la visión económica y como área de oportunidad las comunidades, pues han sido las que han logrado que se cumpla con las políticas públicas ante un sistema que no brinda las herramientas para conservar nuestro patrimonio.
La Revista Jurídica es la publicación jurídica de mayor envergadura en el Derecho puertorriqueño, sus publicaciones abarcan temas de vanguardia en el derecho nacional e internacional. La misma es dirigida por estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras.
