Por: Iván Sánchez Pagán
Este pasado sábado 4 de marzo de 2017, continuó el simposio Acceso a la justicia en tiempos de crisis, organizado por la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Según programado, la primera conferencia del día la impartió la Hon. Fern A. Fisher, jueza administradora adjunta para la Ciudad de Nueva York y Directora de programas para iniciativas de acceso a la justicia del estado de Nueva York. Antes de su conferencia, Ámbar Cordero y Patricia Cordero, miembros de la Revista Jurídica, introdujeron el tema con un breve resumen de los fundamentos y garantías de representación legal tanto a nivel penal y civil como a nivel estatal y federal.
La jueza Fisher comenzó su ponencia con un ejemplo demostrativo de lo representa participar de un proceso judicial sin representación legal. Con una imagen de la campeona olímpica puertorriqueña Mónica Puig de fondo, la jueza asimiló esta experiencia de participar en el tribunal sin representación legal a participar en un juego de tennis sin experiencia ni preparación con la campeona Monica Puig. Sin zapatos, y solo chanclas, describió a esa persona que llega al tribunal sin abogado y se encuentra con un abogado del otro lado que domina los procesos judiciales y sabe manejar un caso ante un juez. Así entabló el tema del día – el derecho a la representación en casos civiles.
Su ponencia entonces continúo con un reto a los conferenciantes de repensar el vocabulario que se utiliza sobre este tema. Explicó que no se deberían llamar a estas partes sin abogado con el latinazgo utilizado frecuentemente de litigantes pro se. Este litigante, comentó, “no tiene idea ni de qué eso significa”. Ante esto, un cambio de cómo pensamos las partes sin representación legal es un paso inicial a cómo se transforma la forma en que se piensa sobre estos litigantes. En Nueva York, Fisher destacó que se les conocen como “unrepresented litigants”. Incluso que se optó llamarles de esta manera a propósito y no “self-represented” por entender que en su mayoría no vienen sin representación por su propia voluntad.
Con esta introducción sobre la importancia de la narrativa que utilizamos para designar el problema, la invitada comentó que el modelo actual del sistema no pone en condiciones de igualdad a la parte que viene representada con la que no. El sistema adversativo, ella entiende, no adelanta la búsqueda de la verdad y se presta para fallarle a favor a aquel que presenta mejor el caso. Por tanto, es injusto para litigantes sin representación desde el inicio. Además, exhortó a repensar el tema de acceso a la justicia, no solo como uno de derechos a tener representación en casos civiles, sino uno más holístico que abarca las desventajas sistémicas del procedimiento judicial. Por lo tanto, la visión tradicional de reclutar más abogados a participar en estos procesos como solución natural, entonces es deficiente. Así, Fisher describió el problema y señaló que con solo “tirar más abogados a los males sistémicos no conducirá a un cambio [sistémico]”.
Luego, la Jueza contestó la pregunta inicialmente hecha por las dos estudiantes que la presentaron: ¿debe existir un derecho a representación en casos civiles? A esta pregunta, la jueza dio un “cuationary and qualified yes”. Además, mencionó la decisión del 2011 del caso de Turner v. Rogers donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se expresó sobre la controversia, pero no llegó a extenderle rango de derecho garantizado por la Constitución al derecho de la representación provisto por el estado.[i] Igualmente, la Jueza no cree que se verá una controversia similar próximamente.. Ante esto, señaló que la Conferencia de Jueces Presidentes y Jueces Administrativas emitió una resolución de la meta con aspiración de un acceso de 100% del derecho a representación a personas legales esenciales que incluyó indigentes, “working poor”/trabajadores pobres y “moderate income people”.[ii] Ahora bien, destacó que esta propuesta no se debe entender como designar por oficio o darle servicios de abogados gratuitamente a todas las personas que lo pidan. Fundamental para Fisher es transformar esta noción de que extender como derecho la representación completa en casos civiles. No debería limitarse a las soluciones actuales que contemplan exclusivamente a abogados y estudiantes de derecho que ofrecen este servicio de forma pro bono. La Jueza ofreció una alternativa a esta visión que se centra en el “unbundling of legal services”. Este enfoque busca destronar la idea de que toda persona requiere un abogado y que se puede lidiar con problemas en los tribunales si se ofrecen medios para la auto ayuda de los indigentes. Por ejemplo, hay que desmantelar la noción de que solo a través de abogados se puede resolver el asunto. Igualmente, destacó que el enfoque tradicional de aumentar los fondos disponibles para las organizaciones que llevan estas causas en una jurisdicción con una realidad económica tan crítica como Puerto Rico, no sería suficiente para arremeter contra este problema.
Finalmente, su ponencia concluyó en la gran polémica sobre el rol de los tribunales ante el acceso a la justicia. Mientras reconoció la responsabilidad esencial de mantener la Rama Judicial neutral, señaló que es imposible que uno sea neutral en cualquier litigio cuando una parte tiene abogado y la otra no. Ante esta sugerencia, exhortó a los presentes a no circunscribirse a las soluciones tradicionales del problema. Para ella, limitarse a estas soluciones impide la posibilidad de desarrollo de soluciones nuevas e innovadoras ante este problema.
Después de esta presentación de la honorable Jueza, la Licenciada María Jiménez Colón, directora de la Clínica de Asistencia Legal UPR, presentó a los otros miembros del panel. Entre ellos estaban, la Hon. Rosa del C. Benítez Álvarez, actual jueza administradora del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, la licenciada Verónica Rivera, como abogada joven con práctica privada independiente y activista, y el licenciado Edgardo Román en representación del Colegio de Abogados y Abogadas.
En este panel, comenzó la Hon. Jueza Benítez Álvarez desglosando los esfuerzos actuales de los Tribunales de Puerto Rico ante el problema del Acceso a la justicia. Citó, por ejemplo, cambios en los formularios y cómo han mejorado los servicios en los centros judiciales para así hacer más directo el acceso y disminuir las trabas procesales que evitan que individuos sin representación logran presentar sus controversias ya que como bien se conoce, en algunas regiones éstas causas de acciones se desestiman automáticamente por algunos errores simples como estos. Igualmente, señaló que a través de cambios en la mentalidad de los jueces se podría enfrentar el problema. Como actos recientes, citó cómo se han ido depurando las listas de los abogados designados por oficios en los casos penales. Similarmente, destacó que, como objetivo, se debe buscar respetar la voluntad de las partes por lo que no necesariamente habrá que siempre designar un abogado de oficio, sino que la solución podría estar abogando por un sistema donde se capacite a las partes a llevar los procesos ellos mismos. Indicó además, entre estos esfuerzos, la iniciativa de la Oficina de Relaciones de la Comunidad de traer jueces directamente a comunidades marginalizadas. Así, trayendo a jueces directamente a estas comunidades, entendió que se podría lentamente cambiar la perspectiva de los jueces como un togado detrás de un estrado hacia una más humana y menos distante a estos grupos.
Continuó el panel con la licenciada Verónica Rivera, quien como activista y abogada “solo practioner” destacó los retos de laborar como abogada en su propia oficina y al mismo tiempo ofrecer servicios pro bonos. Incluso, destacó que estos servicios pro bonos no tienen que ir de la mano con la concepción previa del trabajo legal donde hay oficinas y secretarias, sino que a través de un alcance más informal entre el cliente y el abogado que ofrece este servicio se podrían canalizar aun mejor estos servicios. Por otro lado, señaló que hay una aceptación general de los abogados sobre el pro bono y el efecto positivo que este produce; que entre los retos que hay para activar a más miembros de la clase togada está el desconocimiento de cómo ofrecer este tipo de servicio.
Finalmente, continuó el Lcdo. Edgardo Román Espada. Inició su parte con un breve recuento del rol que ha tenido el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico ante el tema del acceso de justicia y cómo ofrecer representación legal ha estado siempre en la núcleo de su labor. También trajo a colación la necesidad de que aquellos que tomen la tarea de ofrecer estos servicios tengan la preparación necesaria de llevar este tipo de servicio que tiene sus propios procesos y necesidades, a diferencia de una relación abogado-cliente regular.
Ante esto, la Lcda. Jiménez Colón recapituló los comentarios de la noche anterior y priorizó la necesidad de definir lo que conllevaba el derecho a representación legal en casos civiles. Primero, de modo similar a la jueza Fisher, reconoció que pretender imponer la meta de cubrir el 100% de los litigios de materia civil para indigentes o personas en estado similar era imposible en este momento. Igualmente, señaló que el problema abarca más que la dimensión económica – que el problema también incluye recursos humanos. Siguió el resumen con el problema fundamental de falta de información y acopio de data sobre los servicios ofrecidos y la cantidad de casos que se llevan por personas sin representación legal. Además, listó algunos ejemplos de soluciones que fueron mencionados, entre los cuales se destacan: (1) mejorar la educación de los jueces para que los miembros de la judicatura en su estadía de la Academia judicial tomen cursos sobre el acceso a la justicia, (2) desarrollar un sistema de discernimiento (Triage), e (3) incentivar los procesos colaborativos entre distintas agencias y organizaciones que ofrecen entrenamiento y herramientas desde el internet, como Ayuda legal PR, para que puedan colaborar, ofrecer mayores servicios y evitar la duplicación de los mismos.
Finalizada la presentación de los otros miembros del panel, estos tomaron preguntas de los presentes. La primera fue dirigida a la juez Fisher: ¿deberían prestarse servicios legales personas que no son abogadas? Esta contestó en la afirmativa, que en el esfuerzo para balancea las escalas de la justicia, había un rol para personas no-abogadas. Además, destacó que actualmente en NY ya hay individuos que ofrecen servicios sociales y hasta estudiantes de las universidades estatales que participan. Este último fundamental, pues su rol aun como estudiantes de bachillerato sirve como “navigators”/navegadores y llevan a las personas sin representación por todo el proceso.
Seguido, se le preguntó a la jueza Benítez Álvarez si los Tribunales de Puerto Rico deberían proveer servicios pro bonos. Esta pregunta fue enmarcada y contestada desde el principio de imparcialidad que todo juez debe tener, por lo que, entendió que la mejor opción para balancear este principio sería referir esta iniciativa a proveedores de estos servicios a personas e instituciones fuera de los Tribunales. No obstante, destacó que se deberían fortalecer las destrezas de los jueces cuando les tocan litigaciones pro se y que era necesario mejorar el sistema de acopio de cuántos casos se llevan de esta manera y cuántos fallos resultan en contra de casos que se llevan pro se. Ante esto, la jueza Fisher intervino y comentó que aunque sea difícil llevar esta labor desde el podio como jueces, era posible desde su función como administrador, que tiene entre sus responsabilidades la justa administración de justicia. Por lo que, ella entiende que a pesar de su rol como jueza y parte imparcial en cualquier caso, existe esa posibilidad de ser líder para adelantar este interés. Para esto, destacó Fisher, que es vital desvincularse las nociones tradicionales del rol de la rama judicial y pensar “out of the box” . Ante esto, la jueza también comentó que fue más bien su osadía al inicio – que no pensó que fuera inapropiado sino que emprendió en esta nueva función y logró cambiar la cultura alrededor del debate.
Finalmente, luego de estas últimas preguntas de seguimiento y observaciones por miembros del panel, la segunda conferencia del simposio concluyó con el breve comentario de la jueza Fisher exhortando a todos a seguir intentando, pues siempre se puede darle la vuelta al asunto, siempre hay una forma.
Para conocer más detalles sobre los temas discutidos, les invitamos a ver la grabación de éste y los demás paneles del simposio en la página de Facebook de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico.
[i] Turner v. Rogers, 564 U.S. 431 (2011).
[ii] http://ccj.ncsc.org/~/media/Microsites/Files/CCJ/Resolutions/02012016-Emeritus-Attorney-Pro-Bono-Programs.ashx
