Clínica de Asistencia Legal UPR recibe donativo de Fundación Carvajal para apoyo a comunidades

27 de marzo de 2017

Comunicado de prensa

Clínica de Asistencia Legal UPR recibe donativo de Fundación Carvajal

para apoyo a comunidades

La Fundación Carvajal renovó su compromiso con la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) mediante un acuerdo de donación que se firmó hoy, 27 de marzo de 2017, con el Fideicomiso para la Escuela de Derecho en el que se compromete con una nueva aportación anual de 25 mil dólares durante los próximos cinco años para la Sección de Desarrollo Económico Comunitario y Autogestión. 

Al firmar el acuerdo de donación, el Dr. Ángel Rivera, miembro de la Junta de Directores de la Fundación Carvajal, expresó que: “Desde el  2012 la Fundación Francisco Carvajal ha auspiciado la Clínica de Desarrollo comunitario que forma parte de la Clínica de Asistencia Legal en la que estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico participan ofreciendo sus servicios gratuitos a organizaciones de base comunitaria.  Ha sido una enorme satisfacción para la Junta de Directores de nuestra Fundación apoyar este programa de iniciativa comunitaria que busca empoderar a las comunidades desventajadas y aliviar la pobreza en nuestro país al promover la autogestión.”  Y añadió que: “Nos complace sobremanera ver a estos estudiantes que están por culminar su grado de Juris Doctor ofreciendo servicio de asesoría legal, de forma gratuita, a personas de escasos recursos que de otra forma, no tendrían acceso a servicios legales.  Hemos hecho un compromiso longitudinario para que la Clínica cuente con los recursos necesarios para los próximos cinco años”, concluyó el Dr. Rivera.

La líder de la Comunidad Villa Esperanza en Toa Alta, Maritza Rosado Concepción, presente durante la firma del Acuerdo, señaló: “Para nosotros los líderes comunitarios, la Clínica nos ha ayudado a cómo organizar la comunidad tanto internamente como en aspectos legales, ya que nosotros no tenemos el conocimiento legal y ellos nos han ayudado en el desarrollo comunitario”. Añadió que: “Es un orgullo tenerlos entre nuestro grupo comunitario y agradecemos su ayuda para lograr que la Autoridad de Tierras nos aprobara un contrato de opción de compra del terreno a la comunidad Villa Esperanza”.

Mientras que la Decana de la Escuela de Derecho, Vivian I. Neptune Rivera manifestó que “En momentos de retos para la Universidad de Puerto Rico, esta donación es un oasis que nos permite continuar ayudando a las comunidades por lo que agradecemos el compromiso de la Fundación Carvajal con la Clínica de Asistencia Legal de la UPR”. Además señaló que, por la manera como se ha creado el contrato con la Autoridad de Tierras, es un precedente novel, un logro conjunto donde la comunidad Villa Esperanza hizo historia al tener la oportunidad de optar por adquirir el terreno donde se ha desarrollado esta comunidad en Toa Alta. 

La Lcda. María Hernández Torrales, profesora a cargo de la sección clínica, dijo por su parte que: “Durante los pasados cinco años, el donativo de la Fundación Carvajal se tradujo en servicios valorados en $670 mil. Estos servicios fueron ofrecidos por estudiantes cursando su tercer año de estudios de derecho quienes dedicaron más de 10,031 horas brindando asesoramiento legal a las comunidades del G-8 del Caño Martín Peña, Villa Esperanza y muchas otras alrededor de la isla”.

El estudiante de la Clínica, Christian Ríos dijo que el trabajo con la Comunidad Villa Esperanza los ayudó a sensibilizarse, a crear conciencia social y a entender que la profesión de abogado tiene también un aspecto político en la colaboración, el apoderamiento de las comunidades y al ver la discusión dentro de un ambiente de democracia participativa.

El propósito del servicio es ofrecer asesoría legal a las juntas comunitarias, organizaciones vecinales y otras organizaciones de base comunitaria a través del todo el país para facilitar el pleno desarrollo de iniciativas y microempresas que alivian la pobreza y sirve de modelo de autogestión y desarrollo económico para otras comunidades.

Ante la grave situación de pobreza que por más de 10 años ha afectado a sectores de la población puertorriqueña, son las personas desventajadas económicamente las que más sufren los efectos negativos e inciertos de la crisis financiera que afecta a Puerto Rico. Los efectos negativos se manifiestan en pérdida de viviendas, pérdida de la salud, educación deficiente, falta de seguridad y aumento del crimen, entre otras.

Para paliar esta situación, en el país se han desarrollado programas dirigidos a personas residentes en comunidades desventajadas conducentes a la autogestión, el micro empresarismo y autoempleo como lo son el Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila M. Calderón y las ocho comunidades que integran el G-8 aledañas al Caño Martín Peña que han contado con la colaboración de la Clínica de Asistencia Legal por los pasados 10 años. El apoyo a estas comunidades les ha permitido perseverar en la consecución de justicia ambiental, el desarrollo de viviendas asequibles, desarrollo social y económico.

Otro de los ejemplos en el que los estudiantes de la Clínica de Desarrollo Comunitario han colaborado es el trabajo de asesoramiento legal realizado en Villa Esperanza, una comunidad de 130 familias compuesta mayormente de menores y donde el 45 por ciento de los hogares está dirigido por mujeres que viven en extrema pobreza. Como parte del trabajo realizado en los pasados cuatro años,  los estudiantes han tenido la oportunidad de educar a la comunidad en aspectos legales, desde lo que es un emplazamiento en casos de demandas judiciales, desahucios, manejos de una corporación sin fines de lucro, rendición de informes, reglamentación, la organización comunitaria y la redacción de comunicaciones dirigidas a agencias gubernamentales que les ayuden a resolver su precaria situación. Su logro más reciente es la formalización de un contrato de arrendamiento con opción a compra con la Autoridad de Tierras. Este contrato les permite realizar obras de infraestructura y continuar con gestiones de financiación y garantías para comprar finalmente el predio de terreno donde viven.