Profa. Érika Fontánez Torres: Consolidar el derecho a la tierra

La profesora Érika Fontánez Torres, Catedrática de la Escuela de Derecho UPR escribió en la Columna Punto de Vista, El Nuevo Día

Consolidar el derecho a la tierra

En los últimos meses hemos visto escandalosas construcciones en áreas comunes como las playas, sistemas estuarinos como Bahía de Jobos y otros terrenos de importancia ecológica. Asimismo, ha hecho noticia la pretensión de millonarios de excluir a la ciudadanía del acceso y disfrute público de las costas. También han sido tema de atención el acaparamiento de tierras y unidades de vivienda producto de leyes de incentivos a inversionistas y de las dinámicas en el mercado de bienes raíces, el riesgo de desplazamiento comunitario y las amenazas sobre las tierras agrícolas más fértiles. Todo esto acompañado de una impunidad burda tanto de funcionarios públicos como de privados y el descaro gubernamental que permite que un jefe de agencia altamente cuestionado se disimule como asesor con menos rendición de cuentas aún. No quedan fuera las narrativas ideológicas que repiten que solo el libre mercado, la desregulación y su fórmula particular de crecimiento económico salvará las vidas de aquellos a quienes reiteradamente les ha fallado.

Todas estas noticias tienen un elemento en común: está en juego uno de los elementos más fundamentales para una vida digna, la tierra. Sin acceso a la tierra, al suelo mismo, no podemos asegurar nuestra alimentación, no contaremos con agua limpia, no podremos protegernos ante desastres naturales, está en riesgo caminar las playas y espacios naturales que son vitales para nuestra salud física y mental, no habrá vivienda asequible ni entornos urbanos que nos permitan construir tejidos inclusivos y aptos para la población envejecida, no construimos los lazos necesarios para ejercer la democracia. Y lo que está ocurriendo es que aceleradamente y sin apenas tiempo para reaccionar estamos perdiendo la tierra. ¿Quién tiene y tendrá el derecho a la tierra en nuestras islas? ¿Quiénes podrán habitarla la próxima década y para qué? ¿Dónde vivirá la gente de a pie de este país? ¿Tendrán donde quedarse a vivir? ¿Podrán acceder a sus playas y recursos naturales? ¿Contaremos con tierra para el cultivo de alimentos?

Las políticas públicas actuales, hechas a la medida del mercado financiero, y el constante acaparamiento de tierras, han sido nombrados como el nuevo cercamiento de época. No hay evidencia de que los incentivos, celebrados como la alternativa económica para salir del estancamiento, han sido eficientes; más bien auguran un rastro de desplazamiento aterrador. Estas dinámicas son globales, de ahí que ya se esté planteando la necesidad de hablar de un derecho humano a la tierra. El derecho a la tierra se presenta como un marco jurídico para lidiar con el impacto muy real que las dinámicas financieras en torno al suelo y su naturaleza tienen en la vida de la gente. El suelo, la tierra, no puede entenderse primordialmente como una mercancía al servicio del acaparamiento financiero en detrimento de la población y de sus necesidades, aspiraciones personales y colectivas. No debe tratarse como mero recurso de inversión y explotación.

Reconocer que la tierra, el suelo, los bienes naturales, son elementos indispensables para la vida implica sustituir las actuales políticas financieras sin freno y las leyes que facilitan la exclusión y el desplazamiento sostenido de la población, la explotación infinita de bienes naturales, las dinámicas que dejan a la gente sin vivienda, sin espacios habitables, sin tejido comunitario, en fin, sin vida digna.

Nuevas iniciativas se gestan para salvaguardar el derecho a la tierra, tanto a nivel local como global. Se asoma un proceso de reconocer lo obvio: la seguridad personal, de vivienda, alimentaria, la justicia ambiental, la vida digna en los espacios urbanos, no puede lograrse aisladamente y sin tierra. Mecanismos basados en la cooperación y en la democratización son la fórmula para garantizar eso que llamamos derecho a la tierra. Toca nombrarlo, exigirlo y cuestionar las narrativas expertas que siguen repitiendo las falacias que mantienen intacta la exclusión y que promueven el privilegio allí donde debe primar el acceso justo a la tierra.