Facultad de Derecho UPR apoya y recaba firmar al Gobernador proyecto sobre Legitimación Activa Ambiental

15 de diciembre de 2022

Hon. Pedro Pierluisi
Gobernador de Puerto Rico
La Fortaleza San Juan, P.R.

P/C: Lcdo. Carlos Rivera
crivera@fortaleza.pr.gov

Re: P. de la C. 474

Estimado señor Gobernador:

Reciba un saludo. Los suscribientes, como facultad de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico comprometida con el acceso a la justicia, la democratización y fiscalización del Artículo VI, sección 19 de nuestra Constitución y de la legislación ambiental, traemos a su atención el Proyecto de la Cámara 474 que crea la “Ley de Legitimación Activa Ambiental” y respetuosamente recabamos su apoyo y firma al proyecto.

Como usted conoce, el Artículo VI, sección 19 de la Constitución le brinda una protección de rango constitucional a los recursos naturales para el bien de todas y todos. Existe una serie de legislación ambiental que operacionaliza dicha protección, en su mayoría vía el derecho administrativo. No obstante, como bien establece la doctrina de derecho administrativo, en los procesos de toma de decisiones de las agencias administrativas existe lo que los tribunales han reconocido como un déficit democrático. Este déficit democrático responde a que los funcionarios de las agencias no necesariamente pasan por el crisol legislativo ni son electos. Aún así, reglamentan y adjudican asuntos que afectan los derechos de la ciudadanía. Además de la doctrina de delegación de poderes, la participación ciudadana es el mecanismo para corregir este déficit democrático.

Desde la década de 1970 quedó claro que el modelo de derecho administrativo adoptado por legislación no era suficiente para asegurar que los funcionarios representaran verdaderamente al interés público y que las agencias no fueran “capturadas” por intereses particulares. Está ampliamente reconocido en la literatura jurídica que en el contexto de la reglamentación ambiental afloran conflictos relacionados a la transparencia administrativa y la captura de las agencias por intereses en conflicto, lo que hace que en este ámbito sea particularmente vital la participación ciudadana en la protección del interés público. Esto provocó que se adoptaran lo que en ese entonces se llamó citizens suits o pleitos del ciudadano. Los pleitos del ciudadano fueron creados en la legislación federal en reconocimiento de que las agencias de gobierno necesitaban aunar esfuerzos para hacer valer la ley. Siendo la ciudadanía la más interesada en prevenir daños, sobretodo irreparables, darles legitimación activa amplia a las personas resultó una estrategia poderosa para implantar la legislación y prevenir daños ambientales. Para ampliar la gesta de fiscalización y teniendo en mente una noción gubernamental de amplitud democrática, se establecieron estos mecanismos en legislaciones como las leyes de Agua y Aire Limpio, Ley Nacional de Política Pública Ambiental y las leyes relativas a los desperdicios sólidos peligrosos como CERCLA y RCRA, entre otras. Aquí en Puerto Rico también se incluyeron disposiciones similares en varias leyes.

Lamentablemente, a través de décadas las garantías establecidas en pleitos del ciudadano a nivel local se fueron erosionando, principalmente por decisiones de los tribunales y enmiendas a la legislación fragmentadas que limitaron excesivamente esos mecanismos de acceso a las agencias y a los tribunales. Los vínculos que había entre el gobierno y la ciudadanía en los procesos de fiscalización se debilitaron al punto que existe una seria desconfianza de la ciudadanía en que las agencias tendrán lo necesario para defender el interés público. Esa desconfianza y la impunidad que se perciben ante las violaciones de leyes ambientales podrían mitigarse mediante la aprobación del P. de la C. 474.

Hoy nos encontramos en una coyuntura histórica. El planeta y nuestras islas enfrentan palmariamente el impacto del cambio climático y un desbalance sin precedentes. Nuestra vida depende de la salud de los ecosistemas entre otras cosas para prevenir inundaciones, desplazamientos, mitigar la vulnerabilidad de las comunidades e instalaciones públicas en las costas, evitar el impacto del nivel del mar. Pero los ecosistemas están maltrechos y mientras todo esto ocurre, lamentablemente y a raíz de la crisis hemos perdido los recursos humanos necesarios en las agencias para la fiscalización en el cumplimiento de ley. La realidad es que el gobierno cada vez más necesita de la ciudadanía para garantizar el cumplimiento con la protección constitucional del medioambiente y de los bienes y recursos comunes de los cuales dependemos. A esto se añade la realidad que conocemos: la falta de acceso a la justicia y la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones. La aprobación de esta ley le dará a la ciudadanía una esperanza de que al contar con legitimación activa, sus esfuerzos en la protección del medioambiente rendirán frutos y que en colaboración podríamos hacer realidad la protección de nuestro medioambiente. Contar con la salud de los ecosistemas necesarios para garantizar vida y propiedad en nuestro archipiélago es un asunto de alta prioridad.

Por lo anterior, apoyamos el P. de la C. 474 y le solicitamos su firma para hacer realidad la Ley de Legitimación Activa Ambiental.

Cordialmente,

José Julián Álvarez González                                               Luis Aníbal Avilés
Yanis Blanco                                                                          Carmelo Delgado Cintrón
Guillermo Figueroa Prieto                                                   Érika Fontánez Torres
María de los Ángeles Garay                                                Chloe S. Georas
Michel Godreau Robles                                                        Ana Cristina Gómez
María Hernández Torrales                                                  Rosalind Irizarry
María L. Jiménez                                                                   Glenda Labadie Jackson
Wilbert López Moreno                                                         Adi G. Martínez Román
Hiram Meléndez Juarbe                                                       Oscar Miranda
Mildred Negrón                                                                     Vivian Neptune
José L. Nieto Mingo                                                               Alvin Padilla Babilonia
Ricardo Ramos                                                                      Mary-Cele Rivera Martínez
Efrén Rivera Ramos                                                              Mayte Rivera Rodríguez
Griselle M. Robles Ortiz                                                        Luis E. Rodríguez Rivera
Iris Y. Rosario Nieves                                                            Samuel Serrano Medina
Susana Serrano Mondesi                                                     David Wexler

Carta al Gobernador Pedro Pierluisi P de la C 474 Facultad

Sobre este asunto, la profesora Erika Fontánez Torres se expresa en la columna publicada en El Nuevo Día: https://www.elnuevodia.com/…/apoyamos-la-firma-de-la…/