El ataque a la libertad académica – Columna del profesor Efrén Rivera Ramos publicada en El Nuevo Día.

Columna del profesor Efrén Rivera Ramos publicada en El Nuevo Día.

2 de abril de 2025 – 11:10 PM

El ataque a la libertad académica.

Algunas universidades se han apresurado a ceder a los reclamos de la administración Trump. Otras, sin embargo, están oponiendo resistencia, señala Efrén Rivera Ramos.

En 2021, en un discurso ante un grupo conservador, el ahora vicepresidente de Estados Unidos James David Vance proclamó: “las universidades son el enemigo…los profesores son el enemigo”. Sonrió socarronamente y el aplauso esperado se produjo. El 20 de enero pasado, el agresivo ataque contra las universidades comenzó a materializarse.

El presidente Donald Trump y sus allegados odian a las instituciones académicas de ese país porque las consideran nidos de liberales y del llamado pensamiento “woke”. Estiman que las universidades constituyen obstáculos a su intento de establecer una hegemonía cultural que niegue lo que les incomoda, incluidos el producto del conocimiento científico, las teorías críticas y los compromisos con ciertos ideales de justicia social.

Por eso, exigen que las universidades públicas y privadas eliminen toda referencia a los conceptos de diversidad, equidad e inclusión. Pretenden prohibir que se discutan los temas del racismo estructural, el discrimen sistémico por razón de género y la persistencia de otros tipos de prejuicios y exclusiones en la sociedad estadounidense.

Esa actitud explica igualmente que la administración presione a las instituciones de educación postsecundaria para que repriman las expresiones y manifestaciones a favor de Palestina o en contra del genocidio perpetrado en Gaza. También para que suministren nombres y direcciones de estudiantes extranjeros que participen en tales manifestaciones para poder deportarles, aunque tengan residencia legal en Estados Unidos.

A una universidad se le amenazó con privarle de millones en fondos federales por permitir que una estudiante trans participe en las competencias de natación femenina. En otro caso un fiscal federal le ordenó a la Escuela de Derecho de una prestigiosa universidad privada que le rinda informes que detallen las revisiones que ha hecho de sus programas y currículos para cumplir con los deseos del gobierno, so pena de retirar oportunidades laborales a sus estudiantes y egresados. Hay más ejemplos.

Los castigos y amenazas preferidas para respaldar estos mandatos son el recorte de fondos federales y la advertencia de la posible pérdida de acreditaciones.

Estas acciones constituyen violaciones flagrantes de la libertad académica de las universidades y sus integrantes. Para entenderlo mejor conviene precisar en qué consiste la libertad académica.

Según la jurisprudencia pertinente, en Estados Unidos y Puerto Rico la libertad académica es un derivado de la libertad de expresión. Es decir, tiene rango constitucional.

En una famosa opinión concurrente emitida al final del periodo macartista en Estados Unidos, el connotado juez Felix Frankfurter definió la libertad académica de las universidades del siguiente modo: es la libertad de esas instituciones para determinar por sí mismas, utilizando criterios académicos, quién puede enseñar, qué debe enseñarse, cómo debe enseñarse y a quién debe admitirse a cursar estudios. Desde entonces esta caracterización se ha convertido en la definición de la libertad académica adoptada por la jurisprudencia constitucional del máximo tribunal estadounidense.

Además de esa dimensión institucional, la libertad académica tiene un aspecto personal que cobija a docentes, no docentes y estudiantes. Al profesorado se le debe respetar su libertad para organizar, diseñar y enseñar sus materias, investigar y publicar lo que entiendan adecuado para contribuir al progreso de sus campos de estudio, participar en el gobierno de la institución y determinar el tipo de servicio que rendirán al público y a la comunidad. Al personal no docente le ampara el derecho a opinar, sugerir y hacer recomendaciones sobre asuntos atinentes a sus tareas y al desempeño de su institución. Y el estudiantado tiene, sobre todo, el derecho a aprender, a expresarse y a participar en la vida universitaria.

Las acciones del gobierno del presidente Trump están bajo cuestionamiento en los tribunales. Se han emitido órdenes judiciales paralizando su ejecución. Aún así, algunas universidades se han apresurado a ceder a los reclamos de la administración. Otras, sin embargo, están oponiendo resistencia de diversos modos. Esperemos que las de Puerto Rico, individual y colectivamente, junto a sus comunidades respectivas – docentes, estudiantes, no docentes, administradores, personas egresadas, donantes y colaboradores – decidan resistir.