Nuevo ataque a la UPR

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Reproducimos la columna Nuevo ataque a la UPR del profesor Efrén Rivera Ramos publicada hoy en El Nuevo Día.

Puede accederla en el siguiente enlace: https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/nuevo-ataque-a-la-upr/?fbclid=IwAR1arRliuY7XZmfm5z2idXUtME0D5dPLD_Roe8tx4K7pJIby_wcOxSoVk-8

Por Efrén Rivera Ramos

Jueves, 29 de abril de 2021

Nuevo Ataque a la UPR

La Universidad de Puerto Rico vuelve a estar en el ojo público con motivo de su situación fiscal. La ocasión es la insistencia de la junta de control fiscal de recortar $94 millones al presupuesto de la institución el año próximo. No lo dude nadie: la universidad no podrá absorber ese corte brutal sin sufrir serios menoscabos.

El impacto supera los susodichos $94 millones. Según la información obtenida, a esa cantidad hay que añadir $48 millones que no se tendrán disponibles para la operación ordinaria de la institución, pues hay que sacarlos del presupuesto para aportarlos a la deuda que no se pagó el año pasado. Igualmente, hay que descontar $20 millones que se proyectaron como ingresos por concepto de contratos de adiestramientos con el gobierno de puerto rico que no se han logrado realizar (como habíamos advertido en este mismo espacio). Eso eleva la merma a $162 millones. Se contempla aminorar tal efecto aumentando el costo de la matrícula para recaudar $28 millones. Aún si ello se materializara, a costa del bolsillo del estudiantado y sus familias, la deficiencia sería de $134 millones.

Torre del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.no lo dude nadie: la universidad no podrá absorber ese corte brutal de 94 millones de dólares a su presupuesto sin sufrir serios menoscabos, alerta Efrén Rivera Ramos.

Con todo y lo que esto supone, el asunto no es solo que no deban hacerse más recortes. Es que los que se han efectuado ya le han asestado duros golpes al proyecto cultural más importante que echó a andar el país durante el pasado siglo. Desde el 2017 hasta el 2021, la UPR experimentó una disminución de $333 millones de las aportaciones que recibía del gobierno de puerto rico como producto de la fórmula establecida por ley. Si se añaden los $94 millones mencionados, la reducción sumará $427 millones. Eso representa una cercenadura del 51.2% de los ingresos anuales de la UPR sobre la base de los dineros que se le transferían en el año fiscal 2017. Una contracción en tan corto plazo de más de la mitad del presupuesto de una institución significa debilitarla casi irremediablemente.

Los efectos han sido y serán devastadores. Incluyen reducciones masivas de plazas docentes y no docentes, cierre de programas, congelación de salarios, disminución de beneficios laborales, carencia de apoyos para estudios avanzados y actividades de mejoramiento profesional, aumentos en las matrículas, mengua de programas internacionales (aún cuando no hubiere pandemia), atrofia de los servicios estudiantiles, deterioro de instalaciones y otros tantos menoscabos que afectan la calidad de la tarea universitaria.

Hay que añadir la pérdida o amenaza de pérdida de la acreditación de programas de gran importancia. Peor aún, preocupa la actitud de relajamiento que se percibe entre ciertos administradores en cuanto al tema mismo de las acreditaciones. No quiero pensar que sea una forma de ajustarse, consciente o inconscientemente, a las medidas de austeridad que se le han impuesto a la institución. Si esa percepción albergara algún grado de realidad, la decadencia de la universidad será imparable.

En el fondo anida una visión que considera el apoyo del estado a la universidad pública como un gasto y no como una inversión. El lenguaje mismo que utiliza la junta de control fiscal revela esa actitud. A las transferencias del fondo general del estado a la universidad les llama “subsidio”, como si la UPR fuera una especie de entidad privada que recibe “ayudas” del estado que la junta estima excesivas y, por tanto, deben reducirse. Es como si las cantidades que se le asignan al centro médico, al departamento de educación o a los bomberos se trataran como “subsidios” dispensables del gobierno y no como el financiamiento que el estado debe proveer para garantizar servicios esenciales.

Urge revertir ese acercamiento. Los diversos sectores de la comunidad universitaria llevan años haciendo los señalamientos pertinentes y tomando acciones por las que muchas veces se les critica injustamente. Es imperativo que la alta gerencia de la institución se ponga del lado de esas gestiones. Y que el pueblo de Puerto Rico entero se una al reclamo de salvar a su Universidad.

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