20 de junio de 2021
Comunicado de Prensa
SAN JUAN, PR — Más de 100 organizaciones de Puerto Rico y Estados Unidos le enviaron una carta al Presidente Joseph R. Biden solicitando que tome acción inmediata para evitar que el contrato entre el gobierno de Puerto Rico y la empresa privada LUMA, subsidiaria de Quanta Services, Inc. y Canadian Utilities Limited, dejen en estado de indefensión al pueblo y se malgasten los fondos federales.
En junio del 2020, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (P3A) suscribieron un contrato con la empresa recién formada LUMA para la operación y el mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica de Puerto Rico. El contrato de 15 años, que es muy favorable para LUMA y se negoció a puertas cerradas y sin participación ciudadana, podría convertirse en una pesadilla climática para Puerto Rico e insostenible económicamente para el pueblo, si el Presidente Biden no toma acción inmediata. “Es imperativo que el gobierno federal le preste atención a las organizaciones de la sociedad civil que han estado denunciando las terribles negociaciones que se han llevado a cabo en este contrato. Tal y como está el contrato, los fondos federales se usan para impulsar intereses privados y no se atenderán las necesidades básicas de Puerto Rico de crear una red energética resiliente y saludable para el ambiente” expresa la Dra. Adi Martínez, Directora de Operaciones del UPR Centro Legal de Desarrollo de Resiliencia.
Los grupos insisten que la administración de Biden tiene un interés en estas gestiones, porque la AEE planifica usar miles de millones de dólares de fondos federales para pagarle a LUMA la reconstrucción de una red eléctrica de Puerto Rico. “Los fondos de FEMA asignados a la AEE deben invertirse en sistemas solares en los techos de las y los abonados de la AEE y baterías y no permitir que LUMA y sus afiliadas se apropien de ellos para reconstruir el mismo sistema de transmisión que nos mantiene rehenes de las plantas de quema de combustibles fósiles contaminantes”, expresó la Lcda. Ruth Santiago, abogada del Comité de Diálogo Ambiental.
De acuerdo con los términos del contrato, LUMA, compañía controlada conjuntamente por intereses estadounidenses y canadienses, asumirá casi todas las funciones de la empresa de servicios públicos puertorriqueñas, y desempeñará sus funciones esencialmente sin supervisión y con poca responsabilidad. Otra preocupación expresada en la carta es que las tarifas que la gente pagará por la electricidad aumentarán sustancialmente, esto en una isla donde se estima que el 57% de niños y niñas viven en condiciones de pobreza. “El contrato de LUMA, el cual privatiza el sistema eléctrico en Puerto Rico, hará de una situación grave, una peor. La administración de Biden podría evitar la situación de injusticia ambiental, laboral y económica en Puerto Rico. Este acuerdo sospechoso viola las Órdenes Ejecutivas del Presidente Biden sobre el cambio climático y la protección a los(as) trabajadores(as). La administración de Trump se negó a considerar el impacto de este terrible acuerdo para el ambiente y cómo afectaría a los(as) trabajadores(as) y a las comunidades más vulnerables al impacto de desastres naturales” expresó la Lcda. Laura Beatriz Arroyo, abogada senior de Earthjustice.
Si bien reconocen el compromiso de Biden de proporcionar fondos federales para apoyar la recuperación de Puerto Rico después del huracán María y otros desastres naturales, las organizaciones señalaron los enormes costos humanos, ambientales y económicos que resultarán del acuerdo actual con LUMA. Ello incluye permitir la reconstrucción de un sistema de energía eléctrica que dejará a Puerto Rico en un peor estado energético que el presente, la falta de desarrollo de energía renovable descentralizada y el desmantelamiento masivo de las protecciones para los(as) trabajadores(as). “Las organizaciones firmantes deben ser felicitadas por esta petición al Presidente, porque Puerto Rico tiene el derecho a tener un sistema eléctrico resiliente, comunitario y eco amigable, y porque el contrato de LUMA se debe de evitar por ser abusivo y estar a cuestas del dinero de los contribuyentes” expresó el Lcdo. Pedro Saadé, profesor de la Clínica de Derecho Ambiental, Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
Los grupos le solicitan a Biden que tome acción inmediata para que se cumplan con los estatutos federales y de Puerto Rico y así poder lograr justicia social, ambiental y energética para el pueblo de Puerto Rico. También, exhortan a otras organizaciones y personas a apoyar esta petición firmando la carta en el siguiente enlace: https://forms.gle/v2Rzh6vr8X78a3j98
Contacto: Adi Martínez Román
Teléfono: 787-383-6070
PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE Contact: Adi Martínez-Román
June 20, 2021 Phone: 787-383-6070
SAN JUAN, Puerto Rico – More than 100 organizations from Puerto Rico and the States have signed a letter calling on President Joseph R. Biden to take immediate action to avoid the “human-made disaster” and the danger of wasteful use of federal funds that will result from the recent contract between the Puerto Rican government and private energy company LUMA, owned by its parents companies Quanta Services, Inc. and Canadian Utilities Limited.
In June 2020, Puerto Rico’s public utility, the Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA), and the Puerto Rico Public-Private Partnership Authority (P3A), a government-owned company, entered into an agreement with newly formed LUMA. The 15-year contract, which is highly favorable to LUMA, was negotiated behind closed doors with no input from citizens. It is now poised to lock in a climate and cost nightmare for Puerto Rico. “It is imperative that the Federal Government heeds the calling of civil society organizations that have been denouncing the terrible negotiation that has taken place in this contract. As it stands, federal funds have become a pawn of private interests that will not attend to our basic necessities in Puerto Rico of a resilient electrical grid and a healthy environment” said Dr. Adi Martínez-Román, Director of Operations of the UPR Resiliency Law Center.
The Biden Administration has a stake in these dealings because PREPA will pay LUMA to reconstruct Puerto Rico’s grid using billions in federal disaster-relief funds. “The federal funds allocated to PREPA should be invested in a solar power system and batteries installed in PREPA’s subscribers rooftop. We should not allow LUMA and its affiliates to appropriate said funds to rebuild the same power system that keeps us hostages of the fossil fuels power system pollution”, said Ruth Santiago, attorney for Comité de Diálogo Ambiental.
According to the terms of the agreement, LUMA will take on nearly all the functions of the Puerto Rican public utility with essentially no oversight and little accountability. Moreover, the groups denounce that the rates people will pay for electricity are set to rise substantially on an island where an estimated 57% of children live in poverty. “This contract, which privatizes Puerto Rico’s electricity system, will make a bad situation much worse. The Biden administration has an opportunity to undo an environmental, labor, and economic injustice in Puerto Rico. The shady deal violates President Biden’s Executive Orders tackling the climate crisis and protecting the rights of workers. The Trump administration refused to consider the impacts of this bad plan on environmental justice and how it would hurt workers and frontline communities most vulnerable to the impacts of disasters”, said Laura Beatriz Arroyo, Senior Attorney for Earthjustice.
While recognizing Biden’s commitment to providing federal funds to support the recovery of Puerto Rico in the aftermath of Hurricane María and other disasters, the organizations pointed out the vast human, environmental, and economic costs that would result from the current agreement. These include a baffling failure to foreground solar energy and other sources of sustainable power in a place where solar and wind power are abundant and cost-effective, along with a massive rollback of worker protections. “The signing organizations should be congratulated for this petition to the President because Puerto Rico has the right to a resilient, citizen -based and environmentally sound electricity system and because the risks of the LUMA contract for abusive and windfall profits at the costs of taxpayers monies must be avoided”, said Professor Pedro Saadé, head of the Environmental Law Clinic at the University of Puerto Rico’s School of Law.
The groups are asking Biden to intervene to stop a bad deal for Puerto Rico in favor of social and environmental justice for the people of Puerto Rico. They are also asking more organizations and individuals to support their petitions by signing the letter in the following link: https://forms.gle/v2Rzh6vr8X78a3j98.