Expresiones de la Facultad en contra de los Recortes al Presupuesto Escuela de Derecho
Por Vivian I. Neptune Rivera, Decana
No es solo no recortar lo ya anunciado: es asignar los recursos urgentemente necesarios en el contexto del nivel de pobreza de Puerto Rico, la abismal desigualdad económica y social, y del modelo universitario real que se ajusta a nuestra población. En el momento histórico que vive Puerto Rico todo el sistema educativo tiene que ser apoyado y fortalecido. La UPR sencillamente no puede ser la excepción.
Acceda a la noticia en el siguiente enlace: https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/es-urgente-defender-a-la-upr/?fbclid=IwAR0PIjU1b080sVwM7DziK2ML5E498pcpk2qwHr4shNuoLhha8UPvXkFup5Y
Reproducimos la columna Nuevo ataque a la UPR del profesor Efrén Rivera Ramos publicada en El Nuevo Día.
Puede accederla en el siguiente enlace: https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/nuevo-ataque-a-la-upr/?fbclid=IwAR1arRliuY7XZmfm5z2idXUtME0D5dPLD_Roe8tx4K7pJIby_wcOxSoVk-8
Por Efrén Rivera Ramos
Jueves, 29 de abril de 2021
Nuevo Ataque a la UPR
La Universidad de Puerto Rico vuelve a estar en el ojo público con motivo de su situación fiscal. La ocasión es la insistencia de la junta de control fiscal de recortar $94 millones al presupuesto de la institución el año próximo. No lo dude nadie: la universidad no podrá absorber ese corte brutal sin sufrir serios menoscabos.
El impacto supera los susodichos $94 millones. Según la información obtenida, a esa cantidad hay que añadir $48 millones que no se tendrán disponibles para la operación ordinaria de la institución, pues hay que sacarlos del presupuesto para aportarlos a la deuda que no se pagó el año pasado. Igualmente, hay que descontar $20 millones que se proyectaron como ingresos por concepto de contratos de adiestramientos con el gobierno de puerto rico que no se han logrado realizar (como habíamos advertido en este mismo espacio). Eso eleva la merma a $162 millones. Se contempla aminorar tal efecto aumentando el costo de la matrícula para recaudar $28 millones. Aún si ello se materializara, a costa del bolsillo del estudiantado y sus familias, la deficiencia sería de $134 millones.
Torre del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.no lo dude nadie: la universidad no podrá absorber ese corte brutal de 94 millones de dólares a su presupuesto sin sufrir serios menoscabos, alerta Efrén Rivera Ramos.
Con todo y lo que esto supone, el asunto no es solo que no deban hacerse más recortes. Es que los que se han efectuado ya le han asestado duros golpes al proyecto cultural más importante que echó a andar el país durante el pasado siglo. Desde el 2017 hasta el 2021, la UPR experimentó una disminución de $333 millones de las aportaciones que recibía del gobierno de puerto rico como producto de la fórmula establecida por ley. Si se añaden los $94 millones mencionados, la reducción sumará $427 millones. Eso representa una cercenadura del 51.2% de los ingresos anuales de la UPR sobre la base de los dineros que se le transferían en el año fiscal 2017. Una contracción en tan corto plazo de más de la mitad del presupuesto de una institución significa debilitarla casi irremediablemente.
Los efectos han sido y serán devastadores. Incluyen reducciones masivas de plazas docentes y no docentes, cierre de programas, congelación de salarios, disminución de beneficios laborales, carencia de apoyos para estudios avanzados y actividades de mejoramiento profesional, aumentos en las matrículas, mengua de programas internacionales (aún cuando no hubiere pandemia), atrofia de los servicios estudiantiles, deterioro de instalaciones y otros tantos menoscabos que afectan la calidad de la tarea universitaria.
Hay que añadir la pérdida o amenaza de pérdida de la acreditación de programas de gran importancia. Peor aún, preocupa la actitud de relajamiento que se percibe entre ciertos administradores en cuanto al tema mismo de las acreditaciones. No quiero pensar que sea una forma de ajustarse, consciente o inconscientemente, a las medidas de austeridad que se le han impuesto a la institución. Si esa percepción albergara algún grado de realidad, la decadencia de la universidad será imparable.
En el fondo anida una visión que considera el apoyo del estado a la universidad pública como un gasto y no como una inversión. El lenguaje mismo que utiliza la junta de control fiscal revela esa actitud. A las transferencias del fondo general del estado a la universidad les llama “subsidio”, como si la UPR fuera una especie de entidad privada que recibe “ayudas” del estado que la junta estima excesivas y, por tanto, deben reducirse. Es como si las cantidades que se le asignan al centro médico, al departamento de educación o a los bomberos se trataran como “subsidios” dispensables del gobierno y no como el financiamiento que el estado debe proveer para garantizar servicios esenciales.
Urge revertir ese acercamiento. Los diversos sectores de la comunidad universitaria llevan años haciendo los señalamientos pertinentes y tomando acciones por las que muchas veces se les critica injustamente. Es imperativo que la alta gerencia de la institución se ponga del lado de esas gestiones. Y que el pueblo de Puerto Rico entero se una al reclamo de salvar a su Universidad.
Reproducimos la columna La crisis de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico del profesor Efrén Rivera Ramos publicada en El Nuevo Día.
Puede accederla en el siguiente enlace: https://www.elnuevodia.com/opinion/punto-de-vista/la-crisis-de-la-escuela-de-derecho-de-la-universidad-de-puerto-rico/
Por Efrén Rivera Ramos
martes, 2 de marzo de 2021
La crisis de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico
La controversia que ha surgido en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) sobre la asignación de nuevas plazas docentes refleja dos realidades inescapables.
La primera es el efecto extremadamente perjudicial de los recortes presupuestarios impuestos a la institución como resultado de una visión ideológica que empuja a toda costa la disminución de la inversión pública en los servicios esenciales del país. La UPR ha sido víctima de ese empeño obstinado y ya se ven las consecuencias. La alta gerencia universitaria se tornó en cómplice de ese despropósito aduciendo desde el principio que las reducciones de fondos serían “manejables”. Ha faltado la defensa férrea de la universidad pública que debe esperarse de quienes aceptan dirigir sus operaciones.
La segunda realidad es que, dentro de la crisis fiscal, han prevalecido un dudoso orden en la fijación de prioridades, la ausencia de transparencia en los procesos, la pobreza de criterios en la toma de decisiones académicas, la imposición de medidas sin diálogo real con las unidades de base y, en no pocas ocasiones, la arbitrariedad en la distribución de recursos cada vez más escasos.
Ejemplo de todo lo anterior ha sido la disminución constante de la plantilla docente de la institución. La situación creada por ese desarrollo se ilustra con el hecho de que, en respuesta a la convocatoria más reciente, según informa la administración, las distintas unidades del Recinto de Río Piedras produjeron 204 solicitudes de plazas nuevas. Solo se crearon treinta. El propio rector admite que son insuficientes.
Los efectos concretos de esa precariedad quedan de manifiesto con lo que acontece en la Escuela de Derecho, la unidad que mejor conozco por mi estrecha relación de varias décadas con ella.
Desde el 2011 la Escuela de Derecho ha perdido 17 plazas docentes: nueve de enseñanza y ocho de profesionales de la Biblioteca. Durante este tiempo solo se ha autorizado completar el proceso de reclutamiento de una plaza docente en Derecho Penal y la de un bibliotecario profesional.
En estos momentos la Escuela cuenta con un total de 22 docentes con nombramientos regulares. De ese grupo, diez cumplen con las condiciones de jubilación. Si se retiraran mañana, no hay certeza alguna de que serán sustituidos con nombramientos regulares. De hecho, las políticas actuales de reclutamiento tienden a indicar lo contrario.
A pesar de estas carencias obvias, en la más reciente asignación de treinta plazas docentes, anunciada con cierto aire de triunfalismo en la prensa, a la Escuela solo se le adjudicó una. Muy por debajo de lo necesario.
Esta situación de falta crónica de docentes a tiempo completo pone en peligro la acreditación de la única escuela de derecho pública del país. Así se le ha hecho saber a la administración con los datos que fundamentan la genuina preocupación de la facultad, la comunidad estudiantil y el equipo administrativo de la Escuela. Ha sido como hablarle a una pared.
La Escuela de Derecho, además, está en proceso de reclutar un bibliotecario docente, para lo cual solicitaron autorización de rectoría. (GFR Media)
En la Escuela de Derecho de la UPR existe insuficiencia de docentes y su acreditación podría estar en riesgo, advierte el profesor Efrén Rivera Ramos. En la foto, vista parcial de la biblioteca del importante centro académico, ubicado en el Recinto de Río Piedras. (Archivo GFR Media)
La respuesta del Recinto de Río Piedras publicada en la prensa sugiere que el problema se resuelve reclutando profesores por contrato, en vez de otorgándoles plazas. Sin embargo, las condiciones permitidas por los contratos temporeros que suele aprobar la UPR no satisfacen las exigencias de las agencias acreditadoras.
Dichas agencias le requieren a la Escuela una facultad a tiempo completo que sea suficiente para satisfacer tanto las necesidades de la enseñanza como las tareas imprescindibles de investigación, publicación y divulgación del conocimiento; la participación en el gobierno de la institución; la asesoría académica individualizada al estudiantado; y el servicio a la profesión jurídica y al país propias de una escuela de derecho acreditada. Así no es como entiende la UPR la contratación temporal de docentes en este momento.
La voz de alerta que ha levantado la comunidad de la Escuela de Derecho no debe caer en oídos sordos. No solo por ella misma. Sino porque estos males y agravios se repiten a lo largo de todo el sistema de la UPR y repercuten en todo el país.
Resolución Facultad JCF, Ley Promesa y presupuesto Universidad (4 de abril de 2018)
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