Por: William Eduardo Morales
La última presentación del Simposio estuvo a cargo de la distinguida profesora Deborah Rhode, conocida a nivel nacional como una autoridad en Ética y Responsabilidad Profesional en la abogacía. Además, es conocida como una promotora activa de las causas sociales. En especial, promueve la idea de que parte de la responsabilidad profesional de un abogado consiste en atender a los más necesitados. Según Rhode, se trata de un deber que sobrepasa el interés monetario y que va a la raíz misma de la labor del abogado: la búsqueda de la verdad. En su elocución, la profesora Rhode da un trasfondo de las estrategias desarrolladas para proveer servicios legales y facilitar la litigación pro se, compartiendo sus críticas a ambos procesos. Por ejemplo, mencionó que existe la preocupación de que el litigante pro se trae mayores complicaciones al proceso judicial pues, al no dedicarse a la práctica del derecho, es propenso a cometer errores procesales que angustiarían aún más el proceso. No obstante, la profesora comenta que ciertos estudios han demostrado que , en cuanto a errores procesales, entre un abogado y un litigante pro se. Básicamente, ambos tienden a cometer el mismo número de errores. De esa manera, la profesora Rhode desea romper con este mito a influenciado la práctica de la litigación pro se.
Por otro lado, la profesora Rhode expresó sus reservas en cuanto a proveer un mayor acceso a abogados, lo que describe como una estrategia que causa más problemas que soluciones. Pues, ¿cuánto vale la justicia? ¿Se deben subsidiar los gastos legales? Se trata de un problema de cuánto esfuerzo le pone un abogado a un caso que no le amerita beneficio personal. Luego de colocarnos en este contexto, Rhode procedió a definir y explicar en qué consiste el Legal Triage. Este es un sistema basado en la noción de que existe una escasez de recursos, por lo que se hace necesario crear un programa que eficientemente atienda las necesidades más apremiantes. En síntesis, partiendo de que no todos los casos se pueden atender de igual manera, se debe de crear un sistema que priorice la necesidad del individuo o colectivo que necesita la atención legal, de manera que los asuntos que se entiendan como críticos, tengan un acceso más rápido, efectivo y eficiente a asistencia legal adecuada. Para la realidad que enfrenta Puerto Rico (una jurisdicción llena de abogados, pero con altos índices de pobreza, un presupuesto gubernamental en déficit y burocracia extrema) este sistema permite rendir mejor los recursos destinados a brindar acceso a la justicia a los más necesitados.
Luego de su conferencia inicial, la profesora se unió a un panel compuesto por la Honorable Anabelle Rodríguez, el Honorable Alfonso Martínez Piovanetti, el señor Mario Núñez Mercado y la licenciada Ariadna Godreau-Aubert. En éste último panel se discutieron distintos programas que se han creado en Puerto Rico para brindar mayor acceso a la justicia. La jueza asociada Anabelle Rodríguez nos habló de la visión de la Rama Judicial sobre el tema de acceso a la justicia y cómo, desde el Tribunal Supremo, se ha promovido este tema. También nos trajo sus visiones personales sobre ello y habló sobre cómo ha promovido el tema desde su función judicial. Fue enfática en mencionar que todo programa debe moldearse a la realidad de Puerto Rico, no solo económica o política, sino también social y cultural. Por su parte, el juez Alfonso Martínez Piovanetti detalló los esfuerzos de la Rama Judicial para promover mayor acceso a los tribunales y a una asistencia legal adecuada. También señaló sus deficiencias y limitaciones tras los recortes de presupuesto que representan una barrera adicional al problema. Esto, junto a la resistencia de parte de los abogados en la isla, ha hecho difícil que estos programas tengan el éxito esperado. Por ello, se contemplan mayores reformas que armonicen las necesidades de asistencia legal adecuada y el acceso a los tribunales, junto a una equidad en la carga para los abogados y otros profesionales del derecho.
La participación en este panel del líder comunitario del G8, Mario Núñez, sirvió para traer balance a la discusión. En su intervención, el señor Núñez llevó la conversación de acceso a la justicia fuera de los tribunales y la trasladó a la organización comunitaria y el proceso legislativo. Este comentó que, en su experiencia, el proceso político y la presión legislativa tienden a ser más efectivos para sus comunidades que reclamar ante los tribunales. Además, Núñez considera necesario que, para un efectivo acceso a la justicia, las comunidades deben tener las herramientas y la capacidad para poder organizarse y educarse en cuanto a sus derechos. Añade que, de establecerse un sistema de priorización de los casos, este sistema no debe discriminar por el tipo o tema del caso, sino que debe ser un sistema que observe la complejidad del problema para luego decidir el grado de urgencia que exige. En una línea parecida, la licenciada Ariadna Godreau nos comenta que es imperativo romper con el mito que existe en Puerto Rico de que el Estado lo puede arreglar todo. Es necesario que las comunidades sean parte de la solución y que sean estas quienes la lideren. La licenciada cuestionó los esfuerzos del Estado pues, a su parecer, este no reconoce la pobreza y la marginación que existen en Puerto Rico y que permean sus instituciones. Esto hace necesario que los servicios legales y los esfuerzos por brindar mayor acceso a asistencia legal adecuada sean proactivos. Las tecnologías pueden ayudar en esta misión, pues el trabajo debe ir más allá de los esfuerzos de la Rama Judicial.
Por último, la profesora Rhode hizo algunos comentarios sobre lo discutido en el panel y en respuesta a varias preguntas de los presentes. Esta comentó que, en realidad, no hay entendimiento entre los profesionales del derecho sobre la complejidad del problema que existe en cuanto al acceso a la justicia. La clase togada tiene una visión cerrada del problema y sus soluciones son limitadas, pues tienden a ser incapaces de romper con los esquemas impuestos en sus respectivas preparaciones en las escuelas de derecho. Según expresó Rhode, refiriéndose a las soluciones implantadas para promover el acceso a la justicia, “si los abogados no hicieran los programas, todo sería distinto”. Por lo tanto, las soluciones no pueden venir de un solo sector. El problema de acceso a la justicia es un problema que afecta a todos los componentes de la sociedad. Esto hace necesario que todos cooperen para lograr soluciones efectivas al problema. El acceso a la justicia no es solo un problema de acceso a los tribunales o acceso a asistencia legal adecuada, es acceso a la educación, acceso a las instituciones, es organización civil, es cooperación entre abogados y no abogados. Para poder realmente atender este problema de la manera que merece, es necesario que todas las instituciones del Estado sean parte de la solución y que la sociedad civil entienda la importancia del problema. En fin, el acceso a la justicia, más que un deseo, es un derecho que todos tenemos la responsabilidad de hacer valer para nosotros y para futuras generaciones.
Para conocer más detalles sobre los temas discutidos, les invitamos a ver la grabación de éste y los demás paneles del simposio en la página de Facebook de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico. A continuación compartimos el link de la grabación de la conferencia de la profesora Deborah Rhode y el último panel del Simposio: https://www.facebook.com/revistajuridicaupr/videos/1669784343048818/.
