Por: Isabel Cristina Solá*
Por siglos, el sistema judicial ha reflejado la sociedad en la que opera. Las diferencias de clase social, de género, de origen étnico y de raza han impactado el sistema legal. Tanto los jueces, como los fiscales y abogados en general en el mundo occidental han procedido de las clases altas y, por lo tanto, en el Derecho permea la cosmovisión de los sectores poderosos económica y políticamente. De igual forma, el oficio legal ha sido dominado por el género masculino y ha discriminado a la mujer. En este sentido, el campo jurídico ha sido un espejo de la sociedad androcéntrica, en donde se limitan los espacios en la vida pública que ocupan las mujeres. Tanto las mujeres como otros grupos desventajados han enfrentado problemas de acceso a la educación superior para alcanzar un grado en derecho.
La judicatura, al igual que el Derecho, muestra este mismo patrón androcéntrico. La idea del sujeto detrás de la toga es un hombre, blanco, con acceso al poder. Esto se devela en las opiniones, las funciones, las reglas y los procedimientos que se llevan a cabo en la Rama Judicial.[1] La ex jueza presidenta Liana Fiol Matta ha expresado que “[e]l Derecho es producto de la concepción patriarcal que margina y subestima al género femenino. No obstante una vez se es consciente de esa realidad, el Derecho puede convertirse en un instrumento de liberación y equidad”.[2]
En Puerto Rico, las mujeres que han formado parte de la profesión legal y de la judicatura no han estado exentas de estas luchas. Su presencia en esta rama de gobierno responde a esfuerzos de décadas de apoderamiento y superación de estigmas sociales, que les han permitido alcanzar puestos de poder y trascendencia en el desarrollo del Derecho y la evolución de la Rama Judicial. Las mujeres en la judicatura puertorriqueña son un componente fundamental para obtener verdaderas transformaciones sustantivas y procesales que atajen las limitaciones sociales. Para lograrlo hay que procurar una profesión más diversa.
La presencia de las mujeres en la Rama Judicial ha aumentado en las décadas recientes, al punto de superar la cantidad de hombres que ocupan los puestos judiciales. Ello tiene una relación directa con la cantidad de mujeres que estudian derecho y que son admitidas a la profesión. Debemos resaltar que en Puerto Rico distintas mujeres han alcanzado altos escaños, como lo son ocupar los cargos de Jueza Presidenta y de Jueza Asociada del Tribunal Supremo, Directora de la Oficina de Administración de Tribunales y Directora de regiones judiciales. Ahora bien, aunque estos logros son importantes, no son suficientes.
A partir del lenguaje y narrativa de las mujeres y, más aun, desde una perspectiva feminista, se podría alcanzar el cambio en las preconcepciones construidas socialmente sobre el rol de la mujer y potencial de aportación como jueza y profesional del derecho. Las transformaciones se trabajan desde el interior para conseguir que no solo la imagen de la Rama Judicial, sino que el ambiente fomentado y experimentado dentro de ella y el resultado de su labor sea libre de prejuicios y de discrimen. Aún queda un problema por atender más profundamente: la concepción y la asignación de las juezas a salas de lo civil y de relaciones de familia y menores es mayor a las asignadas a la sala criminal, la cual todavía se piensa es para los jueces varones.[3] Esto es producto de las concepciones sociales de que las mujeres son más sensibles a los temas de familia, porque son quienes se encargan del cuidado de los suyos.
La judicatura es la rama de gobierno que tiene la relación más cercana con el ciudadano que llega a los tribunales en busca de justicia. La variedad de controversias y casos es incalculable, ninguna disputa es idéntica a otra. Mientras más diversidad exista en sus miembros más amplio será el abanico de experiencias que traerán al proceso judicial que llevan a cabo. Se trata de aspirar a una mayor sensibilidad en las adjudicaciones. Si el juzgador conoce de primera mano las situaciones que viven a diario distintos grupos en la sociedad puertorriqueña, más favorable será para las partes el resultado, pues se trata de un juez o jueza que no es ajeno a lo que sucede y que no se presta para confusiones por lo representado.
Como aspiración, se ha de promover la diversidad sustantiva, concepto que elabora Eli Wald. Se trata de que la aportación y la participación de las mujeres que llegan a formar parte de la judicatura sea una significativa.[4] Explica que “[l]a diversidad es necesaria para corregir la sub-representación y la sub-representación es a menudo el resultado del sesgo y la discriminación, del pasado y el presente”.[5] Por ello, no basta con la mera diversidad formal,[6] en que las mujeres estén presentes proporcionalmente en la judicatura a su porcentaje en la población. Se trata, además, de que su variedad en experiencias y preparación sean una verdadera contribución para romper con las barreras estructurales y discriminatorias que limitan el mejoramiento del estado de derecho y de una atención justa a los ciudadanos.
El verdadero desafío está en garantizar un perfil variado de estas mujeres. Procedería aspirar no solamente a un esfuerzo de los miembros de la Rama Judicial, sino también de la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa. El compromiso debe ser nombrar y consentir candidatos a los puestos judiciales que realmente representen características que contribuyan a tener como miembros de la judicatura personas con trasfondos distintos. No podemos perpetuar el estereotipo de una persona aventajada económica y socialmente, que posee un diploma una universidad Ivy League y que tenga conexiones con las distintas esferas de poder del país.
Por ello, es imperativo desarrollar un esfuerzo similar al de la Comisión Judicial Especial para investigar el discrimen por género en los Tribunales de Puerto Rico[7] y que se le dé continuidad a lo allí investigado. Además, es necesario promover una iniciativa con miras a revaluar los criterios holísticos para la selección y nominación de candidatos a la judicatura, donde se estudie el perfil actual de los funcionarios del sistema judicial, se problematice en un informe sobre los hallazgos y la importancia de la diversidad en la Rama Judicial. Sería importante como parte del proyecto que se propongan alternativas para alcanzar esta meta y sugerir propuestas a corto y largo plazo.
El tema sobre la diversidad en la profesión legal es imprescindible como norte en las escuelas de derecho, pues estas son la puerta de acceso a la profesión. Además, es necesaria esta misma iniciativa y sensibilidad en los potenciales patronos, para eliminar los filtros que promueven un selección de profesionales altamente aventajados por el contexto socioeconómico y educativo al cual tuvieron acceso. Es esta la razón por la cual existe la necesidad de considerar otros factores además de los méritos y las credenciales de los profesionales del derecho para promover una profesión más diversa. El sistema de méritos perpetúa la discriminación contra grupos socialmente identificados como minorías. La importancia de asignar a cada operador del derecho un capital social y cultural promueve una selección de candidatos que forman parte de un sector privilegiado en la sociedad.
*La autora es estudiante de segundo año de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y Editora de Citación de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico.
[1] Liana Fiol Matta, Mujeres en la Judicatura: Balance al proceso de adjudicación, 79 REV. JUR. UPR 957, 965 (2010).
[2] Id. en la pág. 964.
[3] Id. en las págs. 970-71.
[4] Eli Wald, A Primer on Diversity, Discrimination, and Equality in the Legal Profession or Who is Responsible for Pursuing Diversity and Why, 24 GEO. J. LEGAL ETHICS 1079, 1106 (2011).
[5] Id. en la pág. 1110 (traducción suplida).
[6] Id. en la pág. 1093.
[7] TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO, COMISIÓN JUDICIAL ESPECIAL PARA INVESTIGAR EL DISCRIMEN POR GÉNERO EN LOS TRIBUNALES DE PUERTO RICO, INFORME SOBRE EL DISCRIMEN POR RAZÓN DE GÉNERO EN LOS TRIBUNALES DE PUERTO RICO (1995).
