RESEÑA*
Por: José Bernardo Márquez**
En situaciones de crisis social, económica y fiscal, aun cuando la tendencia ciudadana puede volcarse hacia la desconfianza y el retraimiento de los asuntos públicos, las comunidades tienen que insistir en lo contrario: practicar la democracia. Esa pareció ser la premisa de consenso entre la profesora Michelle Wilde Anderson (Stanford University) y el profesor Arturo Massol Deyá (UPR en Mayagüez) en el panel que ambos compusieron como parte del simposio Derecho y desastre: Puerto Rico ante la crisis fiscal y humanitaria, celebrado en mayo de 2018 por la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico.
El contexto, huelga mencionar, es la gama de problemas políticos y económicos que han colocado a Puerto Rico en un proceso formal de quiebra y al mando de una Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas del País y, con ello, gran parte de su política pública. Ante esto y los efectos del reciente huracán María en la Isla, el Panel tenía la difícil encomienda de responder las siguientes interrogantes: ¿Cómo un país con un grado limitado de autogobierno implementa una agenda de reconstrucción? ¿Cuál es la función del tercer sector y la autogestión comunitaria en ese proceso?
Wilde Anderson sostuvo que es precisamente en este tipo de escenarios que la práctica de la democracia resulta imprescindible. Por un lado, esa gestión participativa y autogestora informa y mejora la gestión gubernamental, en la medida en que ayuda a establecer las prioridades comunitarias y a entablar confianza pública en la política gubernamental. Por otro lado, y más allá de ese rol utilitario de la participación a los fines de mejorar política pública, Wilde Anderson planteó que la práctica de la democracia es un fin en sí mismo.
“La práctica de la democracia es un fin en sí mismo, incluso cuando la gente pierde esta o aquella batalla específica sobre el presupuesto. Todas las cosas en esa lista —la organización, la redacción y la lectura, la comparecencia pública, la creación de redes, las protestas— todas ayudan en la misión mayor de la educación, el empoderamiento y el capital social crítico para mitigar y reducir la pobreza”, sostuvo. “En el mejor de los casos, los movimientos ciudadanos y el momentum ayudan a reducir la pérdida de población al proveerle a los jóvenes, incluso profesionales como los abogados jóvenes aquí, un sentido de propósito y comunidad en sus respectivas ciudades”.
La profesora utilizó como ejemplo la ciudad de Lawrence, Massachusetts, que ha atravesado un proceso de decaimiento industrial y económico tal que algunos medios de ese estado le han llamado “la ciudad de los condenados” y “el lugar más desolado en Massachusetts”. No obstante, a través de iniciativas de autogestión como los “Mercados”, espacio en el cual la gente se reúne y discute mensualmente sus preocupaciones, “vecinos ordinarios —muchos de los cuales nunca se habían visto antes— pasaron de cantar cumpleaños y cenar juntos a compartir información sobre cómo comunicarse con sus políticos”, explicó Wilde Anderson.
Ahí quizás puede entreverse una diferencia importante entre los enfoques de Wilde Anderson y Massol Deyá. Aunque ambos abogan por la autogestión y la participación comunitaria como imperativo democrático en escenarios de crisis, Wilde Anderson propone un modelo participativo que contempla instancias de colaboración entre la comunidad y el gobierno. El profesor Massol Deyá, sin embargo, parte de un modelo mucho más autónomo basado en “la ciencia, la cultura y la comunidad”, es decir, al margen de colaboraciones significativas con las estructurales gubernamentales.
“En el caso nuestro vemos el conflicto como el conflicto de las dependencias; necesitamos romper la dependencia energética y perseguir un modelo de autosuficiencia”, sostuvo Massol Deyá en referencia específica a la política energética de Puerto Rico y como ejemplo del andamiaje económico del país que ha obstruido la implementación de un desarrollo sustentable. En ese sentido, adujo que las esferas gubernamentales están limitadas por una dependencia mayor, la relación colonial con Estados Unidos manifiesta en la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal, lo que a su juicio impide que en Puerto Rico pueda hablarse de procesos realmente democráticos.
Por eso al referirse a la experiencia de la organización Casa Pueblo en Adjuntas y su trayectoria de luchas ambientales y comunitarias, Massol Deyá asegura que “lo hacemos rompiendo las dependencias de gobiernos locales y gobiernos de afuera”. Aludiendo a varios proyectos de energía renovable que han encaminado en Adjuntas luego del huracán Maria, el profesor insistió en que estos no se lograron con ayudas gubernamentales, sino con colaboraciones de la diáspora, la academia y el poder social que emana “de abajo hacia arriba”.
Ciertamente, Casa Pueblo ilustra a perfección el potencial del poder social y comunitario para atender una cantidad considerable de problemáticas locales. No obstante, la interrogante restante tras el panel es si, como parte de una agenda de reconstrucción de País, ese poder social debe prescindir del todo del aparato gubernamental. Quizás eso no sea lo más deseable ya que, como sugeriría Wilde Anderson, la movilización comunitaria implica también “entender lo que el gobierno hace ahora, lo que debería hacer más [y]lo que quizás no puede hacer”.
* Puede utilizar el siguiente enlace para acceder a una grabación del conversatorio: Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, Autogobierno y autogestión a la luz de P.R.O.M.E.S.A., FACEBOOK (3 de mayo de 2018), https://www.facebook.com/revistajuridicaupr/videos/2190909807602933/.
** El autor es abogado y fue Director del Volumen 85 de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico.
