Comentario
Por: Orlandy Cabrera Valentín*

Introducción

La Cuarta Enmienda de la Constitución federal y la Sección 10 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, garantizan el derecho contra registros y allanamientos irrazonables.[1] Como norma general, una violación a ese derecho conlleva la supresión de la evidencia incautada.[2] Esto se conoce como la regla de exclusión.[3] Dicha regla pretende “disuadir esas actuaciones ilegales por parte . . . [del Gobierno]y colocar a los tribunales en posición de dirimir controversias que requieran analizar la razonabilidad de la intrusión al momento de . . . [implantarla]”.[4] Esto, porque la cláusula contra registros y allanamientos irrazonables procura proteger y garantizar la privacidad de la vida contra el poder arbitrario del Estado.[5] Sin embargo, a principios del Siglo XXI, los cambios tecnológicos han provocado un sinnúmero de retos y desafíos a nuestro ordenamiento jurídico.[6] De ahí que, la Corte Suprema federal ha tratado de abordar estos avances tecnológicos cuando se utilizan sin una orden judicial.[7] Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer.[8]

Ejemplo de ello es la reciente decisión en United States v. Moore-Bush.[9] Allí, la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito tuvo la oportunidad de considerar si el uso de tecnología convencional, como las cámaras de seguridad, es inconsistente con lo pautado en Carpenter v. United States.[10] En particular, el Circuito debía resolver si una vigilancia de ocho meses, sin orden judicial y por medio de una cámara de video, sobre las inmediaciones[11] de una residencia era un registro inconstitucional, conforme la Cuarta Enmienda.[12]

A continuación, discutiremos y analizaremos la decisión que emitió la Corte de Distrito y el Primer Circuito. Al final, expondremos nuestra opinión sobre la controversia.

I. Discusión y análisis de United States v. Moore-Bush

   A. Los hechos

Los hechos de este caso son relativamente sencillos. En esencia, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (“ATF”, por sus siglas en inglés) sospechaba que Nia Moore-Bush (en adelante, “Nia”) traficaba sustancias controladas y armas de fuego en la casa de su madre, Daphne Moore-Bush (en adelante, “Daphne”).[13] La residencia de Daphne ubicaba en un vecindario tranquilo y de poco movimiento, lo que dificultaba hacer una vigilancia presencial.[14] Por ello, sin orden judicial, los oficiales decidieron colocar una cámara de vigilancia en un poste de luz que situaba en una acera frente a la casa de Daphne.[15] La cámara estaba oculta y los agentes solo la utilizaban para vigilar la residencia de Daphne.[16] De hecho, los agentes admitieron que magnificaban la imagen (zoom) para enfocar a los individuos que se encontraban en el interior de la casa.[17] La vigilancia transcurrió durante ocho meses ininterrumpidos. Gracias a ello, los oficiales obtuvieron grabaciones en las cuales aparecían Nia y Daphne traficando drogas y armas.[18] Por ello, se le radicaron cargos criminales. Naturalmente, Nia y Daphne solicitaron la supresión de las grabaciones, arguyendo que la vigilancia constituyó un registro inconstitucional.[19]

   B. Decisión de la corte de distrito

La Corte de Distrito debía analizar si Nia y Daphne tenían una expectativa razonable de intimidad, a lo cual respondió en la afirmativa.[20] Destacamos que el foro primario reconoció que, en United States v. Bucci,[21] otro panel del Primer Circuito resolvió que un sistema de vigilancia continua e ininterrumpida, a través de una cámara de video, no violentaba la Cuarta Enmienda.[22] Sin embargo, la Corte de Distrito razonó que, a la luz de lo pautado en Carpenter v. United States, United States v. Bucci no era vinculante.[23]

La Corte de Distrito distinguió y rechazó a United States v. Bucci por dos razones.[24] Primero, en United States v. Bucci los agentes no tenían la habilidad de controlar la cámara.[25] Sin embargo, en United States v. Moore-Bush, los agentes tenían total control del de cámara, hasta el punto que podían magnificar la imagen del video para distinguir a las personas que entraban y salían de la casa de Daphne.[26] Segundo, el razonamiento de United States v. Bucci se fundamentó en que un individuo no tiene expectativa de intimidad en objetos y lugares expuestos al público.[27] No obstante, según la Corte de Distrito, lo resuelto en Carpenter v. United States repudia dicho principio porque una persona no renuncia a sus protecciones constitucionales, conforme la Cuarta Enmienda, al aventurarse a la esfera pública.[28]

Cabe destacar que, en su escrito, el Gobierno citó varios casos estatales y federales que rechazaban la idea de que Carpenter v. United States prohibió, de algún modo, el uso de técnicas de vigilancia convencionales, como lo son las cámaras de seguridad.[29] La Corte aclaró que, una cámara de vigilancia, no es lo mismo que una cámara de seguridad.[30] Ello, porque la última se utiliza para monitorear el entorno público y evitar la comisión de delito.[31] Además, las cámaras de seguridad están a plena vista, por lo que un individuo debe saber que lo están grabando.[32] Sin embargo, una cámara de vigilancia no se utiliza para prevenir un delito, sino para fines investigativos.[33] Similarmente, en este caso, la cámara de vigilancia no era visible al público, por lo que Nia y Daphne desconocían que las estaban grabando.[34]

Además, la Corte distinguió la cámara de vigilancia, con la vigilancia presencial que realiza un agente.[35] Según la decisión, en vista de que la vigilancia quedaba grabada, el Gobierno podía adelantar y retorcer el video a cualquier parte para identificar, por ejemplo, las rutinas o hábitos de los ocupantes.[36] Ello es ciertamente distinguible de una vigilancia presencial por un agente porque los seres humanos no tienen memoria fotográfica.[37]

Por lo tanto, la Corte de Distrito expresó que, la controversia es una de primera impresión y determinó que la vigilancia excedió los límites de la expectativa de intimidad de Nia y Daphne.[38] Así las cosas, concedió la solicitud de supresión.[39]

   C. Decisión de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito

La decisión fue un per curiam de tan solo dos oraciones.[40] Seis jueces del Circuito coincidieron en que la decisión debía revocarse.[41] Sin embargo, dichos jueces se dividieron en dos opiniones concurrentes que discreparon sobre el por qué procedía revocar.[42]

i. Opinión concurrente de Barron, Thompson y Kayatta (en adelante, “Opinión BTK”).

Estos jueces concluyeron que la vigilancia constituyó un registro, cuando los agentes accedieron las regrabaciones. Ello, sin importar el hecho de que, como argumentó el Gobierno, dichas regrabaciones solo eran una compilación de videos que capturaron lo que estaba expuesto a la vista del público.[43] No obstante, estos jueces entendieron que la supresión era improcedente porque la actuación de los agentes estuvo protegida por la excepción del good-faith.[44] La excepción del good-faith impide la exclusión de aquella evidencia que se obtuvo en violación a la Cuarta Enmienda, cuando los agentes actuaron ante la creencia de que no existe tal violación.[45] Por ejemplo, en Michigan v. DeFillippo,[46] la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que se admitiera como evidencia, los frutos de un arresto que se hizo en good-faith, al amparo de una ordenanza municipal que posteriormente se declaró inconstitucional.[47]

Entonces, según la Opinión BTK, en la medida en que la vigilancia se llevó a cabo antes de emitirse la opinión de Carpenter v. United States, la actuación de los agentes fue correcta, por lo que no procedía la supresión de los videos. Es decir, los jueces reconocieron que, si bien es cierto que los recientes desarrollos jurisprudenciales favorecen la idea de que United States v. Bucci quedó revocado, no es menos cierto que los agentes actuaron conforme un razonamiento que, en aquel entonces, era válido y no había sido cuestionado.

Retornando a los méritos, la Opinión BTK abordó al análisis de Katz v. United States,[48] para determinar: (1) si Nia y Daphne manifestaron tener una expectativa de intimidad sobre aquello que procuraban mantener en privado, y (2) si esa expectativa es una que la sociedad reconoce como una razonable, que no está sujeta a la intervención del Gobierno.[49]

En cuanto al primer factor, los jueces entendieron que se cumplió porque del récord surgía que Nia y Daphne se mudaron a una casa rodeada de grandes árboles y que ubicaba en un vecindario tranquilo.[50] En tal sentido, la Opinión BTK rechazó la contención del Gobierno sobre que Nia y Daphne no tomaron acciones afirmativas para manifestar su expectativa de intimidad porque no colocaron verjas o paredes que obstaculizara la vista a su casa desde la calle.[51] El Gobierno adoptó ese planteamiento de United States v. Bucci.[52] Sin embargo, los jueces aclararon que en United States v. Bucci, no estaba en controversia la expectativa de intimidad por un largo período, sino que se centraba en las ocurrencias discretas de aquellas personas que transitaban frente a la residencia.[53] Así, la Opinión BTK tomó por bueno el enfoque de duración que el juez asociado Samuel Alito comentó en United States v. Jones.[54] Estos jueces razonaron que, aquellas personas que transitan por la calle y que casualmente observan lo que ocurre en las inmediaciones de una vivienda, lo hacen por un corto tiempo, por lo que no tendrán conocimiento de todo lo que ocurre en esa residencia durante ocho meses.[55] Así las cosas, el hecho de que Nia y Daphne no hayan tomado acciones afirmativas para que los transeúntes no pudieran observar las inmediaciones de su residencia, tenían una expectativa de intimidad.[56]

En torno al segundo factor, los jueces entendieron que la razonabilidad de la expectativa de intimidad recaía en que la privacidad de Nia y Daphne residía en la totalidad de sus movimientos y actividades con sus familiares y visitantes en las inmediaciones de su residencia, la cual fue grabada por la cámara de vigilancia.[57] Seguidamente, la Opinión BTK aclaró que, tanto en Katz v. United States como Carpenter v. United States, se concluyó que la expectativa de intimidad no se renuncia por el hecho de que la actividad se lleve en público.[58] Es decir, toda persona tiene una expectativa razonable de intimidad en sus movimientos físicos a largo plazo, incluso si ocurren a la vista del público en general.[59] Según la opinión de Carpenter v. United States, la sociedad tiene la expectativa de que el Gobierno no monitoree secretamente cada movimiento de un individuo por un período prolongado.[60]

ii. Opinión concurrente de Lynch, Howard y Gelpí (en adelante, “Opinión LHG”)

La Opinión LHG concluyó que la vigilancia no constituyó un registro, en contravención a la Cuarta Enmienda.[61] Estos jueces entendieron que la Opinión BTK aplicó e interpretó erróneamente la decisión de Carpenter v. United States porque dicho precedente no prohíbe que se admita como evidencia las grabaciones que fueron producto de cámaras de vigilancia.[62] La Opinión LHG afirmó que Nia y Daphne no cumplieron con el estándar de Katz v. United States, por lo que no tenían una expectativa razonable de intimidad en las actividades que realizaban en las inmediaciones de su residencia.[63]

Los jueces manifestaron que Carpenter v. United States fue una decisión que se limitó al CSLI y no cuestionó las técnicas convencionales de vigilancia, tales como las cámaras de seguridad.[64] Siendo ello así, concluyeron que una cámara de vigilancia es una herramienta convencional de vigilancia, por lo que Carpenter v. United States no revocó implícitamente a United States v. Bucci.[65] Para fundamentar lo anterior, la Opinión LHG mencionó que, mucho antes de Carpenter v. United States, diversas cortes habían reconocido la existencia de cámaras de vigilancia y que este tipo de mecanismo se usa a diario por agentes del orden público para producir evidencia que sustente una orden de allanamiento o de interceptación telefónica.[66]

De igual modo, la Opinión LHG distinguió el concepto de CSLI y las cámaras de vigilancia.[67] Discutiendo el razonamiento de Carpenter v. United States, concluyó que el CSLI permite la creación de un mapa comprensivo de los movimientos de las personas con tan solo presionar un botón.[68] En cambio, la continua e ininterrumpida vigilancia de las inmediaciones de una residencia no se puede generar al presionar un botón.[69] En tal sentido, los jueces adoptaron la posición del Gobierno sobre que Nia y Daphne debían tomar acciones afirmativas para impedir que el público tuviese conocimientos de las actividades que realizaban en las inmediaciones de su residencia.[70] Finalmente, aclararon que la preocupación que se atendió en Carpenter v. United States no estaba presente en este caso.[71] Ello, porque la vigilancia no develó los movimientos de Nia o de Daphne en múltiples lugares, sino en un lugar en específico.[72]

Por estas razones, la Opinión LHG concluyó que la supresión de las grabaciones era improcedente. No había expectativa razonable de intimidad, por lo que no hubo violación a la Cuarta Enmienda.[73]

II. Consideraciones finales

La lectura de United States v. Moore-Bush nos lleva a preguntarnos qué diferencia, si alguna, existe entre las investigaciones que realizan los oficiales, mediante una cámara de vigilancia, y las investigaciones de campo (presencial) que realizan a diario los agentes utilizando, por ejemplo, binoculares o telescopios.

A manera de ilustración, Pablo Agente recibe una llamada de Pepe Confidente quien le informa que Juan Criminal vende drogas en su casa. Ante esta confidencia, el supervisor de Pablo Agente le asigna un vehículo oficial no rotulado. Pablo Agente llega hasta la casa de Juan Criminal y se estaciona en la calle, pero lejos de la residencia. Desde el vehículo observa lo que ocurre en la casa de Juan Criminal. Pablo Agente se percata que cada diez minutos una persona le toca la puerta a Juan Criminal, quien, en la entrada, le entrega una bolsita de plástico al individuo y este, a su vez, le entrega dinero. No obstante, debido a la distancia en que se encuentra, Pablo Agente no puede visualizar el contenido de la bolsita, por lo que utiliza un binocular y se percata que la bolsita contiene un polvo blanco que, conforme a su experiencia, parece ser cocaína. Así las cosas, Pablo Agente obtiene una orden de registro y allanamiento e incauta más de cien bolsitas plásticas de cocaína en la casa de Juan Criminal.

Normalmente, la actuación de Pablo Agente sería constitucional porque la actividad criminal —aunque se llevó a cabo en las inmediaciones de la casa de Juan Criminal— estaba expuesta al público. Si Pablo Agente estuviese caminando por la acera frente a la casa de Juan Criminal, hubiera podido ver la transacción y el contenido de la bolsita plástica, sin la necesidad del binocular. Sin embargo, imaginemos que la transacción se dio en el interior de la residencia. Dicha residencia tiene una ventana, y a través de esta, Pablo Agente podía ver la transacción, pero no el contenido de la bolsita. La única forma de ver el contenido de la bolsita es si Pablo Agente utiliza un binocular que le permitiese ver —más de cerca— el interior de la casa. En esa circunstancia, ¿la actuación de Pablo Agente sería constitucional? ¿Debe suprimirse la evidencia que se incautó porque Pablo Agente no se hubiera percatado del contenido de la bolsita, si no hubiera utilizado el binocular? ¿El uso del binocular violentó la expectativa de intimidad de Juan Criminal? ¿Juan Criminal tenía expectativa de intimidad, a pesar de que a través de la ventana podía verse a simple vista la transacción, pero no el contenido de la bolsita?

Desde Katz v. United States, un sinnúmero de cortes federales y estatales se han enfrentado a este tipo de situaciones e interrogantes.[74] A tales efectos, nos parece relevante mencionar United States v. Taborda.[75] Allí, el Segundo Circuito resolvió que la observación que un agente realizó —sobre los objetos y actividades que ocurrían dentro del apartamento del acusado— era constitucionalmente permisible.[76] Ello, solamente si los objetos y las actividades al interior de la casa podían percibirse con el ojo humano (naked-eye), sin la necesidad de utilizar un aparato que mejorase el campo de visión (enhanced viewing).[77] Es decir, todo aquello que el agente observó dentro de la residencia, mediante la asistencia del telescopio —y que de otro modo no hubiera podido observar a simple vista— debía suprimirse.[78] Similarmente, en People v. Arno, la Corte de Apelaciones de California concluyó que, si el propósito del binocular es permitir una vigilancia clandestina sobre aquello que podía observarse sin la necesidad de dicho binocular, entonces no existe intrusión inconstitucional.[79] Por tanto, si con el binocular se observa aquello que no podía observarse, sin la necesidad del binocular, entonces hay intrusión.[80] La Corte razonó que la expectativa de intimidad se extiende a aquellos objetos, actividades y sonidos que no pueden percibirse naturalmente por la visión o audición del ser humano.[81] En tal sentido, si bien el Gobierno puede utilizar tecnología para evitar ser detectado durante una investigación, dicha tecnología no puede invadir la expectativa de intimidad del sospechoso.[82]

Entonces, al considerar lo resuelto en TabordaArno y tras armonizarlo con el razonamiento de Carpenter v. United States, notamos que los jueces en United States v. Moore-Bush, realizaron un análisis incompleto de la controversia. Por ejemplo, la Opinión BTK se enfocó en la duración de la vigilancia,[83] mientras que la Opinión LHG centró su análisis: (1) en que la cámara de vigilancia es una tecnología convencional; (2) en discutir la distinción entre el concepto de CSLI y las cámaras de vigilancia, y (3) en probar la inexistencia de intimidad en lugares públicos.[84]

A nuestro entender, el análisis debía enfocarse en determinar cuál fue el uso que los agentes le dieron a la cámara de vigilancia. En particular, si las grabaciones captaron objetos y actividades que, de otro modo, un transeúnte no hubiera podido observar a simple vista, sin la necesidad de la cámara de vigilancia. Nos explicamos.

Si la cámara de vigilancia grabó transacciones ilegales de sustancias controladas o de armas de fuego —que hayan ocurrido en las inmediaciones de la casa de Daphne— no existiría violación a la Cuarta Enmienda. Esto, porque cualquier transeúnte que caminara por la acera o por la calle, hubiera podido percatarse de la actividad criminal. En tal sentido, la cámara de vigilancia captó lo mismo que hubiera observado una persona a simple vista desde el campo abierto.[85] Adviértase que, “observaciones hechas por unos agentes del orden público—desde fuera del curtilage de actividades o eventos que se desarrollen en el curtilage, no está prohibida por la Constitución”.[86]

Sin embargo, si Nía y Daphne hubieran tomado acciones afirmativas para evitar que esas actividades desde las inmediaciones (curtilage) estuviesen visibles al público —como, por ejemplo, levantar una verja— entonces, la grabación de la cámara de vigilancia hubiera sido inconstitucional. Ello, en la medida en que dicha cámara se colocó en lo alto de un poste de luz y grabó aquello que los transeúntes no podrían haber percibido desde el suelo. Según surge de los hechos, algunas de las transacciones ocurrieron en las inmediaciones de la residencia, pero Nía ni Daphne tomaron acciones afirmativas para mantenerlas en privado (seeks to preserve as private).[87]

Ahora bien, también surge de los hechos que los agentes magnificaron la imagen de la cámara mientras realizaban la grabación. Ello, para visualizar a los individuos que ingresaban en la residencia o para enfocar ciertos objetos.[88] Conforme TabordaArno, la constitucionalidad de dicha acción dependerá de si lo que se captó —por medio de la magnificación de la imagen— estuviese en las inmediaciones o en el interior de la casa, hubiera podido percibirse por un transeúnte a simple vista (naked-eye) desde el campo abierto.

Por otro lado, coincidimos con la Opinión LHG en que la Opinión BTK aplicó e interpretó erróneamente el raciocinio de Carpenter v. United States, en torno al mapa comprensivo que puede crear el monitoreo continuo e ininterrumpido de los movimientos físicos de la persona vigilada.[89] Según la Corte de Distrito, la cámara de vigilancia solo capturó los movimientos de Nía y Daphne en las inmediaciones de la residencia.[90] Es decir, no se mapearon sus movimientos fuera de las inmediaciones de la casa. Esto, porque dichos movimientos ocurrieron en un lugar donde una persona tiene la expectativa de encontrarse con sus vecinos una y otra vez, dejando entre ver el patrón de sus acciones.[91] A manera de ejemplo, el razonamiento de Carpenter v. United States prohibiría que el Gobierno realice una investigación prolongada de un sospechoso utilizando un dron. Ello, en la medida en que dicho dispositivo, a diferencia de una cámara de vigilancia, captaría y monitorearía la totalidad de sus movimientos y actividades en diferentes lugares y no solamente en un lugar específico. Precisamente, la vigilancia área mediante un dron es similar a la preocupación que la Corte Suprema federal atendió en Carpenter v. United Sates en relación con los datos CSLI.

Conclusión

Sin duda, las opiniones en United States v. Moore-Bush no proveyeron una respuesta clara y certera en torno a cuál debe ser el análisis para determinar si una vigilancia prolongada, sin orden judicial y por medio de una cámara de video, sobre las inmediaciones de una residencia es un registro constitucional, conforme la Cuarta Enmienda.[92] Sin embargo, ello no es del todo problemático. El 18 de noviembre de 2022, Nía y Daphne recurrieron a la Corte Suprema federal con la esperanza que el Máximo Foro expida la controversia.[93] El 9 de diciembre de 2022, la Oficina de la Procuradora General de Estados Unidos (“OSG”, por sus siglas en inglés) renunció a presentar su alegato en oposición,[94] pero el 15 de diciembre de 2022, el Alto Foro le requirió comparecer.[95] Al día de hoy, la OSG ha solicitado tres prórrogas, por lo que tiene hasta el 14 de abril de 2023 para expresar la posición de los Estados Unidos.[96]

Es incuestionable que United States v. Moore-Bush representa una excelente oportunidad para que la Corte Suprema federal reexamine y delimite los contornos de las protecciones que ofrece la Cuarta Enmienda en el contexto de una sociedad que se moderniza tecnológicamente día con día. Si bien el Máximo foro ha tratado de subsanar las deficiencias y vacíos legales que provocan los avances tecnológicos,[97] la realidad es que “[t]he Court has often struggled to apply the Fourth Amendment in new technological environments”.[98] No obstante, esta controversia tiene el potencial de aclarar que la tecnología no debe cambiar el propósito medular e intrínseco de la Cuarta Enmienda.[99] Si retrocedemos un poco en la historia, podemos percatarnos que la definición de “registro” no ha variado, pero si su alcance.[100] Desde Katz v. United States ha quedado claro que un registro ocurre no tan solo con la transgresión física, sino también mediante el uso de aparatos tecnológicos que permiten develar aspectos íntimos de las personas sin tener que tomar ninguna acción o movimiento físico.[101]

Así, pues, lo importante a vislumbrar es si el Gobierno, por medio del uso de tecnología, quebrantó la expectativa de intimidad de la persona investigada. Para determinar si hubo tal quebranto —dentro el contexto de cámaras de vigilancia— la Corte Suprema federal debe adoptar el raciocinio de TabordaArno y pautar que, si la cámara capta objetos y actividades que surjan de las inmediaciones de una propiedad o de su interior, y que de otro modo un transeúnte no pueda percibir a simple vista, sin la ayuda de dicha cámara, la grabación constituiría un “registro” para propósitos de la Cuarta Enmienda. Por tanto, la grabación será admisible, como prueba de cargo, si la grabación está respaldada por una orden de registro y allanamiento. En ausencia de dicha orden, la grabación deberá suprimirse. Este curso de acción es cónsono con la percepción de que una cámara de vigilancia le provee al Gobierno una poderosa herramienta para abrir “[a]n intimate window into a person’s life . . .”.[102]

Si el Alto Foro federal declina acoger la petición de certiorari, las cortes federales inferiores y los estados continuarán desarrollando esquemas y análisis distintos.[103] Esto significa que si el Gobierno comete la misma conducta, a saber, utilizar cámaras de seguridad para grabar las actividades sospechosas en las inmediaciones o en el interior de una propiedad, y la persona afectada reclama la protección de la Cuarta Enmienda, el resultado de su caso dependerá de en cuál estado o Corte de Distrito se haya presentado el caso. Lo anterior provocaría una erosión significativa en el federalismo tal cual como lo conocemos, en la medida en que se permitiría la aplicación desigual y heterogénea de un derecho protegido por la Constitución federal.[104]

* El autor es Procurador General Auxiliar en el Departamento de Justicia de Puerto Rico. El autor preparó el presente escrito para fines de discusión académica y no representa, de modo alguno, la postura, posición u opinión de la Oficina del Procurador General o del Departamento de Justicia.

[1] CONST. EE. UU. enm. XV; CONST. PR art. II, § 10.

[2] Pueblo v. Rolón Rodríguez, 193 DPR 166, 182 (2015).

[3] Pueblo v. Fernández Rodríguez, 188 DPR 165, 180-81 (2013).

[4] Rolón Rodríguez, en la pág. 182.

[5] Carpenter v. United States, 138 S. Ct. 2206, 2214 (2018).

[6] Jeffrey Rosen, Technological Change and the Constitutional Future, en CONSTITUTION 3.0: FREEDOM AND TECHNOLOGICAL CHANGE 1 (Jeffrey Rosen & Benjamin Wittes eds., 2011).

[7] Véase Carpenter, 138 S. Ct., en la pág. 2212 (sobre la triangulación telefónica conocida como Cell–Site Location Information (en adelante, “CSLI”)); Riley v. California, 573 U.S. 373 (2014) (sobre un registro de un teléfono celular); United States v. Jones, 565 U.S. 400 (2012) (sobre el uso de un sistema de posicionamiento global (GPS) para monitorear los movimientos de un vehículo de motor); Kyllo v. United States, 533 U.S. 27 (2001) (sobre un sistema de imagen térmica).

[8] United States v. Moore-Bush: First Circuit Divides on Constitutionality of Warrantless Pole-Camera Surveillance of Home’s Curtilage, 136 HARV. L. REV. 1268 (2023) (“Fourth Amendment doctrine has struggled to keep pace with these new threats. And the Supreme Court’s attempts to address accelerating technological change . . . have left the doctrine unsettled”).

[9] United States v. Moore-Bush, 36 F.4th 320 (1st Cir. 2022).

[10] El Alto Foro federal concluyó que el Estado debe obtener una orden de registro y allanamiento, basada en causa probable, previo a tener acceso a los récords de ubicación física de un proveedor de servicios de telefonía celular. Es decir, la protección de la Cuarta Enmienda se extendió a los datos de ubicación que el teléfono móvil provee, aun si fueron recopilados por un tercero.

[11] Véase Pueblo v. Rivera Colón, 128 DPR 672, 683 (1991) (al utilizar la palabra inmediaciones nos referimos al concepto curtilage que es la “[z]ona contigua a la casa, compuesta por el terreno y estructuras accesorias”).

[12] Moore-Bush, 36 F.4th, en la pág. 321.

[13] Id. en la pág. 322.

[14] Id.

[15] Id.

[16] Id.

[17] Id. en la pág. 323.

[18] Id. en la pág. 362.

[19] Id. en la pág. 324.

[20] United States v. Moore-Bush, 381 F. Supp. 3d 139, 144 (D. Mass. 2019) (Nia and Daphne’s “expectation of privacy ‘is one that society is prepared to recognize as objectively reasonable’”) (cita omitida).

[21] United States v. Bucci, 582 F.3d 108 (1st Cir. 2009).

[22] Moore-Bush, 381 F. Supp., en la pág. 144.

[23] Id.

[24] Id.

[25] Id. (“law enforcement officers lacked the capability to control the camera remotely without being physically at the scene”).

[26] Moore-Bush, 36 F.4th, en la pág. 323.

[27] Moore-Bush, 381 F. Supp., en la pág. 144.

[28] Id. (“[a]person does not surrender all Fourth Amendment protection by venturing into the public sphere.”) (citando a Carpenter v. United States, 138 S. Ct. 2206, 2217 (2018)).

[29] Id. en la pág. 145.

[30] Id.

[31] Id. en la pág. 146 (“security camera exists to monitor a heavily trafficked area or commercial establishment”).

[32] Id. (“[s]ecurity camera operators often install their cameras in plain view or with warning signs to deter wrongdoers”).

[33] Id. (“the Government explained that it used the Pole Camera simply to track suspects’ travels, which, standing alone, were not crimes”).

[34] Id. (“[t]he Government hid the Pole Camera out of sight of its targets . . .”).

[35] Id. en la pág. 149.

[36] Id. (“the Government can go back on a whim and determine a home occupant’s routines with to-the-second specificity”) (Comparemos esto con la opinión concurrente de la jueza asociada Sonia Sotomayor en United States v. Jones, al mencionar que “GPS monitoring generates a precise, comprehensive record of a person’s public movements that reflects a wealth of detail about her familial, political, professional, religious, and sexual associations.”). Véase United States v. Jones, 565 U.S. 400, 415 (2012) (Sotomayor, opinión concurrente)

[37] Id. (“[t]his capability distinguishes this surveillance from human surveillance. Humans are imperfect note-takers and not all blessed with photographic memory”).

[38] Id. en la pág. 144 (“this Court considers the issue as matter of first impression and rules that the surveillance conducted here exceeds the objectively reasonable expectation of privacy . . .”).

[39] Id. en la pág. 150.

[40] United States v. Moore-Bush, 36 F.4th 320 (1st Cir. 2022).

[41] Id.

[42] Id. en la pág. 321 (Barron, Thompson & Kayatta, opinión concurrente) (“[t]he result is that our court is unanimous in holding that the District Court’s order granting the motions to suppress must be reversed. Our court’s rationale for that holding, however, is most decidedly not”).

[43] Id. (Barron, Thompson & Kayatta, opinión concurrente).

[44] Id. (Barron, Thompson & Kayatta, opinión concurrente) (“subsequent developments in Fourth Amendment jurisprudence support the overruling of Bucci . . . we also conclude that, under the ‘good faith’ exception to the Fourth Amendment’s warrant requirement . . . the government was entitled to rely on Bucci in acting as it did . . .”).

[45] Véase Illinois v. Gates, 462 U.S. 213, 255 (1983) (“the exclusionary rule in operation, forcefully suggest that the exclusionary rule be more generally modified to permit the introduction of evidence obtained in the reasonable good-faith belief that a search or seizure was in accord with the Fourth Amendment”); United States v. Leon, 468 U.S. 897, 913 (1984) (“the balancing approach that has evolved during the years of experience . . . [and]our evaluation of the costs and benefits of suppressing reliable physical evidence seized by officers reasonably relying on a warrant issued by a detached and neutral magistrate[,] leads to the conclusion that such evidence should be admissible in the prosecution’s case in chief”).

[46] Michigan v. DeFillippo, 443 U.S. 31 (1979).

[47] Id. en la pág. 37 (“Police are charged to enforce laws until and unless they are declared unconstitutional . . . Society would be ill-served if its police officers took it upon themselves to determine which laws are and which are not constitutionally entitled to enforcement”).

[48] Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967).

[49] Moore-Bush, 36 F.4th, en las págs. 330-31 (Barron, Thompson & Kayatta, opinión concurrente).

[50] United States v. Moore-Bush, 381 F. Supp. 3d 139, 143 (D. Mass. 2019) (“[Nia and Daphne] contend that they have established a subjective expectation of privacy by choosing to live in a quiet, residential neighborhood in a house obstructed by a large tree”).

[51] Moore-Bush, 36 F.4th, en las págs. 329 (Barron, Thompson & Kayatta, opinión concurrente).

[52] Id.

[53] Id. (Barron, Thompson & Kayatta, opinión concurrente) (“Bucci did not grapple . . . with the contention that is front and center here — that the claimed expectation of privacy is only in the totality of what transpired within the area of the property at issue over the months in question and not in any discrete occurrences that, one by one, happened to take place there during that time”).

[54] United States v. Jones, 565 U.S. 400, 430 (2012) (“the use of longer term . . . monitoring in investigations of most offenses impinges on expectations of privacy”).

[55] Moore-Bush, 36 F.4th, en las págs. 329 (Barron, Thompson & Kayatta, opinión concurrente) (“casual, accidental obser[ver]. . . [could not]take in all that occurs in a home’s curtilage over the course of eight months and recall it perfectly and at a moment’s notice”) (citas omitidas).

[56] Id. (Barron, Thompson & Kayatta, opinión concurrente) (“we see little sense in inferring that the defendants here lacked, as a subjective matter, their claimed expectation of privacy simply because they failed to take measures that would at most protect against casual observation of the curtilage of their residence . . .”).

[57] Id. en la pág. 332 (Barron, Thompson & Kayatta, opinión concurrente).

[58] Id. (Barron, Thompson & Kayatta, opinión concurrente) (“what [a person]seeks to preserve as private, even in an area accessible to the public, may be constitutionally protected”) (citas omitidas).

[59] Id. (Barron, Thompson & Kayatta, opinión concurrente) (“individuals have a reasonable expectation of privacy in the whole of their physical movements, even if those movements take place in public view . . . society is prepared to accept as reasonable a claimed expectation of privacy in the whole of ‘every single movement of an individual . . .  for a very long period’”) (citas omitidas).

[60] Carpenter v. United States, 138 S. Ct. 2206, 2217 (2018) (“[S]ociety’s expectation has been that law enforcement agents and others would not—and indeed, in the main, simply could not—secretly monitor and catalogue every single movement of an individual’s car for a very long period”).

[61] Moore-Bush, 36 F.4th, en la pág. 361 (Lynch, Howard & Gelpí, opinión concurrente).

[62] Id. (Lynch, Howard & Gelpí, opinión concurrente) (“[t]he concurrence . . . wrongly applies that precedent. Carpenter forbids and does not support the concurrence’s contention that the use of the video taken from the pole camera by the prosecution violated the Fourth Amendment”).

[63] Id. en la pág. 363 (Lynch, Howard & Gelpí, opinión concurrente) (“[t]hese defendants fail on both prongs”).

[64] Id. (Lynch, Howard & Gelpí, opinión concurrente) (“[t]he Carpenter Court was explicit that ‘[o]ur decision today is a narrow one.’ It went on to explain that it expressed no view on technologies other than the CSLI at issue in the case, and it did not ‘call into question conventional surveillance techniques and tools, such as security cameras”) (citas omitidas).

[65] Id. (Lynch, Howard & Gelpí, opinión concurrente) (“[p]ole cameras are certainly a conventional surveillance tool. Moreover, Carpenter did not overrule the precedents the First Circuit relied on when it upheld the use of pole camera surveillance in United States v. Bucci”).

[66] Id. en las págs. 363-64 (Lynch, Howard & Gelpí, opinión concurrente) (“[p]ole cameras have been described in circuit opinions since at least 1987 . . . Pole cameras often, as in this case, produce evidence which provides a basis for warrant and wiretap applications”).

[67] Id. en la pág. 366 (Lynch, Howard & Gelpí, opinión concurrente).

[68] Id. (Lynch, Howard & Gelpí, opinión concurrente) (“CSLI allows creation of a comprehensive map of a person’s movements with ‘just the click of a button’”) (citas omitidas).

[69] Id. (Lynch, Howard & Gelpí, opinión concurrente) (“[e]ight months of pole camera surveillance cannot be generated with the push of a button”).

[70] Id. (Lynch, Howard & Gelpí, opinión concurrente) (“[p]eople can take measures, as defendants here did not, to avoid being seen by neighbors or by passersby. Absent such steps, these defendants certainly knew that when they stepped outside of their house, their activities were exposed to public view”).

[71] Id. (Lynch, Howard & Gelpí, opinión concurrente) (“Carpenter’s concern . . . is not implicated in this case”).

[72] Id. en la pág. 367 (Lynch, Howard & Gelpí, opinión concurrente) (“[p]lacing a single camera on a public street outside of a single house does not create a vast database allowing police to tap into the complete movements of millions of people with the push of a button, which was the Court’s concern in Carpenter”).

[73] Id. en la pág. 373 (Lynch, Howard & Gelpí, opinión concurrente).

[74] Lawrence Kaiser Marks, Telescopes Binoculars and the Fourth Amendment, 67 CORNELL L. REV. 379, 384 (1982).

[75] United States v. Taborda, 635 F.2d 131, 133-34 (2d Cir. 1980) (En este caso, agentes del orden público utilizaron un telescopio para observar las actividades criminales que Miguel Ángel Taborda realizaba en su apartamento. En dicho caso, agentes de la Administración para el Control de Drogas (“DEA”, por sus siglas en inglés) obtuvieron una orden de registro y allanamiento contra la casa de Taborda. Dicha orden se sustentó con una declaración jurada del detective Robert Bisbee, quien indicó que hizo varias investigaciones en los alrededores de la residencia de Taborda. Utilizando un telescopio, pudo observar paquetes de cocaína en la cocina de la residencia. En la vista de supresión, Bisbee declaró que observó a Taborda y a otro individuo endecando polvo blanco en bolsas plásticas y en objetos cilíndricos de color negro. Además, testificó que solamente usó el telescopio para contabilizar aquellos objetos y leer las etiquetas de los contenedores que no distinguía a simple vista.).

[76] Id. en la pág. 141.

[77] Id. en la pág. 139, 141 (“observation of objects and activities inside a person’s home by unenhanced vision from a location where the observer may properly be does not impair a legitimate expectation of privacy”).

[78] Id. (“[t]o the extent, however, that the agents used the telescope to identify objects or activities that were not identified without an instrument, those observations were improper without a search warrant and could not form the basis for issuance of a warrant”).

[79] People v. Arno, 90 Cal. App. 3d 505, 626 (Ct. App. 1979) (“if the purpose of the optically aided view is to permit clandestine police surveillance of that which could be seen from a more obvious vantage point without the optical aid, there is no unconstitutional intrusion”).

[80] Id. (“if the purpose of the optical aid is to view that which could not be seen without it, there is”).

[81] Id. en las págs. 511-12 (“the reasonable expectation of privacy extends to that which cannot be seen by the naked eye or heard by the unaided ear”).

[82] Id. (“[w]hile governmental authority may use a technological device to avoid detection of its own law enforcement activity, it may not use the same device to invade the protected right”).

[83]First Circuit Divides on Constitutionality of Warrantless Pole-Camera Surveillance of Home’s Curtilage, supra nota 8, en la pág. 1268 (“the opinion’s reasoning primarily centered on the duration of the surveillance, rather than the multidimensional risks posed by pole-camera monitoring”).

[84] Id. (“the opinion argued that no privacy interest exists in a publicly exposed curtilage, despite Carpenter’s selective narrowing of third-party doctrine. Finally, the opinion distinguished pole-camera surveillance from cellphone-location data”).

[85] Pueblo v. Soto Soto, 168 DPR 46, 59 (2006) (“las observaciones hechas desde . . . [el campo abierto]no están sujetas a la prohibición constitucional”).

[86] Id. en la pág. 57.

[87] Carpenter v. United States, 138 S. Ct. 2206, 2217 (2018).

[88] United States v. Moore-Bush, 36 F.4th 320, 323 (1st Cir. 2022) (“[t]he agents also could, remotely, pan, tilt, and zoom the camera to better focus on individuals or objects of interest”).

[89] Carpenter, 138 S. Ct. en la pág. 2217 (“phone goes wherever its owner goes, conveying to the wireless carrier not just dialed digits, but a detailed and comprehensive record of the person’s movements”).

[90]Moore-Bush, 36 F.4th en la pág. 368 (“pole camera only captured the defendants’ and coconspirators’ movements in one place in the public view and did not track their movements once they left the curtilage of 120 Hadley Street”).

[91] Id. (“[t]here can be no expectation of privacy in the aggregate of these movements because they occur in one place where a person expects to encounter and be seen by people again and again. The defendants living on a public street alongside neighbors faced the reality that neighbors would come to know the patterns of when they left in the morning and returned in the evening”).

[92] First Circuit Divides on Constitutionality of Warrantless Pole-Camera Surveillance of Home’s Curtilage, supra nota 8, en la pág. 1275.

[93] Petition for Writ of Certiorari, Moore v. United States, (No. 22-0481), https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/22/22-481/246893/20221118080553790_Moore%20v%20US%20Petition%20for%20Writ%20of%20Certiorari.pdf.

[94] Waiver, (No. 22-0481), https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/22/22-481/249643/20221209173242351_Waiver%20Letter%20-22-0481.pdf.

[95] Docket for No. 22-481, https://www.supremecourt.gov/docket/docketfiles/html/public/22-481.html (última visita 5 de marzo de 2023).

[96] Id.

[97] Erik Nielsen, Fourth Amendment Implications of Police-Worn Body Cameras, 48 St. MARY’S L.J. 115, 120 (2016)

(“[t]his amendment has been shaped by the judiciary to evolve with the needs of an ever-changing society; as a result, it has been applied to a wide variety of circumstances”).

[98] Brief of Amicus Curiae Cato Institute Supporting Petitioner, Moore v. United States, (No. 22-0481), en la pág. 6, https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/22/22-481/252263/20230113161919182_Moore%20v.%20United%20States_Final.pdf

[99] Fourth Amendment Implications of Police-Worn Body Cameras, supra, nota 97, en las págs. 120-121 (“[r]egardless of the circumstances, the Fourth Amendment still stands to protect an individual from searches in instances where the individual maintains a “reasonable expectation of privacy”).

[100] Brief of Institute for Justice as Amicus Curiae in Support of Petitioner, Moore v. United States, (No. 22-0481), en la pág. 5, https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/22/22-481/250772/20221222154247624_Brief%20of%20Amicus%20Curiae%20Institute%20for%20Justice%20Moore%20v.%20US.pdf.

[101] Carpenter, 138 S. Ct. 2206, 2212 (2018); Riley v. California, 573 U.S. 373 (2014); United States v. Jones, 565 U.S. 400 (2012); Kyllo v. United States, 533 U.S. 27 (2001).

[102] Carpenter v. United States, 138 S. Ct. 2206, en la pág. 2217.

[103] Brief of Amici Curiae The Reporters Committee for Freedom of the Press and 13 Media Organizations in Support of Petitioner, Moore v. United States, (No. 22-0481), en la pág. 3, https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/22/22-481/250637/20221221150023466_RCFP%20%20Moore%20v.%20United%20States%20for%20Printer%20PDF%20A.pdf (“[t]he division within the First Circuit underlines a clear split over the constitutional standards that govern the use of this technology, while showcasing continuing confusion in the lower courts . . .”).

[104] Danforth v. Minnesota, 552 U.S. 264, 310 (2008) (Roberts, opinión disidente) (“[o]ur role under the Constitution [is to be]the final arbiter of federal law, both as to its meaning and its reach, and the accompanying duty to ensure the uniformity of that federal law”).

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