Artículo
Por: Ricardo J. Torres Febre*
Introducción
Catorce minutos.
Durante catorce minutos, los oficiales encargados de responder a la crisis de salud mental de Tony Timpa lo tuvieron esposado, en el suelo, mientras uno de estos se arrodillaba sobre Timpa.[1] Todo esto a pesar de que el propio Timpa fue quien llamó al 911, con la esperanza de que le ayudaran a manejar el episodio de psicosis que sentía avecinándose. Durante catorce minutos, los oficiales de la seguridad pública ignoraron las súplicas de Timpa, quien pedía que lo soltaran; que lo estaban matando. Por catorce minutos, los oficiales de la unidad especializada en intervención de crisis se arrodillaron sobre Timpa, y se mofaron de él hasta que, aún con las piernas y brazos amarrados, se desmayó y eventualmente falleció. El Tribunal de Instancia de Dallas declaró que los policías podían escudarse tras la defensa de inmunidad cualificada, por lo que desestimó la demanda incoada por los familiares de Timpa.[2] Aunque el Quinto Circuito revocó esta determinación, estableciendo que Dillard no puede invocar la inmunidad cualificada, actualmente se está viendo el juicio en el tribunal de distrito, dejando incierto el destino de estos policías quienes, a pesar de la apelación que presentaron los familiares, continúan trabajando, uno de ellos incluso felizmente retirado.[3] Timpa, mientras tanto, fue asesinado por quienes, supuestamente, son los guardianes de la seguridad pública.
La inmunidad cualificada o condicionada (en inglés, qualified immunity) es una doctrina judicial que escuda a los oficiales gubernamentales que ejercen funciones discrecionales de responsabilidad (liability) en casos que involucren violaciones a derechos constitucionales;[4] no es meramente una defensa procesal, sino que es una defensa que impide al caso llegar a juicio.[5] Especifica que los oficiales de gobierno (y de particular interés para este escrito, los policías) son inmunes de ser hallados civilmente responsables por violaciones constitucionales, a menos que hayan infringido derechos “claramente establecidos”.[6] No obstante, esta doctrina ha sido objeto de mucha controversia, tanto en el Tribunal Supremo de Estados Unidos,[7] como en la esfera pública,[8] por su aplicación en casos polémicos de uso excesivo de fuerza por parte de la policía, particularmente tras las protestas masivas en contra del cuerpo policiaco que se dieron en EE. UU. a raíz del asesinato de George Floyd.[9] Una doctrina de inmunidad para oficiales estatales ante posibles violaciones de derechos constitucionales debe ser cuestionada con la mayor rigurosidad, dado a que estos últimos componen el fundamento para el aparato estatal moderno. Solamente en las situaciones más apremiantes deberían los derechos constitucionales ceder ante actos discrecionales de los agentes estatales; por lo contrario, se precariza el standing de los derechos constitucionales como los preceptos legales de mayor jerarquía en nuestra democracia.
La aplicación de esta doctrina a las actuaciones de la policía merece especial atención, particularmente por lo aterrador que resulta el hecho de que, para algunos jueces, estrangular y mofarse de una persona que atraviesa por una crisis de salud mental hasta asesinarla no es una violación de un derecho constitucional—siempre y cuando el ofensor vista un uniforme de la policía. Lo aterrador, sin embargo, no resulta inexplicable: al considerar el historial de la policía como cuerpo institucional en EE. UU., hay una conexión lineal entre su surgimiento como un cuerpo cuyo fin era la defensa de la propiedad, en una época donde el Derecho consideraba a las personas negras como propiedad, y sus actuaciones letalmente racistas hoy día. Igualmente, para entender el génesis legal de la doctrina de inmunidad cualificada, debemos entender el estatuto que crea la mayoría de las causas de acción en las cuales se invoca—Section 1983—y los propósitos de la misma como vehículo de redención de los derechos constitucionales de las personas exesclavizadas. Dicho esto, pretendo explorar cómo se aplica la doctrina de inmunidad cualificada en casos que involucran a la policía, y cómo esta aplicación es o no cónsona con los fines de la doctrina. Además, pretendo indagar en cómo el uso de esta doctrina perpetúa las prácticas opresivas de sus entes predecesores.
- Orígenes de la doctrina de inmunidad cualificada
Para entender el origen de esta doctrina y su relación con la policía, es necesario revisar una porción importante de la historia de los Estados Unidos de América (EE. UU.). Es decir, entender tanto el avance en los derechos de igualdad de la nación, como el desarrollo del cuerpo de la policía y sus propósitos a través de los años.
- De la Reconstrucción al Civil Rights Act
Luego del periodo de la Reconstrucción que siguió la Guerra Civil en los Estados Unidos de América, el Congreso Federal, entre 1870-71, promulgó una serie de actas llamadas los Enforcement Acts,[10] con el fin de robustecer los derechos constitucionales de los afroamericanos en EE. UU., quienes aún enfrentaban discrimen racista y burdo, a pesar de la ratificación de las Enmiendas XIII, XIV y XV.[11] En la tercera de estas actas, llamada coloquialmente el Ku Klux Klan Act,[12] se dispuso lo que se conoce hoy, con sus respectivas enmiendas, como Section 1983:
Every person who under color of any statute, ordinance, regulation, custom, or usage, of any State or Territory or the District of Columbia, subjects, or causes to be subjected, any citizen of the United States or other person within the jurisdiction thereof to the deprivation of any rights, privileges, or immunities secured by the Constitution and laws, shall be liable to the party injured in an action at law, suit in equity, or other proper proceeding for redress . . . .[13]
En palabras sencillas, el Congreso redactó un estatuto que crea una acción civil para aquellas personas cuyos derechos constitucionales fueron violentados por actores estatales. Esta norma luego se extendió en 1971 a oficiales federales tras el caso de Bivens, disponiéndose que, aun cuando falte una disposición expresa en la ley que provea un remedio por una violación constitucional, un ciudadano no queda desprovisto de remedios, pues el Tribunal puede concederlos.[14] Bivens complementa la meta de Section 1983, que era proveer un vehículo efectivo a los ciudadanos para hacer valer sus derechos constitucionales y ser indemnizados cuando estos les sean violados, en vez de recurrir al remedio tradicional del injunction, que resulta insuficiente por su efecto prospectivo, particularmente en casos donde se lacera un derecho constitucional.
A pesar de los avances en el ámbito legal, en el periodo entre la promulgación del Ku Klux Klan Act de 1871 y la creación del Civil Rights Act en 1964, que prohibió la segregación y el discrimen en el empleo a base de las categorías sospechosas, las violaciones de derechos constitucionales de los afroamericanos eran cotidianas.[15] La promulgación de las leyes conocidas como Jim Crow Laws evidencian que el trato racista era la orden del día; y estas leyes eran ejecutadas por la misma policía.[16]
- La policía en Estados Unidos
Philip Reichel, jurista y profesor emérito de la Universidad de Carolina del Norte, ha escrito sobre el desarrollo de la policía en la nación estadounidense. Según su teoría, existen tres etapas para el desarrollo de un cuerpo policiaco: 1) informal policing, 2) transitional policing, y 3) modern policing.[17] Apunta a que el aparato policiaco moderno evolucionó de un sistema informal. En su estudio sobre el desarrollo de los mecanismos informales de control social, el teórico Lundman menciona que un componente esencial que influye la formación de estos mecanismos es la necesidad de controlar “clases peligrosas”.[18] Esto lo podemos ver en un acta de Virginia de 1705, la cual permitía a cualquier persona asesinar o “destruir” a un esclavo escapado sin necesidad de probar que había sido acusado de dicho acto.[19] En este caso, la resistencia de los esclavos a su condición presentaba un peligro que debía ser mitigado mediante la militarización de la ciudadanía y luego el despliegue de patrullas de esclavos.[20]
El cuerpo de la policía en EE. UU., particularmente en el sur, tiene su origen en estas patrullas de esclavos.[21] Estas se encargaban, con el aval del gobierno, de aplastar la disidencia entre personas esclavizadas, así como devolver a quienes se escapaban de sus amos.[22] Este aval institucional está demostrado por distintas actas promulgadas entre 1700 y 1740 cuyo fin era darles facultad a las patrullas de esclavos para ejercer fuerza en defensa de la institución de la esclavitud. Por ejemplo, en 1704 se promulgó un acta en Carolina del Sur para permitir a las patrullas castigar a esclavos que se encontraran en cualquier lugar fuera de las plantaciones de sus amos.[23] En 1721, se promulgó otra acta que empoderaba a las patrullas a dispersar grupos de personas negras que estuvieran reunidas, así como a confiscar cualquier arma en su posesión.[24] Interesantemente, en 1740, se promulgó un acta que establecía que no se requerirán patrullas en condados donde vivan más personas blancas que negras, cementando que el propósito de la policía era mantener el orden en las poblaciones negras.[25] Además, estas patrullas estaban empoderadas para entrar al hogar de cualquier persona sospechada de albergar esclavos.[26] Este aval institucional se cementó también en el ámbito legal, a medida que los Justices of the Peace adquirieron el poder para nombrar patrullas y administrar juramentos.[27] En fin, el ente precursor a la policía, desde su origen, estaba facultado a violar lo que hoy conocemos como derechos de Primera, Segunda, Cuarta, y Octava Enmienda, entre otras acciones hoy inconstitucionales.
Luego de la Guerra Civil y la Reconstrucción, las patrullas de esclavos se transformaron en grupos paramilitares cuyo fin era asegurar el cumplimiento de los Black Codes, y con ello la subordinación de personas esclavizadas recién libertas mediante la restricción de su acceso al empleo, al sufragio y a la libertad general.[28] La ratificación de la Enmienda XIV en 1868, que suponía garantizar la igualdad de protección de las leyes, no fue muy efectiva en prevenir estos tratos racistas.[29] Dado a que esta enmienda aplicaba solo a nivel federal, en cuestión de años las leyes Jim Crowhabían tomado su lugar para legalizar la segregación a nivel estatal.[30] De igual modo, habían evolucionado estos grupos paramilitares en los primeros departamentos policiacos locales, cuyos fines incluían monitorear el comportamiento de los esclavos recién libertos en las plantaciones de terratenientes blancos.[31] Las personas negras que desafiaban a la policía durante la época de Jim Crow eran a menudo víctimas de brutalidad policiaca.[32] Además, cabe señalar que grandes cantidades de exsoldados de la Confederación se habían movido a trabajar en la policía o en otras áreas del sistema de justicia, así continuando la opresión de los afroamericanos por otras vías.[33] Dado este panorama, es entendible que Section 1983 haya sido utilizada escasamente durante este tiempo para vindicar los derechos constitucionales de las personas negras.
Definir la policía como un cuerpo de respuesta al crimen es impreciso: desde el surgimiento de la policía moderna, y en particular durante la época previa al Civil Rights Act, crímenes de todo tipo eran perpetuados contra personas negras, particularmente en forma de mob violence por jóvenes blancos dirigidos a personas negras e inmigrantes.[34] Pero el fin de la policía nunca fue perseguir estos crímenes, sino que buscaba calmar el desorden y evitar alteraciones a la paz; y lo que constituye el orden y la paz depende completamente de quién lo define.
Con el fin de la era Jim Crow y la llegada del Civil Rights Act en 1964, se observó un cambio en los objetivos de la policía. Ahora eran los manifestantes de derechos civiles en todas las esquinas del país, y no solo aquellos en el sur, las nuevas víctimas de la brutalidad policiaca.[35] El Dr. Victor Kappeler señala que el rol de la policía se transformó a uno de responder ante personas que atentaran contra el orden sociopolítico y económico de Estados Unidos, históricamente favorecedor a las personas blancas.[36] ¿Es correcto entonces decir que, en EE. UU., quienes siempre han definido lo que constituye desorden, y por ende lo que será objeto de la represión policiaca, son las personas blancas?
- El nacimiento de la inmunidad cualificada
La doctrina de la inmunidad cualificada,[37] según aplicada a los policías, nace en el 1967, tres años después del Civil Rights Act, en el caso de Pierson v. Ray.[38] Este caso decidió por primera vez que la defensa de buena fe y causa probable está disponible para oficiales de la policía cuando se trae una acción en su contra bajo Section 1983.[39] El Tribunal Supremo de EE. UU. (en adelante, “TSEU”) razonó que no se debería obligar a un policía a escoger entre enfrentar cargos por negligencia en el cumplimiento del deber al negarse a hacer un arresto basado solo en causa probable, o enfrentar responsabilidad civil por efectuar un arresto que luego resulte inconstitucional.[40] Razonaba además que, invocando el interés público, era preferible permitir al oficial actuar de manera independiente y sin miedo de repercusiones cuando se encontrara ante una situación donde no hubiera un derecho “claramente establecido”.[41] Este análisis, aunque inicialmente invocado en el contexto de las actuaciones de un juez, luego fue aplicado al contexto de la policía en el caso discutido a continuación.
En Harlow v. Fitzgerald,[42] el TSEU desarrolló el test para la aplicación de la inmunidad cualificada, el cual tiene dos partes: 1) si los hechos establecidos por el demandante establecen una violación de un derecho constitucional, 2) si el derecho constitucional era uno “claramente establecido” que una persona (luego “oficial”) razonable debió haber conocido.[43] De fallar alguna de las dos partes, el oficial es inmune de ser llevado a juicio. Para decidir si un derecho está claramente establecido, el Tribunal deberá considerar si los contornos del derecho están suficientemente claros tal que todo oficial razonable hubiera entendido que sus acciones violarían dicho derecho. Al hacer este análisis, el Tribunal debe establecer que no es debatible que existe precedente estableciendo la ilegalidad de la conducta en cuestión.[44] No obstante, y como expondremos a continuación, la interpretación judicial reciente del estándar de “claramente establecido” lo ha vuelto uno dificultoso de satisfacer.
Pearson v. Callahan marcó el último hito en la formación de la doctrina actual de inmunidad cualificada.[45] Revocando a Saucier v. Katz,[46] el cual estableció que el test de Harlow debía ejercerse en un orden particular, Pearson permitió que el test se hiciera en cualquier orden, permitiendo que se resolviera primero la cuestión de si un derecho estaba claramente establecido sin entrar en la cuestión de si hubo una violación constitucional.[47] El TSEU razonó que podría resultar en un gasto sustancial de recursos judiciales el resolver primero si hubo una violación constitucional, si luego el demandante no prevalece en la segunda parte del test.[48] Añadió que, aunque el propósito de la primera parte del test es desarrollar el precedente constitucional, con frecuencia las opiniones que siguen a Saucier no contribuyen significativamente al cuerpo de precedente.[49]
Al instante, resaltan dos peligros que debemos tener en mente previo a revisar la utilidad de la doctrina: primero, el Tribunal ahora se centra en argumentos de economía judicial para relegar a un segundo plazo la consideración de si hubo una violación constitucional o no, lo cual se aparta bruscamente de la política pública del Congreso al aprobar Section 1983, la cual buscaba precisamente ofrecer un vehículo adecuado para la redención de los derechos constitucionales. Segundo, el test de Harlow requiere que el demandante utilice el precedente existente para derrotar la invocación de la doctrina de inmunidad cualificada; no obstante, el Tribunal sustancialmente impide la creación de precedentes que establezcan qué se considera un derecho “claramente establecido” al permitir a los tribunales resolver planteamientos de inmunidad cualificada sin calificar plenamente las acciones en cuestión como inconstitucionales por haber ejercido el test de manera invertida a como lo propuso Harlow y Saucier.
- Revisión de la invocación de la doctrina en casos recientes
Con frecuencia, el Tribunal Supremo ha citado en casos subsiguientes una parte importante de Harlow, la cual establecía que: “[i]f the law at that time was not clearly established, an official could not reasonably be expected to anticipate subsequent legal developments, nor could he fairly be said to ‘know’ that the law forbade conduct not previously identified as unlawful.”[50] Ahora bien, de manera retórica cuestiono: ¿qué ocurre con la tan sonada doctrina penal de “ignorancia de la ley no exime su cumplimiento”? ¿Acaso se justifica eximir a la policía de un mandato que impone a la ciudadanía diligencia al momento de conocer su sistema penal? ¿No deberíamos abogar—como mínimo—por una policía versada en los preceptos legales que son llamados a hacer valer?
En Frasier v. Evans, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Décimo Circuito tuvo ante sí una demanda bajo Section 1983. En este caso, Frasier grabó a unos oficiales de la policía mientras estos arrestaban y golpeaban a una sospechosa de delito.[51] Frasier se fue y los oficiales lo persiguieron, exigiendo que entregara su tableta con el video.[52] Inicialmente se negó, pero luego de que cinco oficiales lo rodearan y lo presionaran, este le enseño su tableta al oficial Evans y este se la quitó rápidamente de las manos, buscó el video, y lo borró.[53] Frasier demandó bajo Section 1983 por violaciones a sus derechos bajo la Primera y Cuarta Enmienda.[54] La Corte de Apelaciones revirtió la decisión del Tribunal de Instancia, que era favorable a Frasier, y dictaminó que la inmunidad cualificada cobijaba a los oficiales, mediante un razonamiento casi ininteligible.[55]
La Corte de Apelaciones determinó que, aunque los oficiales reciben adiestramiento sobre los derechos de las personas, la única fuente válida de conocimiento de derechos “claramente establecidos” es la jurisprudencia; por ende, al cuestionar si el oficial conocía si el derecho estaba “claramente establecido”, su adiestramiento sobre los derechos de las personas era inconsecuente.[56] El Tribunal continúa explicando que el componente subjetivo de la inmunidad cualificada poco importa; no es relevante si el oficial creía o incluso sabía en un sentido general que su conducta era inconstitucional. Lo central del análisis es si el oficial, como cuestión de derecho, podía tener una creencia razonable de que su conducta era legal basado en la jurisprudencia claramente establecida que rige dicha conducta. El Tribunal expresó que el conocimiento adquirido por los adiestramientos de la policía imparte conocimiento subjetivo, por lo que estos adiestramientos son irrelevantes al momento de aplicar el test de Harlow.[57]
¿Dónde nos deja esto? Si la única fuente para identificar si un derecho es o no uno “claramente establecido” es la jurisprudencia, si los adiestramientos policiacos son insuficientes para cumplir con el estándar judicial de que los oficiales conozcan los contornos claros de la ley, si no se le exige a la policía mantener un conocimiento actualizado de la jurisprudencia vigente, ¿no se vuelve el estándar de “claramente establecido” uno imposible de probar?
En Jamison v. McClendon,[58] un caso ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Mississippi, el oficial McClendon detuvo a Jamison—un soldado negro de Arizona—a pesar de este no haber cometido ninguna infracción de tráfico. El oficial insistió en hacer un registro de su vehículo, aunque Jamison se opuso de manera vehemente.[59] Como el oficial no lo dejaba ir, Jamison accedió bajo coacción y el oficial, junto a un K-9, destrozó el carro de Jamison por más de dos horas.[60] Jamison demandó bajo Section 1983 por violaciones a sus derechos constitucionales de Cuarta y Decimocuarta Enmienda, pues había sido un registro ilegal y fue una detención motivada por racismo.[61] El Tribunal de Distrito declaró que a McClendon le amparaba la inmunidad cualificada debido a que Jamison no demostró que el oficial actuó de manera objetivamente irrazonable.[62] El juez Reeves, con renuencia, falló a favor de McClendon y la doctrina de inmunidad cualificada, no sin antes criticarla:
The Constitution says everyone is entitled to equal protection of the law – even at the hands of law enforcement. Over the decades, however, judges have invented a legal doctrine to protect law enforcement officers from having to face any consequences for wrongdoing. The doctrine is called ‘qualified immunity.’ In real life it operates like absolute immunity.[63]
III. ¿Se queda o se va? Prospección de la inmunidad cualificada
La doctrina de la inmunidad cualificada ha sido criticada por el estándar de prueba inflexible que exige. Críticos de la doctrina han señalado su circularidad: el estándar exige que, para demostrar que un derecho está claramente establecido, el demandante debe encontrar un precedente similar a sus circunstancias.[64] No obstante, si la doctrina precluye que el caso tan siquiera llegue a juicio, ¿cómo espera el Tribunal desarrollar un cuerpo de precedente sustancial para cumplir su propio estándar? Por ejemplo, en Plumhoff v. Rickard,[65] el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció que unos oficiales de la policía no usaron fuerza excesiva en violación de la Cuarta Enmienda al disparar y matar al conductor de un vehículo que huía.[66] El Tribunal concedió que, aún si los policías utilizaron fuerza letal, tenían derecho a cobijarse bajo la inmunidad cualificada, pues no era una ley “claramente establecida” que el disparar a un conductor en esas circunstancias equivalía a uso excesivo de fuerza.[67] La dificultad para probar que un derecho está “claramente establecido” al momento de vindicar sus derechos constitucionales es, en efecto, aunque no en teoría, una erosión de dichos derechos. Incluso, cuando se considera el hecho de que los tribunales están favoreciendo más frecuentemente a la policía en casos relacionados a uso excesivo de fuerza,[68] y que prevalecer en este planteamiento precluye que las violaciones constitucionales lleguen a juicio, podría ser razonable pensar que se está interfiriendo además con el mandato de acceso a la justicia que es la base de nuestro sistema legal.
Ahora bien, ¿cuál es el problema a mayor escala que representa el continuo uso de la doctrina de inmunidad cualificada para escudar a los policías de responsabilidad civil? Recordemos primero que la aplicación desmedida de esta doctrina, en efecto, neutraliza la mayoría de las demandas hechas a base de Section 1983, la cual fue explícitamente creada para asegurar la igual protección de los derechos constitucionales. Segundo, como se reseñó en la sección I(b) del presente escrito, en EE. UU. la policía es un cuerpo cuyos orígenes remontan al racismo perverso de la esclavitud. Si bien es cierto que la policía se burocratizó y se posicionó como parte íntegra del sistema de justicia, también es cierto que sus prácticas han surgido de siglos de comportamiento antidemocrático e inconstitucional. La historia nos enseña claramente que las dinámicas de esclavización, segregación y represión son el fundamento del sistema policiaco moderno; nos enseña que la razón de ser del cuerpo policiaco nunca fue el bienestar comunitario, sino la continuidad de un sistema opresivo. En la medida que la inmunidad cualificada aparenta ser un aval para las actuaciones inconstitucionales de los policías, podría calificarse esta como heredera del visto bueno gubernamental que recibían las patrullas de esclavos para cazar y devolver personas esclavizadas, o que recibía la policía de Jim Crow para burlar los nacientes derechos constitucionales de los negros en EE. UU.
Entonces, cuando el TSEU dice que la inmunidad cualificada es necesaria para escudar a los oficiales públicos de “interferencia indebida con el ejercicio de sus deberes como resultado de alegaciones infundadas”,[69] debemos ser extremadamente cuidadosos y cuestionarnos: ¿Qué deberes son esos que el Tribunal alega no deben ser interferidos? ¿Qué peso debe tener una alegación—infundada o no—de una violación por la policía a los derechos constitucionales en una sociedad justa?
Conclusión
La extrema violencia que está atravesando Estados Unidos a manos de una policía cada vez más militarizada contribuye tanto a la erosión de derechos como a la desestabilización de la convivencia pública. A medida que otras personas blancas ven que no hay consecuencias por el asesinato de personas negras a mano de la policía, se prolifera el envalentonamiento de estas poblaciones a tomarse la justicia en sus propias manos— como ocurrió recientemente con Jordan Neely en el tren de Nueva York, hombre negro y sin hogar que fue brutalmente asesinado por un exsoldado blanco en un episodio tenebrosamente similar a los linchamientos de la época Jim Crow.[70] La doctrina de inmunidad cualificada, en la medida que provee impunidad a actuaciones similares por parte de la policía contra personas negras, hace creer a los ciudadanos blancos que en efecto las vidas negras se valoran menos en el sistema judicial, por lo cual sus actuaciones de “vigilantism” serán recibidas positivamente. En términos sencillos, un sistema judicial confiable no puede permitir la impunidad de actos racistas por parte de su policía sin esperar que la ciudadanía comience a replicar su lógica. Los derechos constitucionales no son abstractos, pero mientras el sistema judicial les provea tan laxa protección, dejan de cumplir sus propósitos.
A propósito del derecho constitucional, menciono que, cuando el Congreso federal aprueba una ley que incide sobre los derechos fundamentales, la misma es sujeta al escrutinio estricto.[71] Es decir, para que dicha ley sea constitucional, debe tener claramente identificado un interés apremiante de la más alta jerarquía, y dicha ley debe estar necesariamente relacionada con el interés que persigue—no puede haber alternativa menos onerosa para alcanzar dicho interés.[72] Según lo reseñado, si la doctrina de inmunidad cualificada hubiera sido promulgada por el Congreso federal, seguramente sería retada en los tribunales por incidir en las libertades constitucionales al permitir violaciones de la Primera, Cuarta y Decimocuarta enmienda, según reseñamos en la parte II. ¿Podría esta ley hipotética, con texto similar a la doctrina de inmunidad cualificada, sobrevivir el escrutinio estricto? ¿Existe un interés claramente identificado y de la máxima jerarquía que justifique esta doctrina? El TSEU, con toda probabilidad, contestaría que sí, que el interés estatal de asegurar el cumplimiento cabal de los deberes de la policía es uno de máxima jerarquía. Dejando a un lado mi interrogante previa de cuáles deberes son esos, o asumiendo que el deber citado sería la “seguridad” de los ciudadanos, pasemos a la segunda ala del examen. ¿No existe alternativa menos onerosa para lograrlo? Si, como yo, encuentras dificultad contestando que “no” a esa segunda pregunta, dado a que, por ejemplo, existen ya varias alternativas más exitosas ejercidas en algunos estados de EE. UU.,[73] debe ser evidente que la doctrina de inmunidad cualificada es una regla de dudosa legitimidad constitucional, incapaz de ser escrutada con la misma rigurosidad que aplicaría a leyes que incidieran de manera similar en los derechos constitucionales.
*Estudiante de tercer año de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y Jefe de Redactores para el Volumen 93 de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Posee un B.A. en Literatura y Estudios Pre-Jurídicos.
[1] Timpa v. Dillard, 20 F.4th 1020, 1025-38 (5th Cir. 2021).
[2] Id. en la pág. 1025.
[3] Véase Id. en la pág. 1038; Kelli Smith, Civil jury begins deliberating if Dallas officers responsible for Tony Timpa’s death, THE DALLAS MORNING NEWS (26 de septiembre de 2023); James Craven et al., How Qualified Immunity Hurts Law Enforcement, CATO INSTITUTE (15 de febrero de 2022), https://www.cato.org/study/how-qualified-immunity-hurts-law-enforcement.
[4] Whitney K. Novak, Policing the Police: Qualified Immunity and Considerations for Congress, CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE (21 de febrero de 2023),https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10492.
[5] Saucier v. Katz, 533 U.S. 194, 200-201 (2001) (quoting Mitchell v. Forsyth, 472 U.S. 511, 526 (1985)).
[6] Harlow v. Fitzgerald, 457 U.S. 800, 818 (1982).
[7] Véase Mullenix v. Luna, 577 U.S. 7, 313-16 (2015) (Sotomayor, J., dissenting).
[8] James Craven et al., How Qualified Immunity Hurts Law Enforcement, CATO INSTITUTE (15 de febrero de 2022), https://www.cato.org/study/how-qualified-immunity-hurts-law-enforcement.
[9] Derrick Bryson Taylor, George Floyd Protests: A Timeline, THE NEW YORK TIMES (5 de noviembre de 2021), https://www.nytimes.com/article/george-floyd-protests-timeline.html.
[10] Enforcement Act of 1870, 16 Stat. 140 (1870); Second Enforcement Act of 1871, 16 Stat. 433 (1871); Third Enforcement Act of 1871, Pub. L. No. 42-22, 17 Stat. 13(1871).
[11]The Enforcement Acts of 1870 and 1871, SENATE.GOV, https://www.senate.gov/artandhistory/history/common/generic/EnforcementActs.htm (última visita 15 de septiembre de 2023).
[12] Third Enforcement Act of 1871, Pub. L. No 42-22, 17 Stat. 13 (1871).
[13] 42 U.S.C. § 1983 (2018).
[14] Bivens v. Six Unknown Named Agents of Federal Bureau of Narcotics, 403 U.S. 388, 392 (1971).
[15] Véase 42 U.S.C. § 2000a-1 (2018) (donde se consagra la prohibición en contra el discrimen y la segregación de parte del estado); Véase Connie Hassett-Walker, The racist roots of American policing: From slave patrols to traffic stops, THE CONVERSATION (2 de junio de 2020), https://theconversation.com/the-racist-roots-of-american-policing-from-slave-patrols-to-traffic-stops-112816.
[16] Jim Crow Laws, OFFICIAL STATE OF IOWA WEBSITE, https://humanrights.iowa.gov/saa/jim-crow-laws (última visita 8 de septiembre de 2023).
[17] Philip Reichel, Southern Slave Patrols as a Transitional Police Type, 7 Am. J Police 51 (1988).
[18] Id. en la pág. 54.
[19] Id. en la pág. 57.
[20] Véase Id. en la pág. 54.
[21] The Origins of Modern Day Policing, NAACP, https://naacp.org/find-resources/history-explained/origins-modern-day-policing (última visita 15 de septiembre de 2023).
[22] Id.
[23] Reichel, supra, nota 17 en la pág. 59.
[24] Id.
[25] Id. en la pág. 60.
[26] Hassett-Walker, supra nota 15, en la pág. 2.
[27] Id. en la pág. 61.
[28] Connie Hassett-Walker, How You Start Is How You Finish? The Slave Patrol and Jim Crow Origins of Policing, AMERICAN BAR ASSOCIATION (11 de enero de 2021), https://www.americanbar.org/groups/crsj/publications/human_rights_magazine_home/civil-rights-reimagining-policing/how-you-start-is-how-you-finish/; The Origins of Modern Day Policing, supra nota 15.
[29] The Origins of Modern Day Policing, supra nota 15; Hassett-Walker, supra nota 15.
[30] Id.
[31] Hassett-Walker, supra nota 15.
[32] Hassett-Walker, supra nota 15.
[33] Hassett-Walker, supra nota 28.
[34] Gary Potter, The History of Policing in the United States, Part 1, EKU ONLINE (25 de junio de 2013), https://ekuonline.eku.edu/blog/police-studies/the-history-of-policing-in-the-united-states-part-1/.
[35] Hassett-Walker, supra nota 28, en la pág. 5.
[36] Victor E. Kappeler, Policing Political Upheaval in the 1960s and Today: Which Side Are You On?, EKU ONLINE (15 de abril de 2015), https://ekuonline.eku.edu/blog/police-studies/policing-political-upheaval-1960s-and-today/.
[37] Joanna Schwartz, Qualified Immunity Is Burning the Constitution, POLITICO, https://www.politico.com/news/magazine/2023/02/19/qualified-immunity-is-burning-a-hole-in-the-constitution-00083569 (también se le llamaba la doctrina de qualified immunity o good faith immunity).
[38] Pierson v. Ray, 386 U.S. 547 (1967).
[39] Id. en la pág. 557.
[40] Id. en la pág. 555.
[41] Id. en la pág. 554.
[42] Harlow v. Fitzgerald, 457 U.S. 800 (1982).
[43] Id. en la pág. 819.
[44] Id. en la pág. 818.
[45] Pearson v. Callahan, 555 US 223 (2009).
[46] Saucier v. Katz 533 US 194 (2001).
[47] Pearson, 555 US en la pág. 236.
[48] Id. en las págs. 236-37.
[49] Id. en la pág. 237.
[50] Id. (“Si la ley al momento no estaba claramente establecida, no se puede razonablemente esperar que un oficial anticipe los desarrollos subsiguientes de la ley, ni se puede esperar justamente que supiera que la ley prohibía conducta no identificada previamente como ilegal” (traducción suplida)).
[51] Frasier v. Evans, 992 F.3d 1003 (10th Cir. 2021).
[52] Id. en la pág. 1008.
[53] Id.
[54] Id. en la pág. 1004.
[55] Id. en la pág. 1015-17.
[56] Id. en la pág. 1014.
[57] Id. en la pág. 1015-16.
[58] Jamison v. McClendon, 476 F. Supp. 3d 386 (S.D. Miss. 2020).
[59] Id. en la pág. 391.
[60] Id.
[61] Id. en la pág. 395.
[62] Id. en la pág. 417-18.
[63] Id. en la pág. 391.
[64] Véase Kisela v. Hughes 138 S. Ct. 1148, 1152 (2018) (citando a City and County of San Francisco v. Sheehan, 575 U.S. 600, 611, 613 (2015)) (“Although ‘this Court’s case law does not require a case directly on point for a right to be clearly established, existing precedent must have placed the statutory or constitutional question beyond debate.’ ‘In other words, immunity protects all but the plainly incompetent or those who knowingly violate the law.’ This Court has ‘‘repeatedly told courts—and the Ninth Circuit in particular—not to define clearly established law at a high level of generality.’”).
[65] Plumhoff v. Rickard 572 U.S. 765 (2014).
[66] Id. en la pág. 768.
[67] Id. en la pág. 781.
[68] Novak, supra nota 2, en la pág. 3 (discutiendo que entre 2017 y 2019, las cortes de apelación que vieron casos de uso de fuerza excesiva, favorecieron a la policía en un 57% de los casos. Las estadísticas contrastan con los casos que favorecieron a la policía entre 2005 y 2007, cuyo total fue de 44%.).
[69] Frasier v. Evans, 992 F.3d 1003, 1015 (10th Cir. 2021) (traducción suplida).
[70] Sharif Paget, Jordan Neely, el hombre estrangulado en el metro de Nueva York, es recordado como un artista destrozado por el asesinato de su madre, CNN (5 de mayo de 2023), https://cnnespanol.cnn.com/2023/05/05/jordan-neely-hombre-estrangulado-metro-nueva-york-recordado-artista-destrozado-asesinato-su-madre-trax/
[71] Adam Winkler, Fatal in Theory and In Fact: An Empirical Analysis of Strict Scrutiny in the Federal Courts, 59 VAND. L. REV. 793, 800 (2006).
[72] Bernal v. Fainter, 467 U.S. 216, 219 (1984).
[73] Véase Nick Sibilla, New Mexico Bans Qualified Immunity For All Government Workers Including Police, FORBES (7 de abril de 2021), https://www.forbes.com/sites/nicksibilla/2021/04/07/new-mexico-prohibits-qualified-immunity-for-all-government-workers-including-police/?sh=4df5274e79ad; Nick Sibilla, New Massachussetts Law Will Decertify Rogue Cops, Revoke Their Immunity, FORBES (9 de enero de 2021), https://www.forbes.com/sites/nicksibilla/2021/01/09/new-massachusetts-law-will-decertify-rogue-cops-revoke-their-immunity/?sh=53795fb65297; Nick Sibilia, Federal Judge Urges Congress and the Supreme Court to Abolish Qualified Immunity, FORBES (27 de octubre de 2022), https://www.forbes.com/sites/nicksibilla/2022/10/27/federal-judge-urges-congress-and-the-supreme-court-to-abolish-qualified-immunity/?sh=17ed406e14d6 (donde se discute cómo Nuevo México y Massachusetts han revocado la doctrina de inmunidad cualificada y han impuesto también la responsabilidad al patrono, lo cual ha causado alzas en el costo de seguros por lo que estos departamentos se han visto incentivados a traer oficiales expertos en de-escalation en vez de aumentar contratación de policías, en un esfuerzo por evitar litigios).
