COMENTARIO
Por: Carlos V. Villegas*
Para asegurar que Puerto Rico pudiese cumplir con el pago de su deuda billonaria, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley para la supervisión, administración y estabilidad económica de Puerto Rico, conocida comúnmente como P.R.O.M.E.S.A., por sus siglas en inglés.[1] Esta Ley impone una Junta de Supervisión Fiscal cuyo objetivo principal es reducir el gasto del Gobierno estatal y velar por que este pueda cumplir con sus deudas y responsabilidades fiscales.
El paso de los huracanes Irma y María, sin embargo, dificultó esta gestión enormemente. En efecto, una tarea que originalmente concernía únicamente la crisis fiscal se complicó ante el desarrollo de una crisis humanitaria post-María. A raíz de ello, la Directora Ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, reconoció ante el Congreso que la Junta tuvo que adoptar un cambio de estrategia para poder atender la realidad que enfrenta la Isla.[2] Consistente con esta encomienda, la Junta se ha visto obligada a tomar varias decisiones para atender, junto con el Gobierno estatal, la situación de emergencia del País, a la misma vez que continúa persiguiendo su objetivo de balancear la situación fiscal. En este Comentario, se analizan tales decisiones y algunas de sus posibles implicaciones.
Las primeras actuaciones de la Junta ante el paso del huracán María estuvieron dirigidas a trabajar en equipo junto al Gobierno de Puerto Rico. Durante las semanas inmediatamente después del Huracán —y en contravención a su política estricta de cero gasto gubernamental— la Junta autorizó al gobernador Ricardo Rosselló a reasignar $1,000,000 del presupuesto del Gobierno para responder a las necesidades más apremiantes.[3] Conjuntamente, la Junta retiró una demanda que había instado en contra del Gobierno de Puerto Rico para resolver diferencias sobre medidas propuestas bajo P.R.O.M.E.S.A.[4] Además, la Junta preparó un estimado junto al Gobierno estatal sobre la disminución en el flujo de caja del Gobierno causada por los daños producto del Huracán; posteriormente, esta información fue presentada ante el Congreso.[5]
Sin embargo, también buscaron ampliar sus poderes bajo P.R.O.M.E.S.A. exigiendo mejores herramientas para fiscalizar los fondos federales asignados al Gobierno estatal para enfrentar la crisis. El 26 de octubre de 2017, mediante moción urgente presentada en el pleito de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante, “AEE”) bajo el Titulo III de P.R.O.M.E.S.A., la Junta nombró como Director de Transformación de la corporación pública a Noel Zamot, veterano del ejército y actual Coordinador de Revitalización bajo el Título V de P.R.O.M.E.S.A.[6] Al nombrar a Zamot, la Junta buscaba concederle la autoridad para (1) dirigir un plan de desarrollo que restaurara el sistema eléctrico del País, (2) supervisar la implementación de las metas a corto y largo plazo y (3) controlar los fondos federales que le fueran asignados a la corporación pública de AEE.[7] En esencia, la Junta buscaba convertir a Zamot en el Director General de la AEE, con poderes suficientes para suplantar al actual Director Ejecutivo de la AEE y su Junta. Días después, el 30 de octubre de 2017, la Junta también implementó una política para revisar todo contrato con el Gobierno de Puerto Rico que excediera los $10,000,000 antes de ser otorgado.[8] Esto pudo haber sido consecuencia de las controversias surgidas a raíz del contrato otorgado a la compañía Whitefish Energy para restaurar el servicio de energía eléctrica en la Isla.[9] Según la Junta, esta herramienta aseguraría la transparencia y responsabilidad fiscal durante la revitalización de la Isla. Ambas medidas aprobadas por la Junta, la primera, de nombrar a Zamot como Director de Transformación, y la segunda, sobre la revisión de todo contrato que exceda $10,000,000 que quiera otorgar el Gobierno estatal, fueron presentadas el 7 de noviembre de 2017 en una vista pública ante el Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal en el Congreso.[10]
Jaresko, en representación de la Junta, compareció y le pidió al Congreso que tomara acción sobre diferentes asuntos. En particular, adujo que el Congreso debía clarificar que “la Junta tiene un poder absoluto para administrar los fondos de asistencia dirigidos a la recuperación de la Isla, así como para liderar los esfuerzos de construcción y privatización de la infraestructura de energía eléctrica bajo el recién creado cargo de director de transformación”.[11] Justificó el nombramiento de Zamot haciendo una analogía con el procedimiento común de quiebras: “en procedimientos de quiebras es una práctica común para un deudor en posesión, nombrar a un Director de Transformación, en algunas ocasiones llamado director de restructuración, para ayudar con la reorganización de organizaciones y su manejo mientras se esté en un procedimiento de quiebras”.[12] Zamot también compareció a la vista para aclarar dudas y exponer adelantos de lo que proponía ser su plan de trabajo como Director de Transformación.[13]
En la vista ante el Congreso, Jaresko presentó los beneficios de adoptar la política de revisión de contratos recién aprobada por la Junta. Señaló que tenían en cuenta que el Gobierno de Puerto Rico iba a incurrir en numerosos contratos muy importantes para cumplir con la difícil tarea de reconstruir a la Isla y que la política aprobada por la Junta les permitiría supervisar su otorgación.[14] Para la Junta, según Jaresko, resulta muy importante asegurar que los contratos, además de ser sometidos a subasta pública, sean consistentes con los planes fiscales aprobados.[15] También, la Junta se entiende responsable por velar por que estos contratos cumplan con los requisitos que exigen los programas federales, especialmente aquellos dirigidos a brindarle ayuda a los afectados por el desastre.[16] Esta política aplica a todos los contratos donde el Gobierno de Puerto Rico, o alguna de sus instrumentalidades, sea parte, incluyendo aquellos con el Gobierno federal, gobiernos estatales, partes privadas y organizaciones sin fines de lucro.[17]
Para sorpresa de muchos, el pasado 13 de noviembre de 2017, la jueza Taylor Swain, adjudicadora encargada del caso de Puerto Rico bajo el Título III de P.R.O.M.E.S.A., denegó la nominación de Zamot como Director de Transformación de la AEE. Declaró, según reportado por los medios de comunicación, que según la ley federal P.R.O.M.E.S.A., el organismo federal tiene múltiples mecanismos para descargar sus funciones, sin ser necesario nombrar a un director que intervenga con los poderes políticos o de gobierno del deudor.[18] También, criticó la postura que tomó la Junta, reprendió al gobierno de Puerto Rico por su ineficiencia al no preparar un plan adecuado para atender las necesidades de los puertorriqueños luego del paso del huracán María y resaltó la falta de disposición de ambas partes para atender en conjunto la crisis.[19] Además, le preocupó que para esa fecha la crisis energética del País no se hubiera resuelto y recalcó que cada controversia ventilada en corte supone tiempo perdido para el futuro de Puerto Rico.[20] Esta decisión, sin duda, representa un revés para la postura esbozada por la Junta, ya que, podría interpretarse que la posibilidad de seguir expandiendo sus poderes bajo P.R.O.M.E.S.A. está sustancialmente limitada y atada a las actuaciones futuras del Congreso.
Tomando en consideración las circunstancias actuales del País, los actos de la Junta de nombrar a Zamot a la AEE y la implementación de una nueva política de revisión de contratos también sugieren que los poderes que le ha concedido el Congreso no son suficientes. Antes del paso de los huracanes, la deuda de Puerto Rico alcanzaba los $74,000,000,000, mientras que el nivel de pobreza en el País alcanzaba casi el cincuenta por ciento de la población.[21] Más aun, se estima que el paso del huracán María ocasionó daños de entre $45,000,000,000 y hasta $95,000,000,000.[22] El Congreso, además de aprobar una dispensa de $5,000,000,000 para Puerto Rico,[23] recientemente ha aprobado un tercer paquete de ayuda para los diferentes estados y territorios azotados por los huracanes Harvey, Irma y María.[24] Sin embargo, según Jaresko, la Isla necesitará dentro de los próximos dos años entre $13,000,000,000 a $21,000,000,000 para mantener las funciones básicas del Gobierno operando.[25] A raíz de esto, es posible inferir que la Junta pudiese intentar expandir sus poderes nuevamente, ya sea impulsando una interpretación más flexible de P.R.O.M.E.S.A. o solicitando acción del Congreso. Lo que resulta imperativo señalar es que, en efecto, el huracán María cambió a Puerto Rico y, como resultado, la “promesa” también ha cambiado.
* El autor es Redactor Digital de In Rev y estudiante de tercer año en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
[1] Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (P.R.O.M.E.S.A.), Pub. L. No. 114-187, 130 Stat. 549 (codified as 48 U.S.C. § 2121 (2016)).
[2] Ray Downs, Puerto Rico needs ‘unprecedented’ aid, says oversight board, UPI NEWS, 7 de noviembre de 2017, https://www.upi.com/Top_News/US/2017/11/07/Puerto-Rico-needs-unprecedented-aid-says-oversight-board/4061510104521/.
[3] Examining Challenges in Puerto Rico’s Recovery and the Role of the Financial Oversight and Management Board: Hearing before the H. Comm. of Nat. Res. (2017) [en adelante Hearing Jaresko](declaración de Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva, Junta de Supervisión Fiscal), https://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2017/11/testimonio-de-natalie-jaresko-ante-el-comitc3a9-de-recursos-naturales-de-la-cc3a1mara-de-representantes-federal-7-de-noviembre-de-2.pdf.
[4] STAFF OF COMM. OF NAT. RES., HEARING MEMORANDUM ON FINANCIAL OVERSIGHT AND MANAGEMENT BOARD ON PUERTO RICO 3 (Comm. Print 2017), https://naturalresources.house.gov/uploadedfiles/hearing_memo_- _fc_ov_hrg_on_pr_11.07.17.pdf.
[5] Hearing Jaresko, supra nota 3, en las págs. 1-2.
[6] STAFF OF COMM. OF NAT. RES., supra nota 4, en la pág. 4.
[7] Id.
[8] Id.
[9] Frances Robles and Deborah Acosta, Puerto Rico Cancels Whitefish Energy Contract to Rebuild Power Lines, THE NEW YORK TIMES, 29 de octubre de 2017, https://www.nytimes.com/2017/10/29/us/whitefish-cancel-puerto-rico.html.
[10] Laura M. Quintero, Junta pide controlar fondos de recuperación, EL VOCERO, 8 de noviembre de 2017, http://www.elvocero.com/gobierno/junta-pide-controlar-fondos-de-recuperaci-n/article_482443a8-c427-11e7-99ab-bb0ee0e523bc.html.
[11] Id.
[12] Hearing Jaresko, supra nota 3, en la pág. 8 (traducción suplida).
[13] Examining Challenges in Puerto Rico’s Recovery and the Role of the Financial Oversight and Management Board: Hearing before the H. Comm. of Nat. Res. (2017) [ Hearing Zamot] (declaración de Noel Zamot, Coordinador de Revitalización, Junta de Supervisión Fiscal), https://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2017/11/testimonio-de-noel-zamot-ante-el-comitc3a9-de-recursos-naturales-de-la-cc3a1mara-de-representantes-federal-7-de-noviembre-de-2017.pdf.
[14] Hearing Jaresko, supra nota 3, en la pág. 7.
[15] Id.
[16] Id.
[17] Id. en las págs. 7-8.
[18] Swain deniega moción de la Junta para nombrar a Zamot en la AEE, EL NUEVO DÍA, 13 de noviembre de 2017, https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/swaindeniegamociondelajuntaparanombrarazamotenlaaee-2374008/; OPINION AND ORDER DENYING URGENT MOTION OF FOMB TO CONFIRM APPOINTMENT OF A CHIEF TRANSFORMATION OFFICER (DOCKET ENTRY NO. 361), No. 17 BK 4780-LTS (2017), http://document.epiq11.com/document/getdocumenstbydocket/?docketId=672656&projectCode=PR1&docketNumber=471&source=DM.
[19] Id.
[20] Id.
[21] Ray Downs, supra nota 2.
[22] Josh Siegel, Puerto Rico’s oversight board considering privatization of ‘failing’ power utility, WASHINGTON EXAMINER, 7 de noviembre de 2017, http://www.washingtonexaminer.com/puerto-ricos-oversight-board-considering-privatization-of-failing-power-utility/article/2639903.
[23] Id.
[24] Joanisabel González, Congreso de EE.UU. radica tercer paquete de ayuda por desastres, EL NUEVO DÍA, 18 de diciembre de 2017, https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/congresodeeeuuradicatercerpaquetedeayudapordesastres-2383401/.
[25] Ray Downs, supra nota 2.
