
Autor: Lcdo. Alberto López Merlán, LL. M. | El Poder Ejecutivo ha declarado estados de emergencia; el Poder Legislativo ha enmendado la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica para que sea más restrictiva, y el Poder Judicial ha propuesto un protocolo intergubernamental para manejar las situaciones de violencia doméstica. Este protocolo, aunque loable por su propósito, representa un riesgo sustancial para el derecho a estar libre bajo fianza, derecho que tienen todas las personas acusadas de delito.