Este artículo forma parte de la edición especial sobre el acceso a la justicia en tiempos de desastres en colaboración con la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ).*
ENSAYOS
Por: Amaris Torres Rivera**
La Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (en adelante, “FFAJ”) se honra en colaborar con la Revista Jurídica de la Escuela de la Universidad de Puerto Rico en la publicación de una serie de escritos sobre la importancia de los servicios legales de emergencia en tiempos de desastres naturales.
La FFAJ es una entidad sin fines de lucro creada al amparo de la Ley Núm. 165-2013, según enmendada, cuyo propósito es promover el acceso a la justicia a través de servicios legales gratuitos, de naturaleza civil, a personas y comunidades de escasos recursos económicos en Puerto Rico. A través de subvenciones, la FFAJ ha apoyado a decenas de organizaciones sin fines de lucro, para ofrecer asistencia legal gratuita y educación legal comunitaria, mediante de cuatro programas principales: (1) Prevención de ejecuciones de hipoteca y desahucios; (2) Desarrollo económico comunitario; (3) Civil, Administrativo y Familia, y (4) la Beca Charles Hey Maestre.
Luego del paso de los huracanes Irma y María en 2017, la FFAJ creó un fondo legal de emergencia, [efn_note]Agradezco a la Lcda. Adi Martínez Román, quien fue parte fundamental en la creación del fondo legal de emergencia durante su dirección previa en la FFAJ. Desde su creación en el 2017 hasta el 2019, tuve la oportunidad de coordinar todos los proyectos legales del fondo legal de emergencia. De igual forma, le agradezco a la Junta Administrativa de la FFAJ su apoyo en las gestiones que continuamos realizando en beneficio de las comunidades históricamente marginadas en Puerto Rico. [/efn_note] para hacer accesible el apoyo legal —libre de costo— que tantas personas necesitaban. Fue particularmente impactante enfrentarnos a cientos de miles de personas que recibieron cartas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en las que se denegaba la asistencia para reparar o remplazar su vivienda. Ante este panorama lleno de obstáculos y discriminación hacia las comunidades en Puerto Rico, nuestra Fundación logró coordinar brigadas legales para ayudar a más de diez mil personas a complementar solicitudes con documentos legales, llenar apelaciones a las determinaciones de FEMA, preparar declaraciones juradas, asistir en asuntos de tenencia y titularidad, ofrecer orientación legal sobre los derechos durante el proceso ante FEMA o la Small Bussiness Administration, o cualquier otra asistencia relacionada.
Para que estas brigadas y proyectos legales comunitarios fueran posibles, las mujeres ejercieron un rol protagónico. No sólo las líderes comunitarias y la mayor parte del equipo legal eran mujeres, sino que, el 65% de las participantes en nuestros proyectos también eran mujeres y adultas mayores. Sin duda, el liderazgo de las mujeres, luego de los huracanes Irma y María, fue evidente y a ellas, ¡gracias! Agradezco, además, a todas las personas voluntarias y estudiantes de Derecho que respondieron ante la situación de emergencia y decidieron poner en práctica su solidaridad, empatía y sentido de justicia.
Circunstancias devastadoras después de los huracanes o cualquier otro desastre ponen en relieve la importancia del acceso a la justicia para garantizar otros derechos humanos. Es decir, recibir un servicio legal representó, para miles de familias, luchar por una vivienda segura y una vida digna. El acceso a la justicia no sólo debe eliminar las barreras que impiden a las personas ejercer o vindicar sus derechos, sino que debe garantizar un trato justo y equitativo, particularmente para poblaciones en mayor desventaja social y económica. Es por ello, que en la FFAJ no sólo concentramos nuestros esfuerzos en promover servicios legales y educativos a través de abordajes de apoderamiento comunitario, sino que llevamos a cabo múltiples esfuerzos de abogacía, a nivel local y federal, para amplificar las voces de las comunidades que, luego de transcurrir meses y años, continúan con viviendas inhabitables.
Espero que esta serie de escritos redactados por las organizaciones que nuestra
Fundación subvencionó luego de los huracanes, sirvan de reflexión sobre nuestro
rol como abogados y abogadas en un territorio donde la mitad de la población
vive bajo los niveles de pobreza y, sobre todo, nos preguntemos cómo promovemos
el acceso a la justicia utilizando nuestra educación y conocimiento legal como
herramienta de cambio social.
* La FFAJ es una entidad sin fines de lucro creada al amparo de la Ley 165-2013, según enmendada, cuyo propósito es proveer recursos económicos a entidades sin fines de lucro para ofrecer servicios legales de naturaleza civil a personas y comunidades que viven bajo los niveles de pobreza en Puerto Rico. Luego de los huracanes Irma y María (2017), la FFAJ otorgó subvenciones a diversas entidades para ofrecer servicios legales de emergencia. La organización autora de este artículo ha sido una de las entidades subvencionadas por la FFAJ.
** Directora Ejecutiva de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia.
