Este artículo forma parte de la edición especial sobre el acceso a la justicia en tiempos de desastres en colaboración con la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ).*
ENSAYOS
Por: Ariadna Michelle Godreau Aubert**
Introducción
¿Para qué se necesitan abogadas en medio de la crisis? Esta era una de las preguntas menos importantes en las horas que siguieron al paso del huracán María por Puerto Rico. Sin embargo, este fue el punto de partida para planes, colaboraciones y acciones en defensa de los derechos de miles de familias afectadas. Casi tres años más tarde, este cuestionamiento sirve de referente para ensayar respuestas en torno al acceso a la justicia, el derecho a la vivienda y a la recuperación justa en el país.
Este escrito recoge la experiencia de Ayuda Legal Huracán María (en adelante, “ALHM”) como la primera iniciativa de apoyo legal comunitario tras los huracanes Irma y María. Presenta una reflexión sobre la necesidad de promover una cultura de educación legal accesible, colaboraciones sostenibles y abogacía de impacto social. Esta reflexión se da tras casi un centenar de visitas comunitarias y de conversaciones con líderes comunitarias, personas colaboradoras y el equipo de Ayuda Legal Puerto Rico (en adelante, “ALPR”). El interés es compartir lo que nos funcionó e invitar al desarrollo de estrategias para superar los retos y fracasos experimentados en el proceso. Se busca, además, invitar a las juristas presentes y futuras a repensar nuestro rol y el de la lucha por el acceso a la justicia desde los desastres políticos, sociales y económicos que nos afectan.
I. Presunciones: antes, después y en medio del desastre
El paso del tiempo nos da el privilegio de reescribir la experiencia del desastre con una visión panorámica del contexto. El trabajo legal comunitario requiere un contacto consciente de la realidad política y social que experimentan las personas, grupos y comunidades que pertenecen a sectores desventajados. El Derecho no opera en el vacío. Los huracanes del 2017 no fueron la primera gran crisis que sufrió el país; el contexto alrededor de los huracanes está marcado por, al menos, tres espacios de crisis. La primera, es la crisis de acceso a la justicia.[1] [efn_note]
Nos guía la definición de acceso a la justicia del profesor Efrén Rivera Ramos:
[P]or acceso a la justicia nombramos el conjunto de condiciones que facilitan o dificultan el que determinados grupos, sectores o personas puedan hacer uso equitativo de los mecanismos y procesos [necesarios]para la prevención de la violación de los derechos, para la solución de controversias y para la obtención de remedios legales.
Efrén Rivera Ramos, Las múltiples caras del acceso a la justicia, en PRIMER CONGRESO ACCESO A LA JUSTICIA – XXII CONFERENCIA JUDICIAL: RESUMEN EJECUTIVO 2 Y 3 DE MAYO DE 2002 8 (2002).
[/efn_note] Ante el vacío estadístico local, la cifra exportada de Estados Unidos sobre las necesidades legales descubiertas tiene gran resonancia. El ochenta por ciento o más de la población que requiere asistencia legal queda desprotegido ante la falta de recursos.[2] [efn_note]The Unmet Need for Legal Aid, LSC LEGAL SERVICES CORPORATION, https://www.lsc.gov/what-legal-aid/unmet-need-legal-aid (última visita 6 de marzo de 2021). [/efn_note] Las barreras que impiden que las personas conozcan, ejerzan y reclamen sus derechos no son una brecha sino una característica de un sistema que requiere transformación.
La segunda crisis es la de la vivienda. Previo al paso de los huracanes, experimentábamos una crisis de derecho al techo, matizada por un aumento en desahucios y ejecuciones de hipotecas, la especulación sobre el terreno y el alza en el número de personas sin casa y casas abandonadas.[3] [efn_note]
Sufrimos una seria falta de estadísticas oficiales que retraten la crisis de derecho a la vivienda en Puerto Rico. No obstante, los datos disponibles apuntan a un estado de vulnerabilidad creciente en lo que respecta al derecho al techo. A estos efectos:
- Ejecuciones de hipotecas: Las estadísticas de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras a diciembre de 2018 reflejan que cerca de 250,000 viviendas podrían estar en riesgo de ser ejecutadas. Siguiendo el cálculo censal, que dispone que cada familia tiene una composición estimada de tres personas, nos enfrentaríamos a cerca de 750,000 personas en riesgo de perder sus hogares.
- Especulación sobre el suelo: En los últimos años, Puerto Rico ha experimentado la aprobación de legislación que favorece la inversión extranjera a cambio de exenciones contributivas completas. Esto acelera la especulación de suelos costeros, aumentando el costo de vivir en esos lugares y promoviendo el desplazamiento de las comunidades.
- Casas abandonadas y personas sin casa: La Sociedad Puertorriqueña de Planificación estima que en Puerto Rico existen sobre 300,000 viviendas abandonadas. A la misma vez, según el último Conteo de Personas sin Hogar (2017) existe una población de, al menos, 3501 personas sin hogar.
[/efn_note] El derecho a la vivienda digna es un derecho humano fundamental. Incluye el derecho a la seguridad de la tenencia, a viviendas adecuadas y accesibles, a la protección del tejido social y a la protección contra desalojos forzosos.[4] [efn_note][1] El derecho a una vivienda digna se reconoce en innumerables instrumentos internacionales de derechos humanos. Véase Res. A. G. 217 A (III), art. 25, Declaración Universal de Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948); Res. A. G. 2200 A (XXI), art. 11, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (16 de diciembre de 1966). Los componentes aquí mencionados surgen de las Observaciones Generales 4 y 7 del Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, entre otras fuentes. Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (CESCR), Observación general 4, El derecho a una vivienda adecuada (13 de diciembre 1991); Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (CESCR), Observación general 7, El derecho a una vivienda adecuada (20 de mayo de 1997). [/efn_note] Cuando se viola el derecho a la vivienda digna, las personas son más vulnerables a violaciones de sus derechos civiles, económicos, políticos y culturales. En el caso de las mujeres, no tener un techo seguro las expone a mayor riesgo de sufrir violencia física y sexual e incluso, a tener mayores barreras para escapar de instancias de violencia de género.
Por último, la crisis de austeridad trastoca el espacio desde el cual ejercemos nuestro trabajo legal. Los recortes en los servicios relacionados a la administración de la justicia, tales como el cierre de tribunales y la disminución en las asignaciones concedidas a proveedores de servicios legales gratuitos disminuyen el ámbito de acción de las presentes y futuras abogadas y de lasinstituciones llamadas a velar por el acceso a la justicia. Los denominados ajustes fiscales también se traducen en el cierre de escuelas, hospitales y desempleo. La austeridad agrava la pobreza y la desigualdad y está relacionada a la emigración. Como denunciáramos activistas y abogadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2016,[5] [efn_note]CLÍNICA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO, DEUDA PÚBLICA, POLÍTICA FISCAL Y POBREZA EN PUERTO RICO (2016), https://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2016/04/final-informe-audiencia-pucc81blica-pr-4-de-abril-2016-2.pdf (última visita 19 de abril de 2021). [/efn_note] en un país sumergido en una crisis de austeridad, los derechos están bajo asedio. Sabemos que las crisis no afectan a todas las personas por igual, sino que afligen con mayor violencia a grupos y comunidades que por su edad, raza, clase, sexo, identidad de género, movilidad u otra característica, han sido históricamente marginados. En síntesis, la austeridad discrimina.
Por otro lado, reconocemos que el presente está enmarcado por, al menos, tres fuentes de esperanza. Las abogadas—sobre todo las nuevas generaciones—pertenecemos a una cultura pro bono fuerte y resiliente. Nos formamos en la experiencia de las clínicas de asistencia legal, las iniciativas estudiantiles a favor de los derechos de las comunidades y el impacto del trabajo legal comunitario en los currículos. De ahí el entusiasmo de decenas de abogadas jóvenes que se sumaron a las brigadas comunitarias, el compromiso de quienes se dedicaron por meses a llevar educación y apoyo legal a comunidades sin servicios esenciales y la celebración de que el Canon 1 de los del Código de Ética Profesionaladquiera mayor rango mediante la aprobación del Reglamento para la Asignación de Abogados y abogadas de Oficio.[6] [efn_note]In re Aprobación del Reglamento para la asignación de abogados y abogadas de oficio de Puerto Rico, 201 DPR 261 (2018); In re Enmienda a la regla 26 del Reglamento para la asignación de abogados y abogadas de oficio de Puerto Rico, 202 DPR 426 (2019); CÓD. ÉTIC. PROF. 1, 4 LPRA Ap. IX, Art. 1 (2012 & Supl. 2020). [/efn_note]
Así también, reconocemos el impacto de la difusión de educación legal gratuita y accesible. Herramientas como ayudalegalpr.org, dirigidas a ofrecer información legal gratis sobre leyes, procesos legales y derechos, son utilizadas ampliamente. Socializar la educación legal es piedra angular del acceso a la justicia, el disfrute de los derechos y la democracia. Esta libre distribución del conocimiento legal busca reparar el encuentro violento que han tenido identidades y grupos oprimidos con el Derecho. Es norma conocida que el conocimiento de la ley se presume siempre. El Derecho regula la vida de todas las personas en sociedad e impone consecuencias ante su incumplimiento. Sin embargo, solo un puñado contamos con los recursos y la preparación para entenderlo. La distancia y sospecha con las que suelen iniciarse las relaciones con comunidades surge del hecho de que la ley ha servido para perpetuar relaciones desiguales de poder, dividir lazos familiares, dejar a las personas sin vivienda o negar un remedio cuando pierden el empleo.
Esta misma complejidad lleva a depender de la representación legal como una condición para el ejercicio de derechos. La educación legal gratuita y accesible pone las herramientas del Derecho en manos de la gente, cambiando esta relación de poder y promoviendo una administración de la justicia más equitativa.
Finalmente, son fuente de esperanza los espacios que posibilitan intercambios entre generaciones de abogadas comprometidas con la justicia social. Aquellas que durante décadas han trabajado para proteger los derechos civiles se encuentran con una nueva línea de abogadas interesadas en la defensa del medio ambiente, la equidad de género y los movimientos sociales, entre otras causas. La colaboración intergeneracional permite aprender de los éxitos y errores de luchas pasadas, compartir estrategias y abrir un espacio de discusión informada sobre cuál es el espacio de la práctica legal activista, solidaria y comunitaria. Nos enriquece el camino andado por otras.[7] [efn_note]Nos inspira el trabajo de abogadas como María Hernández Torrales, Judith Berkan y Jan Susler, abogadas que han dedicado sus prácticas a luchar por los derechos humanos y civiles de grupos y comunidades empobrecidas y perseguidas. [/efn_note] Otras nos acompañan mientras vamos abriendo camino y futuras abogadas llegarán y caminaremos juntas hacia la justicia social.
Responder afirmativamente a la pregunta sobre la relevancia de la abogacía requiere ser consciente de estas reflexiones.
II. Necesitamos hacer algo: acceso a la justicia y respuestas rápidas
A. La primera iniciativa legal en respuesta a los desastres
ALPR comenzó en el 2014 como un proyecto de la organización Espacios Abiertos.[8] [efn_note]Maria L. Jiménez, directora ejecutiva de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, fue cofundadora del proyecto. También cumplieron un rol importante el profesor Efrén Rivera Ramos y el compañero licenciado Charles Hey Maestre, director ejecutivo de Servicios Legales de Puerto Rico y fundador de la Fundación del Fondo de Acceso a la Justicia. [/efn_note] En aquel entonces, ayudalegalpr.org era una herramienta digital que buscaba promover una cultura de educación legal abierta y accesible. El portal incluía un componente de ayuda legal comunitaria. Mensualmente, se tomaba un tema popular en la página y se realizaba una actividad denominada como Taller Legal Abierto. Con la colaboración de proveedores de servicios legales y organizaciones de base, visitábamos comunidades, se ofrecía un taller educativo y asesoría legal rápida. El proyecto demostró ser exitoso. El uso de la página alcanzó proporciones que jamás imaginamos. Logramos el reconocimiento de Legal Services Corporation en conferencias de tecnología y la herramienta se convirtió en punto de colaboración para proveedoras de servicios legales, representantes legales y estudiantes probonistas. Hoy, ayudalegalpr.org sirve a casi dos millones de personas.
El proyecto se benefició de otra estrategia incubada en Espacios Abiertos: la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia. Esta coalición, que reúne a todas las entidades proveedoras de servicios legales de Puerto Rico, fue ideada por el licenciado Charles Hey Maestre. La mesa se concibió como un espacio de diálogo y colaboración estratégica para la comunidad de acceso a la justicia. Este espacio brindó la oportunidad de encuentros intergeneracionales entre juristas comprometidas con la justicia social.
ALPR alcanzó su madurez e independencia en el verano de 2017. Nuestros objetivos se habían ampliado más allá del área educativa para incluir el apoyo legal comunitario y la abogacía de impacto social. En las semanas previas a los huracanes, estábamos incorporando la organización, identificando integrantes para la Junta de Directores y asegurando nuestras fuentes de apoyo. Lo sucedido en la madrugada del 20 de septiembre de 2017 alteró la velocidad de nuestro proceso. Teníamos la certeza de que el país que conocíamos había dejado de ser, que se avecinaría una crisis de derechos y necesidades básicas sin precedentes, que le correspondería a la gente —desde sus comunidades y capacidades— procurar y brindar sustento.
Todo comenzó con una llamada. Era imposible comunicarse con números locales, pero sí podían conectarse llamadas a los Estados Unidos. De ahí que, como muchas, marqué un número conocido en Nueva York, con el deseo de escuchar una voz solidaria conocida. La compañera abogada, Natasha Lycia Ora Bannan, de LatinoJustice PRLDEF, respondió. De esa conversación, recuerdo que lloramos, que le preguntaba qué íbamos a hacer ahora y que respondió “lo que ustedes quieran, estoy contigo”. Esa llamada se tradujo en el apoyo incondicional de entidades y organizaciones que conocían de nuestro trabajo. En pocas horas ya teníamos un agente fiscal —gracias a la confianza del abogado Juan Cartagena, presidente de LatinoJustice—. Posteriormente, tuvimos el apoyo económico de fundaciones como JPB y Open Society Foundations.
Ayuda Legal Huracán María nació el 21 de septiembre de 2017. En cuestión de días se convirtió en la primera iniciativa dedicada totalmente a proveer apoyo legal comunitario tras los desastres del 2017 en Puerto Rico.[9] [efn_note]Servicios Legales de Puerto Rico defendió los derechos de sobrevivientes de desastres en Puerto Rico tras, por ejemplo, el paso del huracán Georges. [/efn_note]
B. Modelo a prueba: colaboraciones estratégicas
La magnitud del desastre puso a prueba la eficacia del modelo que desarrollamos en los últimos cuatro años: capacitación, colaboración, educación y apoyo legal comunitario. Al comienzo, éramos un equipo de abogadas que coincidimos en otros espacios de lucha por los derechos ambientalistas, activistas por la equidad de género o el derecho a la vivienda, abogadas defensoras del derecho a la protesta o demás garantías civiles.[10] [efn_note]En ese equipo inicial se encontraban Guillermo Rebollo Gil, Alvin Rodríguez Lynch, Verónica González Rodríguez, Érika Fontánez Torres y Frances Collazo Cáceres. [/efn_note]No éramos expertas en derecho sobre desastres; algunas sabíamos muy poco, lo mínimo. Contamos con la capacitación provista por personas y entidades solidarias en los Estados Unidos. Grupos como Lone Star Legal Aid, Disaster Legal Aid y Louisiana Civil Justice Center se encargaron de adiestrarnos a distancia y en las peores condiciones. Los primeros materiales de capacitación sobre la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) y vivienda se enviaron por correo electrónico en archivos fragmentados para que las frágiles conexiones cibernéticas les permitieran el paso. Algunos llegaron fotocopiados en cajas solidarias; otros, fueron leídos en extensas llamadas a larga distancia por voces conocidas y por conocer. La colaboración con la diáspora y organizaciones en los Estados Unidos fue indispensable.
LatinoJustice nos permitió apoyar proyectos en Florida y Nueva York para atender a personas desplazadas. Pro Bono Net, una de las principales organizaciones en acceso a la justicia y tecnología, veló por la continuidad de nuestra plataforma digital y nos facilitó la publicación de los recursos educativos que íbamos creando. Además, nos ayudó a facilitar una red de escuelas de derecho estadounidenses que ofrecieron voluntarios. En los próximos meses, cerca de setenta probonistas llegarían de universidades como Harvard, Yale, New York University, Boston University, Buffalo University, Columbia University y University of California Los Ángeles, entre otras.
C. Modelo a prueba: desarrollo de capacidad
El 25 de septiembre abrimos una página en Facebook y en ayudalegalpr.org. Con eso y un material inicial sobre FEMA, comenzamos nuestra convocatoria de probonistas. En los pasados tres años desarrollando talleres comunitarios contamos con el apoyo de entidades y probonistas. Sin embargo, no podíamos creer la cantidad de presentes y futuros juristas que respondieron a ese primer llamado.
El primer taller de capacitación para entidades proveedoras de servicios legales y personas probonistas se ofreció el 4 de octubre. El licenciado Manuel Quilinchini nos prestó su oficina, uno de los pocos espacios disponibles donde había acceso a una planta eléctrica. Participaron representantes de todas las organizaciones de la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia, incluyendo a Servicios Legales de Puerto Rico, las clínicas de las escuelas de derecho, ProBono Inc., el Colegio de Abogados y Abogadas y otros. Luego, ofrecimos el primer taller a estudiantes, formalizando una estructura de voluntariado. El currículo de capacitación constaba de tres partes: aspectos básicos sobre la asistencia para desastres; riesgos para el derecho a la vivienda con énfasis en desahucios; y apelaciones ante FEMA. La creación de materiales, formularios y guías para talleristas permitió la fácil replicación. Sobre 350 representantes legales y estudiantes se capacitaron en temas de desastres.
Para salvaguardar los principios éticos, se solicitó a cada probonista suscribir un acuerdo de colaboración y un protocolo de contacto con las comunidades. El primero establecía los parámetros que guían las labores de educación y apoyo legal. Resaltamos los siguientes: la responsabilidad de capacitarse adecuadamente para brindar asesoría legal adecuada; el compromiso de participar presencialmente en actividades alrededor de la Isla; la prohibición de generar lucro a partir de consultas o asesorías ofrecidas en las brigadas comunitarias; y la cláusula contra el discrimen por identidad o condición. Hablaremos del segundo documento más adelante.
Las presentaciones y materiales ofrecieron un efecto amplificador. Uno de los mayores legados de ALHM es el primer Manual de abogacía para desastres de Puerto Rico, inspirado en el trabajo realizado en Texas y New Jersey. Este manual recoge información legal relevante sobre FEMA, desahucios, poblaciones vulnerables y otros. El objetivo fue crear un repositorio que permitiera replicar la experiencia en menos tiempo, compartiendo el aprendizaje adquirido como parte del proceso. Las demás entidades de servicios legales replicaron los talleres. Se preparó un ejército de personas preparadas para responder afirmativamente a las necesidades legales en medio del desastre.
D. Modelo a prueba: brigadas comunitarias
La primera brigada comunitaria se llevó a cabo a finales de septiembre de 2020. La respuesta inadecuada del gobierno local y federal en lo que se refería a servicios esenciales se repitió con las solicitudes de asistencia a FEMA. Se les exigía a las personas completar la solicitud de asistencia por teléfono o por internet, aún cuando ambos servicios tardaron de meses a un año en restablecerse. No se abrieron centros de asistencia oportunamente. En Vieques, cuando finalmente abrió el centro, colocaron oficiales con armas largas en las entradas.
Guiadas por las sugerencias de líderes comunitarias, convertimos la solicitud de FEMA en un documento que se podía completar a mano. El modelo constaba en establecer contacto con una líder para asegurar convocatoria, ir a la comunidad —incluso a aquellas a las que el ejército de los Estados Unidos calificó como “imposibles de acceder”—, ofrecer un taller sobre derechos tras los desastres y brindar servicio directo. Las probonistas entrevistaban a las personas y completaban la solicitud. Luego de cuatro, ocho o diez horas nos íbamos del lugar, regresábamos al área metro y entrábamos las solicitudes al internet. Días más tarde, regresábamos a la comunidad o nos hacíamos de la colaboración del liderato para entregar números de confirmación, clarificar preguntas que no habían permitido procesar la solicitud o informar sobre cualquier otro inconveniente.
Para sistematizar el proceso, creamos el protocolo de contacto con las comunidades. Establecía que para llegar a los distintos sectores el contacto principal serían organizaciones de base, iglesias o liderato comunitario. Incluía el compromiso de no tomar fotos o videos de quienes buscaban asistencia. Nos comprometimos a hacernos disponibles a toda hora, crear materiales y ofrecer talleres en formato accesible y con relevancia para la comunidad y capacitar al liderato para que pudiera identificar y referirnos situaciones legales. Así, por ejemplo, a inicios de octubre, se nos contactó para que atendiéramos la crisis de cerca de treinta adultas mayores que habían sido amenazadas de ser desahuciadas de un edificio en Caguas.
Como parte de este protocolo, decidimos no promover talleres a través de entidades gubernamentales. Esto incluía al gobierno central y a los municipios. ALPR optó por no colaborar con los Disaster Relief Centers (DRC, por sus siglas en inglés) de FEMA, por entender que podía representar un escollo para el fortalecimiento de la confianza con las comunidades y un conflicto ético para levantar señalamientos sobre violaciones causadas por la agencia federal. Así como respetamos a las entidades colaboradoras que decidieron prestar recursos legales en estos espacios, dos años más tarde nos convencemos de que esta fue la mejor decisión.
Dicho esto, reconocemos la colaboración importantísima de la Rama Judicial a través de la jueza presidenta, Maite Oronoz, y la Oficina de Administración de Tribunales, quienes facilitaron tribunales con acceso al internet para que probonistas ofrecieran apoyo a cientos de personas que procuraban asistencia para completar sus solicitudes. La Rama Judicial fue proactiva acompañando en brigadas comunitarias para orientar a las personas sobre temas críticos como maltrato de envejecientes y desahucios.
E. Modelo a prueba: El trauma
En los primeros seis meses visitamos sobre sesenta comunidades alrededor de la isla, impactando a cerca de cuatro mil personas. El nivel de catástrofe ameritaba celebrar hasta tres brigadas legales por semana. Nos preocupaba llegar al mayor número de gente en el menor tiempo posible, conscientes de que esta asistencia sería una de las pocas posibilidades de recuperar sus camas y ropas, sus techos y ventanas.
Muchas veces, llegábamos a donde suponía haber centros comunales para encontrarnos con ruinas, personas con hambre y desolación. En ocasiones, nos esperaba una fila de cincuenta personas y en otras solo llegaban tres o cuatro. El panorama siempre era el mismo: más que recibir asistencia, completar la solicitud u orientarse sobre desahucios, quienes llegaban, lo que deseaban era hablar y ser escuchadas. Íbamos a las casas de las encamadas, quienes vivían en condiciones indignas antes del huracán y habían quedado aún más desprotegidas. El formulario de FEMA era un pretexto para hablar de lo que trabajaron para construir y ahora habían perdido, de la muerte de un conocido porque nunca llegó la luz y era paciente de diálisis; de la familia que se había tenido que ir o meterse toda junta en el cuartito de un familiar; sobre la falta de comida, agua o medicinas; sobre lo duro que se les hacía pensar que ya no era la noche del huracán, aunque parecía todavía la noche del huracán. Nosotras llegábamos con cartulinas hablando sobre derechos y nos recibían con hambre. A veces éramos las primeras personas en llegar.
Siendo también sobrevivientes de una catástrofe, el equipo replicó los síntomas del trauma. Surgieron discusiones internas porque nadie quería tomar días libres, recesar, decirle a una comunidad que no teníamos recursos o energías para regresar. Además de las probonistas, ALPR era entonces un grupo de seis mujeres y un compañero. Eran madres, cuidadoras, no tenían transportación o un lugar seguro a donde regresar, necesitaban medicamentos que no podían obtener, tenían familiares yéndose del país y experimentaban muertes directamente relacionadas al desastre. Yo cargaba un embarazo de pocos meses y tampoco tenía una idea muy clara sobre qué suponíamos hacer además de salir a la calle. Cuando comenzaron a llegar las denegatorias de solicitudes en masa, el sentimiento de futilidad nos arropó. Canalizamos la desesperanza trabajando más fuerte, convenciéndonos de que mientras más exhaustas, mejor. En esos días, pensábamos mucho en la pregunta sobre la relevancia de las abogadas. Tras muchas lágrimas y el apoyo de líderes comunitarias que, pese a haberlo perdido todo, cuidaban de “las muchachas de Ayuda Legal”, comprendimos que si algo podíamos hacer, era acompañar. Esa era la única respuesta humanamente posible.
F. Modelo a prueba: el saldo
Sobre 470,000 viviendas resultaron afectadas por los huracanes Irma y María.[11][efn_note]Datos oficiales del gobierno de Puerto Rico, según promulgados por el Departamento de Estado. Véase Luis G. Rivera Marin, Federal billions will help restore Puerto Rico after devastation of hurricanes Maria and Irma, ORLANDO SENTINEL, 4 de marzo de 2019, /https://www.orlandosentinel.com/opinion/os-op-luis-rivera-marin-puerto-rico-billions-aid-20190304-story.html (última visita 19 de abril de 2021). [/efn_note] FEMA denegó cerca del 60% de las solicitudes de asistencia presentadas.[12][efn_note]Frances Robles & Jugal K. Patel, On Hurricane Maria Anniversary,Puerto Rico Is Still in Ruins, N.Y. TIMES, 20 de septiembre de 2018, https://www.nytimes.com/interactive/2018/09/20/us/puerto-rico-hurricane-maria-housing.html?module=inline (esta cita surge de distintas entrevistas, de diversas fuentes de medios a FEMA). También pueden citar las publicaciones de ALPR ( véase AYUDA LEGAL, TOWARDS A JUST RECOVERY THE RESPONSE IN THE FACE OF DISASTERS AND THE PUERTO RICO THAT IS POSSIBLE (2020) https://www.ayudalegalpuertorico.org/wp-content/uploads/2020/10/Towards-a-Just-Recovery-Second-Report.pdf (última visita 19 de abril de 2021)). [/efn_note] Ocho de cada diez apelaciones fueron denegadas y se estima que hasta 77,000 familias pudieron haber sufrido la denegatoria injusta de sus solicitudes por carecer de un documento legal que probara su condición de dueñas.[13][efn_note]NATIONAL LOW INCOME HOUSING COALITION, 2019. IMPACT OF HURRICANE MARIA. (2019).https://nlihc.org/sites/default/files/Hurricane-Impact-Maria.pdf (última visita 19 de abril de 2021). [/efn_note] El desastre no ha acabado para miles; nuestro trabajo tampoco.
ALPR ha sido instrumental para abogar por los principios de vivienda digna, participación real y recuperación justa tras el desastre.[14] [efn_note]Aunque mantenemos nuestro proyecto de asistencia legal tras desastres, atendemos temas relacionados al acceso a la justicia y al derecho a la vivienda. Algunos de estos son: tenencia, ejecuciones de hipotecas, desplazamientos y recuperación justa. [/efn_note] Logramos cambios en las políticas y procedimientos de FEMA y el Departamento a la Vivienda. A estos efectos, fuimos nosotras quienes realizamos la investigación legal y redactamos el formulario uniforme que sirve para probar que una persona es dueña aún si carece de un “título formal”. Junto a otras organizaciones, como la Fundación del Fondo de Acceso a la Justicia, logramos que este fuera aprobado.
ALPR retomó las colaboraciones con entidades solidarias en los Estados Unidos para desarrollar capacidad en temas del programa de Desarrollo y Revitalización Económica de Comunidades Post Desastre (CDBG-DR, por sus siglas en inglés), especialmente con el National Low Income Housing Coalition y Fair Share Housing Center. Entendimos que lo que se hará con estos casi 20 mil millones de dólares establecerá las bases del país que tendremos en los próximos cinco, diez o quince años. Reiteramos que el país que proponen algunos es uno que no incluye a la gente empobrecida. Con esto en mente, pusimos en marcha una versión adaptada de lo que aprendimos con el proceso de ALHM para crear la Jornada de Participación Comunitaria CDBG-DR. Desde marzo de 2018, esta iniciativa reúne a sobre setenta y cinco organizaciones y comunidades interesadas en promover la educación, participación real y la protección de la vivienda digna en los procesos relacionados a estos fondos. Aunque falta mucho camino por recorrer, reconocemos algunos de los principales esfuerzos y logros. Entre ellos: un año más tarde, el tema de los fondos CDBG- DR continúa siendo enmarcado como uno de participación comunitaria; como resultado directo los esfuerzos de abogacía, el Departamento de Vivienda aumentó los términos para recibir comentarios del público y se alinearon organizaciones y comunidades alrededor de los principios de vivienda digna y recuperación justa. Lanzamos una campaña reclamando cero desplazamientos forzosos, lo que nos ha permitido presentar reclamos puntuales — avalados por comunidades y organizaciones en y fuera de Puerto Rico— para garantizar que las comunidades recibirán la asistencia a la que tienen derecho y no serán removidas sin contemplar participación, mitigación, adaptación y el total respeto a sus derechos humanos.
III. Hacía la abogacía de impacto social
Durante los pasados cinco años, la educación legal ha sido la base de nuestro trabajo. Nuestro lema, “conocer tus derechos es poder” supone que en la medida en que las personas conocen las garantías que les cobijan — reconocidas o no por la ley— tienen mejor oportunidad para defender y reclamar sus derechos. Sin embargo, no es suficiente educar. Definimos la abogacía de impacto social como la posibilidad que tienen las personas y comunidades de influenciar la toma de decisiones que afectan sus condiciones de vida. El trabajo legal comunitario supone un acompañamiento en el camino que debe construirse para ir del estado de derecho hasta la justicia social. Por tanto, requiere la voluntad de transformar la ley y las relaciones de poder que perpetúan la desigualdad, la pobreza y el discrimen. La abogacía de impacto social exige, además, la vulnerabilidad para reconocer que la relevancia del trabajo legal se define en virtud de las necesidades y la confianza que desarrollen las personas, los grupos y las organizaciones de base en la labor que realizamos. Ser vulnerable es reconocer nuestras fortalezas individuales y colectivas, pero también nuestras debilidades en términos de recursos, conocimiento o capacidad física y emocional. Requiere mantener la pregunta de la relevancia presente y aceptar transformarnos como parte de la búsqueda de respuestas. Esa es nuestra obligación como abogadas del país que queremos construir. Para finalizar, comparto algunas reflexiones que pueden abrir futuras discusiones:
- Apostamos a cambiar la narrativa y transformar el lenguaje para evitar hacerle eco a la desigualdad de poder. Utilizamos lenguaje inclusivo o, en su defecto, nos referimos a personas—“las”, “nosotras”—. No hablamos de representación o servicio, sino de acompañamiento. En lugar de compartir información, creemos que la educación es de dos vías y reconocemos que nosotras también estamos aprendiendo. Cambiamos el lenguaje técnico por uno accesible, estamos dispuestas a asumir riesgos. Esto incluye lanzarnos a trabajar temas legales poco explotados en el país, denunciar las instancias en que la práctica legal tradicional perpetúa injusticias, señalar el discrimen por parte de los gobiernos y defender que el Canon 1 deje de ser aspiracional e imponga una obligación afirmativa para con la gente empobrecida.
- Mi hijo Lucas Imar tiene casi un año y ALPR cumplió cinco. El equipo de trabajo con el que cuento reúne a algunas de las juristas y personas más maravillosas del país.[15] [efn_note]El equipo de ALPR está formado por Mariel Quiñones, David Rodríguez, Verónica González, Camilo Guadalupe, Iris Torres, Tania Morales, Paula Fournier, Verónica Rivera, Adli Cordero, Noeli Pérez y Nicole Díaz.Reconocemos además la labor de Mayté Rivera, Angel Yamil Nieves, Sandra Negrón y Danishia Santiago.[/efn_note] Algunas son madres, cuidadoras, jefas de familias, estudiantes, líderes de organizaciones activistas o gremios. Todas son personas solidarias comprometidas con hacer de nuestra oficina un espacio seguro. De ahí, por ejemplo, que nuestras crías — de distintas edades— nos acompañen en la jornada laboral. Es un privilegio tenerles y una gran responsabilidad ser líder de este junte. Nos decimos gracias por estar y bienvenida, igual que lo hacemos con las líderes y organizaciones cuando vienen a las actividades. El acompañamiento abre por dentro.
- Nada es permanente. Recibimos múltiples reconocimientos por el trabajo realizado. Es un privilegio crear, desarrollar y acompañar contando con la confianza de la gente a la que acompañamos. Creemos que el cambio de paradigmas legales promueve que las abogadas y los abogados no sean una condición para el ejercicio de derechos. No queremos promover dependencia en el trabajo que llevamos a cabo y eso nos obliga a poner más esfuerzo en desarrollar la capacidad de otras. Políticamente, estamos convencidas de que nuestro trabajo no será necesario algún día. Esa es una meta y una promesa.
* La FFAJ es una entidad sin fines de lucro creada al amparo de la Ley 165-2013, según enmendada, cuyo propósito es proveer recursos económicos a entidades sin fines de lucro para ofrecer servicios legales de naturaleza civil a personas y comunidades que viven bajo los niveles de pobreza en Puerto Rico. Luego de los huracanes Irma y María (2017), la FFAJ otorgó subvenciones a diversas entidades para ofrecer servicios legales de emergencia. La organización autora de este artículo ha sido una de las entidades subvencionadas por la FFAJ.
** Ariadna Michelle Godreau Aubert es abogada de derechos humanos. Estudió ciencias políticas y literatura comparada en la UPR-Rio Piedras. Se graduó de la UPR Derecho (Summa Cum Laude) y tiene una maestría en derecho en Derechos Humanos Internacionales de la Universidad de Oxford (Distinción). Es fundadora y directora de Ayuda Legal Puerto Rico, una organización que promueve el apoderamiento legal por la vivienda digna y la recuperación justa. Es profesora adjunta en temas de derechos humanos, género y austeridad. Es autora de Las propias: Apuntes para una pedagogía de las endeudadas (2018, Editorial Editora Emergente).
