Adriana Maldonado Raimundi*
Introducción
En Puerto Rico, la progresiva disminución de espacios públicos seguros, accesibles y socialmente integrados, conocidos como terceros espacios, ha coincidido con altos niveles de vulnerabilidad social entre adolescentes. De acuerdo con la teoría desarrollada por el sociólogo Ray Oldenburg, los terceros espacios cumplen una función esencial en la vida comunitaria al permitir la socialización, el descanso y la construcción de vínculos fuera de las esferas del hogar y el trabajo.[1] No obstante, la precariedad económica, la privatización del espacio urbano, los recortes presupuestarios y el deterioro de la infraestructura comunitaria han reducido la existencia y calidad de estos lugares en el país, reflejándose en el abandono de parques, canchas, plazas y centros comunitarios en múltiples comunidades.[2]
Este escrito parte de la premisa de que la ausencia de terceros espacios limita las oportunidades de interacción positiva, apoyo comunitario y desarrollo socioemocional para los jóvenes, empujándolos a ocupar espacios alternos, virtuales o callejeros que, en muchos casos, se encuentran asociados a dinámicas de riesgo o a procesos de criminalización. Asimismo, en el contexto de la justicia juvenil, la falta de espacios equivalentes dentro y fuera de las instituciones correccionales dificulta los procesos de rehabilitación, el manejo emocional y el desarrollo identitario para una reintegración efectiva. Estas características resultan particularmente problemáticas en un sistema que, aunque proclama la rehabilitación como finalidad, continúa recurriendo al confinamiento como respuesta predominante frente a la conducta delictiva juvenil.
Partiendo de este entorno, el problema central que se aborda en este escrito es la posible relación entre la falta de terceros espacios y los procesos de criminalización juvenil en Puerto Rico, así como el potencial de su creación o fortalecimiento, tanto en la comunidad como dentro de las instituciones juveniles para contribuir a la prevención, la rehabilitación y la reinserción social. La hipótesis que guía este análisis sostiene que los terceros espacios, concebidos de forma intencionada y vinculados a principios de justicia restaurativa, a todas luces, ofrecen una alternativa viable al modelo correccional punitivo.
I. Breve tracto de la justicia juvenil en el contexto puertorriqueño
El sistema de justicia juvenil en Puerto Rico surge como un sistema diferenciado del Derecho Penal de adultos, fundamentado en la doctrina de parens patriae y en el reconocimiento de que los y las adolescentes se encuentran en una etapa particular de desarrollo.[3] Desde esta perspectiva, la intervención del Estado no se concebía primordialmente como punitiva, sino como una forma de protección y orientación dirigida a la rehabilitación del menor, partiendo de la premisa de que la conducta delictiva responde a factores sociales, familiares y comunitarios que pueden ser atendidos mediante una intervención adecuada.
Esta visión se reflejó en la Reforma de 1955, que adoptó un enfoque más rehabilitador.[4] Bajo dicho esquema, los procedimientos ante el Tribunal de Menores no tenían naturaleza criminal y la intervención judicial respondía a una lógica tutelar, orientada al bienestar del niño y a su eventual reintegración social.[5] La posibilidad de procesar a un menor en el sistema penal de adultos existía, pero se concebía como una alternativa excepcional y discrecional, sujeta a una evaluación cuidadosa de las circunstancias particulares del menor y del interés público envuelto.[6]
Sin embargo, a partir de las décadas de 1970 y 1980, el discurso sobre la criminalidad en Puerto Rico comenzó a transformarse. Factores sociales, económicos y urbanos, junto con una creciente percepción de inseguridad, propiciaron un giro en la política pública hacia respuestas más severas frente a la delincuencia, incluyendo la delincuencia juvenil. En este contexto, se aprobó la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, conocida como la Ley de Menores de Puerto Rico (en adelante, “Reforma de 1986”).[7] Aunque esta ley reafirmó formalmente la rehabilitación como finalidad del sistema de justicia juvenil, en la práctica incorporó mecanismos que erosionaron ese ideal y acercaron el sistema juvenil al modelo penal adulto.[8] Como advierte la profesora Mónica A. Patiño Mejía, el efecto de este cambio ha resultado en “un sistema de justicia juvenil con una tendencia a ser, en la actualidad, desproporcionalmente punitivo hacia los menores de edad”.[9]
Entre los cambios más significativos introducidos por la Reforma de 1986 se encuentra la regulación de la jurisdicción del Tribunal de Menores y, particularmente, la creación de la figura de la renuncia de jurisdicción. Los artículos 4 y 5 de la Reforma de 1986 establecen el marco general de intervención del sistema juvenil, mientras que el artículo 15 autoriza el traslado de determinados casos al tribunal de adultos.[10] Este mecanismo, que en principio debía operar de forma excepcional, se amplió mediante la introducción de supuestos de renuncia automática y mediante facultades discrecionales otorgadas al Ministerio Público, lo que tuvo el efecto de normalizar el procesamiento de menores en el sistema penal ordinario. En ese sentido, Patiño Mejía, al citar y acoger la crítica desarrollada por la profesora Iris Y. Rosario Nieves, señala:
A pesar del esfuerzo argumentativo de los legisladores, e[s]difícil no pensar que el enfoque rehabilitador desaparecería de esta Ley, pero no por motivo del reconocimiento de derechos en los procedimientos de menores, sino por la inclusión de las renuncias de jurisdicción en el artículo 15 de la Ley de menores.[11]
Así las cosas, la renuncia de jurisdicción se ha convertido en uno de los puntos de mayor tensión dentro del sistema de justicia juvenil. Aunque la Reforma de 1986 y las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores contemplan ciertos criterios para estas determinaciones, la práctica ha evidenciado serias deficiencias en las vistas de renuncia, particularmente en cuanto a la evaluación individualizada del menor y a la consideración real de su capacidad de rehabilitación.[12] La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, incluyendo Pueblo en interés del menor R.H.M., Pueblo v. Suárez, Pueblo v. Cruz Alicea, Pueblo v. Villafañe Marcano, y Pueblo en Interés del Menor LABM, ha ilustrado los retos procesales y sustantivos que plantea este esquema.[13]
A su vez, el desarrollo de la doctrina de la capacidad disminuida ha reafirmado, desde una perspectiva constitucional, la necesidad de un trato diferenciado hacia los adolescentes en el ámbito penal. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en casos como Atkins v. Virginia, Roper v. Simmons, Graham v. Florida, Miller v. Alabama, Montgomery v. Louisiana y Jones v. Mississippi, ha reconocido que los menores presentan una menor madurez, una mayor vulnerabilidad a influencias externas y una capacidad significativa de cambio, elementos que justifican un enfoque penal distinto al aplicado a los adultos.[14]
II. Panorama de la delincuencia adolescente en Puerto Rico
Uno de los principales retos al analizar la delincuencia juvenil en Puerto Rico es la falta de estadísticas actualizadas y sistemáticas sobre la población adolescente que interactúa con el sistema de justicia. Ante este vacío de información reciente, resulta necesario recurrir al Perfil del Menor Transgresor 2021.[15] Este informe, publicado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (en adelante, “Depto. Corrección”), ofrece una base empírica relevante para examinar las características sociales, emocionales y comunitarias de los menores bajo custodia del Estado.[16]
Según el informe, alrededor de una quinta parte de la población estudiada tenía diecisiete años o menos.[17] Asimismo, los datos reflejan que la mayoría de los menores provenía de comunidades caracterizadas por pobreza, exclusión social o residenciales públicos.[18] En cuanto al historial previo, el informe revela que aproximadamente un tercio de los menores había incurrido en faltas previas.[19] Esto plantea interrogantes sobre la efectividad de las intervenciones tempranas del sistema de justicia juvenil actual, pues, aunque el documento no establece una tasa formal de reincidencia, evidencia patrones de intervención repetida que merecen atención desde una perspectiva rehabilitadora.
Desde el punto de vista emocional y de salud mental, el Perfil del Menor Transgresor 2021 documenta que el 71% de los menores padece de alguna condición mental.[20] En particular, el informe señala que el 21% de los varones y el 67% de las niñas han presentado comportamientos autodestructivos, mientras que el 21% de los varones y el 67% de las niñas han experimentado ideación suicida.[21] De forma aún más grave, el 17% de los varones y el 67% de las niñas han incurrido en comportamientos suicidas.[22]
Tener este retrato es indispensable para contextualizar la delincuencia en la adolescencia a partir de las condiciones de vulnerabilidad social, emocional y comunitaria, y sirve de base para el análisis que sigue.
III. La delincuencia juvenil no ocurre en un vacío: precariedad, espacio y criminalización
La criminalidad juvenil no puede comprenderse adecuadamente si se analiza de forma aislada, desvinculada de las condiciones sociales, económicas y espaciales en las que se desarrolla la vida cotidiana de los y las adolescentes. En el caso de Puerto Rico, cualquier análisis serio sobre la conducta juvenil debe partir del contexto de precariedad estructural que atraviesa la isla y del progresivo deterioro, si aún no han desaparecido, de los espacios públicos comunitarios que históricamente han servido como lugares de encuentro y socialización.
Diversos estudios han documentado cómo la crisis fiscal prolongada, los desastres naturales y la falta de una política pública coherente han contribuido al abandono de parques, canchas, plazas y áreas recreativas en Puerto Rico, limitando el acceso real de la población a espacios seguros y accesibles para el ocio, la interacción social y el desarrollo comunitario.[23] Aunque estos espacios continúan existiendo formalmente, su deterioro, privatización parcial o total y la percepción de inseguridad asociada a su abandono reducen o impiden su uso cotidiano, siendo este último uno de los reclamos más frecuentes de las comunidades puertorriqueñas.[24]
A lo anterior, se suma que Puerto Rico enfrenta un déficit estructural de espacio público accesible, exacerbado por patrones de desarrollo urbano que priorizan el tránsito vehicular y la privatización del suelo. Estudios empíricos sobre el uso del espacio público en San Juan han demostrado que la ciudad cuenta con aproximadamente un metro cuadrado de parque por persona, muy por debajo de los diez metros cuadrados recomendados por la Organización Mundial de la Salud.[25]
En ausencia de terceros espacios funcionales, la calle, entendida no como espacio cívico estructurado, sino como espacio residual, tiende a ocupar un rol central en la vida social de muchos jóvenes. La literatura sobre cultura juvenil y subculturas ha demostrado que este desplazamiento no responde necesariamente a una inclinación individual hacia la desviación, sino a la falta de alternativas reales de ocio, pertenencia y reconocimiento social, particularmente en comunidades marginadas.[26]Conforme a esta premisa, la socialización en espacios informales opera como una respuesta adaptativa a la falta de espacios comunitarios formales.
La socióloga Tracy Shildrick señala que las oportunidades de participación cultural y social de los jóvenes están profundamente condicionadas por el vecindario y por el acceso diferencial al espacio.[27] En comunidades empobrecidas, donde los espacios recreativos son inexistentes o están deteriorados, los jóvenes pasan más tiempo en espacios públicos no regulados, lo que aumenta su visibilidad ante el Estado y su exposición a dinámicas de vigilancia, control y criminalización.[28] Esto es importante porque prácticas juveniles que en otros contextos podrían considerarse ordinarias o inofensivas adquieren un carácter sospechoso y son más fácilmente interpretadas como problemáticas. Desde esta perspectiva, la desaparición de terceros espacios no solo empobrece la vida comunitaria, sino que también crea las condiciones para una mayor criminalización juvenil. Además, la falta de espacios seguros y socialmente integrados puede limitar las oportunidades de interacción positiva, refuerza dinámicas de exclusión y coloca a la juventud en escenarios donde su mera presencia puede ser interpretada como peligrosa o indeseable.
IV. Los terceros espacios como vehículo de rehabilitación y reinserción
La justicia restaurativa surge como un enfoque alterno dentro del campo del Derecho Penal y la justicia juvenil, orientado a repensar la forma en que el Estado responde al delito. Howard Zehr define la justicia restaurativa como “un proceso dirigido a involucrar a todos los que tengan un interés en una ofensa particular, e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible”.[29]
Desde esta perspectiva, el delito deja de entenderse exclusivamente como una transgresión contra el Estado y se concibe, ante todo, como una ruptura de relaciones entre personas y dentro de la comunidad. Zehr articula este enfoque a partir de tres elementos centrales: (1) la atención prioritaria a los daños y necesidades de las víctimas; (2) el reconocimiento de las obligaciones del ofensor frente al daño causado, y (3) la participación activa de la comunidad en los procesos de reparación y sanación.[30] Esta crítica resulta especialmente pertinente cuando se analiza la aplicación de respuestas carcelarias a poblaciones juveniles, cuya etapa de desarrollo exige intervenciones diferenciadas y orientadas a la reintegración social.
En el contexto puertorriqueño, la justicia restaurativa ha sido planteada expresamente como una alternativa necesaria frente al predominio histórico de respuestas punitivas. En palabras de Wanda I. Ramos Rosado:
En la isla urge que las estrategias de justicia restaurativa, que datan de hace más de treinta y cinco años en el panorama judicial canadiense y estadounidense, se configuren como la filosofía que rija la visión gubernamental y de la Junta de Libertad Bajo Palabra. El sistema de justicia criminal en Puerto Rico se ha estancado en el castigo como forma de justicia.[31]
Ramos Rosado advierte que, mientras el conflicto penal continúe abordándose desde una lógica que separa artificialmente a “victimarios, víctimas y comunidades” y se mantenga la cárcel como “la única alternativa”, el sistema seguirá reproduciendo el problema que pretende resolver.[32] Tomando estos planteamientos como punto de partida, surge la interrogante: ¿dónde y bajo qué condiciones pueden materializarse, en la práctica, los principios restaurativos de responsabilidad, participación comunitaria y sanación del daño?
El estudio Learning from Within: Life-Affirming Practices and Third Spaces Created by and for Incarcerated Youth, de Julissa O. Muñiz, sugiere una respuesta.[33] A partir de un trabajo cualitativo con jóvenes encarcelados, Muñiz documenta cómo los propios jóvenes crearon y sostuvieron terceros espacios dentro de la institución correccional como respuesta a un entorno marcado por la vigilancia, el castigo y la despersonalización.[34]
Muñiz identifica tres escenarios principales en los que emergen estos terceros espacios.[35] El primero consiste en conversaciones y prácticas de cuidado personal y estético, particularmente en torno al cuidado del cabello, donde los jóvenes desarrollaban rutinas colectivas de arreglo.[36] En un contexto que uniforma los cuerpos juveniles, este espacio funcionaba como un lugar de afirmación de identidad y reconstrucción de autoestima.[37] El segundo escenario identificado por Muñiz se articula en torno a un programa educativo dirigido a la obtención del GED y créditos universitarios.[38] En el contexto de este programa, los participantes tuvieron la oportunidad de interactuar entre sí desde el rol de estudiantes, compartiendo conversaciones informales y experiencias de aprendizaje.[39] Esta posibilidad de socializar como estudiantes, y no exclusivamente como personas privadas de libertad, permitió la construcción de vínculos.[40]
El tercer escenario corresponde a las entrevistas y espacios de diálogo facilitados por la misma investigadora, que los jóvenes resignificaron como un lugar seguro para narrar sus experiencias, reflexionar sobre sus trayectorias y expresar emociones.[41] Aunque inicialmente concebidas como parte del proceso investigativo, estas interacciones se transformaron en un tercer espacio en la medida en que los jóvenes se apropiaron de ellas como un foro de escucha, validación y construcción colectiva de significado.[42]
Lo interesante del estudio de Muñiz es que estos terceros espacios no fueron diseñados como programas restaurativos formales, ni respondieron a una política institucional deliberada. Surgieron, más bien, como respuestas espontáneas frente a la necesidad de cuidado, reconocimiento y conexión humana. ¿Qué ocurriría si, en lugar de tolerarse marginalmente, estos terceros espacios fueran reconocidos, protegidos y deliberadamente fomentados, ya sea dentro de las propias instituciones juveniles o en la comunidad? Aunque su existencia no constituiría, por sí misma, una práctica de justicia restaurativa, estos espacios podrían ofrecer condiciones favorables para incorporar procesos dirigidos al reconocimiento del daño, la asunción de responsabilidad y la participación comunitaria.
V. Aplicación intencionada de terceros espacios
En Puerto Rico, las instituciones correccionales para jóvenes proclaman ofrecer servicios que, en teoría, deberían fomentar elementos similares a los terceros espacios o hasta propiamente serlos: programas de educación, capacitación, desarrollo socioemocional y apoyo para la reintegración. Sin embargo, lo que se ha documentado en la práctica contradice estas promesas y revela fallas estructurales profundas y alarmantes.
Por ejemplo, un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo (en adelante, “CPI”) evidenció una crisis sostenida en las instituciones juveniles de Puerto Rico, particularmente en la provisión de servicios de salud mental durante el año 2020.[43] Según los informes trimestrales de la monitora federal ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, entre julio y diciembre de 2020, la falta de personal adecuado y de servicios efectivos de salud mental contribuyó a que el setenta y seis por ciento de los menores en esas instituciones tuviera ideas, gestos o intentos suicidas.[44] Esto pese a que el sistema de instituciones juveniles de Puerto Rico es el noveno más caro de Estados Unidos, según se informa en la misma investigación del CPI.[45]
En adición, el CPI documentó irregularidades administrativas que debilitaban la implementación de servicios esenciales, como la incapacidad del Depto. Corrección para mantener el mínimo requerido de oficiales de servicios juveniles y la contratación irregular de proveedores de servicios de salud mental, lo cual afectó directamente a los tratamientos disponibles para los menores.[46] Ante la falta de documentación accesible que evidencie la implementación efectiva de los programas anunciados, resulta razonable inferir que, si el Depto. Corrección no logra proveer adecuadamente servicios tan esenciales como los de salud mental, otros programas, particularmente aquellos considerados secundarios, podrían operar con deficiencias aún mayores.
Las críticas formuladas por el criminólogo Víctor García Toro y por la entonces secretaria de corrección, Ana Escobar Pabón, recogidas en el reportaje del CPI, se alinean con las observaciones desarrolladas por Michel Foucault en su análisis crítico del castigo:
Las prisiones no disminuyen la tasa de la criminalidad: se puede muy bien extenderla, multiplicarlas o transformarlas, y la cantidad de crímenes se mantiene estable o, lo que es peor, aumenta . . . .
. . . .
La detención provoca la reincidencia.
. . . .
La prisión fabrica también delincuentes al imponer a los detenidos coacciones violentas . . . .
. . . .
La prisión hace posible, más aún, favorece la organización de un medio de delincuentes, solidarios los unos de los otros, jerarquizados, dispuestos a todas las complicidades futuras . . . .[47]
En la pieza investigativa, García Toro afirma que “la cárcel no es un lugar para nadie” y recomienda sustituir el modelo vigente por “programas comunitarios, programas privados o programas del propio Estado que trabajen en las comunidades”.[48] Además, argumenta que serían más baratos y posiblemente más efectivos.[49] De igual modo, el mismo escrito recoge las expresiones de Escobar Pabón, quien sostuvo que era preferible mantener a los jóvenes “en comunidad y que ellos no tengan que llegar al sistema correccional”.[50]
Conclusión
En conjunto, estas posturas reconocen que el sistema juvenil, tal como está estructurado, no está cumpliendo adecuadamente con sus objetivos. Ante este reconocimiento, es inevitable preguntarse por qué, a pesar de la existencia de documentación y estudios que exploran la posible eficacia de métodos alternos, como los terceros espacios, el sistema continúa anclado en un modelo correccional arcaico y predominantemente punitivo. Este tópico, sin embargo, podría ser otro trabajo en sí mismo.
La literatura revisada demuestra que espacios comunitarios dirigidos a la lectura, la expresión artística, el deporte y otras formas de socialización estructurada pueden funcionar como escenarios efectivos para el desarrollo personal, el apoyo mutuo y la construcción de vínculos.[51] A su vez, pareciera haber un consenso general de que las intervenciones realizadas fuera del confinamiento resultan más efectivas que aquellas centradas en el encierro. A diferencia del sistema correccional, estos enfoques evitarían la exclusión y el estigma asociados al confinamiento, debido a que permitirían a los adolescentes permanecer integrados a su comunidad.
En el entorno puertorriqueño pareciera haber una aplicación obvia, pues, solo por aterrizar en un ejemplo concreto, coloquialmente se reconoce a la isla como una fábrica natural de música. Esto es así a pesar de la escasez de recursos institucionales destinados al fomento cultural y recreativo.[52] Muchos jóvenes en la isla muestran una inclinación hacia la música, las artes y el deporte como formas de expresión. Esta realidad sugiere un potencial desaprovechado que podría canalizarse mediante la creación intencionada de programas comunitarios supervisados, orientados a ofrecer clases de música, artes visuales, expresión creativa y actividades deportivas en espacios accesibles y no punitivos.
Como propuesta, estos programas podrían desarrollarse mediante alianzas con entidades culturales y educativas existentes, tales como el Instituto de Cultura Puertorriqueña, organizaciones comunitarias, escuelas públicas, universidades y gestores culturales locales. De esta forma, los terceros espacios no solo funcionarían como escenarios de prevención y rehabilitación, sino también como plataformas para fortalecer el tejido cultural y comunitario, reconociendo y potenciando las capacidades que los propios jóvenes ya demuestran.
Repensar la justicia juvenil desde la comunidad, y no desde la cárcel, implica reconocer que la reintegración no puede comenzar después de la exclusión, sino en la decisión de evitarla desde el inicio.
*Estudiante de tercer año de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Cuenta con un bachillerato en Comunicaciones con concentración en Información y Periodismo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Redactó este escrito como parte del seminario Temas Especiales en Derecho Penal: Justicia Restaurativa, impartido por la profesora Iris Rosario Nieves.
[1] Ray Oldenburg, Our Vanishing “Third Places”, 25 PLANNING COMM’RS J. 6, 7 (1997).
[2] Véase Denuncian abandono de facilidades deportivas y recreativas en Arecibo, METRO PR (25 de marzo de 2024), https://www.metro.pr/noticias/2024/03/25/denuncian-abandono-de-facilidades-deportivas-y-recreativas-en-arecibo/; Maricarmen Rivera Sánchez, Cierre de parques representa pérdidas para el gobierno y para la ciudadanía, EL NUEVO DÍA (25 de noviembre de 2022), https://www.elnuevodia.com/negocios/turismo/notas/cierre-de-parques-representa-perdidas-para-el-gobierno-y-para-laciudadania/?templateId=OT3HWJU9FRSI&templateVariantId=OTB2HAZL1TSY&experienceID=EXRSL2YIUINN; Jay Fonseca, Denuncian abandono en parque e instalaciones deportivas de San Juan, WAPA TV (31 de julio de 2024, en 1:37), https://wapa.tv/programas/losdatos/denuncian-abandono-en-parques-e-instalaciones-deportivas-de-san-juan/article_b6d8fd1c-4f7a-11ef-baae-2b4890fff4fc.html.
[3] Véase Pueblo en interés del menor R.H.M., 126 DPR 404, 409 (1990); Pueblo en interés de los menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 DPR 990, 996–98 (1993).
[4] Véase Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 97 de 23 de junio de 1955, 1955 LPR 505 (derogada 1986).
[5] Id. 517.
[6] Id. 509, 511.
[7] Ley de menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, 34 LPRA §§ 2201-2238 (2025).
[8] Id.
[9] Mónica A. Patiño Mejía, La justicia juvenil en Puerto Rico: ¿Una falacia jurídica?, 88 REV. JUR. UPR 994, 995 (2019).
[10] 34 LPRA §§ 2204-2205, 2215.
[11] Patiño Mejía, supra nota 9, en la pág. 1014 (citando a Iris Y. Rosario Nieves, La capacidad disminuida como reto a las renuncias de jurisdicción, 86 REV. JUR. UPR 322, 346-47 (2017)).
[12] Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, Ley Núm. 33 de 19 de junio de 1987, 34 LPRA Ap. I-A, RR. 1.1-13.13 (2025).
[13] Véase Pueblo en interés del menor R.H.M., 126 DPR 404 (1990); Pueblo v. Suárez, 167 DPR 850 (2006); Pueblo v. Cruz Alicea, 170 DPR 837 (2007); Pueblo v. Villafañe Marcano, 183 DPR 50 (2011); Pueblo en interés del menor LABM, 188 DPR 232 (2013).
[14] Véase Atkins v. Virginia, 536 U.S. 304 (2002); Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005); Graham v. Florida, 560 U.S. 48 (2010); Miller v. Alabama, 567 U.S. 460 (2012); Montgomery v. Louisiana, 577 U.S. 190 (2016); Jones v. Mississippi, 593 U.S. 98 (2021).
[15] DORIA A. MARTÍNEZ GUZMÁN, DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUERTO RICO, PERFIL DEL MENOR TRANSGRESOR 2021, (2021), https://dcr.pr.gov/correccion/mdocs-posts/informe-de-promedio-diario-de-menores-transgresores-agosto-2021/.
[16] Id.
[17] Id. en la pág. 5.
[18] Id. en las págs. 118-19.
[19] Id. en las págs. 170-78.
[20] Id. en la pág. 112.
[21] Id. en la pág. 113.
[22] Id.
[23] Naudelis Fernández Reyes & Carlos A. González Cofiño, La recuperación de los espacios recreativos al aire libre en Puerto Rico: Retos y oportunidades, 92 REV. JUR. UPR 143, 149-51 (2023) (citando a DEPTO. REC., STATEWIDE COMPREHENSIVE OUTDOOR RECREATION PLAN (SCORP) FOR PUERTO RICO 2020-2025, en las págs. 113-21 (3 de octubre de 2020), https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://estudiostecnicos.com/wp-content/uploads/2026/06/Final-SCORP-2020-2025-1.pdf).
[24] Rosa Seguí, Recreación y deportes: alternativa a la criminalidad, METRO PR (24 de octubre de 2024), https://www.metro.pr/opinion/2024/10/24/recreacion-y-deportes-alternativa-a-la-criminalidad/.
[25] María Helena Luengo-Duque & Omayra Rivera Crespo, Espacio público y pandemia: Herramienta de evaluación en Santurce, Puerto Rico, 12 ANALES DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA 1, 2 del PDF (2022), https://revistas.ort.edu.uy/anales-de-investigacion-en-arquitectura/article/view/3298/3650.
[26] Véase Tracy Shildrick, Youth culture, subculture and the importance of neighbourhood, 14 YOUNG: NORDIC J. OF YOUTH RSCH 61, 65-71 (2006).
[27] Id. en las págs. 69-70.
[28] Id.
[29] HOWARD ZEHR, EL PEQUEÑO LIBRO DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA 45 (2007).
[30] Id. en las págs. 28-31.
[31] Wanda I. Ramos Rosado, Justicia restaurativa: una alternativa necesaria para trabajar el problema de la criminalidad en Puerto Rico, 16 REV. UMBRAL 57, 70 (2020).
[32] Id.
[33] Julissa O. Muñiz, Learning from Within: Life-Affirming Practices and Third Spaces Created by and for Incarcerated Youth, 60 EDUC. STUD. 391, 393-95 (2024).
[34] Id. en las págs. 393-94.
[35] Id. en la pág. 394.
[36] Id. en la pág. 395-96.
[37] Id.
[38] Id. en las págs. 396-98.
[39] Id.
[40] Id.
[41] Id. en las págs. 398-403.
[42] Id.
[43] Cindy Burgos, “Modelo insostenible” el de las cárceles de menores de Puerto Rico, CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO (4 de noviembre de 2021), https://periodismoinvestigativo.com/2021/11/modelo-insostenible-el-de-las-carceles-de-menores-en-puerto-rico-2/.
[44] Id.
[45] Id.
[46] Id.
[47] MICHEL FOUCAULT, VIGILAR Y CASTIGAR: NACIMIENTO DE LA PRISIÓN 269-71 (Aurelio Garzón del Camino trad., Siglo Veintiuno 2002).
[48] Burgos, supra nota 43 (citando las expresiones de Víctor García Toro).
[49] Id.
[50] Id. (citando las expresiones de Ana Escobar Pabón).
[51] Véase Vanya Srivastava, Arts-Based Third Spaces for Youth: A qualitative exploration of needs and capacity in the City of Philadelphia (10 de mayo de 2024) (tesis de M.A., Escuela de Diseño Weitzman de la Universidad de Pensilvania) https://repository.upenn.edu/server/api/core/bitstreams/0986ad65-e8dd-40cb-a122-51e1f97c3f78/content; Zoe Paige Green, Creating Community in the Library: A Sociological Exploration of the Importance of Teen’s Access to Equitable Third Places (mayo de 2024) (tesis de B.A., Departamento de Sociología de la Universidad de Oregon), https://scholarsbank.uoregon.edu/server/api/core/bitstreams/08ff0e5b-ccf1-4da3-8378-006d3bae5e25/content.
[52] Recortes hacen estragos en instituciones culturales, NOTICEL, https://noticel.com/ultima-hora/20110728/recortes-hacen-estragos-en-instituciones-culturales/ (última visita 8 de octubre de 2026).