Alyssa Sosa López*
Introducción
La ejecución hipotecaria no es solo una mera gestión de cobro entre acreedores y deudores; es un proceso que también expone tensiones éticas cuando las decisiones judiciales concluyen en la pérdida de un hogar y la erosión del tejido comunitario. Al contextualizar la situación actual de Puerto Rico, marcada por ciclos de recesión económica, desastres naturales y fragilidades institucionales, la ejecución hipotecaria mantiene una relevancia jurídica y social que va más allá del expediente. Se trata de su impacto en el derecho a una vivienda digna y la estabilidad familiar.
Este artículo propone utilizar el concepto de la justicia terapéutica como lente crítico a la práctica de la ejecución hipotecaria en Puerto Rico. Se busca analizar los efectos terapéuticos o antiterapéuticos de las normas, procedimientos y roles de los actores del proceso de ejecución hipotecaria actual. Además, ofrece un marco para identificar cómo ciertas decisiones legales, aun siendo formalmente correctas, pueden generar daños evitables a las personas y comunidades involucradas. La literatura existente sobre la justicia terapéutica está orientada al Derecho Penal y el Derecho de Familia, sin embargo, la materia hipotecaria se puede beneficiar grandemente de esta perspectiva. Permite interrogar: ¿de qué modo las reglas procesales, las prácticas comunes y la comunicación judicial inciden en la dignidad, la agencia y la salud mental de las partes? y ¿qué ajustes normativos y de gestión podrían minimizar daños sin sacrificar la seguridad jurídica ni la eficiencia en la recuperación de créditos? El propósito de este artículo es explorar estas vertientes.
I. Contexto en Puerto Rico: dilemas típicos
En los primeros tres meses de 2025, los bancos en Puerto Rico ejecutaron 225 préstamos hipotecarios por atrasos en pagos, según datos divulgados por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.[1] Aunque la cifra refleja una disminución interanual, demuestra la persistencia del fenómeno y su impacto en la vivienda principal de miles de familias.[2] Este dato cobra aún más relevancia cuando se toma en consideración la evidencia demográfica que demuestra que el tamaño promedio del hogar en Puerto Rico para el año 2023 es de 2.8 personas.[3]
En años recientes, artículos periodísticos han expuesto cómo las ejecuciones hipotecarias en Puerto Rico se vieron impactadas por la crisis económica del 2008 y agravadas aún más tras el huracán María.[4] Incluso, una investigación del Centro de Periodismo Investigativo expuso que, en el 2019, “tres de cada cuatro hipotecas reverse ejecutadas en la isla se debieron a problemas técnicos, y no al fallecimiento del propietario como se supone que ocurra, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF)”.[5]
Numerosos estudios han documentado los efectos de la ejecución hipotecaria sobre la salud mental de las personas afectadas.[6] Las investigaciones también han identificado varios factores asociados con una mayor vulnerabilidad ante la morosidad y la ejecución hipotecaria, entre ellos: las limitaciones de salud, la diversidad funcional, el nivel de educación, la mayoría de edad y las dificultades económicas.[7] En función de esta observación, la necesidad de comprender con detalle estos procesos y de identificar vías para aumentar las protecciones efectivas a dichas personas se torna más imperativa.
En el foro estatal, la ejecución de hipoteca sigue un orden relativamente estandarizado. Una vez la persona demandada recibe el emplazamiento de la acción civil, el tribunal cita a ambas partes a una vista de mediación dirigida por una persona mediadora.[8] Habrá casos que podrán solucionarse por medio de este proceso; en otros, la ausencia de un acuerdo resultará en la continuación del proceso judicial iniciado por el acreedor hipotecario.[9] Durante el trámite, pueden presentarse defensas afirmativas y, de no existir controversias materiales, el caso puede resolverse por sentencia sumaria.[10] Si el tribunal determina que procede la ejecución, dictará sentencia y autorizará la venta en pública subasta.[11] El Alguacilazgo convoca y celebra la subasta, aplica el producto al crédito y custodia el remanente para quien tenga derecho.[12]Concluida la adjudicación y la gestión de título, el tribunal puede emitir órdenes adicionales para la toma de posesión, ya que el desalojo no es automático.[13]
En cada fase existen espacios para proteger los derechos de la persona deudora y reducir los daños en el proceso. Desde la etapa de mitigación, la persona deudora puede negociar con su acreedor cambios a los términos del préstamo con el fin de evitar la ejecución de su propiedad.[14]Además, hay límites a prácticas lesivas como el dual tracking, esto es, la tramitación simultánea de la ejecución y la evaluación para mitigación.[15] Con ello se procura que la evaluación se realice con las debidas garantías y comunicación clara hacia la persona deudora. Por otro lado, una petición de quiebra activa el automatic stay, paralizando gestiones de cobro y procedimientos de ejecución mientras dure la protección.[16]
La Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal, Ley Núm. 184-2012, según enmendada, se reconoce como el principal instrumento de protección del deudor hipotecario en Puerto Rico.[17] Exige la celebración de una mediación accesible y temprana antes de que el tribunal pueda dictar sentencia o señalar la venta judicial, aplicable exclusivamente a inmuebles identificados como vivienda principal.[18] La obligatoriedad de la mediación opera como requisito jurisdiccional y persigue uniformar la comunicación, fomentar la orientación y propiciar calendarios sensibles a la vulnerabilidad. Reformas posteriores han reforzado el mecanismo y la prontitud de la citación a la vista de mediación.[19]
A pesar de estos esfuerzos, la desigualdad entre acreedores y deudores persiste.[20] Por ejemplo, las herramientas de mitigación y la mediación compulsoria no garantizan que las personas entren al proceso con información suficiente para evaluar alternativas complejas, especialmente cuando comparecen sin representación legal y frente a actores institucionales con amplia experiencia y recursos. La práctica del dual tracking, aun con prohibiciones, no siempre se erradica en la realidad de los casos.[21] Más allá, el esquema actual no atiende de manera uniforme las necesidades de poblaciones vulnerables en casos particulares, como los sobrevivientes de violencia doméstica que sean cotitulares de la hipoteca, personas con diversidad funcional o personas adultas mayores.[22]
Utilizando la justicia terapéutica como lente analítico, se pueden identificar y evaluar prácticas que efectivamente promuevan la dignidad y fortalezcan la estabilidad familiar y comunitaria, sin menoscabar la certeza del crédito para los acreedores. Las secciones siguientes explorarán propuestas concretas en esa dirección.
II. Aplicación de la justicia terapéutica al proceso hipotecario
La justicia terapéutica, término acuñado por el profesor David B. Wexler, es un campo interdisciplinario que examina los efectos terapéuticos y antiterapéuticos de las normas, los procedimientos y los actores jurídicos, buscando maximizar los primeros sin abdicar de otros fines del derecho.[23] Su objetivo central es estudiar y rediseñar instituciones legales para que produzcan resultados más respetuosos del bienestar psicológico y la dignidad de las personas que atraviesan el sistema.[24]
En los últimos años, la literatura sobre la justicia terapéutica ha incidido mayormente en el Derecho Penal y de Familia.[25] Sin embargo, existe evidencia consistente de que la ejecución hipotecaria y el riesgo de perder la vivienda afectan de forma adversa la salud mental, ya que las víctimas se encuentran en un proceso donde su hogar seguro puede verse arriesgado, llevando a incertidumbre y precariedad.[26] Esto refuerza la necesidad de rediseños terapéuticos en esta materia.
Utilizando el análisis realizado por estudiosos de la justicia terapéutica dedicados a los campos del Derecho Penal y el Derecho de Familia, se extrapolan ideas y prácticas de esta y se propone cómo pueden aplicarse al ámbito hipotecario en las secciones subsiguientes.
A. Mapear puntos antiterapéuticos
Las propiedades antiterapéuticas, según la justicia terapéutica, son normas y prácticas que pueden aumentar el daño psicológico y la sensación de descontrol o estigmatización de una persona que atraviesa un proceso judicial.[27] La literatura existente sobre el acceso a la justicia y cómo este afecta la salud mental ha señalado focos típicos antiterapéuticos que pueden cobrar relevancia en los procesos de ejecución hipotecaria.[28]
Entre ellos, se suele identificar que la práctica de enviar resoluciones, notificaciones y cartas default que utilizan vocabulario financiero y procesal difícil de comprender para una persona con poco entendimiento de la ejecución hipotecaria es un punto de mejora.[29] Nótese que, en estos pleitos, muchas víctimas tienden a ser personas de bajo nivel de escolaridad, lo que eleva la ansiedad y reduce la comprensión en este proceso ya estresante.[30] Más aún, hay pleitos de ejecución hipotecaria que se presentan en el tribunal federal, donde las barreras de acceso a la justicia son mayores ya que los casos se atienden en inglés y las alternativas de representación legal gratuita son más escasas.[31]
Se debe notar también que los procesos de ejecución van acompañados de términos procesales rígidos, plazos estrechos para contestar y producir documentos sin ventanas razonables para personas que atraviesan situaciones críticas, como duelos o traumas previos. El estrés agudo deteriora la memoria de trabajo y la toma de decisiones,[32] por lo que los calendarios inflexibles deberán considerarse antiterapéuticos.
Otros puntos antiterapéuticos serían: (1) la falta de guías claras sobre opciones reales para la parte deudora a lo largo del proceso, no solo en el inicio; (2) los carruseles de documentos que suelen enviarse al deudor, y (3) la persistencia del dual tracking pese a prohibiciones formales. Son prácticas que erosionan el sentido de control y la autodeterminación del hogar, un valor central en programas efectivos de mediación hipotecaria.[33]
Identificar sistemáticamente estos puntos y rediseñarlos es una aplicación directa del mandato de la justicia terapéutica de minimizar efectos antiterapéuticos sin sacrificar fines legítimos del proceso.
B. Introducir espacios terapéuticos
La literatura de la justicia terapéutica sostiene que el diseño de reglas y prácticas procesales puede producir efectos psicológicamente beneficiosos cuando maximiza la voz de las partes, la comprensión y la percepción de trato justo.[34] Actualmente, la Ley Núm. 184-2012exige que se lleven a cabo audiencias orientativas tempranas.[35] Esto logra aumentar la agencia del deudor y reducir la ansiedad al proveer información útil y comprensible en una etapa crítica. Sin embargo, es importante asegurar que, además de esta intervención temprana, se adopten prácticas a lo largo del proceso que vayan orientadas a asegurar protocolos de comunicación clara. En las audiencias de mediación, la parte deudora suele comparecer sin representación legal. Aunque la persona facilitadora busca velar por la equidad del proceso, brindarle la seguridad de que cuenta con asesoría y acompañamiento de parte de alguien que actúa de su lado tendría efectos terapéuticos claros.
La literatura sobre la justicia terapéutica reconoce, además, que la voz, el respeto, la neutralidad y las explicaciones claras mejoran la aceptación de decisiones y el cumplimiento, lo cual es especialmente pertinente en ejecuciones hipotecarias.[36]
Un programa efectivo de ejecución hipotecaria bajo este estándar conlleva la intervención temprana, la comparecencia de decisores con autoridad y la documentación estandarizada, de manera que se reduzca la ansiedad del deudor y se faciliten los acuerdos sostenibles.
C. Procedimientos trauma-informed y centrados en la persona
Según discutido, la esencia de la justicia terapéutica es producir resultados más respetuosos del bienestar psicológico y la dignidad de las personas que atraviesan el sistema. A partir de esta premisa, su literatura promueve la integración de técnicas y enfoques psicológicos en el diseño procesal. Particularmente, los artículos orientados al Derecho Penal subrayan la pertinencia de incorporar principios trauma-informed.[37] Es decir, que se reconozca cómo las experiencias traumáticas pasadas pueden afectar la forma en que una persona percibe, entiende y participa en un trámite o servicio, y que se ajuste el diseño y la práctica para no revictimizar, reducir el estrés y aumentar la sensación de seguridad y control.[38]
Trasladado al contexto hipotecario, se puede reconocer que las personas deudoras en procesos de ejecución pueden ser revictimizadas, que algunas enfrentan la pérdida de su vivienda principal por primera vez o de forma reiterada, y que otras son sobrevivientes de violencia doméstica o han atravesado eventos traumáticos que resultan en el impago.[39]
Para lograr la aplicación de este principio en la vía hipotecaria, se propone establecer guías operativas trauma-informed que institucionalicen prácticas de seguridad psicológica. Por ejemplo, se pueden desarrollar libretos (scripts) de apertura que validen la dificultad de la situación y velen por el lenguaje y el tono judicial. De tal manera, se mantienen la voz, el respeto, la neutralidad y las explicaciones claras a las que se hizo referencia en la pasada sección.
Además, se debe permitir que el deudor participe activamente de una manera que le resulte beneficiosa. En aspectos procesales, se pueden proveer oportunidades de audiencias remotas, que incluyan la posibilidad de pausas breves y la presencia de apoyo —mediante un trabajador social, por ejemplo— en etapas donde no siempre está disponible dicho apoyo.
Se puede, además, promover deberes reforzados de transparencia para el abogado, como entregar estimaciones de deuda claras, explicar criterios de elegibilidad de programas y evitar tácticas dilatorias que aumenten costos psicológicos.
Algunas aplicaciones también promueven reformar la figura del juez.[40] Particularmente, en instancias en las que, durante una audiencia, se den regaños por tecnicismos o por estilos comunicativos poco empáticos, la seguridad psicológica de la parte deudora se ve impactada. Aplicado al proceso de ejecución hipotecaria, se puede promover el rol del juez como gestor de casos orientado a metas como la facilitación de acuerdos sustantivamente sostenibles, el seguimiento del cumplimiento, la imposición proporcionada de consecuencias ante la falta de comparecencia o la negociación de mala fe. Estos acomodos permitirán a personas con trauma, discapacidad o circunstancias extraordinarias evitar el riesgo de ser revictimizadas.
III. Posibles reformas
Esta sección consolida y amplía las medidas sugeridas en la sección anterior. Se busca identificar maneras de reducir los efectos antiterapéuticos, aumentar la agencia de la persona deudora y mejorar la calidad de los acuerdos, sin sacrificar la certeza ni la eficiencia del proceso.
Primero, se promueve una comunicación clara y accesible en todas las etapas del proceso. Toda notificación o carta de incumplimiento debe emplear un lenguaje llano, incluir resúmenes ejecutivos, glosarios básicos, ofrecer traducciones a los idiomas pertinentes y contemplar ajustes razonables de accesibilidad. Además, el desglose de la deuda debe presentarse de manera uniforme, con formatos estandarizados y verificables. Se debe exigir la certificación de la entrega efectiva y una explicación comprensible de las opciones disponibles para el deudor en cada etapa. Por consiguiente, hay que asegurar que la práctica de dual tracking esté expresamente prohibida y, a su vez, publicar avisos visibles sobre los medios de protección aplicables.
Segundo, se debe optimizar el proceso de mitigación ya establecido y asegurar una negociación de buena fe. De implementarse estas exigencias, se establecerían deberes de ofertas alternativas desde el inicio y se aseguraría la comparecencia de personas con autoridad real para decidir por la parte acreedora. Se exigirían prácticas de modificación, un plan de pago, el aplazamiento por dificultades, un refinanciamiento viable y otras alternativas de disposición voluntaria. Por último, pueden crearse presunciones a favor de una modificación estándar cuando se cumplan los umbrales objetivos y se registre la capacidad de pago. En sí, toda negativa debe estar motivada con criterios verificables.
Tercero, la gestión del caso debe realizarse con un enfoque de sensibilidad al trauma. Para lograr esto, se optimizará el proceso ya establecido de audiencias orientativas tempranas y de mediaciones con personas decisoras presentes y documentación completa. En beneficio de la víctima, se habilitarían comparecencias remotas, junto con la oferta de pausas breves o de salas de espera privadas cuando sea necesario durante una vista presencial. Para evitar incidencias de retraumatización, se permitirían oportunidades de reprogramar con causa justificada en periodos críticos. En lugar de promover la idea de un juez intimidante asociado al castigo, al juicio y las consecuencias, se promovería su función como gestor del caso, con agendas orientadas a objetivos, órdenes claras y consecuencias proporcionales por incumplimientos que afecten la buena fe de los trámites.
Cuarto, el procedimiento debe centrarse en la persona deudora. Esto debe hacerse sin comprometer el cobro de crédito por parte del acreedor. Se autorizará la presencia de apoyos particulares para las necesidades de la persona deudora, como trabajo social o consejería de vivienda certificada, especialmente si esta forma parte de una población vulnerable. La participación consciente de dicha persona será crucial, especialmente en la definición de metas y de soluciones. Finalmente, se adoptarían guías operativas que incluyan la importancia de su rol y explicaciones claras tanto de sus derechos como de sus deberes.
Quinto, el proceso, desde el principio hasta el fin, debe requerir transparencia, auditorías independientes y sanciones aplicables a las gestiones de las representaciones legales. Se buscaría ofrecer auditorías periódicas por parte de una autoridad independiente sobre cálculos, cargos y tiempos de respuesta, con la intención de detectar un seguro forzado e improcedente o un interés mal imputado; se impondrán sanciones proporcionales por información omitida u ocultada, tácticas dilatorias o incumplimiento de deberes de mitigación con la posibilidad de excluir costos indebidos de cualquier sentencia.
Sexto, se buscaría asegurar representación y acompañamiento para el deudor en toda etapa crítica del proceso, incluso desde la mediación compulsoria. Una manera de lograr esto sería reforzar la necesidad de orientación por consejeros de vivienda y un programa de navegadores del proceso, debidamente acreditados. Además, se fomentaría la designación de fondos específicos para defensa en ejecuciones de vivienda principal. En mediación, se garantizaría que la parte deudora cuente con apoyo imparcial y con materiales comprensibles antes de la vista.
Séptimo, se buscaría evitar la exacerbación de costos o cargos y, en su lugar, se fomentaría la búsqueda de remedios equilibrados. Por ejemplo, limitar honorarios y cargos capitalizables en etapas tempranas y auditar las cuentas de reserva (escrow) y seguros forzados evitan que la deuda se dispare por costos improcedentes, lo que mejora la viabilidad de una modificación o un plan de pago. Se podría establecer un periodo breve de reinstalación para quien demuestra buena fe y cumplimiento parcial. Este mecanismo ofrece una vía real de oportunidad antes de la venta judicial. Los planes escalonados atados a ingresos alinean obligaciones con capacidad de pago, reducen la probabilidad de incumplimiento futuro y estabilizan el hogar. Si nada de lo anterior es sostenible, una dación en pago digna con liberación clara del remanente corta la deuda residual, protege el crédito a mediano plazo y evita litigios prolongados. Todo ello disminuye la asimetría frente al acreedor, aporta previsibilidad y reduce el estrés asociado al proceso.
Octavo, se debe garantizar que datos estadísticos relevantes al proceso de ejecución sean públicos y de fácil acceso. Con este fin, debe haber un compromiso de divulgar las métricas de tiempos de respuesta, tasas de acuerdo, reincidencia y desgloses por demografía. Esto no solo ayudaría a monitorear impactos, sino que también aporta a corregir sesgos. Se podría crear un portal único para subir documentos, con recordatorios automatizados que reduzcan los carruseles de papeles densos que se asocian con estos procesos. Para velar por el cumplimiento de esta labor, se crearía una oficina especializada dedicada a dicha tarea y que además resuelva cualquier disputa operativa relevante.[41]
Noveno, en consonancia con la sugerencia anterior, se debe promover la coordinación interinstitucional y evaluación continua de dichos procesos. Para cumplir este fin, se crearía un comité de trabajo intersectorial con miembros de judicatura, legisladores y organizaciones comunitarias para alinear estándares, compartir datos y buscar eliminar sesgos en los procedimientos actuales. Sería óptimo que se ejecutaran estudios piloto que permitan una evaluación independiente, llevar a cabo revisiones de cláusulas periódicas y ajustar las reglas en función de resultados.
Finalmente, en materia de Derecho Comparado, se pueden considerar las reformas españolas introducidas por la Ley 1/2013, que además de habilitar espacios de negociación, incorporó remedios imperativos dentro del proceso: tope a los intereses de demora en hipoteca de vivienda habitual (hasta tres veces el interés legal) y prohibición de su capitalización, control y suspensión por cláusulas abusivas en sede judicial y notarial, reglas de subasta más garantistas (tipo mínimo del setenta y cinco por ciento del valor de tasación, reducción de avales) y moratorias de lanzamientos para colectivos vulnerables.[42] Este modelo ofrece estándares sustantivos que reequilibran el procedimiento aun sin acuerdo.
En vista de todo lo anterior, los retos actuales de la ejecución en Puerto Rico exigen un cambio de paradigma. Por una parte, los acreedores hipotecarios deben adoptar prácticas claras y uniformes de divulgación y trato justo. Por otra parte, el Estado debe robustecer la fiscalización, supervisión y monitoreo de las ejecuciones hipotecarias, así como la correcta instrumentación de las normas vigentes, para alinear la seguridad del crédito con el derecho a la vivienda.[43]
Conclusión
La ejecución hipotecaria no es un fenómeno meramente patrimonial. Involucra principios de justicia y equidad y se tramita bajo estándares de derechos humanos vinculados a la vivienda. El diseño normativo y la práctica judicial producen efectos terapéuticos o antiterapéuticos que exigen evaluación jurídica responsable. La justicia terapéutica ofrece un marco y un repertorio de buenas prácticas orientadas a reducir daños sin sacrificar la certeza del crédito. Adoptarlas no solo mejora la experiencia de las partes y la calidad de los acuerdos, también fortalece la legitimidad del procedimiento, protege la dignidad y la estabilidad de los hogares y, en última instancia, contribuye a un sistema hipotecario más justo, eficaz y confiable.
* Egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico Clase Graduanda Lex 2026. Este artículo fue redactado como parte del seminario sobre el Derecho Real de la Hipoteca impartido por la Prof. Ana C. Gómez Pérez, durante el primer semestre del año académico 2025-2026.
[1] Luisa García Pelatti, Las ejecuciones de hipotecas se reducen 55.6% en el primer trimestre, SIN COMILLAS (4 de septiembre de 2025), https://sincomillas.com/las-ejecuciones-de-hipotecas-se-reducen-55-6-en-el-primer-trimestre/.
[2] Id.
[3] Esri Demographics Team, Average Household Size in Puerto Rico, THE CARIBBEAN GEOPORTAL (9 de abril de 2025), https://www.caribbeangeoportal.com/maps/esri::average-household-size-in-puerto-rico/about (utilizando datos de Michael Bauer Research).
[4] Yaritza Rivera Clemente, Puerto Rico tiene la mayor cantidad de viviendas vacantes, EL VOCERO (14 de junio de 2018), https://www.elvocero.com/actualidad/puerto-rico-tiene-la-mayor-cantidad-de-viviendas-vacantes/article_e9225a58-6fec-11e8-a6bf-677eb167535b.html.
[5] Luis J. Valentín Ortiz et al., Las hipotecas reverse en Puerto Rico fracasan el doble que en Estados Unidos, en perjuicio de los consumidores, CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO (2 de julio de 2020), https://periodismoinvestigativo.com/2020/07/las-hipotecas-reverse-en-puerto-rico-fracasan-el-doble-que-en-estados-unidos-en-perjuicio-de-los-consumidores/.
[6] Janelle Downing, The health effects of the foreclosure crisis and unaffordable housing: A systematic review and explanation of evidence, 162 SOC. SCI. & MED. 88 (2016); Juli Carrere et al., Housing Insecurity and Mental Health: the Effect of Housing Tenure and the Coexistence of Life Insecurities, 99 J. URB. HEALTH 268, 270-71, 275 (2022); Alexander Tsai, Home Foreclosure, Health, and Mental Health: A Systematic Review of Individual, Aggregate, and Contextual Association, 10 PLOS ONE 1 (2015).
[7] Véase Jason N. Houle & Danya E. Keene, Getting Sick and Falling Behind: Health and the Risk of Mortgage Default and Home Foreclosure, 69 J. EPIDEMIOL. & COMMUNITY HEALTH 382, 385 (2015) (identificando una asociación entre las limitaciones de salud, las condiciones crónicas y un mayor riesgo de incumplimiento y ejecución hipotecaria); Manasi Deshpande et al., Disability and Distress: The Effect of Disability Programs on Financial Outcomes, 13 AM. ECON. J.: APPLIED ECON. 151, 151 (2021) (demostrando que el acceso a beneficios por discapacidad puede reducir significativamente el riesgo de ejecución hipotecaria); Wenli Li et al., Consumer Bankruptcy, Mortgage Default, and Labor Supply, 66 INT’L ECON. REV. 1019, 1020 (2025) (documentando una mayor incidencia de ejecuciones hipotecarias entre propietarios con menores niveles educativos); Lori A. Trawinski, Mortgage Foreclosures and Older Americans: A Decade After the Great Recession, en REMAKING RETIREMENT: DEBT IN AN AGING ECONOMY 106, 113 (Olivia S. Mitchell & Annamaria Lusardi eds., 2020) (examinando la persistencia del riesgo de ejecución hipotecaria entre personas mayores). Véase tambiénAndrew F. Haughwout et al., Where Are Mortgage Delinquencies Rising the Most?, LIBERTY ST. ECON. (10 de febrero de 2026), https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2026/02/where-are-mortgage-delinquencies-rising-the-most/ (identificando una mayor concentración de morosidad hipotecaria grave en áreas de menores ingresos).
[8] Ley para mediación compulsoria y preservación de tu hogar en los procesos de ejecuciones de hipotecas de una vivienda principal, Ley Núm. 184-2012, 32 LPRA §§ 2881-2887 (2026).
[9] SERV. LEGALES PR, GUÍA DE AYUDA AL DEUDOR HIPOTECARIO 19 (2020), https://www.servicioslegales.org/wp-content/documents/guia_hipoteca_digital.pdf.
[10] R.P. CIV. 6.3, 36.3, 32 LPRA Ap. V, RR. 6.3, 36.3 (2021 & Supl. 2022).
[11] SERV. LEGALES PR, supra nota 9, en la pág. 15.
[12] Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 210-2015, 30 LPRA § 6145 (2016 & Supl. 2026).
[13] SERV. LEGALES PR, supra nota 9, en la pág. 15.
[14] Ley para mediación compulsoria y preservación de tu hogar en los procesos de ejecuciones de hipotecas de una vivienda principal, Ley Núm. 184-2012, 32 LPRA §§ 2881-2882 (2026).
[15] Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario, Ley Núm. 169-2016, 32 LPRA § 2893 (2026).
[16] SERV. LEGALES PR, supra nota 9, en la pág. 25.
[17] 32 LPRA §§ 2881-2887.
[18] Id. § 2882.
[19] Véase Id.
[20] Véase Ayuda Legal PR, Aprueban nuevos cambios al acceso a la mediación compulsoria, AYUDA LEGAL PUERTO RICO (12 de septiembre de 2022), https://www.ayudalegalpuertorico.org/2022/09/12/aprueban-nuevos-cambios-al-acceso-a-la-mediacion-compulsoria/ (explicando cómo la reforma legal introdujo ajustes necesarios que alivian la tramitación de los procesos, pero aún persiste la dinámica de desigualdad entre acreedores y deudores).
[21] Ayuda Legal PR, La crisis de ejecuciones de hipotecas y el derecho a la vivienda, AYUDA LEGAL PUERTO RICO (15 de julio de 2019), https://www.ayudalegalpuertorico.org/2019/07/15/la-crisis-de-ejecuciones-de-hipotecas-y-el-derecho-a-la-vivienda/.
[22] Ayuda Legal PR, ¿Qué dicen las estadísticas sobre a quiénes afecta la crisis de hipotecas?, supra nota 7.
[23] Luis Bueno Ochoa, Una revisión bibliográfica y jurisprudencial de la justicia terapéutica como nuevo paradigma iuspsicológico, 57 ANALES CÁTEDRA FRANCISCO SUÁREZ 145, 146-47 (2023), https://doi.org/10.30827/acfs.v57i.23978; David B. Wexler, Therapeutic Justice: An Overview, 17 T.M. COOLEY L. REV. 125, 125-26 (2000).
[24] Bueno Ochoa, supra nota 23, en la pág. 163.
[25] Id.
[26] Carrere et al., supra nota 6, en la pág. 269.
[27] Bruce J. Winick, Therapeutic Jurisprudence and Problem Solving Courts, 30 FORDHAM URB. L.J. 1055, 1062-63 (2003). Véase Bueno Ochoa, supra nota 23, en las págs. 155-56, 160.
[28] Véase, e.g., Downing, supra nota 6, en la pág. 95.
[29] Id.
[30] Véase Carrere et al., supra nota 6, en la pág. 271.
[31] Ayuda Legal PR, La crisis de ejecuciones de hipotecas y el derecho a la vivienda, supra nota 21.
[32] Véase Lukas van Herk et al., Heightened SAM- and HPA-Axis Activity During Acute Stress Impairs Decision-Making: A Systematic Review on Underlying Neuropharmacological Mechanisms, 31 NEUROBIOLOGY STRESS, 7 del PDF (2024), https://doi.org/10.1016/j.ynstr.2024.100659.
[33] Véase U.S. DEP’T OF JUST. & U.S. DEP’T OF HOUS. & URBAN DEV., EMERGING STRATEGIES FOR EFFECTIVE FORECLOSURE MEDIATION PROGRAMS 8 del PDF (2010), https://www.justice.gov/sites/default/files/atj/legacy/2010/11/18/effective-mediation-prog-strategies.pdf.
[34] Véase Winick, supra nota 27, en las págs. 1086-87.
[35] Ley para mediación compulsoria y preservación de tu hogar en los procesos de ejecuciones de hipotecas de una vivienda principal, Ley Núm. 184-2012, 32 LPRA § 2882 (2026).
[36] Véase Bueno Ochoa, supra nota 23, en las págs. 147, 156.
[37] Id. en las págs. 154.
[38] Id. en las págs. 154-56.
[39] Véase Domestic abusers are weaponizing joint mortgages against 750,000 UK women, SURVIVING ECONOMIC ABUSE (11 de septiembre de 2024), https://survivingeconomicabuse.org/news/joint-mortgage-abuse/.
[40] Esto se resalta más en el Derecho Penal, donde la literatura reitera que el estilo de interacción del juzgador durante la audiencia incide en el cumplimiento de las medidas impuestas a la persona imputada. Véase Wexler, supra nota 23, en la pág. 128.
[41] Procurador en ejecuciones hipotecarias, NM PROCURADORES, https://nmprocuradores.com/procurador-en-ejecuciones-hipotecarias (última visita 19 octubre de 2026).
[42] Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (B.O.E. 2013, 5073) (España).
[43] Ayuda Legal PR, La crisis de ejecuciones de hipotecas y el derecho a la vivienda, supra nota 21.
